Un juzgado abre una causa a los padres de una joven trans enterrada con su anterior nombre
La denuncia apunta a que los progenitores adoptivos de la fallecida "habrían procedido a sepultarla" en el cementerio municipal de Aspe "llevando a cabo actos de negación de su identidad".
Un juzgado de Novelda (Alacant) investiga a los padres de una mujer trans que se quitó la vida en 2022 por un delito de odio. Los progenitores identificaron a la joven de 21 años en la lápida con su deadname (nombre previo a su transición). El Ministerio Público asumió el escrito de la denuncia y dio traslado al juzgado de su propia denuncia, el pasado mes de mayo. Esta apunta a que los progenitores adoptivos de la fallecida -de 21 años en el momento de su muerte- "habrían procedido a sepultarla" en el cementerio municipal de Aspe "llevando a cabo actos de negación de su identidad".
En concreto, según sostiene el acusador público, "utilizaron de forma consciente, premeditada y deliberada en la inscripción de su lápida su deadname". Es decir, el nombre registral original que se le confirió tras su nacimiento, a pesar de que la joven había completado el proceso administrativo de cambio de identidad.
Además, la denuncia sostiene que los padres adoptivos de la fallecida exhibieron "públicamente en dicho sepulcro" fotografías antiguas "en las que la víctima presentaba un aspecto y expresión de género marcadamente masculina, ajena por completo a su identidad autopercibida, social y legalmente reconocida en sus últimos años de vida".
A esas circunstancias que, según la Fiscalía, escaparían del ámbito privado, se sumarían declaraciones en medios de comunicación de difusión nacional en fechas posteriores al fallecimiento de la víctima en las que los padres se habrían referido a la mujer transgénero "empleando el género gramatical masculino de forma reiterada y constante, negando e invalidando abiertamente su identidad de género, y reduciendo su realidad existencial a una mera patología".
En esta línea, se ha indicado que la joven llegó a quedar bajo la tutela administrativa de las autoridades de Cantabria hasta que alcanzó la mayoría de edad, puesto que esa era la autonomía en la que residía la familia. Así, en el escrito de denuncia, la Fiscalía pide que se llame a declarar a los padres en calidad de investigados y que se solicite el certificado de inscripción del nombre real de la fallecida, así como que se aporte certificado de la propiedad del nicho en el que se encuentra enterrada la joven, entre otros extremos.
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