Texas promueve legislación para que sea un delito identificarse como persona trans
ATA - Sylvia Rivera • 13 de marzo de 2025
El 11 de marzo se reportó que una nueva, y posible, legislación, en contra de los derechos trans, entrará en vigor en Texas; este proyecto de ley presuntamente acusará a las personas trans de “fraude de identidad de género”.
La propuesta fue presentada por el representante estatal republicano Tom Oliverson desde la semana pasada; alegó que deberá considerarse delito el declararse de manera verbal o escrita, ante un empleador o agencia de Gobierno, el género opuesto al registrado en el certificado de nacimiento.
Los delitos, que cubren los estatus estatales, son penables en Texas con dos años de prisión y hasta 10,000 dólares de multa.
A la fecha de esta publicación, el proyecto de Ley aún no ha sido retomada por otro legislador, lo cual hace que su seguimiento permanezca hipotético.
Sin embargo, medios de comunicación estadounidense complementan esta noticia, subrayando que la mera mención de esta legislación significará un precedente a nivel nacional en contra de los derechos de las personas trans.
En las plataformas de las redes sociales, como X, usuarios a favor de los derechos trans han comunicado, de manera numerosa, su desacuerdo en respecto este proyecto de ley.
El proyecto de ley ya está estableciendo un precedente a nivel nacional, sentando ejemplo de cómo la legislación contra las personas trans se ha vuelto más extrema y mucho más obvia en cuanto a sus intenciones en los años recientes, especialmente en lugares como Texas.
Apenas en febrero otro representante republicano estatal, Brent Money, presentó un proyecto que declararía como ilegal que algún proveedor de cuidados de salud dé tratamiento a cualquier paciente —ya sea menor de edad o adulto— si va a recibir medicamentos hormonales, tratamientos para bloquear reacciones puberales o cirugías que pretendan afirmar la identidad de género de alguien.
En la última década, Texas ha estado en la punta de la lanza cuando se trata de medidas a nivel estatal que restrinjan los derechos de personas trans. En 2017 fue de los primeros estados de EE.UU., junto con Carolina del Norte, en debatir una ley para prohibir a la gente usar los sanitarios que se alineen con su identidad de género.
Esa medida al final no fue aprobada, pero Texas sí ha impulsado varias otras que ya son ley.
En marzo de 2022, la fiscalía estatal emitió una declaratoria para que el Departamento de Servicios Familiares de Texas pudiera abrir investigaciones en contra de padres y tutores si se sospechaba que les habían conseguido a sus hijos tratamientos de afirmación de género.
Luego el estado aprobó una restricción a los cuidados médicos para personas trans y pasó una medida para prohibirle a estudiantes trans que sean atletas participar en las ramas deportivas que vayan con su identidad de género (algo después replicado a nivel federal).
Además, Texas hace poco anunció que interpreta un decreto del presidente Donald Trump como que no puede permitir que las personas trans actualicen sus documentos como actas de nacimiento o licencias de conducir para que éstas muestren el género con el que se identifican.
Tan solo en lo que va de este 2025 los legisladores estatales en Texas ya han presentado unos 170 proyectos de ley que activistas consideran van dirigidos en contra de personas LGBTQ+, según el grupo Equality Texas.
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Si hay una forma de matar a una persona que ya está muerta es haciendo desaparecer de la eternidad el nombre que la acompañó en vida. Cuando la tierra se traga el cuerpo, lo que queda es el eco del mismo a través de esa breve palabra que condensa toda una existencia. Cada vez que alguien pronuncia el nombre de una persona fallecida, da forma a su espíritu con la carne de la lengua. A Daniela Martínez Silveira, una chica trans que se suicidó en 2022 con tan solo 21 años, sus padres le han negado tanto una vida como una muerte dignas. El derecho mismo a la memoria.

Los derechos de las personas LGTBIQ+ atraviesan un momento contradictorio en Europa. Por un lado, nunca habían existido tantos países con leyes que reconocen la igualdad, protegen frente a la discriminación o permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por otro, el debate político y social se ha endurecido y en distintos lugares han aparecido movimientos que cuestionan algunos de estos avances. España ocupa, en términos generales, una posición avanzada dentro de Europa. El matrimonio igualitario, reconocido desde 2005, la legislación contra la discriminación y las normas más recientes en materia de derechos trans han ampliado el marco de protección. Pero tener derechos reconocidos sobre el papel no significa que todas las personas puedan ejercerlos en las mismas condiciones. La discriminación laboral, las agresiones, el acoso escolar o las dificultades que todavía encuentran personas trans forman parte de una realidad que continúa existiendo. En Europa las diferencias son aún mayores. Mientras países como España, Países Bajos, Bélgica o los países nórdicos cuentan con marcos legales relativamente amplios, otros Estados mantienen restricciones importantes. En algunos lugares, además, el debate sobre las leyes trans se ha convertido en uno de los principales campos de batalla cultural, en el que los derechos y la dignidad de las personas trans son utilizados como instrumentos de confrontación política e ideológica. Y ya no se trata de discrepancias sobre aspectos concretos de una legislación cuando lo que se pone en cuestión son la integridad y los derechos humanos de un colectivo. Convertir su existencia en una disputa deshumaniza, alimenta la polarización y perpetúa situaciones de vulnerabilidad. La situación obliga a mirar más allá de los grandes titulares. Los derechos LGTBIQ+ no son únicamente una cuestión de leyes nacionales: también están relacionados con la educación, el acceso a la sanidad, la vivienda, el empleo, la seguridad o la posibilidad de formar una familia. La fotografía europea, por tanto, no es la de un avance lineal. Hay conquistas que parecían consolidadas y que vuelven a discutirse, pero también una generación que ha crecido con derechos que sus padres y abuelos no tenían. Quizá la pregunta ya no sea solamente cuánto hemos avanzado, sino cómo conseguir que esos avances sean reales, cotidianos y duraderos. https://www.20minutos.es











