Las mujeres trans en Chihuahua denunciaron que continúan viviendo en condiciones de precariedad económica, exclusión social y vulneración de derechos humanos, una realidad que, aseguraron, ha llevado a muchas de ellas a ejercer el trabajo sexual como única alternativa para obtener ingresos y subsistir. Explicaron que esta situación tiene su origen en la discriminación que enfrentan desde la infancia y la adolescencia, pues muchas abandonan sus estudios a consecuencia del acoso escolar, el rechazo familiar y la violencia, factores que posteriormente les cierran el acceso a empleos formales y oportunidades de desarrollo.

Ante ese panorama, Mayté Regina Gardea señaló que la propia comunidad ha construido redes de apoyo para acompañar a quienes enfrentan enfermedades, crisis económicas o situaciones de abandono, brindando desde cuidados personales y compra de medicamentos hasta acompañamiento en hospitales e instituciones de salud. Indicaron que la falta de reconocimiento laboral también las mantiene fuera de la seguridad social y de otros derechos, como el acceso a la vivienda, por lo que impulsan una iniciativa legislativa para que el trabajo sexual sea reconocido como una actividad no asalariada con acceso a prestaciones y protección social.

Mayté, acompañada de Tania Denisse Lozano Lara, Leonora Rossetti y Yicsi Sígala, precisó que la propuesta legislativa aún se encuentra en construcción y que buscan presentar un proyecto sólido desde el punto de vista jurídico, con el fin de evitar vacíos legales que impidan su aprobación o permitan impugnaciones posteriores.

Las activistas expresaron además su preocupación por lo que consideran un retroceso en los derechos conquistados por la población trans, al afirmar que existen personas que utilizan el reconocimiento legal de la identidad de género con fines distintos a la protección de los derechos humanos, situación que, sostuvieron, termina afectando a toda la comunidad. Advirtieron que este contexto alimenta la desinformación, incrementa los discursos de odio y pone en riesgo avances alcanzados durante años de lucha, además de propiciar nuevas formas de discriminación y violencia hacia las mujeres trans.

Durante su posicionamiento, hicieron un llamado a las autoridades para garantizar el respeto pleno a sus derechos humanos y asegurar el acceso efectivo a servicios de salud, vivienda, seguridad social y una vida libre de violencia, insistiendo en que no buscan privilegios, sino igualdad de condiciones y un trato digno. Asimismo, alertaron que los crímenes de odio no solo se expresan en agresiones o asesinatos, sino también en la exclusión cotidiana y en la negativa a brindar atención médica o servicios públicos, circunstancias que, afirmaron, han provocado que algunas mujeres trans fallezcan sin recibir la atención que requerían.

Señalaron que la salud mental representa otra de las principales problemáticas para la comunidad, ya que la discriminación constante genera cuadros de depresión, ansiedad e incluso intentos de suicidio. Explicaron que, ante la falta de respuestas institucionales, son las propias organizaciones y colectivas quienes gestionan apoyo psicológico, medicamentos y acompañamiento para sus compañeras.

Las activistas lamentaron que los suicidios e intentos de suicidio de mujeres trans permanezcan prácticamente invisibles y consideraron que la ausencia de estadísticas oficiales sobre esta población dificulta dimensionar la problemática y diseñar políticas públicas acordes con sus necesidades.

Finalmente, demandaron que las instituciones de salud, educativas y gubernamentales incorporen una verdadera perspectiva de derechos humanos que garantice un trato digno para todas las personas, sin importar su identidad de género u orientación sexual, y reiteraron que el respeto a su vida, su integridad y su acceso a la justicia siguen siendo una deuda pendiente del Estado.

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