La Asociación Trans de Andalucía-Sylvia Rivera (ATA) ha abierto en las últimas semanas varios frentes judiciales e institucionales para tratar de evitar que la identidad que figuraba en los documentos de Franyel termine determinando cómo se investiga y reconoce su asesinato. La mujer trans venezolana, de 35 años, murió en San Pedro de Alcántara, en Marbella, tras ser apuñalada. El hombre, con el que mantenía una relación sentimental, está acusado y siendo investigado por el asesinato. 

La investigación policial comenzó abordando el crimen como un posible caso de violencia de género, pero finalmente fue derivado a la jurisdicción ordinaria porque Franyel seguía constando en su documentación como sexo masculino. Desde entonces, ATA ha dirigido escritos al Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, a la Fiscalía Provincial de Málaga, a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, a la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de Andalucía, Flor de Torres; y a la propia ministra de Igualdad, Ana Redondo. 

A esas actuaciones se han sumado más de 150 organizaciones feministas, LGTBIQA+, sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos. Todo con el objetivo de que la falta de modificación de la documentación de Franyel no la excluya del sistema especializado frente a la violencia de género, pues, como reflexionaba Noelia Adánez -jefa de Feminismos de Público-, en su newsletter quincenal Radar feminista: "La violencia machista no viene determinada por el sexo de la víctima, sino por las desigualdades de género en las que se inscriben esas violencias".

El pasado 13 de agosto, ATA trasladó simultáneamente sus argumentos al órgano judicial que instruye el caso, a la Fiscalía Provincial de Málaga y a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Su intención, precisaba por escrito la asociación presidida por la activista Mar Cambrollé, era poner a disposición del tribunal elementos jurídicos que pudieran ser examinados de oficio a la hora de decidir qué órgano debía investigar el asesinato de Franyel. 

ATA recordaba que el artículo 89.5.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a las Secciones de Violencia sobre la Mujer la instrucción, entre otros, de los homicidios cometidos contra la esposa o contra una mujer ligada al autor por una relación análoga de afectividad. La organización planteaba que debería analizarse si ese concepto de "mujer" puede quedar determinado exclusivamente por la mención registral del sexo o si más bien debe interpretarse teniendo en cuenta el conjunto de la legislación que actualmente reconoce la identidad de género de las personas trans. 

La asociación hacía mención, además, al artículo 23 de la ley trans andaluza, aprobada en 2014, que establece que toda persona "cuya identidad de género sea la de mujer" y sea víctima de violencia machista podrá acceder en igualdad de condiciones a los recursos asistenciales y mecanismos de protección previstos en la legislación autonómica contra la violencia de género.

El retraso del Gobierno en el desarrollo de la 'ley trans' condicionó la situación de Franyel

Ese mismo 13 de agosto, ATA elevó prácticamente el mismo interrogante ante la Fiscalía Provincial de Málaga, con la idea de que fuera el Ministerio Fiscal quien comprobara qué órgano estaba haciéndose cargo de las diligencias y cuáles habían sido, en su caso, las circunstancias que habían llevado a que no fueran atribuidas a la sección especializada en violencia sobre la mujer. La asociación pedía que la Fiscalía examinara específicamente cómo había podido condicionar el hecho de que Franyel fuera una mujer migrada en nuestro país.

Precisamente, la condición de mujer trans migrante se ha convertido en uno de los elementos centrales de toda la reclamación de ATA. La ley trans estatal, aprobada en 2023, reconocía en su artículo 50 que las personas migrantes que no pudieran efectuar la rectificación registral del sexo -y, en su caso, del nombre- en sus países de origen podían solicitar la adecuación de los documentos expedidos en España. Sin embargo, el procedimiento necesario para hacerlo efectivo no se habilitó hasta tres años más tarde, en julio de 2026, a través de una instrucción del Ministerio del Interior. Todo ello a pesar de que la propia norma daba al Gobierno un plazo de un año para desarrollarlo. 

Para ATA, la situación de Fraynel no se puede entender sin considerar esa demora, pues cambiar su sexo registral no dependió de una decisión personal suya. "Resultaría especialmente contradictorio", sostiene la asociación en uno de sus escritos, que una situación documental condicionada por el retraso de la Administración terminara utilizándose, después de su muerte, para negarle la consideración de mujer a efectos de la protección frente a la violencia de género. 

Una circular de Fiscalía de hace 15 años

Dos días después, el 15 de agosto, la asociación trasladó el asunto directamente a Flor de Torres, fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de Andalucía. Esta vez haciendo mención a la Circular 6/2011 de la Fiscalía General del Estado. El documento, aprobado hace 15 años, abordaba precisamente el tratamiento de las mujeres trans víctimas de violencia de género que no habían rectificado registralmente su sexo, incluidas aquellas migrantes que no hubieran podido hacerlo. Según recoge el escrito de ATA, la circular establecía que las mujeres trans, ya fueran españolas o migradas, podían ser consideradas víctimas de violencia de género aun sin esa modificación registral cuando quedara acreditada su condición de mujer. 

La propia circular tomaba como referencia un auto de la Audiencia Provincial de Málaga de mayo de 2010. En aquel caso se discutía la competencia judicial ante la denuncia de una mujer trans que mantenía una relación sentimental con un hombre y que no disponía de documentación oficial que reflejara su identidad por carecer de nacionalidad española. La Audiencia determinó entonces que la competencia correspondía al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga y consideró que excluirla de la protección de la ley contra la violencia de género por su situación documental supondría "desconocer una realidad social". Lo que ATA ha solicitado a Flor de Torres es que valore la aplicación de esos mismos criterios al asesinato de Franyel. 

Piden la intervención de la ministra Ana Redondo

La asociación ha reclamado, en paralelo, el reconocimiento institucional de Franyel como víctima mortal de violencia de género. Ya el 13 de agosto solicitó a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género que abordara el asesinato desde una perspectiva de género e interseccional, y valorara la condición de Franyel como mujer víctima de violencia machista atendiendo a su identidad y a la relación sentimental con el investigado. Cuatro días después, ATA volvió a dirigirse a la Delegación, esta vez con el respaldo de las más de 150 adhesiones de entidades feministas. 

La iniciativa llegó también ese mismo día directamente al despacho de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. ATA pidió al ministerio que tuviera en cuenta la expresión de género de Franyel y las circunstancias de su asesinato para su reconocimiento institucional, pero también que coordinara con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y otros organismos mecanismos que pudieran evitar situaciones similares en el futuro. "Ninguna de ellas puede quedar en una zona de desprotección frente a la violencia machista por una circunstancia meramente documental", recoge la petición. Mar Cambrollé ha explicado a este medio que hasta la fecha de publicación de este artículo ninguna institución ha respondido todavía a las peticiones y propuestas de ATA, pero confía en que no sea ahora, 15 años después de aquella misiva circular de Fiscalía, cuando "vayamos hacia atrás" en lo relativo a los derechos de las mujeres trans.

https://www.publico.es/mujer/violencia-machista/asesinato-franyel-pone-prueba-proteccion-mujeres-trans-frente-violencia-machista.html