La Audiencia de Sevilla ha condenado a 28 años de cárcel a un monstruo. Muchos miserables pisan el Palacio de Justicia un día sí y otro también, pero el de este caso se merece esa definición y quizás otras más malsonantes. Este degenerado violó dos veces a su propia hija y lo peor es que no era nada nuevo: hace veinte años ya había abusado de ella, aunque entonces una niña de nueve años. La víctima, que es trans, padece tal vulnerabilidad que los expertos aconsejaron que no compareciese en el juicio para evitar el riesgo de suicidio, pues tiene tendencias autolesivas desde hace mucho tiempo.

Este peliagudo caso fue investigado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Utrera y enjuiciado por la Sección Cuarta. En su sentencia, dictada el 13 de mayo y todavía no firme, el tribunal condena a José Antonio L.C. como autor de dos delitos de agresión sexual con la agravante de reincidencia. Por cada violación le caen catorce años, que fue precisamente la petición de la Fiscalía. La Sala también prohíbe a este presunto ser humano acercarse a menos de 200 metros de su hija y comunicarse con ella durante 40 años (es decir, para toda la vida). Además, estará veinte años en libertad vigilada cuando salga de la cárcel “por la gravedad y naturaleza de los delitos”.

La sentencia establece que los hechos ocurrieron durante la madrugada y la mañana del 5 de mayo de 2024. La joven, de 27 años, salió de fiesta y llegó sobre las 3.00 horas a la vivienda donde ella y su padre tenían alquilada una habitación. El acusado, de 66 años, la estaba esperando y ella, “en estado de embriaguez”, le contó que había tenido relaciones sexuales con el casero. Entonces él se la llevó a su cuarto y allí la forzó “contra su voluntad [...] mientras ella forcejeaba”. La víctima consiguió quedarse dormida, pero su pesadilla no había acabado. Cuando se despertó, cerca ya de las cinco de la tarde, su padre “la agarró de las muñecas” y la obligó a hacerle una felación tras amenazarla con matarlos a ella y al dueño de la vivienda si no obedecía.

La joven sufrió varias lesiones porque su mal llamado progenitor recurrió no sólo a la intimidación, sino también a la violencia, pero peor fue el “daño psicológico”. Como recalca el tribunal, la víctima ingresó ocho veces en la unidad de Salud Mental del hospital de Valme entre mayo de 2019 y mayo de 2024. En realidad estuvo “en seguimiento desde la infancia”, tanto por los abusos paternos como por su proceso de reasignación de género, que empezó con 14 años. Y a esa “gran fragilidad mental” hay que sumar que tiene un 67% de discapacidad. “Los hechos han agudizado su sintomatología previa”, dice la sentencia. Algunos de esos síntomas son “alucinaciones, mayor retraimiento social e intento de suicidio”. La violación, además, “le impide un funcionamiento satisfactorio en el desempeño de su vida cotidiana”, con el consiguiente “deterioro en su calidad de vida”.

La Sala, como último hecho probado, cita la condena que la Sección Primera de la propia Audiencia de Sevilla impuso a este indeseable en una sentencia fechada el 15 de abril de 2011. Fueron nueve años y nueve meses de prisión por tres delitos continuados de abusos sexuales cometidos sobre sus tres hijos, de entre tres y nueve años. La víctima era el hijo mayor. Esos hechos sucedieron entre 2005 y 2007 en el poblado de Trajano, en Los Palacios, en el domicilio familiar y en un granero. Aquella pena fue declarada firme por el Tribunal Supremo el 12 de junio de 2012. José Antonio L.C. salió de la cárcel en agosto de 2023.

Los jueces creen a la víctima.

Los magistrados, entre otros motivos, condenan al acusado porque no se creen su versión y sí la de su hija. En el juicio, el padre aseguró que quien había forzado a la víctima era el dueño de la casa. El problema para él es que existía una evidencia "irrefutable" de su culpabilidad: había rastro genético suyo en las zonas íntimas de la joven. Ante tan abrumadora prueba, el pervertido “no pudo dar ninguna explicación y se limitó a decir que él no era científico”. Las lesiones que sufrió la víctima también resultaron “altamente significativas” y por tanto determinantes para la Sección Cuarta. Según los jueces, demuestran el “uso de la fuerza” por parte del padre para “vencer la resistencia que le ofrecía su hija”.

A la víctima, en cambio, la creen “sin ninguna duda” pese a admitir su “enorme vulnerabilidad” por los abusos “en su etapa infantil” y “situaciones de violencia grave derivadas de su condición de persona trans”. “Este cuadro emocional, mental y psicológico no supone que su relato sea inventado o no sea creíble”, aclara la Sala. Por eso los jueces aceptan que hubo una segunda agresión sexual. Su tesis es que si no mintió respecto a la primera, como así corroboró la prueba de ADN de su padre, no tenía por qué mentir respecto a la segunda. “Sería irracional dar veracidad a una parte [de su relato] y quitarle veracidad a otra [...] No existe ninguna incoherencia ni inconsistencia en su testimonio”, resaltan. Y ella “tampoco gana nada” con inventarse la felación, agregan.

El caso genera una duda básica: ¿por qué estaba viviendo la víctima con la persona que había abusado de ella? La Audiencia vincula este hecho con el de que ella no gritase socorro ni pidiese auxilio la noche de los hechos. La psicóloga dio la respuesta. “Su dependencia de su padre es un síntoma propio de personas abusadas”, razona la sentencia. “Tenía miedo a su padre y no obstante se fue a vivir con él cuando salió de prisión. Buscaba su aceptación y perdón porque se sentía culpable y no quería que lo metieran en la cárcel. Así era la influencia de su padre”, prosigue. La víctima, en resumen, “carece de mecanismos de autoprotección”. “Su situación económica es precaria, así como escasa la red de apoyo sociofamiliar”, destaca la sentencia.

La sentencia también establece que José Antonio L.C. deberá indemnizar a su hija con 25.000 euros más intereses. Es lo que reclamó la Fiscalía, así que por ley le resulta imposible al tribunal fijar una responsabilidad civil más alta. Y no es por falta de ganas. “Nos parece poca cantidad para las graves secuelas psíquicas que la conducta reiterada del procesado ha supuesto en su hija”, reconoce la magistrada ponente. “La evidencia más palmaria de la afectación emocional de los hechos es su imposibilidad material para declarar en el juicio por su estado emocional muy grave, con alucinaciones activas”, refleja la Sala. Si hubiese intervenido ante el tribunal, con su padre delante, habría corrido un “riesgo de descompensación psicótica aguda y de conducta autolítica”. Es decir, que podría haber intentado suicidarse otra vez. Así lo reflejó el Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía (SAVA) en un informe redactado unos días antes del juicio después de consultar a la comunidad terapéutica del Valme donde ella sigue en tratamiento. “Existía un riesgo concreto incluso para su vida y su integridad física”, confirma la Sala.

La Audiencia resalta que la víctima es “una persona especialmente vulnerable y de una gran fragilidad mental por su historial de abusos y situaciones de violencia sufridas”. Ya la sentencia de 2011, la de los abusos, reseñó que las atrocidades del padre pudieron “afectar a su futuro desarrollo”, en referencia no sólo a ella sino también a sus hermanos. Para la Sección Cuarta es “evidente” que “ser agredida sexualmente y de forma reiterada por su padre” supuso para la joven una “agravación” de su “inestabilidad psicológica”.

“No podemos aumentar dicha cuantía”, se resigna por tanto el tribunal, que se conforma con el tope de los 25.000 euros “porque una cuantía inferior no sería ni adecuada ni proporcionada, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos”. Aun así, por si no había quedado claro, los jueces reiteran que todo lo que ha sufrido la víctima merecería “una cifra muy superior como forma de reparación” de esa trayectoria de “trastornos desde la infancia y varios intentos de autolisis, entre otras causas, por haber sufrido abusos sexuales de su padre”.

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