La Corte Interamericana de Derechos Humanos ondena a Honduras por caso de Leonela Zelaya, mujer trans asesinada en 2004

ATA - Sylvia Rivera • 21 de enero de 2026
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el lunes al Estado de Honduras por la detención “arbitraria” y “discriminación” contra Leonela Zelaya, una mujer trans y trabajadora sexual que fue asesinada en el 2004.

La sentencia de la CIDH responsabilizó al Estado hondureño por la falta de la debida diligencia en la investigación de la muerte de Zelaya, cuyo caso estuvo inactivo por 14 años.

“El Estado de Honduras es responsable internacionalmente por las violaciones a los derechos de Leonela Zelaya, debido a las detenciones ilegales y arbitrarias de las que fue víctima los días 20 de enero, 11 de agosto y 2 de septiembre de 2004”, y “por el desconocimiento de su identidad y expresión de género durante la investigación de su muerte, ocurrida el 7 de septiembre de ese mismo año”, según la CIDH.

“El Estado incurrió en responsabilidad como consecuencia de la demora injustificada y la falta de debida diligencia reforzada en la investigación de lo ocurrido a Leonela Zelaya”, acotó.

El caso se remonta al 15 de agosto de 2004 cuando Zelaya, de 34 años, fue golpeada por agentes de policía.

Posteriormente, el 6 de septiembre, ella salió a trabajar junto con Thalía Rodríguez, con quien vivía en una casa en Tegucigalpa. Rodríguez testificó que no regresaron juntas a la casa y un día después, el 7 de septiembre, alrededor de las 5:00 de la madrugada, el cadáver de Leonela fue encontrado en una vía pública de la capital.

Los médicos forenses determinaron en ese momento que su muerte se produjo con arma blanca.

A criterio de la CIDH, Honduras también violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial de Thalía Rodríguez, quien posteriormente también fue asesinada.

“El Tribunal determinó que Thalia Rodríguez, quien convivió con Leonela Zelaya durante nueve años, sufrió una afectación a su integridad personal como consecuencia de la demora injustificada y la falta de debida diligencia reforzada en la investigación”, señala la sentencia.

La Procuraduría General de la República dijo en la red social X que compareció de forma virtual al acto de notificación de la sentencia, y señaló que el Estado hondureño “reitera su compromiso con la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, con especial énfasis en los grupos históricamente en situación de vulnerabilidad” y su disposición de cumplir con lo resuelto por la CIDH.

La coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas, Indyra Mendoza, celebró la sentencia de la Corte Interamericana. Consideró que “demuestra” que Honduras es un país sumamente violento, basado en el prejuicio, el odio y la discriminación.

“La sentencia del caso de Leonela Zelaya, un crimen ocurrido hace 20 años, es impactante, porque va más allá de la justicia, de lograr una sentencia”, dijo Mendoza a The Associated Press. Detalló que en el observatorio de muertes violentas de la Red se contabilizan más de 500 personas asesinadas después de Leonela y que la impunidad es de aproximadamente el 94%.

La Corte ordenó reactivar el expediente e impulsar la investigación y eventual sanción de los responsables de la muerte de Leonela Zelaya; publicar la sentencia, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el que se haga referencia a los hechos y las violaciones declaradas en la sentencia.

La abogada hondureña litigante del caso ante la Corte IDH, Doris González, declaró a la AP que las detenciones sufridas por Zelaya fueron motivadas por la denominada Ley de Policía y Convivencia Social.

“Esa ley le permitía a los policías detener a las personas LGBTIQ+ en base a criterios ambiguos, por el simple hecho de identificarlas como prostitutas, vagabundas o personas sin oficio. La Corte ha identificado que esa ley no debe ser utilizada porque… es contraria a los derechos humanos ”, expresó.

Refirió que la sentencia reconoce por segunda vez que el Estado de Honduras vulnera los derechos de las personas LGBTIQ+. En 2019, El Estado hondureño también fue condenado por la CIDH como responsable por la muerte de Vicky Hernández, mujer trans, trabajadora sexual y reconocida activista dentro del “Colectivo Unidad Color Rosa”, ocurrida en San Pedro Sula, el 28 de junio de 2009.

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Y Barcelona en aquella época, con todas sus contradicciones, era uno de los pocos lugares donde una persona trans podía intentar construir una vida con algo más de libertad. Sonia trabajó como vedette durante un tiempo, pero la realidad terminó golpeándola muy duro entre adicciones, prostitución y pobreza extrema. Una vulnerabilidad que la convertiría en un claro objetivo. La noche de los hechos El 5 de octubre de 1991, un grupo de jóvenes skinheads pasaba la noche por distintos bares de Barcelona, y sobre las tres y media de la madrugada entraron en el parque de la Ciutadella. Allí llegan a una glorieta donde duermen varias personas sin hogar tapadas con mantas y empiezan a hacer ruido. Sonia y otra persona les dicen algo muy sencillo: que los dejen dormir. En ese momento, se desencadena lo peor. 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La agresión no solo buscaba matarla sino mandar un mensaje de exclusión y de odio a todo un colectivo. Los errores en la construcción del caso El problema estructural en este caso radica en que no se contemplara el motivo discriminatorio en el actuar criminal. Muchas veces, el problema aparece al principio, en cómo se mira el crimen. Con Sonia ocurrió algo peligrosísimo: se empezó investigar como una agresión salvaje de jóvenes violentos, pero no con toda la intensidad necesaria como una posible agresión selectiva contra personas vulnerables. Afortunadamente, el Mosso d’Esquadra Joan Carles Molinero Juncà, se hizo cargo de esa investigación y la impulsó de forma moderna y profesional, pero voluntarista. Y eso condiciona todo. Porque, si desde el primer momento no incorporas la discriminación como hipótesis, el odio puede desaparecer del procedimiento aunque sea el núcleo del crimen. La importancia del fiscal especialista en delitos de odio Hay quien piensa que un fiscal solo aparece en el juicio. Y no. Hay fiscales revisando denuncias, monitorizando procedimientos, intentando detectar motivaciones discriminatorias que a veces ni siquiera aparecen claramente descritas en el atestado inicial por razones ajenas a los policías. Esta labor exige formación, sensibilidad y muchísimo compromiso humano. Y a pesar del esfuerzo, su ánimo no decae. Saben que detrás de cada denuncia hay una persona que muchas veces llega rota, con miedo, con vergüenza o con sensación de que nadie le va a creer. Y ahí, el papel del fiscal es estrictamente necesario. La realidad de las mujeres trans en la actualidad En unas jornadas recientes en la Fiscalía, se analizó el asesinato de Sonia, con la oportunidad de conversar y aprender de Sofía, Judith y Marina, mujeres trans con increíbles reflexiones e historias a sus espaldas. No hablaron desde el resentimiento, pero también desde la dignidad, reivindicando algo tan simple como su derecho a existir, a vivir tranquilas y a no tener miedo. Un testimonio que recuerda que la discriminación y la transfobia no conceptos abstractos. Detrás de ellas hay seres humanos, y la dignidad humana, no se debate. ¿Acabarán algún día este tipo de crímenes? El fiscal asegura que el problema no ha desaparecido, sino que ha cambiado de forma. A día de hoy tenemos mejores leyes y mayor formación, pero siguen existiendo discursos de deshumanización que se amparan en era de la desinformación. Hay que recalcar dos ideas fundamentales: 1. Los delitos de odio no castigan ideas, castigan conductas que lesionan derechos fundamentales en un contexto discriminatorio. 2. Los discursos de odio sí son peligrosos por sí mismos, porque reducen las barreras frente a la violencia. Cuando conviertes constantemente a un colectivo en amenaza, acabas facilitando que alguien crea legítimo atacarlo. Y por eso recordar a Sonia no es mirar al pasado. Es preguntarnos qué sociedad queremos ser, si una sociedad donde determinadas personas tengan miedo de existir, o una capaz de proteger la dignidad de todos. Martín reafirma que la dignidad humana no puede depender ni de la identidad, ni de la orientación sexual, ni del aspecto físico, ni de la pobreza, ni de la vulnerabilidad. Porque, es para todos, o al final no será para nadie. https://cadenaser.com