La presión de activistas, colectivas y defensoras de la comunidad sexodisidente volvió a poner frente a las autoridades a Paola Buenrostro. Después de casi una década de protestas y exigencia de justicia, el caso de la mujer trans asesinada en 2016 fue reclasificado como feminicidio agravado y un hombre señalado como responsable, Arturo “N”, fue vinculado a proceso. Este cambio no llegó solo: ocurrió después de que colectivas trans tomaran las instalaciones de la Fiscalía capitalina y exigieran que el asesinato en razón de genero no fuera catalogado como un homicidio.

Entre quienes han sostenido esa exigencia desde el principio está Kenya Cuevas, amiga de Paola, activista y defensora de los derechos humanos de las personas trans. Para Cuevas, la lucha no comenzó con la detención de Arturo “N”, sino aquella madrugada de septiembre de 2016, cuando presenció el asesinato de su amiga y comenzó un largo camino para exigir que Paola fuera reconocida como lo que era: una mujer trans cuya vida y memoria debían ser respetadas por las instituciones encargadas de administrar la justicia.

La protesta del 3 de septiembre puso sobre la mesa la tensiones entre las instituciones y una comunidad que durante años ha tenido que pelear para ser escuchada. Durante la toma de las oficinas de la Policía de Investigación, un agente golpeó con un tubo a una de las personas que participaban en la movilización. La escena ocurrió en medio de las exigencias para que el caso fuera juzgado con perspectiva de género y para que las autoridades dejaran de tratar la identidad de Paola como un dato secundario.

La movilización tuvo un resultado concreto. El 4 de septiembre, una jueza de control determinó que el delito pasara de homicidio calificado a feminicidio agravado y vinculó a Arturo N”, quien permanecerá sujeto al proceso penal. La decisión reconoce elementos relacionados con la identidad de género de Paola y con el contexto en el que ella y Kenya ejercían el trabajo sexual. Pero hay un límite jurídico: el asesinato de Paola no puede ser procesado legalmente como transfeminicidio, aunque hoy ese delito exista en la Ciudad de México.

El principio de irretroactividad de la ley establece que una norma penal no puede aplicarse hacia el pasado en perjuicio de una persona. Cuando Paola fue asesinada, en septiembre de 2016, el transfeminicidio todavía no estaba tipificado en el Código Penal capitalino. La figura fue incorporada hasta 2024, a través de la llamada Ley Paola Buenrostro. Por eso, la resolución judicial actual no aplica dicha ley a los hechos ocurridos. Lo que hace es reconocer el crimen como feminicidio agravado, una figura que ya existía en la legislación cuando Paola fue asesinada.

La reclasificación permite que el caso sea juzgado tomando en cuenta la violencia por razón de género y el contexto de la víctima, sin violentar el principio de irretroactividad penal. En 2016, su asesinato estuvo acompañado por una investigación marcada por omisiones y por la falta de reconocimiento de su identidad de género. La entonces Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México documentó irregularidades y reconoció el caso como el primer transfeminicidio registrado por una autoridad capitalina. En 2021, la Fiscalía ofreció una disculpa pública por las fallas cometidas durante la investigación.

Durante esos años, Kenya Cuevas convirtió la exigencia de justicia por Paola en una lucha colectiva. Su nombre apareció una y otra vez en las calles, en las instituciones y en los espacios donde se discutían los derechos de las personas trans. Junto con otras integrantes de la comunidad y organizaciones como Casa de las Muñecas Tiresias, empujó una demanda que terminó llegando al Congreso capitalino: que los asesinatos de mujeres trans fueran reconocidos por la ley de acuerdo con la violencia específica que enfrentan.

En julio de 2024, esa lucha se convirtió en una reforma. La Ciudad de México aprobó la Ley Paola Buenrostro, que incorporó el transfeminicidio al Código Penal local y estableció penas de entre 35 y 70 años de prisión. La reforma también modificó otras normas para reconocer a la familia social de las víctimas, evitar que su identidad de género sea vulnerada y obligar a las autoridades a investigar estos crímenes con perspectiva de género y derechos humanos.

Su caso ayudó a cambiar las reglas para quienes vinieron después, aunque ella no pueda beneficiarse penalmente de esa reforma. Esa es una de las dimensiones más importantes de lo ocurrido: la justicia para Paola no se reduce a la condena de quien hoy enfrenta un proceso, sino también a que su nombre haya contribuido a que las instituciones reconozcan una violencia que durante años permaneció invisibilizada.

Por eso, para la comunidad trans, la resolución representa un avance. No borra los diez años de espera ni las fallas institucionales documentadas. Tampoco significa que el proceso haya terminado. Pero sí abre una puerta que durante mucho tiempo permaneció cerrada: la posibilidad de que el Estado reconozca a Paola como mujer y que su asesinato sea juzgado desde esa realidad.

A la salida de la ultiman audiencia, Kenya Cuevas lo resumió como un día histórico para las personas trans y para su acceso a la justicia.

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