El 58,8% de las lesiones al derecho a la vida de los delitos de odio son muertes por violencia estructural

“Hay extrema preocupación por la alarmante cantidad de muertes y ataques registrados durante el primer semestre de 2025. En tan solo seis meses, 17 personas de la diversidad sexual murieron como consecuencia de acciones u omisiones basadas en el odio hacia su orientación sexual, identidad y/o expresión de género, y otras 85 sufrieron lesiones a su integridad física”, resaltan.

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ fue creado por la Defensoría LGBT, dependiente del Instituto contra la Discriminación, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en articulación con la Federación Argentina LGBT+, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo de la Nación, en mayo de 2016.

El objetivo es el relevamiento de datos que visibilicen la violencia que viven cotidianamente lesbianas, gays, bisexuales, trans y personas con identidades disidentes. La finalidad es generar una plataforma de información que permita monitorear e incidir en la formulación de políticas públicas eficaces y propuestas legislativas para la prevención, sanción y erradicación de los crímenes de odio sexual, identidad de género y/o su expresión.

La ley antidiscriminatoria (N°23.592) se sancionó el 3 de agosto de 1988 y se promulgó el 23 de agosto de ese año. La norma promueve que se adopten medidas contra los actos discriminatorios.

Mientras que el 14 de noviembre del 2012 se sancionó (y se promulgó el 11 de diciembre del 2012) la Ley N°26.791 que incorporó modificaciones al Código Penal, en el artículo 80 del Código Penal, que incorporaron el agravante por “odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”.

La pena prevista es la “reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: a su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia; por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”.

¿Qué son los crímenes de odio? La definición difiere en cada país. Por eso, el Observatorio aclara: “El rechazo por ser lo que se es, por manifestar de alguna forma una sexualidad no hegemónica y tradicional”. Por otra parte, para considerar un determinado acto como un crimen de odio, tiene que existir agresión o conjunto de agresiones dirigidas a lesionar los derechos de una persona.

“La conducta violenta en los delitos de odio varía dependiendo del contexto y de los prejuicios que tenga una sociedad específica, pero está presente en todas las sociedades”, según la definición de Gabriela Guerrero e Israel Lara.

Estas agresiones implican violaciones a distintos derechos fundamentales de las personas: a la dignidad, a la integridad personal, a la seguridad, a la no discriminación, a la igualdad y a la vida. También es indispensable que exista pertenencia (o la asociación) de la persona agredida a un colectivo históricamente vulnerado y/o discriminado.

En algunos casos no es que la persona pertenezca a un colectivo vulnerado, sino que se requiere “una asociación” entre la persona agredida y un colectivo. Es la persona autora del crimen de odio quien asocia a su víctima con el grupo vulnerado. Por ejemplo, una víctima puede no ser gay, pero si es agredida porque está asociada al colectivo gay constituye delito de odio.

La víctima tiene que pertenecer a colectivos históricamente vulnerados que son aquellos grupos de personas cuyos derechos son menoscabados por una relación asimétrica de poder que es determinada por un contexto sociopolítico.

Además para contabilizar una agresión como delito de odio debe existir motivación que impulsa a una persona (o varias) a actuar contra los derechos de otra. La motivación está básicamente fundada en el odio, el prejuicio, el rechazo, el desprecio, o la discriminación hacia alguna persona miembro, real o así percibida, de algún colectivo históricamente vulnerado y/o discriminado.

El crecimiento de los delitos de odio es significativo porque no solo afecta a las personas agredidas, sino que enciende alarmas en toda la comunidad. Tocan a una para que lo sepan todos: la víctima nunca es una sola. El agresor a través de su lesión manda un mensaje.

El crimen de odio es un acto voluntario consciente, generalmente realizado con saña, que incluye -pero no se limita- violaciones del derecho a la dignidad, a la no discriminación, a la igualdad, a la integridad personal, a la libertad personal y/o a la vida.

Esta agresión tiene la intención de dañar y, en algunos casos incluso ocasionar la muerte de la víctima. Está basada en el rechazo, desprecio, odio y/o discriminación hacia un colectivo de personas históricamente vulneradas y/o discriminadas.



El relevamiento realizado por el Observatorio monitorea crímenes de odio motivados por discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género. La investigación centra en las lesiones al derecho a la vida -asesinatos, muertes por violencia estructural y suicidios- y en las lesiones a la integridad física.

Las violencias estructurales, generalmente asociadas al deterioro de la salud por condiciones de precariedad, exclusión del sistema formal de derechos, falta de acceso a vivienda digna, trabajo e incluso alimentación y atención médica, generan muertes tempranas, evitables, enfermedades crónicas y sufrimiento cotidiano.

Las modalidades empleadas para ejecutar estos crímenes de odio revelan patrones sostenidos de violencia. La más frecuente fue el uso directo de la fuerza física: los golpes, en el 57,8 % de los casos (59). Le siguen otras formas de agresión directa como las puñaladas (5,9 %), los empujones o forcejeos (4,0 %), los balazos (2,9 %), el estrangulamiento o asfixia (2,0 %), la privación ilegítima de la libertad (4,0 %), el uso de fuego o calcinamiento (2,0 %) y el abuso sexual (1,0 %).

También se registraron lesiones autoinfligidas en el 7,8 % de los casos (8). El Observatorio considera que estos casos son una “expresión extrema de la violencia psicológica y simbólica que recae sobre las identidades de la diversidad sexual y que se manifiesta en el cuerpo como resultado de contextos de hostilidad, exclusión y negación de la dignidad”.

En el 35,3 % de los casos (36) los delitos fueron cometidos por particulares. Pero en el 64,7 % (66), el Estado aparece como responsable directo de las violencias, a través del accionar de fuerzas de seguridad o de otras instituciones públicas.

Se destaca de forma alarmante que en más de la mitad de los casos con autoría estatal (54 casos, 52,9 % del total general), la violencia fue ejecutada por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones en graves situaciones de violencia institucional.

A su vez, en el 11,8 % de los casos (12), la responsabilidad recae en otros dispositivos estatales no policiales, que contribuyeron de forma directa o por omisión a la vulneración de derechos fundamentales de las personas LGBT+. “Lejos de brindar protección el Estado se configura como uno de los principales agentes reproductores de violencia hacia la diversidad sexual, ya sea por acción directa o por inacción ante situaciones de exclusión y maltrato estructural”, advierte el informe.

En cuanto al vínculo entre las víctimas de los crímenes de odio y les agresores particulares (36) en el 41,6 % de las veces las personas agresoras eran desconocidas para las víctimas. En el 22,2 % de los casos (8), la agresión fue autoinfligida por la propia víctima, generalmente, en contextos que son descriptos como “de alto sufrimiento subjetivo”.

En el 19,4 % de los hechos fueron perpetrados por personas conocidas por las víctimas y en el 5,5 % (2) por novias/os o parejas. En el (5,5 %), los agresores eran clientes en contextos de trabajo sexual. En un 2,7 % de los casos (1), el delito fue cometido por una madre o un padre.

La juventud no es un divino tesoro: la franja etaria más afectada, en el primer semestre de 2025, fue la de personas de entre 20 y 29 años, que concentra el 45,16 % de los casos. En segundo lugar, con el 19,35 %, se encuentra la franja de 40 a 49 años. Le sigue el grupo de 30 a 39 años, con el 16,13 %, mientras que las etapas de 10 a 19 años y 50 a 59 años representan, cada una, el 6,45 %.

De todos modos, se registraron casos en los grupos de 60 a 69 años y 70 a 79 años con el 3,23 %. “Estos datos permiten visibilizar que la violencia hacia la comunidad LGBT+ afecta principalmente a personas jóvenes adultas, pero también alcanza a adolescentes y personas mayores. La altísima concentración de casos en la franja de 20 a 29 años —casi la mitad del total con dato registrado— revela con crudeza cómo la violencia se descarga especialmente sobre les más jóvenes”, destaca el Observatorio.

Las vidas trans importan. “La presencia sostenida de crímenes de odio en franjas que no superan los 40 años reafirma un dato estructural que se repite año tras año: el bajo promedio de vida de las personas trans, especialmente mujeres, que siguen expuestas a condiciones de violencia institucional, exclusión social y muerte temprana”, subraya el Observatorio.



“La distribución etaria de los casos registrados opera como un indicador indirecto del fracaso sistemático del Estado en garantizar derechos y condiciones dignas de vida para la población LGBT+, y de la población trans”, señala el informe.