En febrero de 2025, un renglón del Boletín Oficial arremetió contra las infancias y adolescencias trans al intentar interrumpir sus transiciones. El Decreto 62/2025 del Gobierno Nacional prohibió el acceso a las intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales integrales a menores de dieciocho años; prácticas garantizadas por el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género para la adecuación corporal, negando así el derecho a la salud integral de esta población.

La semana pasada, la Cámara Federal suspendió los efectos de ese decreto. El fallo judicial devuelve la vigencia plena a la normativa; un territorio recuperado para la lucha en defensa de la salud de cientos de pibxs. La Justicia entendió lo que el activismo grita desde las calles: que quitarle el tratamiento hormonal a una adolescencia trans no es "proteger la infancia", sino empujarla a un abismo de desamparo y violencia institucional.

El fallo determina que el Decreto 62/2025 carece de los requisitos constitucionales de "necesidad y urgencia" exigidos por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional. La Cámara Federal remarcó que el Poder Ejecutivo no puede utilizar la vía del decreto para saltear el debate parlamentario en materias que afectan derechos humanos fundamentales. No existía ninguna situación excepcional ni de emergencia que justificara la suspensión inmediata de una ley votada por el Congreso, por lo que la medida constituye una extralimitación del poder presidencial.

La Justicia señaló que el decreto del Gobierno se basó en premisas ideológicas y alarmistas que carecen de sustento empírico, subrayando que suspender tratamientos de salud integral de forma masiva e inconsulta contradice los consensos de las principales organizaciones científicas nacionales e internacionales. Al legislar desde el prejuicio y omitir la evidencia clínica acumulada, el decreto violó el principio de no regresividad en materia de derechos sociales y el derecho al acceso a una medicina basada en la evidencia.

Además, el DNU ignora por completo el concepto de “capacidad progresiva de las infancias y adolescencias”, consagrado en el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación, en la Ley 26.061 de Protección Integral, y en la Convención sobre los Derechos del Niño. En ese sentido, la Cámara ratificó que la capacidad de ejercer los derechos no está determinada por una frontera rígida a los 18 años, sino que se adquiere de forma paulatina según la edad y el grado de madurez. Se destacó de forma taxativa el derecho de las adolescencias a ser escuchadas, a que su opinión sea tenida en cuenta y a participar activamente en las decisiones que involucran a sus propios cuerpos y a su salud integral, invalidando la pretensión estatal de tratarlos como objetos de tutela en lugar de sujetos de derecho.

El marco legal agrupa a cualquier persona de 0 a 17 años como "menor de edad", el Gobierno aprovechó esa frontera legal de los 18 años para unificar el lenguaje alrededor del concepto de “niño” en los comunicados oficiales (como el Comunicado N° 77 de la Oficina del Presidente) y en las conferencias de prensa, donde raramente se usaba la palabra "adolescente" o "pubertad" a los fines de crear una representación imaginaria infancias vulneradas. Sobre este punto, la Sociedad de Pediatría Argentina (SAP), decía: “Es nuestro deber como Sociedad Científica encargada del cuidado de la salud de los niños, niñas y adolescentes de toda la Argentina informar a la sociedad en su conjunto que desde los equipos de salud no se realizan hormonaciones ni cirugías en la infancia. En esta etapa se realiza un acompañamiento médico pediátrico, social y psicológico. Las intervenciones médicas farmacológicas, en el caso de ser necesarias, sólo pueden realizarse más tardíamente, una vez iniciada la pubertad bajo estándares científicos y principios éticos”.

En el relato oficial se instaló la idea de que en Argentina se realizaban cirugías genitales o mastectomías a niñeces. El propio Milei y sus voceros utilizaron términos alarmistas como "mutilación de órganos saludables" e "intervenciones irreversibles". La realidad clínica que se omitía: Las guías nacionales de salud y los consensos médicos dictan que las cirugías de modificación corporal jamás se realizan en la niñez, y las cirugías más complejas quedan reservadas para la mayoría de edad o el final de la adolescencia. En las infancias lo que se realiza es un acompañamiento psicosocial que apunta a intervenir sobre otras variables de la expresión de género como el cambio de nombre, la elección de ropa, corte de pelo, etc.

Por su parte, la evidencia científica demuestra que el acceso temprano a bloqueadores y hormonas reduce drásticamente las tasas de ideación suicida, depresión severa y ansiedad en adolescencias trans. Datos publicados por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) y estudios longitudinales en JAMA Network Open señalan que los jóvenes que inician tratamientos de adecuación corporal presentan un 73% menos de probabilidades de reportar pensamientos o actos de autolesión en comparación con quienes ven obstaculizado su acceso a la salud. Asimismo, investigaciones en The New England Journal of Medicine confirman que la intervención endocrinológica oportuna disminuye la ansiedad al detener el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados, estabilizando los indicadores de salud mental en niveles equiparables a los de sus pares cisgénero.

-El argumento de la "ola de arrepentidos" (o detransitioners) es lo que más repiten de los sectores antiderechos, pero las estadísticas reales muestran todo lo contrario: Los estudios internacionales, como los publicados por The Lancet o la Asociación Americana de Pediatría demuestran que la tasa de arrepentimiento o reversión en tratamientos de afirmación de género es bajísima: se ubica entre el 1% y el 5%. ¿Por qué alguien da marcha atrás?: La mentira oficial dice que se arrepienten porque "se dieron cuenta de que no eran trans". La realidad muestra que la enorme mayoría de quienes pausan o revierten un tratamiento lo hacen por presión familiar, hostigamiento social, discriminación laboral o falta de recursos económicos para sostenerlo. No es falta de identidad; es la violencia del entorno y la situación económica.

El argumento político más fuerte del gobierno nacional fue catalogar a estos tratamientos médicos como "abuso infantil apañado por la agenda de género". Bajo esta lógica, el Gobierno sostenía que los chicos y chicas estaban siendo "inducidos", "confundidos" o "presionados" por adultos (médicos, docentes, militantes o incluso sus propios padres) para transicionar. La operación discursiva del Gobierno, que cataloga estos tratamientos como un "abuso", replica la matriz argumental del Síndrome de Alienación Parental (SAP).

El Falso SAP (Síndrome de Alienación Parental) fue creado por un Psiquiatra estadounidense pedófilo confeso, Richard Gardner. Es repudiado a nivel internacional y nacional por organismos que defienden el derecho de las infancias. La premisa del SAP expresa que: las infancias rechazan a su padre porque están siendo influenciados por su madre. Pese a carecer de todo fundamento clínico al punto de haber sido rechazado por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se negaron a incluirlo en sus manuales dado que se pretende utilizar para silenciar a las infancias. Hoy, el relato oficial reactiva ese mecanismo: al sostener que las transiciones son producto de un "adoctrinamiento", la retórica estatal anula la voz de las adolescencias, reduciendo su identidad al subproducto de una manipulación externa.

Para que este mito funcione, el poder necesita construir la imagen de un agente manipulador. Es allí donde emerge el sesgo misógino de la medida, que direcciona sus ataques hacia las redes de salud mental, educación y cuidado; espacios sostenidos mayoritariamente por mujeres y disidencias. Al acusar de "inducir" a las psicólogas, médicas y docentes que acompañan estos procesos, el Estado desacredita el saber clínico y la idoneidad profesional con los mismos prejuicios con los que la justicia patriarcal juzgaba a las madres. Bajo una lógica tutelar, se busca desmantelar los dispositivos públicos que con mucha pelea desde abajo se lograron construir, como se evidencia en el ejemplo del cierre del área de diversidad para infancias y adolescencias del Hospital Posadas, uno de los más grandes del país.

El paralelismo con el SAP se evidencia en sus efectos prácticos ya que ambos discursos se enmascaran en la "protección de la niñez" pero provocan lo contrario. Así como el SAP devolvía a las infancias al entorno del agresor, el Decreto 62/2025 pretendió empujar a las adolescencias trans a la interrupción violenta de sus tratamientos de salud. El fallo de la Cámara Federal no solo recupera la vigencia del artículo 11, sino que frena una estrategia institucional que intenta disciplinar los cuerpos persiguiendo a las profesionales que los cuidan.

La demagogia de la derecha: usar el "Interés Superior del Niño", un principio que fue conquistado para darle voz a las infancias y adolescencias del país, consagrado en la Convención Internacional y en la Ley 26.061 como un garrote paternalista para recortar libertades. Hay que dejarlo claro: el Interés Superior del Niño nunca puede ser lo que un gobierno reaccionario y de ajuste “considera” que le conviene a lxs pibxs. Eso no es protección, es control social. Cuando el discurso del gobierno nacional sostiene que un adolescente de 16 o 17 años "no tiene el cerebro lo suficientemente desarrollado" y equipara su discernimiento con el de un niño de 6 años, esta haciendo propaganda contra los derechos humanos. Usan un reduccionismo biologicista burdo para pisotear la ley vigente que en las calles se conquistó.

Lo que realmente buscan con este ataque es disciplinar: desacreditar la voz de lxs pibxs, arrancarles el derecho a la autonomía progresiva que tanto costó incluir en el Código Civil, y reinstaurar una tutela estatal autoritaria sobre sus propios cuerpos. Estamos ante un retroceso convencional gravísimo, una provocación que vulnera de raíz el corpus iuris de la infancia en nuestro país. Sostener que un decreto puede congelar una identidad es, además de una crueldad, un profundo error de diagnóstico clínico. La burocracia estatal suele pecar de una ilusión punitiva: creer que lo que se prohíbe en los papeles deja de existir en los cuerpos. Privar a las niñeces y adolescencias del acompañamiento endocrinológico que necesita y del sistema de salud no suspende su transición; la lleva a transitar la intemperie de la clandestinidad, a la automedicación en el mercado y fundamentalmente a un sufrimiento psíquico severo. Lo que el Decreto 62/2025 puso en disputa no fue la existencia de las identidades trans que no piden permiso para ser, sino la obligación del Estado de asegurar institucionalmente la concordancia entre la imagen corporal y la identidad autopercibida.

Al obturar estos procedimientos, el Gobierno no solo le da la espalda a la Ley de Identidad de Género, sino también a la evidencia internacional condensada por la Asociación Mundial para la Salud Transgénero (WPATH), que advierte cómo la disonancia forzada entre el cuerpo y la identidad deteriora de forma drástica la salud mental, elevando los índices de depresión e ideación suicida. La adecuación corporal no es un capricho estético ni una opción de consumo electiva en la góndola de la medicina privada; es una intervención terapéutica primaria y un derecho humano básico. Bloquearla desde el aparato estatal no frena un proceso identitario: solo lo desampara, transformando una política de salud pública en un acto de desinstitucionalización y violencia dirigida.

El reciente fallo de la Cámara Federal es, sin dudas, un triunfo del activismo y de los equipos que resistieron en la trinchera territorial el embate del Decreto 62/2025. Sin embargo, la celebración no puede obturar más de una década de la sanción de una ley conquistada con la lucha, la ofensiva de la derecha nos deja un balance: bajo el capitalismo, los derechos van y vienen según el termómetro de la crisis. Si el Gobierno de Milei pudo borrar el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género con un renglón en el Boletín Oficial, es porque la estrategia reformista chocó contra su propio límite. No se trata solo de una falta de presupuesto; el problema fue la ilusión de que se puede dar respuesta a las transiciones de lxs pibxs administrando el capitalismo. Al no dotar esa legislación con una estructura material firme y federal. Confiar el destino de las disidencias a la institucionalidad de este sistema, fue lo que dejó a estos dispositivos expuestos, fragmentados y listos para el desguace.

Esta ofensiva estatal no es un hecho aislado: responde a la misma matriz de un sistema patriarcal que, en su cara más brutal y explícita, se expresa en la escalada de femicidios y transfemicidios que siguen conmoviendo al país, como los recientes casos en Córdoba. Pero la respuesta a esa violencia nunca fue la pasividad. La suspensión de este decreto no se explica sin la genealogía de un movimiento que transformó el dolor en organización colectiva. El freno al DNU se parió en las masivas marchas del Orgullo LGBTYQ+, la movilización contra el discurso en Davos, Ni Una Menos y en la potencia histórica de los Encuentros Plurinacionales de Mujeres y Disidencias; espacios que hace tiempo dejaron de pertenecer a una demanda exclusivamente femenina para convertirse en el refugio y la vanguardia de la diversidad sexual y las identidades trans.

Frenar judicialmente el DNU es recuperar el suelo mínimo de la legalidad, pero el desafío que viene va mucho más allá de las paredes de un tribunal. La transición de una adolescencia trans no se detiene por decreto, y su derecho a una modificación corporal segura no puede seguir dependiendo de la resistencia heroica de los equipos de salud. Defender a lxs pibxs implica sostener esa fuerza colectiva que se forjó en las calles: una red plurinacional y diversa capaz de plantarse ante la crueldad institucional y recordarle al Estado que, cuando se trata de defender la vida y la soberanía de los cuerpos, no vamos a dar ni un solo paso atrás.

https://www.laizquierdadiario.com