El juez Brendan Hurson del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland se mostró escéptico ante el argumento del gobierno de que la orden no es una prohibición nacional de la atención, sino más bien una “directiva de política general” y que los demandantes, que son adolescentes y adultos jóvenes trans cuya atención se ha visto afectada por la orden, deben esperar para demandar.

“En esta situación, está claro que estos demandantes han recibido llamadas telefónicas para detener su atención, detener sus citas, detener todo lo que tenían”, dijo Hurson durante la audiencia del jueves, y agregó que los hospitales dejaron de brindar atención debido a la orden, que también busca prohibir la financiación federal de la atención relacionada con la transición para menores.

“No sé cómo se puede argumentar de manera creíble que esto no exige el cese de la financiación de la atención de afirmación de género”, dijo.

Joshua Block, abogado principal del Proyecto LGBTQ y VIH de la ACLU que representó a los demandantes, dijo que la orden ejecutiva había “sembrado miedo entre los jóvenes trans y confusión entre sus proveedores”.

“La decisión de hoy debería restaurar tanto su acceso a la atención médica como las protecciones bajo la Constitución”, dijo Block en una declaración.

“Los proveedores que han suspendido la atención médica para sus pacientes trans no deberían tener ninguna duda de que pueden levantar esas suspensiones y continuar brindando atención médica y actuar según su mejor criterio médico sin arriesgar su financiación o algo peor”.

Harrison Fields, subsecretario de prensa principal de la Casa Blanca, dijo en una declaración después del fallo que las órdenes ejecutivas del presidente Trump “se mantendrán en la corte porque cada acción de la administración Trump-Vance es completamente legal”.

“Cualquier desafío legal en su contra no es más que un intento de socavar la voluntad del pueblo estadounidense, que eligió abrumadoramente al presidente Trump para asegurar la frontera, revitalizar la economía y restaurar políticas de sentido común”, afirmó Fields.

La orden de restricción temporal del juez se aplicará durante 14 días. Omar González-Pagán, abogado de Lambda Legal, que también representa a los demandantes, dijo que los abogados planean solicitar una orden judicial preliminar antes de que expire la orden de restricción.

Días después de que Trump firmara la orden el mes pasado, los hospitales de la ciudad de Nueva York, Colorado, Virginia, Illinois, Pensilvania, Washington, D.C. y Los Ángeles anunciaron que suspendían o revisaban su atención relacionada con la transición para personas menores de 19 años.

En respuesta, la Casa Blanca dijo en una declaración que la orden "ya estaba teniendo el efecto deseado: evitar que los niños sean mutilados y esterilizados por adultos que perpetúan una afirmación radical y falsa de que de alguna manera pueden cambiar el sexo de un niño".

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles presentó su demanda la semana pasada en nombre de dos jóvenes adultos trans de 18 años y cinco familias de menores trans.

La demanda argumentó que la orden —junto con otra orden ejecutiva que Trump firmó y que declara que el gobierno federal solo reconocerá dos sexos inmutables— discriminaba a las personas trans porque permite los mismos tratamientos para otras afecciones de salud para personas menores de 19 años que no son trans.

La ACLU también argumentó que la orden que busca restringir la atención es ilegal e inconstitucional porque el presidente no tiene la autoridad para retener fondos federales que hayan sido previamente aprobados por el Congreso.

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