Hay preguntas que, de tanto repetirse, terminan ocultando aquello que verdaderamente importa. Una de ellas es por qué los movimientos antiderechos están tan obsesionados con las infancias trans. Quizá esa nunca fue la pregunta correcta. La verdadera es otra: ¿por qué las convierten, una y otra vez, en el lugar desde el cual intentan reorganizar el orden social? La disputa nunca ha sido únicamente sobre tratamientos médicos ni sobre identidad de género. Es una batalla por decidir qué vidas merecen cuidado y qué personas pueden convertirse en un problema político. Las infancias trans son el primer objetivo porque constituyen el laboratorio donde hoy se ensayan nuevas formas de gobernar a través del miedo.

En Colombia acabamos de verlo con claridad. La persecución contra profesionales de la salud, la estigmatización de equipos médicos y la difusión sistemática de desinformación sobre la atención a niñas, niños, niñes y adolescentes trans no son episodios aislados. Forman parte de una estrategia política más amplia. Reducir esta ofensiva a un debate sobre tratamientos médicos es aceptar las reglas del juego impuestas por quienes llevan años fabricando pánicos morales.

El libreto resulta inquietantemente familiar. Primero aparecen las consignas sobre la protección de la infancia. Después se desacredita a quienes investigan, enseñan y cuidan. Más tarde se acusa a universidades, profesionales de la salud y organizaciones de derechos humanos de responder a una supuesta agenda ideológica. Finalmente llegan las restricciones legales. Ha ocurrido en Estados Unidos, Argentina, Hungría y el Reino Unido. Nunca empiezan atacando a todas las personas trans. Empiezan por quienes tienen menos poder para defenderse.

La filósofa mexicana Siobhan Guerrero ha descrito este fenómeno con una idea especialmente útil: los movimientos antiderechos no solo producen desinformación; producen ignorancia. La diferencia es profunda. Desinformar consiste en difundir una mentira. Producir ignorancia implica destruir la confianza en quienes podrían desmontarla. Por eso el ataque no se dirige únicamente contra las personas trans. También alcanza a universidades, sociedades científicas, profesionales de la salud y cualquier espacio donde todavía sea posible producir conocimiento basado en evidencia.

Después de analizar cientos de intervenciones, publicaciones y piezas del discurso anti-trans producidas durante el debate por una Ley Integral Trans en Colombia encontré un patrón constante. La eficacia del discurso de odio no reside en la calidad de sus argumentos. Muchos de ellos se derrumban con una mínima revisión científica o jurídica. Su fuerza proviene de otro lugar: la repetición. Palabras como ideología, mutilación, adoctrinamiento, corrupción de menores o peligro aparecen una y otra vez hasta producir un efecto de familiaridad. Lo repetido termina pareciendo verdadero. Ese es el verdadero poder del discurso de odio: reorganizar aquello que una sociedad considera razonable pensar.

Aparecía además otro mecanismo constante. Las personas trans prácticamente desaparecían del debate. En su lugar emergía una infancia convertida en objeto moral de protección y una familia presentada como la única autoridad legítima sobre su vida. Así, una discusión sobre derechos fundamentales terminaba desplazándose hacia consignas como “el Estado quiere decidir sobre nuestros hijos” o “quieren cambiarles el sexo”. El sujeto que debía ser protegido terminaba convertido en aquello de lo que supuestamente había que proteger a la sociedad.

Ese relato desconoce un principio ampliamente reconocido por el derecho colombiano e internacional: la autonomía progresiva de las niñas, niños, niñes y adolescentes trans. La Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política y la jurisprudencia de la Corte Constitucional reconocen que las personas menores de edad son sujetos de derechos y que, conforme desarrollan sus capacidades, sus opiniones y decisiones deben ser escuchadas y tenidas en cuenta. La protección especial no significa sustituir permanentemente su voluntad. Significa crear las condiciones para que puedan ejercer sus derechos de manera progresiva, informada y segura.

Solo así puede entenderse la eficacia de frases como “están hormonando niños” o ” en Colombia se realizan cirugías de cambio de sexo a menores”. Son afirmaciones falsas que se repiten con tanta insistencia que terminan pareciendo creíbles, aunque mientan frente a la realidad de la atención en salud para niñas, niños, niñes y adolescentes trans en Colombia.

La estrategia consiste precisamente en mezclar deliberadamente asuntos distintos para producir alarma. Una cosa es la corrección del componente de sexo en los documentos de identidad, un reconocimiento jurídico de la identidad de género que no constituye un procedimiento médico. Otra muy distinta son las intervenciones clínicas que, cuando excepcionalmente se consideran necesarias, sólo pueden evaluarse después del estadio Tanner II de la pubertad, exigen procesos rigurosos de valoración por equipos interdisciplinarios especializados y responden a criterios médicos, éticos e individualizados. Y otra completamente diferente son las intervenciones quirúrgicas genitales, que en Colombia únicamente se realizan en personas mayores de edad precisamente porque son procedimientos irreversibles.

Reducir toda esa complejidad a la consigna de que “están cambiando de sexo a los niños” no es una simplificación inocente. Es una estrategia de desinformación diseñada para sustituir la evidencia por el pánico moral. Mientras esa maquinaria organiza el miedo, miles de familias viven una experiencia completamente distinta. No encuentran conspiraciones. Encuentran preguntas, incertidumbres, conversaciones difíciles y equipos interdisciplinarios que acompañan con prudencia y responsabilidad. Este mes, desde la Liga de Salud Trans y FAIT(Familias de Adolescencias e Infancias Trans), publicaremos una guía para ellas. La llamamos Cuidar sin miedo, acompañar con amor. Con el tiempo entendí que ese título decía mucho más de lo que imaginábamos. No era solo una herramienta pedagógica. Era una propuesta política. Frente a una sociedad que intenta organizarse desde el miedo, el cuidado también puede convertirse en una forma de resistencia democrática.

Hay una frase de esa guía que vuelve a mí con frecuencia: quienes hoy acompañamos estas infancias también fuimos infancias trans. Esa memoria cambia por completo el lugar desde dónde hablamos. Quienes hoy investigamos, litigamos o hacemos incidencia no defendemos una abstracción. Defendemos la posibilidad de que otras niñas, niños y niñes no tengan que crecer creyendo que algo en ellas merece ser corregido. Sabemos, porque lo vivimos, que el cuidado puede cambiar una vida. También sabemos que el abandono deja marcas que ninguna ley consigue borrar.

Existe evidencia suficiente para afirmar que el reconocimiento de la identidad, el acompañamiento familiar y el acceso oportuno a servicios de salud cuando son necesarios mejoran el bienestar de las infancias trans y reducen significativamente los riesgos asociados al rechazo, la violencia y el aislamiento. Sin embargo, el debate público rara vez gira alrededor de esa evidencia. Gira alrededor del miedo. Y ese desplazamiento no es accidental.

El caso del doctor Mario Angulo, médico del programa de Género para Niños y Adolescentes de la Fundación Valle del Lili, ilustra hasta dónde puede llegar esta estrategia. Tras una intensa campaña de estigmatización, el mensaje para el resto del sistema de salud fue inequívoco: ejercer la medicina conforme a la evidencia científica y a la ética profesional puede convertirse en motivo de sospecha. Ese es, quizá, el mayor triunfo de los movimientos antiderechos. No necesitan prohibir inmediatamente la atención en salud. Les basta con producir suficiente miedo para que menos profesionales quieran ofrecerla, menos universidades quieran investigarla y menos familias se atrevan a buscar ayuda. Antes de perseguir cuerpos, se persigue a quienes los cuidan.

También nosotros debemos hacer una autocrítica. Durante demasiado tiempo parte del movimiento LGBTIQ+ trató la defensa de las infancias trans como una causa demasiado compleja o demasiado costosa políticamente. Fue un error. Los proyectos de ley que buscaban prohibir la atención en salud para menores de edad trans nunca fueron únicamente sobre infancias. Eran el ensayo de una ofensiva mucho más amplia contra todas las personas trans, contra la medicina basada en evidencia y contra cualquier política pública que reconociera nuestra existencia.

Las guerras siguen destruyendo cuerpos. Palestina nos lo recuerda cada día con una crudeza insoportable. Pero antes de que un cuerpo sea perseguido, expulsado o destruido suele ocurrir algo más silencioso: cambia la manera en que una sociedad aprende a verlo. Primero se instala la sospecha. Después se normaliza la exclusión. Finalmente, la violencia empieza a parecer aceptable. Ninguna guerra se sostiene únicamente con armas. También necesita una disputa previa por el lenguaje, por el sentido y por aquello que una sociedad considera digno de cuidado.

Por eso este no es el momento de moderar nuestras convicciones ni de responder al miedo con más miedo. Necesitamos radicalizar otra cosa: el cuidado. Radicalizar la defensa del conocimiento cuando la mentira organizada intenta sustituir la evidencia. Radicalizar la solidaridad entre familias, profesionales de la salud, docentes, universidades y organizaciones sociales. Radicalizar la convicción de que ninguna niña, ningún niño ni ningún adolescente debería tener que demostrar por qué merece ser cuidado.

Porque la batalla por las infancias trans nunca ha sido únicamente una batalla por las infancias trans. Es una batalla por decidir si el miedo o el cuidado serán el principio desde el que organizaremos la vida en común. Y pocas decisiones revelan tanto la calidad de una democracia como la manera en que decide cuidar a quienes tienen menos poder para defenderse.

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