Debería haberlo hecho hace casi dos años, pero el Gobierno sigue sin desarrollar el reglamento incluido en la Ley Trans para permitir que las personas extranjeras modifiquen su nombre y sexo legal. La norma, aprobada en marzo de 2023, dio un año al Ejecutivo para “habilitar por vía reglamentaria” el procedimiento, pero a día de hoy aún no lo ha hecho. El retraso impacta de lleno en las personas trans que no pueden modificar estos datos en sus países de origen y que describen una situación de “limbo” al desconocer la hoja de ruta para ejercer un derecho que la ley les reconoce. “Lo he intentado, pero me he encontrado con un bloqueo administrativo constante”, afirma Dina El Omary, una mujer trans que huyó de Marruecos tras una vida marcada por la violencia. Pidió asilo en España y fue reconocida como refugiada al considerar acreditada la situación de “acoso, hostigamiento y violencia física y verbal” a la que fue sometida en su país de origen, donde era conocida por su activismo. El expediente que le concede el asilo reconoce “la imposibilidad de vivir con libertad y dignidad” su propia identidad en Marruecos, donde ser LGTBI es considerado delito, pero aun así asegura que aún no ha podido cambiar aquí su nombre ni sexo legal. “El Estado reconoce que tuve que huir de mi país por mi identidad, pero al mismo tiempo no la respeta ni me permite vivir plenamente. Es doloroso y contradictorio”, afirma. La Ley Trans, que provocó una profunda brecha en el Gobierno y las críticas de un sector del feminismo, permite a los españoles cambiar el DNI sin requisitos médicos, con la voluntad del solicitante. Su artículo 50 extiende el derecho a los extranjeros “que acrediten la imposibilidad legal o de hecho” de hacerlo en su país y establece que lo podrán hacer “ante la autoridad competente”. Esta tendrá que “instar” al Ministerio de Exteriores para que investigue cómo está la situación en el país del solicitante. Para que esto pueda ser efectivo, la norma dispone que “en el plazo de un año” desde su entrada en vigor, el Gobierno “habilitará por vía reglamentaria los procedimientos” adecuados. Entre los perfiles a los que va dirigida la medida están las personas extranjeras con papeles y también todos los solicitantes asilo y refugiados, que según la ley tienen derecho a que los documentos que les identifican reflejen su identidad. Sin embargo, a día de hoy el reglamento no está aprobado y no hay una vía clara y homogénea para proceder al trámite, según trasladan asociaciones, abogados y personas afectadas consultadas. “Me dijeron que tenía que ir al Registro Civil y allí me informaron de que no pueden tramitarlo, pero nadie me ha informado de cómo puedo hacerlo. La respuesta siempre ha sido negativa sin que nadie asuma la competencia”, explica Dina, que vive en Madrid y que consultó con un abogado que le indicó que “no existe ningún organismo ni departamento que esté aplicando” de manera generalizada el procedimiento. Colectivos LGTBI como la Plataforma Trans, que fue la primera en llamar la atención sobre la situación, llevan meses denunciando el incumplimiento. Depender de la voluntad del funcionario Cuando algunas de las personas solicitantes de asilo atendidas por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), organización que gestiona algunos de los centros del sistema de acogida estatal, mostraron a su personal su deseo de acogerse a este derecho, la ONG se encontró con que no había un procedimiento claro para solicitarlo. “Vamos caso por caso. No existe un procedimiento”, explica Elena Muñoz, responsable legal en CEAR. Ante la falta de protocolo, la organización acudió a dos entidades para intentar solicitar los cambios en cada uno de los casos: por un lado, a la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que depende del Ministerio de lnterior y se encarga de la documentación temporal que poseen los solicitantes de asilo, la llamada 'tarjeta roja'. Por otro, a la Policía Nacional. “Son dos trámites. Primero, el nombre registrado en el expediente de su petición de asilo, así como en todas las resoluciones ligadas al caso, competencia de la OAR. Después, la expedición de la documentación (Policía Nacional)”, resume Muñoz. La letrada afirma que, mientras unos casos ya se han resuelto de manera ágil, otros aún se encuentran en trámite y sufren algo más de retraso. “En nuestro caso la Policía y la OAR, fueron colaboradoras y buscaron la manera de hacerlo. Reconocían que no era fácil al no haber procedimiento, pero se implicaron”, apunta. El problema de depender de la implicación de los funcionarios de turno es la probable arbitrariedad en la respuesta, y la dificultad con la que se encontrarán quienes carecen del acompañamiento jurídico de una organización. “La Oficina de Asilo, por ejemplo, no tiene una ventanilla al público. No sé cómo podría hacerlo alguien que no tiene ese asesoramiento. Cualquiera tendría que ser capaz de hacerlo a través de un procedimiento claro, sencillo y con los plazos marcados”, opina la jurista. La Plataforma Trans lleva desde el pasado octubre movilizándose y ha recurrido al Defensor del Pueblo. La presidenta de la organización, Mar Cambrollé, denuncia la “desidia” del Gobierno con las personas trans migrantes, a las que asegura que está “condenado a la invisibilidad, a la precariedad y al miedo” por lo que considera que “no es una simple omisión administrativa”, sino “una vulneración flagrante de los derechos humanos”. Nadie asume la responsabilidad En el seno del Gobierno, no parece haber una hoja de ruta marcada y todos los ministerios consultados que han respondido a elDiario.es eluden asumir la responsabilidad en la cuestión. A preguntas de este medio, Interior apunta a que “el procedimiento no depende” del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska porque Policía Nacional “expide la documentación”, pero “carece de capacidad para realizar estas modificaciones [de nombre y sexo legal], como tampoco puede hacerlo con las personas españolas, sin el cambio previo en el Registro Civil”. En una respuesta parlamentaria remitida este jueves a Podemos, Interior asegura que ya “aplica” las previsiones contenidas en la ley. El Ministerio de Justicia, que es de quien depende el Registro Civil, apunta a que “solo tiene competencia” para hacerlo con quienes tienen la nacionalidad española, mientras que el Ministerio de Igualdad, que fue el impulsor de la Ley Trans, vuelve a pasar la pelota a Interior: “Es el que tiene competencias para expedir documentos identificativos oficiales”, apuntan fuentes del departamento dirigido por Ana Redondo, que señalan que “Interior y Exteriores” deberían “conjuntamente” reglamentar el procedimiento. El Ministerio de Asuntos Exteriores, por su parte, no ha respondido a la consulta. Fuentes del Defensor del Pueblo señalan que han recibido varias quejas de personas extranjeras que tienen “dificultades” para solicitar el cambio y mantiene una “actuación abierta” por ello, sumado a la interpuesta por la Plataforma Trans, que también envió una carta al Ministerio del Interior que no ha sido contestada. En la respuesta del pasado enero, el organismo dirigido por Ángel Gabilondo apunta directamente a Interior como responsable del desarrollo del reglamento para clarificar el procedimiento y confirma que le ha pedido explicaciones por “la demora” en su puesta en marcha. Pero, además, el Defensor del Pueblo informa de un caso en el que la modificación de los datos de una persona extranjera –no solicitante de asilo– se produjo por la actuación de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa. Esta es precisamente la vía que señala la Dirección General de Policía en un informe en el marco de un recurso que actualmente tramita el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº17 de Madrid interpuesto por una chica trans de Perú. En el informe, al que ha accedido elDiario.es, la Policía asegura que debería haberse dirigido a la Delegación del Gobierno de Madrid, que es donde vive, y una vez hecho el cambio, la Unidad de Documentación de Policía Nacional podría plasmarlo en su documentación. “La cuestión es que la Ley Trans es ambigua porque habla de 'autoridad competente' y ninguna está asumiendo la responsabilidad”, opina el abogado Saúl Castro, que lleva el caso de la mujer peruana y que ya ha presentado la petición ante la Delegación del Gobierno. Castro cree que las Oficinas de Extranjería, que están en las subdelegaciones, “son las competentes” para hacer la gestión, al menos en el caso de quienes no son solicitantes de asilo, pero aun así cree que “es necesario” el desarrollo del reglamento porque “hace falta un protocolo claro que garantice la aplicación del derecho”. Preguntado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, del que dependen las delegaciones del Gobierno, apunta a que sus funciones “son las de todas las áreas” del Ejecutivo y remite “a Interior o a Igualdad”. Desde su experiencia como abogado de extranjería, Francisco Solans reconoce la dificultad que podría entrañar para los funcionarios encontrar por su cuenta la fórmula. “La Ley de Extranjería establece que tanto la Policía como las Oficinas de Extranjería son las encargadas de obtener los datos de identificación de los documentos del país de origen”, indica el letrado, que apunta a que la posible solución debería pasar por registrar el cambio de nombre y sexo en el Registro Civil –donde lo hacen los españoles– para que después las Oficinas de Extranjería o la Policía “sí pueda hacer el cambio”. “Siendo tan complejo, es aún más importante que se desarrolle el procedimiento”, añade. No es una cuestión superficial. Llevar en los documentos oficiales un nombre y un sexo legal que no se corresponde con su identidad les afecta “cada día”, dice Dina El Omary. Sobre todo, cuando su apariencia física ya no se corresponde con esos datos que aparecen en tarjetas como la sanitaria o la del banco o en sistemas internos en el ámbito laboral o estudiantil. “Me genera problemas en el trabajo, en el hospital, ante las administraciones o con la Policía. Cada trámite se convierte en una explicación, una duda y una exposición innecesaria”, denuncia la mujer, que lamenta la “dura sensación” de haber dejado un país “para huir de una forma de sufrimiento” y haberse encontrado en España “con otra, distinta, pero constante”. “Cuando llegué no me imaginaba que, siendo refugiada reconocida, seguiría viviendo sin documentos que me representen”. https://www.eldiario.es

A nivel mundial, seis de cada diez personas adultas con identidades de género diversas, como las personas trans, no binarias, de género fluido y queer, han vivido situaciones de violencia a lo largo de su vida. Se trata de un conjunto de agresiones físicas, sexuales y psicológicas que, según se identificó, se agravan en contextos de discriminación. Este hallazgo proviene del estudio “Carga mundial de violencia contra personas adultas transgénero y de género diverso”, publicado en la revista JAMA Network Open, de la Asociación Médica Estadounidense (AMA). La investigación se basó en un metaanálisis de más de cien artículos publicados entre 2010 y 2023, que recoge las experiencias y opiniones de más de 65.000 personas en 22 países. “Este trabajo representa la mejor evidencia disponible hasta la fecha sobre la prevalencia de la violencia contra las personas trans a nivel mundial”, comenta Sarah Peitzmeier, investigadora y profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Maryland, en un texto que analiza el estudio. La investigación estima que el 64% de esta población ha vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, una cifra que refleja la magnitud del fenómeno. Además, señala que el 36% de las personas trans ha experimentado agresiones físicas, mientras que el 33% fue víctima de abusos sexuales. Formas de agresión que se presentan con mayor frecuencia en las mujeres trans. También advirtieron que, en las relaciones de pareja, las personas con identidades de género diversas tienen el doble de probabilidades de experimentar ataques físicos o sexuales en comparación con las personas cis, es decir, aquellas que se identifican con el sexo asignado al nacer. Se trata de situaciones que se agravan por distintos factores. Entre ellos, el estigma social, la falta de protecciones legales, la discriminación económica y la ausencia de atención médica con enfoque de género. Estas condiciones no solo sostienen los ciclos de violencia, sino que también limitan el acceso a espacios de prevención y a la búsqueda de justicia cuando estas situaciones ocurren. El análisis también advierte que estas situaciones no afectan a todas las personas por igual y que pueden intensificarse cuando confluyen otras formas de marginación, un aspecto que debería considerarse en las investigaciones de crímenes por prejuicio. “La raza, la etnia, la edad y el nivel socioeconómico individual pueden influir en la exposición a la violencia”, se lee en el estudio. De acuerdo con Trans Murder Monitoring, una iniciativa que recopila información sobre asesinatos de personas con identidades de género diversas en todo el mundo, el 94 % de las personas trans asesinadas en 2023 eran mujeres trans, afrodescendientes y vinculadas al trabajo sexual. Por último, la investigación señala que, entre los principales agresores a lo largo de la vida de las personas con identidades de género diversas, se encuentran las parejas íntimas, familiares, personas desconocidas e integrantes de la policía. La situación de Colombia frente a la evidencia global Para Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, al comparar este análisis mundial con el contexto nacional, el panorama no resulta alentador. “El porcentaje del estudio no solamente se acerca a la realidad del país, sino que la realidad de Colombia está sobre la media”, comenta en entrevista con El Espectador. Esta lectura se sustenta en las cifras del Observatorio de Derechos Humanos de la misma organización. Al cierre del primer mes del año, registraron 10 asesinatos de personas LGBTIQ+, de los cuales ocho correspondieron a mujeres trans, que representa el 80% de los casos. La explicación de por qué esta forma de agresión afecta de manera particular a las personas trans tiene que ver, en gran medida, con la visibilidad. A mayor exposición pública de la identidad o de la expresión de género, mayor es el riesgo. “No es gratuito, por ejemplo, que cuando se genera violencia contra una persona trans, lo que hacen es afectar las partes de su cuerpo donde se marca su expresión de género”, explica Castañeda. Por su parte, Darla Cristina González, coordinadora de la Red Nacional de Personas Trans Diana Navarro San Juan, recuerda que en los últimos tres años han aumentado las muertes violentas de personas trans en el país. Como ejemplo menciona el caso de Sara Millerey, ocurrido en 2025, que volvió a encender las alertas por transfobia en el país, en un contexto donde las agresiones sistemáticas contra esta población ya venía siendo denunciada. Ambas fuentes coinciden en que estas formas de violencia responden a múltiples razones. Entre ellas, la ausencia de derechos, que expone a las personas trans a mayores niveles de vulnerabilidad, y el hecho de que muchas de estas dinámicas se presenten en entornos de alto riesgo, a los que se ven forzadas a acudir porque son los únicos espacios donde pueden vivir o transitar ante la discriminación. “Las personas trans históricamente hemos sido mal vistas si ocupamos espacios. A nosotras se nos sigue cargando el estigma de que debemos estar en una esquina ejerciendo prostitución o en una peluquería. Ese estigma nos persigue y hace que no podamos estar en las escuelas, que no terminemos el colegio o que sea casi imposible entrar a la universidad. Al final, nos relega a espacios de extrema vulnerabilidad”, explica González. Esta carga del estigma, sumada a la falta de garantías y de espacios de participación promovidos por el Estado, impacta directamente en la expectativa de vida de las personas trans, en comparación con el resto de la población. “Todos los contextos de violencia se reducen, al final, a una cifra, y es que el promedio de vida de las personas trans ronda los 30 o 33 años. Es decir, si no nos mata la violencia en el conflicto, nos mata la violencia en la calle, el abandono estatal o la falta de acceso a la salud. También nos matan enfermedades como el VIH, la depresión o el suicidio asociado a la ansiedad”, añade la activista. Solo en 2025, Caribe Afirmativo documentó 85 asesinatos contra personas LGBTIQ+, que da cuenta de la persistencia de patrones estructurales de vulneración de derechos humanos. Las principales víctimas fueron hombres 38 hombres gais y 32 mujeres trans. También se registraron afectaciones contra seis mujeres lesbianas, tres hombres trans y una mujer bisexual, además de dos casos en los que no fue posible confirmar la orientación sexual. Los hechos se concentraron en Antioquia (30 casos) y Valle del Cauca (16 casos), seguidos por Bolívar (6), Atlántico (4), Magdalena (4) y Bogotá (3), mientras que el resto de los casos se distribuyen en al menos 13 departamentos adicionales, incluidos contextos históricamente afectados por conflictividad armada, economías ilegales y débil presencia institucional. Frente a este panorama, Castañeda concluye que ni el Estado, a nivel nacional, ni los gobiernos locales han priorizado la creación de mecanismos de largo aliento que garanticen condiciones de vida estables y duraderas para la población LGBTIQ+, en especial para las personas trans. “Los gobiernos y las sociedades hablan de las personas trans solo cuando hay hechos de violencia, pero no existen mecanismos en la vida cotidiana que busquen extender los servicios sociales y del Estado a esta población”, dice. https://www.elespectador.com

La inclusión de las mujeres trans en el deporte femenino se ha convertido en el caballo de batalla de una guerra cultural más grande. Las posiciones se fijan atendiendo a convicciones ideológicas o morales. Sin embargo, también subyace un debate médico y científico. Un debate que hoy está más cerca de ser resuelto. Un equipo científico de Brasil ha elaborado un metaanálisis que engloba 52 estudios y a 6.485 personas, que han analizado la composición corporal y la aptitud física de mujeres trans y cis. Y aunque las mujeres trans mostraron una mayor masa magra —lo que indica una mayor masa muscular—, no exhibieron mayor capacidad física, es decir, fuerza o aptitud aeróbica, que las mujeres cis. “Esto desmiente la lógica detrás de las prohibiciones generales a las mujeres trans en el deporte”, sostiene Bruno Gualano, médico e investigador de la Universidad de Sao Paulo (Brasil) y coautor del estudio. “La mayoría de estas políticas se basan en la suposición de que las mujeres trans conservan ventajas físicas inherentes y, por lo tanto, dominarían las competiciones femeninas. Los datos no respaldan esta idea”. El metaanálisis, publicado en British Journal of Sports Medicine, analizó a 2.943 mujeres trans que se habían sometido a una terapia hormonal entre uno y tres años. Y no encontró evidencia de ninguna ventaja física. No hubo diferencias observables en la fuerza de la parte superior o inferior del cuerpo, o en el consumo máximo de oxígeno —una medida clave de la aptitud cardiorrespiratoria— entre ellas y las mujeres cis. De hecho, tras la terapia hormonal de afirmación de género, las mujeres trans y cis mostraron niveles similares de aptitud física en todas las variables analizadas. Por eso, con la evidencia científica en la mano, Gualano concluye que las mujeres trans “no representan una amenaza para el deporte femenino”. “La investigación, que puede considerarse de alta calidad, introduce dudas donde, aparentemente, no las había”, señala Carlos Alberto Cordente Martínez, profesor de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Politécnica de Madrid. “Como mínimo, esto debería llevar a replantearnos determinados posicionamientos maximalistas en el ámbito del deporte de competición”, reflexiona en declaraciones al portal científico SMC España. No es el primer estudio retrospectivo que se hace sobre el tema. Hace poco un equipo español analizó 14 artículos médicos sobre mujer trans y deporte de competición. “Concluimos que son necesarios más de dos años de tratamiento hormonal de inicio pospuberal para conseguir una disminución significativa de los efectos de las testosterona sobre diferentes parámetros fisiológicos”, explica María Miguélez González, endocrina de la Unidad de Género del Hospital Gregorio Marañón y coautora. En aquel entonces se recomendó ampliar la investigación haciendo estudios más a largo plazo. Es la misma conclusión a la que llega Miguélez tras leer el presente metaanálisis, por los siguientes motivos. “Los estudios tienen una duración escasa, inferior a tres años”, señala. Además, la experta señala otras limitaciones: “Solo nueve de los 52 estudios analizados eran ensayos clínicos, que son los que aportan la evidencia científica de mayor calidad”. Y por último, destaca “la falta de datos sobre deportistas de élite”. Los 52 estudios de los que parte este análisis tienen distintos diseños y metodologías, reconoce Gualano. El conjunto de evidencia científica, por lo tanto, no es del todo concluyente y tiene una calidad heterogénea. “No es perfecta, pero es la mejor evidencia científica disponible”, señala. Sobre la ausencia de mujeres trans que se dediquen al deporte de élite, es contundente: “Esa brecha existe porque, para empezar, casi no hay mujeres trans compitiendo”. Solo una mujer trans ha participado en los Juegos Olímpicos. Fue Laurel Hubbard en Tokio 2020. En la competición de halterofilia, falló sus tres intentos en la modalidad de arrancada y no ganó medalla. Después de los Juegos y tras una intensa campaña de acoso, anunció su retirada del deporte. Probablemente, sea la primera y la última atleta trans en participar. El Comité Olímpico Internacional ha anunciado su intención de retomar los test genéticos, que fueron abandonados hace más de 30 años, para vetar a las mujeres trans en los Juegos Olímpicos. Hasta ahora, seguía una política abierta que dejaba libertad a las diferentes federaciones para establecer sus reglas, y la norma más aceptada era un umbral de testosterona natural: quien lo superara quedaba excluida. La realidad demuestra que, a pesar de que hombres y mujeres trans realizan deporte, muy pocos lo hacen de manera federada. Charlie Baker, presidente de la NCAA, la principal organización que regula y organiza el deporte universitario en Estados Unidos, declaró en una entrevista que menos de 10 atletas trans estaban compitiendo bajo su órgano rector, que abarca a más de medio millón de personas. Lo hizo al hilo de la promulgación por parte de la Administración Trump de una orden ejecutiva llamada Sin hombres en deportes femeninos, una de las primeras decisiones políticas de su segundo mandato. La portavoz de la Asociación de Familias de Menores Transexuales de Navarra y Euskadi, Bea Sever, señalaba en una entrevista a la Cadena SER que, aunque cerca del 70% de las personas trans practica deporte, solo el 6% lo hace de forma organizada, por entender que este no es un espacio seguro. Su presencia, más que minoritaria, es anecdótica: hablamos del 0,01% (el 6% de las personas trans realizan deporte y estas representan en torno al 0,3% de la sociedad). En el debate de la participación de las personas trans en el deporte federado y profesional, siempre hay un colectivo ignorado, desplazado del foco: los hombres trans. El presente estudio también analizó su fuerza y composición corporal para estudiar posibles ventajas y desventajas biológicas. Los hombres trans demostraron tener menos masa magra que los hombres cis y menos fuerza en el tren superior. Superaron en estas dos variables a las mujeres cis. No se pudieron comparar el resto de variables por falta de datos. El presente estudio no es concluyente en sus conclusiones. Sería recomendable seguir investigando, pero con los datos disponibles no se puede decir que las mujeres trans tengan una ventaja biológica respecto a sus compañeras cis. El debate médico-científico parece decantarse hacia la participación de este colectivo, pero el debate político e ideológico está lejos de haber terminado. Hay incluso una dimensión filosófica en todo esto. “Filosóficamente hablando, coincido en que los hechos por sí solos no nos dicen qué debemos hacer”, reflexiona Gualano. “Es el clásico problema del ser y el deber ser que señaló Hume”. El filósofo escocés David Hume observó que muchos filósofos y moralistas pasan de describir cómo son las cosas a decir cómo deberían ser sin justificar ese salto. No se añade una premisa moral previa. En este debate, el hecho de que, durante siglos, las personas trans hayan sido excluidas de los deportes no significa que deban seguir siendo excluidas. Que sea así no justifica que deba seguir siendo así. En cualquier caso, si se va a excluir o penalizar a un colectivo minoritario sobre la base de un argumento biológico, lo mínimo que se debería exigir es que ese argumento estuviera bien fundamentado. “La buena evidencia científica no dicta valores, pero podría orientar cómo los aplicamos”, reflexiona Gualano. “Ese es el papel que este artículo pretende desempeñar”. Por eso, el experto pide analizar el debate en un contexto más amplio, teniendo en cuenta la exclusión y violencia que enfrenta la comunidad trans. “Creemos que el debate debería guiarse por valores fundamentales para el deporte en sí, como la equidad, la inclusión y la dignidad humana, en lugar de prohibiciones generalizadas”, concluye. https://elpais.com

Este fin de semana la lideresa trans Danne Belmont, directora de Fundación GAAT (Grupo Acción y Apoyo Trans) y su pareja fueron víctimas de violencia a manos de un conductor de la plataforma de transporte Uber, según han denunciado diversas entidades del sector. Las agresiones del conductor y luego de terceros desconocidos en contra de una de las activistas trans más reconocidas de la capital ponen, de nuevo, el reflector sobre la permanente desprotección que vive la población LGBTIQ+ en Colombia. De manera particular, la que viven las personas trans. De acuerdo con el Observatorio de Caribe Afirmativo, en el primer mes de este año se han registrado ocho asesinatos de personas trans. Entidades como el Ministerio de Igualdad y la Defensoría del Pueblo rechazaron lo ocurrido y exigieron justicia y celeridad en la investigación. “Este hecho refleja, una vez más, la violencia estructural y las múltiples formas de discriminación y exclusión que enfrentan en Colombia las personas con identidades de género no hegemónicas”, trinó la institución encargada de la defensa de los derechos humanos. Aun así, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, señala que ninguna de las acciones gubernamentales está siendo eficaz para atender las violencias, mucho menos para prevenirlas. Aunque no hay mayores detalles de la agresión, Castañeda afirmó que, además, Belmont —una voz muy importante contra las mal llamadas terapias de conversión— tuvo que soportar la negligencia en la atención sanitaria, un común denominador contra esta población. “La demora y la no activación de una ruta de atención del sistema hospitalario pusieron en mayor riesgo su vida. Una ruta clara en materia de salud sigue siendo un pendiente”, explico a EL PAÍS. El mismo reclamo de medidas eficaces de protección lo han hecho otras activistas trans como Valeria Bonilla, excandidata al Concejo de Bogotá, quien insistentemente ha expuesto una seguidilla de asesinatos y amenazas contra mujeres trans en el barrio Santa Fe, en el centro de la ciudad. La congresista María Fernanda Carrascal se ha sumado a las denuncias y ha añadido que muchas de estas tretas las encabezan peligrosos grupos criminales que ejercen control territorial en este barrio de la capital. Castañeda subraya otra preocupación: el estigma. Para él, esta es otra deuda urgente por saldar, pues sostiene que no se ha trabajado en hacer pedagogía ciudadana para contrarrestar los discursos de odio y prejuicios que están bastante instalados en la sociedad y motivan la violencia transfóbica. El ejemplo más reciente es el de Danne, pero el país sigue sin olvidar el cruento asesinato de Sara Millerey hace un año. “Estamos encontrando que los lugares de ocurrencia de los crímenes, como el barrio Santa Fe en Bogotá, o el centro de ciudades como Medellín y Cali, son lugares donde hay una altísima concentración de estigma hacia las mujeres trans que hacen uso del espacio público en ejercicio de trabajo sexual. No encontramos una acción de los gobiernos locales para prevenir esos niveles de discriminación”, reflexiona Castañeda. El movimiento LGBTIQ+ viene luchando hace varios años por la aprobación de una Ley Integral Trans. En 2025, el proyecto de ley fue aprobado en primer debate a pocas horas del cierre del periodo legislativo. Para convertirse en ley, ahora debe superar tres deberes adicionales en un Congreso que está enfocado en las elecciones y al que solo le quedan cinco meses de período. Por ahora, ese sigue siendo uno de los pocos faros de esperanza para que la violencia en su contra cese. En la promoción de un documental, lanzado en agosto del año pasado, en el que cuentan su historia Danne y otros sobrevivientes a los esfuerzos de modificar su identidad de género o su orientación sexual, la activista, como si vaticinara su futuro, dijo: “Los discursos de odio y de desinformación nos ponen en riesgo”. Pero, una vez más, Danne sigue siendo una sobreviviente. https://elpais.com

«Hoy, después de tres años, una sentencia judicial pone fin a un proceso que ha marcado profundamente mi vida. Después de tres años, he ganado el juicio por agresión sexual y vejaciones injustas contra la persona a la que denuncié», ha publicado Jedet (33 años). Hace referencia a la agresión sexual que sufrió en la celebración posterior a la ceremonia de los Premios Feroz a manos del productor Javier Pérez Santana. Ocurrió entre las 4 y las 6 de la mañana en el Espacio Ebro de Zaragoza, donde se celebró la fiesta. El productor de cine realizó tocamientos indeseados y estuvo acosando sexualmente a la actriz durante la fiesta. Además, profirió graves insultos tránsfobos contra ella. Se detuvo al sospechoso que fue posteriormente puesto en libertad sin cargos, pero tras la investigación de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional la Justicia le ha dado la razón a la intérprete de 'Veneno'. «Durante todo este tiempo he respetado los tiempos de la justicia y he sostenido un proceso largo, duro y profundamente desgastante», ha admitido Jedet en una publicación en sus redes sociales en donde no menciona el nombre del productor. «No ha sido fácil. Estos tres años han tenido un impacto real en mi salud mental, en mi trabajo y en mi vida personal. Ha sido una carga constante, una herida abierta que me acompañaba a todas partes», ha añadido. «Empatizo profundamente con el por qué muchas mujeres deciden no denunciar: porque los procesos son largos, complejos y porque una tiene que revivir una y otra vez lo sucedido. Porque denunciar también tiene un precio», ha escrito, denunciando la dificultad a la que se enfrentan otras víctimas. Sin embargo, y a pesar de los retos a los que ha tenido que enfrentarse, Carmen Jedet tiene claro que «fue necesario» porque es «una forma de protegernos entre todas y de poner límites donde durante demasiado tiempo no los ha habido», ha comentado. Su mensaje, formado por tres páginas diferentes, continúa animando a las mujeres de la industria a que alcen la voz, puesto que sabe que no es la única: «Hay compañeras que han vivido situaciones similares». «Aunque cada una tiene su tiempo y su proceso es importante que entendamos que no estamos solas y que nuestras experiencias importan», ha añadido. Crítica a la organización La segunda página la ha dedicado a los agradecimientos, entre los que están sus abogadas o el actor Pol Monen, de quien señala su «valentía, generosidad y honestidad». También a su psicóloga María Losada, su representante, a Andrea Compton y su madre, de quienes dice que han llevado el proceso como si fuera suyo. Pero ha tenido unas palabras de crítica hacia la organización de los Premios Feroz. «No puedo dejar de señalar, con tristeza, la actitud de la organización de los Premios Feroz. Fue en el contexto de sus premios donde ocurrieron los hechos y fue esa misma organización la que filtró mi nombre a la prensa cuando yo regresaba de Zaragoza a Madrid, cosa que me obligó a huir durante semanas de Madrid para protegerme», ha criticado. Según explica, no han mostrado interés por cómo estaba en este proceso ni ha vuelto a ser invitada a los premios, con la excepción del año siguiente porque su equipo «insistió». «Me resulta especialmente doloroso que quienes llenan sus galas de discursos sobre los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI no hayan sido capaces de aplicar esos valores cuando más falta hacían». «Hoy para mí esta pesadilla termina. Cierro una etapa muy dura, con la tranquilidad de haber dicho la verdad y de haber confiado en la justicia. Ahora toca sanar, seguir adelante y vivir sin miedo», ha finalizado la intérprete. https://www.abc.es

Por tercera vez, el Congreso de Jalisco rechazó modificar la Ley del Registro Civil del Estado, a fin de permitir a las infancias trans a realizar cambios a su acta de nacimiento según su identidad de género autopercibida. Votación y reacciones en el Congreso Tras un intenso debate, la votación fue la siguiente: 22 votos en contra, 11 a favor y una abstención de la diputada del Partido Verde, Yussara Canales. Votaron en contra las bancadas de MC, PAN, PRI, Partido Verde y el diputado del PT, Sergio Martín. No asistieron a la sesión, Alberto Alfaro y Martín Franco, de Morena; Leonardo Almaguer, del PT y Valeria Ávila, de Hagamos. El legislador de Hagamos, Enrique Velázquez, criticó a los diputados de MC, porque van en contra de sus principios ideológicos y le dan la espalda a las infancias trans que dicen defender. “Este Congreso debe de legislar en torno a los derechos de las personas. Me parece lamentable que aquí se utilicen algunos artículos y lo que yo creo es que deberíamos de hacer una ley para la identidad . Pero la identidad de los partidos, porque hay personas que militan en partidos que en sus documentos y postulados ideológicos hablan a favor -a escala nacional- del tema de los derechos humanos, del tema de la libertad y la igualdad, en contra de la homofobia y aquí hoy vienen con una agenda totalmente contraria a su mismo partido”, subrayó. Argumentos y postura de MC En respuesta, la diputada de MC, Celenia Contreras, señaló que “es una falta de sentido común” permitir a los menores de 18 años cambiar su nombre y su género. Lo que pide la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no cuida a la niñez jalisciense. “La Suprema Corte de Justicia podrá enviarnos una sentencia para legislar sobre un tema en particular. Este Poder tiene autonomía para legislar .En nuestras manos se encuentra una ley que es claro que ha dividido a este cuerpo colegiado, pero agradezco que surjan circunstancias como esta para demostrar la pluralidad y la calidad de diálogo que tenemos en Jalisco”, respondió. La reforma propuesta a la Ley del Registro Civil se votó para dar respuesta a una exigencia de la SCJN de legislar al respecto, ya que a escala federal, la Corte pide a los estados que no impongan prohibiciones al derecho de las infancias trans a reconocer su identidad de género. https://udgtv.com

Brasil volvió a encabezar el ranking mundial de asesinatos de personas trans pese a una caída interanual de los homicidios registrados, según el nuevo dossier anual de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (Antra), presentado este lunes. El informe contabilizó 80 asesinatos en 2025, frente a 122 en 2024, una reducción de alrededor de 34% que, sin embargo, mantiene al país en el primer lugar por casi 18 años, de acuerdo con la organización. La presidenta de Antra, Bruna Benevides, atribuyó el patrón de violencia a factores estructurales y de larga data. “No son muertes aisladas”, afirmó en el lanzamiento del dossier, describiendo a una población expuesta “desde muy temprano” a violencia extrema, atravesada por exclusión social, racismo, abandono institucional y sufrimiento psicológico continuo. El dossier —según Antra— se construyó con un monitoreo diario de noticias, denuncias directas a organizaciones trans y registros públicos. Benevides sostuvo que el propio método expone un vacío estatal: “si la sociedad civil no hace ese trabajo, las muertes simplemente no existen para el Estado”, dijo. En la desagregación territorial, el informe situó a Ceará y Minas Gerais como los estados con más asesinatos en 2025, con ocho cada uno. Por regiones, la violencia se concentró en el Nordeste (38), seguida por el Sudeste (17), el Centro-Oeste (12), el Norte (7) y el Sur (6). En una serie histórica 2017–2025, Antra identificó al estado de São Paulo como el más letal en términos acumulados, con 155 muertes registradas. Aunque el número de homicidios bajó, el dossier advierte un aumento de los intentos de asesinato, lo que —según el documento— impide interpretar la caída como una mejora sostenida de seguridad. La organización enumeró posibles explicaciones: subnotificación, desconfianza en instituciones de seguridad y justicia, menor cobertura mediática y ausencia de políticas públicas específicas contra la transfobia, que en Brasil ha sido encuadrada por el Supremo Tribunal Federal dentro del marco de la Ley de Racismo en un antecedente citado por Naciones Unidas. En paralelo, el panorama brasileño aparece alineado con tendencias regionales. El proyecto Trans Murder Monitoring de TGEU —que compila casos reportados globalmente— registró 281 asesinatos de personas trans y de género diverso entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, señalando que 68% ocurrió en América Latina y el Caribe, y que Brasil lideró el listado por 18º año consecutivo, con 30% del total de casos reportados en ese periodo. TGEU subraya que los conteos dependen de reportes y pueden subestimar la magnitud real por problemas de registro y cobertura. El dossier de Antra será presentado en una ceremonia en el Ministerio de Derechos Humanos, con entrega formal a representantes del gobierno federal, según la agencia pública Agência Brasil. https://es.mercopress.com

No todas las violencias llegan desde fuera ni con formas evidentes. Algunas se articulan desde la cercanía, con palabras conocidas y con la certeza de quien sabe cómo hacer daño. No es una polémica, es violencia. Y lo es aunque se presente como una broma, una opinión sincera o un simple comentario vehemente. Porque cuando el centro de la conversación pasa a ser el cuerpo de una persona, sea trans o cis, ya no estamos discutiendo ideas. Estamos señalando cuerpos, y eso nunca es inocente. Esta semana, a raíz de los ataques tránsfobos dirigidos a Nix, concursante de la quinta edición de ‘Drag Race España’, por parte de otra persona perteneciente al colectivo LGTBIQA+, ha vuelto a quedar en evidencia una realidad incómoda. La violencia no siempre viene de fuera, a veces también se articula desde dentro. Todo empezó con un comentario exagerado, quizá torpe, de Nix en un podcast, diciendo, en tono de broma, que «las mujeres trans hacen mejor drag que los gays». Una frase lanzada desde un código drag que históricamente ha vivido de la provocación y de decir cosas que no buscan caer bien. Puede no gustar, puede incomodar, e incluso puede criticarse, pero todo eso forma parte de una conversación posible. El problema llega cuando la respuesta deja de ser una crítica y se convierte en un ataque directo al cuerpo y a la identidad de una mujer trans. En ese punto ya no estamos hablando de humor. Estamos hablando de violencia. Señalar mentones, barbas o cualquier rasgo de la fisonomía de una persona para cuestionar quién es ‘realmente’ una mujer no es una provocación inteligente. Es repetir los mismos discursos que escuchamos todos los días fuera del colectivo. Discursos que ridiculizan, deshumanizan y jerarquizan. Los mismos que deciden quién encaja y quién sobra. Una de las trampas más habituales en estos casos es intentar convertirlo todo en debate; apelar a la objetividad, a la libertad de expresión o al derecho a opinar. Pero hay algo que conviene decir con claridad. No se dan opiniones sobre cuerpos ajenos. Y cuando se hace, no estamos ante una idea abstracta, sino ante una práctica concreta de señalamiento. También aparece a menudo el argumento del agravio comparativo: que si a otras figuras públicas se les permitió decir cosas parecidas, que si en otros momentos ese tipo de comentarios fueron celebrados. Pero este razonamiento ignora algo básico. El contexto importa, no todas las voces hablan desde el mismo lugar ni todas las palabras tienen el mismo impacto. No es lo mismo incomodar desde una posición que desafía la norma que reforzar una violencia que ya existe y que opera sobre determinados cuerpos. En situaciones así yo suelo recurrir a una idea bastante sencilla del filósofo Karl Popper. No todo merece respeto ni tolerancia, especialmente los discursos que existen para negárselo a otras personas. Darles espacio no nos hace más abiertas, nos hace responsables del daño que provocan. Por eso conviene frenar cuando los ataques tránsfobos se defienden como simples opiniones. No afectan solo a quien los recibe. Como recordó Nix, esos comentarios los leen muchas más personas. Y cuando se ataca un cuerpo trans en público, el daño se multiplica a toda la comunidad. El privilegio dentro del colectivo existe. No todas las identidades se enfrentan al mismo nivel de exposición ni al mismo riesgo. No es lo mismo ponerse una peluca para subirse a un escenario que ponérsela para poder reconocerse. Entender esta diferencia no divide, aporta conciencia. Por eso, más que centrar el foco en nombres propios o alimentar el ruido, lo verdaderamente útil es revisar el patrón. Preguntarnos qué discursos estamos normalizando. Qué risas estamos validando. Y quién paga el precio de todo eso. Si algo podemos aprender de estos ataques, especialmente cuando vienen de dentro, es que la violencia no siempre llega con formas evidentes. A veces se presenta como una simple opinión. https://www.revistasix.es

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el lunes al Estado de Honduras por la detención “arbitraria” y “discriminación” contra Leonela Zelaya, una mujer trans y trabajadora sexual que fue asesinada en el 2004. La sentencia de la CIDH responsabilizó al Estado hondureño por la falta de la debida diligencia en la investigación de la muerte de Zelaya, cuyo caso estuvo inactivo por 14 años. “El Estado de Honduras es responsable internacionalmente por las violaciones a los derechos de Leonela Zelaya, debido a las detenciones ilegales y arbitrarias de las que fue víctima los días 20 de enero, 11 de agosto y 2 de septiembre de 2004”, y “por el desconocimiento de su identidad y expresión de género durante la investigación de su muerte, ocurrida el 7 de septiembre de ese mismo año”, según la CIDH. “El Estado incurrió en responsabilidad como consecuencia de la demora injustificada y la falta de debida diligencia reforzada en la investigación de lo ocurrido a Leonela Zelaya”, acotó. El caso se remonta al 15 de agosto de 2004 cuando Zelaya, de 34 años, fue golpeada por agentes de policía. Posteriormente, el 6 de septiembre, ella salió a trabajar junto con Thalía Rodríguez, con quien vivía en una casa en Tegucigalpa. Rodríguez testificó que no regresaron juntas a la casa y un día después, el 7 de septiembre, alrededor de las 5:00 de la madrugada, el cadáver de Leonela fue encontrado en una vía pública de la capital. Los médicos forenses determinaron en ese momento que su muerte se produjo con arma blanca. A criterio de la CIDH, Honduras también violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial de Thalía Rodríguez, quien posteriormente también fue asesinada. “El Tribunal determinó que Thalia Rodríguez, quien convivió con Leonela Zelaya durante nueve años, sufrió una afectación a su integridad personal como consecuencia de la demora injustificada y la falta de debida diligencia reforzada en la investigación”, señala la sentencia. La Procuraduría General de la República dijo en la red social X que compareció de forma virtual al acto de notificación de la sentencia, y señaló que el Estado hondureño “reitera su compromiso con la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, con especial énfasis en los grupos históricamente en situación de vulnerabilidad” y su disposición de cumplir con lo resuelto por la CIDH. La coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas, Indyra Mendoza, celebró la sentencia de la Corte Interamericana. Consideró que “demuestra” que Honduras es un país sumamente violento, basado en el prejuicio, el odio y la discriminación. “La sentencia del caso de Leonela Zelaya, un crimen ocurrido hace 20 años, es impactante, porque va más allá de la justicia, de lograr una sentencia”, dijo Mendoza a The Associated Press. Detalló que en el observatorio de muertes violentas de la Red se contabilizan más de 500 personas asesinadas después de Leonela y que la impunidad es de aproximadamente el 94%. La Corte ordenó reactivar el expediente e impulsar la investigación y eventual sanción de los responsables de la muerte de Leonela Zelaya; publicar la sentencia, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el que se haga referencia a los hechos y las violaciones declaradas en la sentencia. La abogada hondureña litigante del caso ante la Corte IDH, Doris González, declaró a la AP que las detenciones sufridas por Zelaya fueron motivadas por la denominada Ley de Policía y Convivencia Social. “Esa ley le permitía a los policías detener a las personas LGBTIQ+ en base a criterios ambiguos, por el simple hecho de identificarlas como prostitutas, vagabundas o personas sin oficio. La Corte ha identificado que esa ley no debe ser utilizada porque… es contraria a los derechos humanos ”, expresó. Refirió que la sentencia reconoce por segunda vez que el Estado de Honduras vulnera los derechos de las personas LGBTIQ+. En 2019, El Estado hondureño también fue condenado por la CIDH como responsable por la muerte de Vicky Hernández, mujer trans, trabajadora sexual y reconocida activista dentro del “Colectivo Unidad Color Rosa”, ocurrida en San Pedro Sula, el 28 de junio de 2009. https://www.urbanopuebla.com.mx