Especialistas en psicología y abogados urgieron al Congreso de Puebla aprobar la iniciativa de infancias trans, ya que se trata de un derecho, aclarando que esto no significa promover el cambio de la identidad sexogenérica y que debe haber un acompañamiento profesional.

Durante la mesa de “Infancias trans: voces, familias y acompañamiento en Puebla”, espacio de debate organizado por Ángulo 7 Radio y conducido por Tania Damián, participaron la diputada local y presidenta de la Comisión de Bienestar, Graciela Palomares, y el sacerdote de la Arquidiócesis de Pedro Sánchez Priego. También estuvieron presentes la sexóloga Silvia Susana Jácome, y el activista y defensor de derechos humanos, Gustavo Torres. Así como Jennifer Blanco, madre de un adolescente trans y Teresa Reyes, coordinadora de Más por Puebla y activista.

Al respecto, el presbítero Pedro Sánchez Priego y la representante de Más Puebla, Teresa Reyes, opinaron que avalar la iniciativa de infancias trans podría causar daño a los niños. Ello, debido a que, desde la neurociencia, la toma de decisiones a una edad temprana puede ser muy precipitada ante la falta de madurez cerebral. Asimismo, advirtió que legislar a edades tempranas puede volver más vulnerables a los menores y citó ejemplos de jóvenes que con el tiempo volvieron a identificarse con su género biológico, aunque aclaró que la Iglesia no niega la existencia de esta realidad.

Jácome y Jennifer Blanco coincidieron en que la identidad de género no es un gusto ni una elección, sino un proceso que la persona va descubriendo con el tiempo. Jácome explicó que los niños suelen percibir su identidad entre los 3 y 4 años. Mientras que las estadísticas globales demuestran que los casos de arrepentimiento o "destransición" apenas alcanzan el 3 por ciento. Bajo ese contexto, contar con un marco legal evita que estos procesos se vivan clandestinamente y mejora la calidad de vida de los menores.

En el mismo sentido, Jennifer Blanco, como madre de un adolescente trans, enfatizó la importancia de abordar el tema con responsabilidad y datos reales para no generar alarma social. Recordó que Puebla no sería pionera, pues ya existen 10 estados con esta legislación vigente, como Jalisco, cuya reforma se aprobó en 2020, donde ni el 10 por ciento de la población infantil ha recurrido a este trámite.

Remarcó que la aprobación de la ley no obliga a nadie a cambiar de género ni provoca un uso masivo. Asimismo, insistió en que los derechos humanos no deben someterse a discusión. Reiteraron que se trata de un derecho que no se debe negar a esta población y que existen protocolos para hacer ese cambio. Asimismo, dijeron, la procuraduría debe dar un acompañamiento profesional para ello.

Desde la perspectiva jurídica, el activista Gustavo Torres subrayó que el Estado debe garantizar el principio de autonomía progresiva cuando un menor acude a solicitar el reconocimiento de su identidad de género. Explicó que existen estándares internacionales aplicables en Latinoamérica desde la Opinión Consultiva de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales señalan que las instituciones deben ofrecer un procedimiento administrativo libre, informal, confidencial y con valoración individual que proteja a la niñez de cualquier tipo de discriminación.

Asimismo, Gustavo Torres enfatizó la urgencia de combatir la desinformación que rodea al tema. Señaló que el marco jurídico internacional exige al Estado mexicano actuar bajo el principio de progresividad. Destacó que el reconocimiento legal no es una concesión arbitraria, sino una obligación de protección que evita la vulneración de los derechos fundamentales de las infancias trans en sus entornos escolares, de salud y comunitarios.

Por su parte, la diputada de Puebla, Graciela Palomares aclaró que la iniciativa de infancias trans no busca promover intervenciones médicas ni quirúrgicas, sino ofrecer certeza jurídica mediante un trámite administrativo para la adecuación de actas. Añadió que desde el Congreso local y la Procuraduría de Protección a la Infancia se analizará caso por caso con el debido acompañamiento institucional para asegurar que se vele en todo momento por el interés superior del menor.

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