Excluir a las trans del cupo electoral femenino: la última ofensiva conservadora en Brasil

ATA Sylvia Rivera • 27 de julio de 2026

La Corte Suprema de Brasil estudia desde junio un proceso que cuestiona el derecho de las personas transexuales a ser contabilizadas de acuerdo con el género autodeclarado y no con el sexo asignado al nacer.


Brasilia, 26 jul (EFE).- Las elecciones brasileñas de 2022 marcaron un hito en la política del país con la llegada de cuatro mujeres trans a asambleas regionales y al Congreso Nacional, pero pese a algunas victorias, el camino recorrido desde entonces acumula casos de prejuicios, amenazas y negación de sus identidades de género, incluso en las altas instancias judiciales.


La Corte Suprema de Brasil estudia desde junio un proceso que cuestiona el derecho de las personas transexuales a ser contabilizadas de acuerdo con el género autodeclarado y no con el sexo asignado al nacer. La intención de la asociación Matria, autora de la demanda, es que las mujeres trans no sean incluidas en el cupo mínimo del 30 % de candidaturas femeninas que los partidos están obligados a cumplir por ley.


En números, de los actuales 513 diputados federales, hay 423 hombres y solamente dos de las 90 mujeres son transexuales, o sea, un 0,38 % del total. La elección sin precedentes de mujeres transgénero contribuyó poco para impulsar un aumento del 18 % en el grupo de mujeres en esta legislatura en comparación a la anterior, cuando hubo 77 mujeres. Las entidades en pro de los derechos trans creen que el proceso de Matria intenta reavivar un debate "ya superado" en varios frentes. Así opina el abogado Paulo Iotti, autor de varias actuaciones en defensa de los derechos LGBTQIA+ ante los tribunales superiores.


"Están llegando al límite del acoso judicial", asegura en declaraciones a EFE. Iotti se refiere a los numerosos procesos abiertos en los últimos años, que van desde los intentos de vetar las cuotas para personas trans en universidades y concursos públicos hasta el uso de los baños públicos femeninos. Pese a la presión, amplificada por el Parlamento, la Justicia brasileña mantiene hasta ahora el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los foros internacionales en favor de las personas trans.


Para Matria, sin embargo, existe una "narrativa dominante" construida en nombre de la garantía de derechos que estaría perjudicando a las mujeres. "Lo más probable es que perdamos, no soy optimista", reconoce a EFE Celina Lazzari, fundadora de Matria y del Movimiento Infancia Plena, que propugna la protección de los niños frente a la "ideología de género".


Iotti observa una distorsión en el tipo de feminismo que reivindican asociaciones como Matria. "Nunca las he visto luchar por garantizar los derechos de las mujeres cis, o biológicas, como ellas dicen, en la lucha contra la violencia machista, la discriminación salarial o por los derechos reproductivos", señala. En la página web de la asociación se describe la misión de luchar contra "los riesgos de las políticas que borran el sexo biológico, que es un marcador objetivo". También afirma que se articula internacionalmente con organizaciones que abordan "conflictos en torno a la identidad de género".


Así, Lazzari ve con buenos ojos la postura del presidente estadounidense, Donald Trump, y de otros líderes mundiales de la extrema derecha, aunque niega cualquier alineamiento moral o religioso. "Solo convergemos en los resultados, en la conclusión final, pero partimos de puntos de vista diferentes", sopesa. Acusada con frecuencia de transfobia, Lazzari se declara víctima de la brutalidad, la "misoginia" y el "patrullaje ideológico" por parte de algunas interlocutoras del movimiento trans.


Según ella, existen "tabúes" a la hora de debatir determinados asuntos. "La izquierda moraliza al mirar solo el lado de la víctima, mientras que la derecha lo lleva a una cuestión moral y a que Dios creó a Adán y Eva", afirma. Para Iotti, en cambio, bajo el pretexto de proteger también a personas vulnerables, como mujeres y niños, la asociación se sirve del lenguaje de los derechos humanos para atacar a un grupo ya muy estigmatizado.


"Tratan a la mujer trans como si fuera un hombre cis heterosexual vestido de mujer, capaz de acosar o violentar a las mujeres cis y a los niños en cualquier momento", puntualiza. A principios de julio, la parlamentaria derechista Clarissa Tércio, barajada como posible candidata a vicepresidenta de Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, en las elecciones de octubre, presentó un escrito favorable a Matria ante la Justicia.


Pocos días después, el Tribunal Superior Electoral emitió un dictamen en sentido contrario, en consonancia con la jurisprudencia de esa misma corte. "Mientras nosotros luchamos por la igualdad de derechos, el respeto y la consideración, ellas luchan por convertir a las mujeres trans en parias sociales", denuncia Iotti.



Y aunque no cree que al final se produzcan retrocesos, dada la actual composición del Supremo, Iotti recuerda que el próximo presidente podrá nominar hasta a tres nuevos magistrados, lo que podría alterar la correlación de fuerzas en la máxima instancia judicial del país. EFE



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Policía Nacional publica este lunes el texto que permitirá la modificación de sexo y de nombre en los documentos expedidos a personas migrantes cuando se acredite la imposibilidad de cambio registral en su país de origen. El nuevo protocolo, anunciado el pasado 23 de junio por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se adopta en aplicación de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI Las personas extranjeras podrán solicitar desde mañana la rectificación de sexo y nombre en los documentos expedidos por Policía Nacional, de acuerdo con el protocolo que se publicará este lunes en la Orden General de la Policía, aprobado mediante una resolución firmada por el director general de la Policía, Francisco Pardo. Los documentos expedidos que pueden ser objeto de esta medida son la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) en todas sus modalidades; el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión Europea (CRUE); la Cédula de Inscripción de Extranjero Indocumentado; el Título de Viaje de Indocumentado; los resguardos de registro y formalización de protección internacional; los documentos acreditativos de solicitante en trámites de protección internacional y de apatridia; y los certificados de residente y no residente. El protocolo contempla dos posibles situaciones. En el primer supuesto, cuando la persona extranjera solicita la modificación registral por imposibilidad de hacerlo en su país de origen, la Brigada de Extranjería y Fronteras solicitará al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación un informe que acredite la imposibilidad legal o de hecho para llevar a cabo la rectificación. Si el informe confirma esa circunstancia, se procederá al cambio en el Registro Central de Extranjeros y a la emisión del nuevo documento. En el segundo supuesto, cuando la persona extranjera ya ha efectuado el cambio en su país de origen, bastará con la presentación del pasaporte o título de viaje en vigor que lo acredite, junto con el documento del que se solicita la actualización. Aplicación de la Ley 4/2023 El protocolo se adopta en aplicación de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que recoge el derecho a que los documentos contengan la rectificación del sexo y de nombre, tanto cuando las personas extranjeras hayan efectuado la modificación en su país de origen, como cuando quede acreditado la imposibilidad por sus autoridades. La resolución de la Policía Nacional menciona también el aval de la reciente sentencia 181/2026, de 5 de junio de 2026, de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza n.º 17, que obligaba a la Administración a atender el requerimiento de un ciudadano extranjero en cuyo país de origen no pudo realizar el cambio registral de su sexo. El ministro reconoció las limitaciones del procedimiento cuando la persona trans migrante no podía llevar a cabo el cambio de nombre y sexo en su país de origen y se comprometió a impulsar “con carácter urgente” un nuevo mecanismo que resolviera las dificultades y facilitara la tramitación, “tanto para las personas solicitantes como para las distintas instancias administrativas implicadas”. https://www.interior.gob.es 
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