Así fue el primer traslado carcelario por reconocimiento de identidad de género: recluso trans consiguió ir a una prisión para hombres
ATA - Sylvia Rivera • 21 de octubre de 2025
El caso de Jhon Alexander Rodríguez Cano, reubicado en una cárcel masculina, desencadenó cambios institucionales y la creación de un protocolo nacional para proteger a la población trans privada de la libertad.

El 12 de mayo de 2025, Jhon Alexander Rodríguez Cano se convirtió en el primer hombre trans en Colombia que logró un traslado carcelario fundamentado en el reconocimiento de su identidad de género.
Este hecho, conocido por la revista Cambio, marcó un hito en el sistema penitenciario colombiano y desencadenó reformas institucionales, además de abrir el debate sobre los derechos de la población trans en prisión.
El proceso que llevó a Rodríguez a este traslado comenzó con una petición escrita de su puño y letra dirigida al Juzgado 4 de Manizales. En ella, solicitó el cambio de establecimiento porque no se sentía conforme en la cárcel de mujeres, ya que se identifica plenamente como hombre.
Rodríguez, de 34 años, fue sentenciado en mayo a diez meses de prisión por tráfico de estupefacientes, tras ser capturado en flagrancia a principios de año en el sector de El Esquinazo, en la capital caldense.
Aunque su documento de identidad lo reconoce como hombre desde 2011 y la Registraduría Nacional actualizó su identificación hace más de tres años, el sistema penitenciario lo ubicó inicialmente en una cárcel de mujeres, siguiendo el criterio de genitalidad y no de identidad de género.
Durante los tres meses que permaneció en la cárcel de mujeres, Rodríguez manifestó su incomodidad y la incongruencia de su reclusión. En marzo, elevó una solicitud formal a la dirección del establecimiento y, posteriormente, el 7 de mayo, interpuso una tutela que fue atendida.
El Grupo de Asuntos Penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) accedió a su petición y autorizó el traslado a la cárcel de hombres de la misma ciudad.
Este movimiento, sin precedentes en Colombia, atrajo la atención de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y el Ministerio de Justicia, que reconocieron la necesidad de establecer reglas claras para la atención de la población trans en el sistema penitenciario.
La reacción institucional fue inmediata. Néstor Osuna, procurador delegado para los Derechos Humanos, destacó al diario nacional que el caso de Rodríguez representa un “precedente”, ya que “a la hora de asignar la cárcel, no se tiene en cuenta la identidad de género, ni lo que sienten las personas”.
Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, explicó que los traslados carcelarios suelen concederse por razones de arraigo familiar, seguridad o enfermedad, y que la identidad de género apenas comienza a ser considerada como un motivo legítimo.
La Defensoría del Pueblo, tras verificar las condiciones de Rodríguez, convocó una mesa interinstitucional para abordar los vacíos normativos, operativos y culturales que persisten en el sistema.
Entre las carencias detectadas, se destacó la falta de acceso a productos básicos como toallas higiénicas, un problema recurrente que ha motivado múltiples tutelas contra el Inpec.
El informe de la Defensoría, citado por Cambio, reveló que los funcionarios penitenciarios carecen de formación en enfoque de género, la asistencia psicosocial es inexistente y no se garantiza atención médica especializada, como ginecología o endocrinología, para la población trans.
Además, fuentes internas del penal señalaron que Rodríguez ha presentado conductas autolesivas y se encuentra aislado en un patio destinado a funcionarios públicos, debido al temor de que pueda ser víctima de violencia sexual o incluso de homicidio, riesgos que, según Osuna, son frecuentes para personas trans en cárceles de hombres.
La Superintendencia de Salud estima que la esperanza de vida de una persona trans en Colombia es de apenas 35 años.
El contexto de la población trans en las cárceles colombianas es especialmente adverso.
De acuerdo con datos del Inpec proporcionados a Cambio, en el sistema penitenciario hay 1.595 personas de la comunidad Lgbti+ y otras identidades de género y orientación, de las cuales 205 se identifican como personas trans.
Aunque representan una minoría frente a las más de 104.000 personas privadas de la libertad, expertos y activistas coinciden en que se trata del grupo más vulnerable.
Darla Cristina González, defensora de derechos de la red Diana Navarro Sanjuan, relató al diario nacional que “en la cárcel también nos cobran diariamente por transgredir la norma social de que los hombres y mujeres deben ser de cierta manera”.
González describió situaciones de violencia extrema, explotación sexual y falta de protección, agravadas por la imposibilidad de defenderse dentro del entorno carcelario.
La investigadora Valentina Villamarín Mor, autora de un informe reciente sobre la situación de la población trans en prisión para la Universidad del Rosario, concluyó que el rechazo, la estigmatización y la violencia son parte del día a día de estas personas.
“Constantemente son atacadas, acuchilladas, gritadas, y siempre las dejan de últimas en temas de alimentación y salud. Es más, los penales no atienden sus procesos de hormonización porque creen que es estético y no médico. Los otros internos e internas ni siquiera los dejan tener visita en los patios”, afirmó Villamarín Mor en diálogo con Cambio.
Un testimonio recogido en su investigación ilustra la gravedad de la situación: una persona trans relató haber sido agredida con cuchillos y palos, y verse obligada a modificar su apariencia para evitar ataques, a costa de su bienestar emocional.
El caso de Rodríguez ha impulsado la elaboración del primer protocolo nacional para la “garantía de derechos de mujeres y hombres trans, y personas no binarias privadas de la libertad”, según el borrador consultado por el diario.
Esta reforma, liderada por la Defensoría, la Procuraduría y el Ministerio de Justicia, propone que la asignación de establecimientos penitenciarios para personas trans ya no dependa de la genitalidad, sino de la voluntad expresa de la persona, recogida en un consentimiento informado y verificada por un juez.
Además, el protocolo establece que las personas trans serán nombradas y registradas por el nombre con el que se identifican, y que las parejas diversas tendrán derecho a visita íntima sin discriminación, en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales cisgénero.
El Inpec, por su parte, se comprometió a garantizar el acceso continuo a tratamientos hormonales prescritos y a facilitar la valoración médica especializada para quienes deseen iniciar dichos tratamientos.
Todo el personal penitenciario deberá recibir formación básica en diversidad sexual, enfoque diferencial y atención sin prejuicios, tanto en la formación inicial como en la capacitación permanente. La Escuela Penitenciaria Nacional incorporará estos contenidos en sus programas, con el objetivo de transformar la cultura institucional y reducir los riesgos para la población trans.
Desde la perspectiva de activistas y expertos, el principal desafío sigue siendo la seguridad y la dignidad de las personas trans privadas de la libertad. González considera que la solución debe comenzar desde la imposición de la medida de aseguramiento, priorizando la protección y el bienestar de la persona más allá de la clasificación por género.
Villamarín Mor, por su parte, ha documentado casos de mujeres trans que solicitaron cambios de pabellón dentro de la misma prisión, pero que terminaron pidiendo regresar tras enfrentar mayores niveles de acoso y violencia.
https://www.infobae.com
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“Los equipos están segregados por sexo porque los niños son mejores en los deportes que las niñas” Esto es falso por múltiples razones y tiene sus raíces en percepciones misóginas subyacentes sobre las mujeres que se remontan a la década de 1830. Si bien las representaciones registradas de deportes segregados por sexo se remontan a la antigua Grecia, a las mujeres rara vez se les permitía practicar deportes en el siglo XIX debido a percepciones misóginas de ellas como inherentemente débiles e indefensas, según Goal Five. Con el tiempo, a las mujeres de clase alta se les permitió jugar tenis y golf en clubes de campo locales y, hacia el cambio de siglo, las mujeres lucharon gradualmente por su derecho a competir. A principios del siglo XX, muchos reguladores introdujeron categorías exclusivas para mujeres debido a las quejas de que estaban “invadiendo” los espacios masculinos. Así, la segregación sexual se convirtió en la norma en el mundo del deporte y desde entonces ha persistido en parte debido a la tradición, pero también para brindar oportunidades tanto a los atletas femeninos como a los masculinos. No por ventajas “biológicas”, sino por cuestiones como la brecha salarial de género. Las categorías segregadas por sexo tampoco son innatas. Muchos argumentan que la práctica es cada vez más insostenible, según The Society Pages, y conduce a una mayor misoginia sobre quién puede y quién no puede competir en la categoría femenina, como la controversia sobre Caster Semenya, que es una mujer cis. ‘Las mujeres trans están quitando oportunidades a las mujeres cisgénero’ Hay dos problemas fundamentales con este argumento. La primera es que prácticamente no hay mujeres trans competidoras que estén en la cima de sus respectivos deportes. La segunda es que las mujeres trans son mujeres y, como tales, merecen competir tanto como sus competidores cis. Según WorldAtlas, los cinco deportes más importantes por número de aficionados son el fútbol, el cricket, el hockey, el tenis y el voleibol. De las respectivas clasificaciones anuales de esos deportes, ninguno ha presentado nunca a una mujer trans. Los únicos que les quitan oportunidades a las mujeres son los organismos deportivos nacionales e internacionales que han implementado prohibiciones a los competidores trans, muchos de los cuales todavía insisten en creer que las mujeres trans no son mujeres. El propio Gary Lineker, leyenda del fútbol, deploró el creciente número de prohibiciones en mayo de 2025 y describió a las personas trans como “algunas de las más perseguidas en el planeta”. ‘Excluir a las mujeres trans de los deportes femeninos no es transfóbico, después de todo es sólo un juego’

Una jueza del contencioso administrativo de Barcelona ha confirmado la multa de 20.000 euros impuesta por la Generalitat a la organización ultra Hazte Oír en 2023 por el bus tránsfobo que circuló por la capital catalana difundiendo mensajes contra el colectivo trans. El fallo de la magistrada de esta sección del Tribunal de Instancia de Barcelona, al que tuvo acceso Efe, rechaza la petición de Hazte Oír de anular la sanción, en una sentencia que no es recurrible por vía ordinaria. La jueza ve justificada la multa que aprobó el departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat por considerar que estigmatizaba al colectivo trans y a las personas intersexuales o no binarias. El gobierno catalán, gobernado entonces por ERC, multó con estos 20.000 euros a 'Hazte Oír' por su bus tránsfobo al detectar una "infracción grave" por sus mensajes discriminatorios que, aseguró, "pretendían atentar contra la dignidad de las personas trans y no binarias". La multa iba acompañada de la prohibición de recibir ayudas o subvenciones públicas en Cataluña durante cinco meses y de acceder a contratos con la Generalitat u organismos públicos dependientes durante ese período. Ese polémico autobús (que la organización ultra puso en marcha en 2022 para recorrer las principales ciudades de España en contra de ley trans) difundía mensajes como "les 'niñes' no existen", "no a la mutilación infantil" o "#StopLeyTrans". Los Mossos d'Esquadra detuvieron en noviembre de ese año la circulación por las calles de Barcelona del autobús después de que la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación de la consellería de Igualdad le abriera un expediente sancionador. Cinco meses después, el expediente se convirtió en una sanción de 20.000 euros, que Hazte Oír recurrió primero, sin éxito, ante el mismo departamento, y después ante la justicia. A juicio de la juez que firma el fallo, Montserrat Fernández Cabezas, la sanción está motivada porque estos mensajes pretendían "atentar" contra la dignidad de las personas trans y las no binarias, y suponen "expresiones de carácter y naturaleza discriminatoria por motivos de sexo, género y orientación sexual". La magistrada recuerda que la Constitución Española prevé que la libertad de expresión y de información "tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título", y en especial "en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia". También subraya que el Estatut de Cataluña establece el mandato de los poderes públicos de "promover el pleno ejercicio de las libertades y los derechos de las personas" y que la ley de igualdad de trato y no discriminación del 2020 establece las medidas y procedimientos para garantizarlos y busca erradicar el sexismo, la homofobia y la LGTIfobia. Teniendo en cuenta todo ello, la magistrada rechaza la pretensión de la organización demandante de anular la sanción al entender que "no se ha producido una lesión del contenido del derecho a la libertad de expresión por cuanto el impedimento no es injustificado". La juez también rechaza que la actuación de la administración fuera arbitraria ni discriminatoria como planteaba Hazte Oír, ni que exista indefensión de ningún tipo, e impone a esta organización de extrema derecha las costas procesales, de 500 euros. En marzo de 2019, el Ayuntamiento de Barcelona ya interpuso dos denuncias contra la asociación Hazte Oír, que sumaban más de 61.000 euros, por el autobús antifeminista que la entidad hizo circular entonces por la ciudad. El autobús, decorado con mensajes publicitarios contra las leyes de igualdad de género y las normas LGTBI, llegó a la capital el 3 de marzo y la abandonó horas después, a pesar de que la Fiscalía había pedido, como medida cautelar, inmovilizar el vehículo. https://www.larazon.es

La cantante y empresaria Rihanna ha incorporado a Vivian Jenna Wilson, hija trans de Elon Musk, como una de las protagonistas de su nueva campaña de Savage x Fenty para San Valentín. La modelo, de 21 años, aparece en una serie de imágenes rodeada de estatuas griegas y acompañada por otras modelos como Lovie Simone y Emma Arletta, según adelantó Metro UK. Vivian Wilson (hija de Elon Musk y su primera esposa, Justine Wilson) se ha consolidado como una figura emergente en el mundo de la moda. Desde que comunicó que era una mujer trans en 2020, mantiene una relación públicamente distante con su padre, habiendo cortado oficialmente los lazos con un cambio de nombre en 2022, especialmente días después de que él respaldara a Donald Trump para presidente. “Ya no vivo con mi padre biológico ni deseo estar relacionada con él de ninguna manera”, escribió la modelo en los documentos legales. Su carrera profesional ha crecido de forma notable en los últimos años. Debutó en la New York Fashion Week, colaboró con Wildfang diseñando una camiseta benéfica para The Trevor Project, y ha ido sumando campañas de moda de alto perfil dentro y fuera de Estados Unidos. La colección de San Valentín de Savage x Fenty, titulada “Love So Savage: A Modern Ode to Aphrodite” (Amor tan salvaje: una oda moderna a Afrodita), combina elementos clásicos con una estética sensual contemporánea. Las imágenes muestran a Wilson con un conjunto floral rojo y negro, medias rojas intensas y poses inspiradas en esculturas clásicas. Rihanna también aparece en la campaña con varios conjuntos de la colección, reforzando la identidad visual de la marca. La elección de Wilson ha generado una amplia conversación en redes sociales y en la prensa especializada. Para muchos observadores, la decisión refuerza la imagen de Savage x Fenty como una marca comprometida con la diversidad, la inclusión y la representación de identidades trans en la moda mainstream. Medios como Daily Express US destacan que la campaña supone otro paso en la consolidación de Wilson como una figura relevante en la industria, especialmente tras su creciente presencia en pasarelas y editoriales de moda internacional. https://www.larazon.es

A casi cuatro años del ataque que estuvo a punto de costarle la vida, el caso de la activista y periodista trans Natalia Lane inició esta semana la etapa de juicio oral en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en Xochimilco, por la agresión ocurrida el 16 de enero de 2022. Su caso es histórico por ser el primero en México en el que la carpeta de investigación de una mujer trans trabajadora sexual llega a la etapa de juicio oral bajo la clasificación de tentativa de transfeminicidio . A través de este proceso, Lane busca no solo una sentencia punitiva, sino una reparación integral y restaurativa que incluya daños físicos, emocionales y patrimoniales Mediante un comunicado, Natalia Lane compartió este 14 de enero que “la reparación integral y la justicia son derechos que históricamente han sido negados a las trabajadoras sexuales”, por lo que este caso representa la posibilidad de acceder parcialmente a lo que se les ha arrebatado. “Hoy quizás estoy librando la batalla más dura que me ha tocado vivir, y por eso es importante seguir de cerca este caso que marcará un antes y un después en el acceso a la justicia”, dijo Lane a través de un video comunicado previo al juicio en el que reafirmó que la necesidad de justicia y reparación para “las personas LBGTQ+, las mujeres trans y las putas”. El ataque y el proceso judicial El 16 de enero de 2022, Natalia Lane fue agredida con un cuchillo en la cara, cuello y manos en un hotel de la Ciudad de México. Aunque su agresor, Alejandro “N”, fue detenido y vinculado a proceso por feminicidio en grado de tentativa y permanece en prisión preventiva, el caso se ha prolongado por casi cuatro años sin que exista una sentencia. El retraso responde a los amparos interpuestos por su defensa, así como a dilaciones atribuibles a la negligencia y a prácticas de violencia institucional dentro del sistema de justicia. México es el segundo país con mayor índice de transfeminicidios en Latinoamérica, registrando 445 casos desde 2008, de acuerdo con información del Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TGEU, por sus siglas en inglés), solo después de Brasil, que documenta más de dos mil casos en la región. Por su parte, la colectiva Transcontingenta registró al menos 94 víctimas de transfeminicidio.

Las mujeres trans que padecen VIH presentan peores resultados clínicos y de seguimiento que otros grupos de personas con el virus –ha revelado un estudio realizado a partir de CoRis, cohorte española especializada en el seguimiento de personas con VIH–, pese a mostrar una adecuada conexión con los servicios sanitarios tras el diagnóstico. El trabajo, presentado en el último Congreso Nacional de GeSIDA, pone de manifiesto la necesidad de establecer estrategias específicas para mejorar la atención y los resultados de salud en este colectivo. La investigación ha sido liderada por la doctora Cristina Díez Romero, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, quien, junto con su equipo, ha analizado los datos de 17.413 personas con VIH incluidas en esta plataforma entre 2004 y 2023 y atendidas en más de 40 centros hospitalarios de todo el país. De estas, 10.748 eran hombres que tienen sexo con hombres (HSH); 3.954, hombres cis heterosexuales; 2.515, mujeres cis; y 196, mujeres trans. El estudio ha comparado la evolución clínica de estos grupos, su respuesta al tratamiento antirretroviral, así como indicadores de calidad asistencial durante casi dos décadas. Los resultados que ha arrojado el estudio han mostrado que las mujeres trans con VIH experimentaron mayores tasas de fracaso virológico, y nuevas enfermedades definitorias de sida y de pérdida de seguimiento, en comparación con el resto de grupos y especialmente con los hombres que tienen sexo con hombres. Pese a estos indicadores, no se observaron diferencias significativas en la mortalidad, determinando que, pese a tener una supervivencia similar, las trayectorias clínicas de las mujeres trans se caracterizan por ser más inestables y vulnerables. Rápido acceso al sistema sanitario A pesar de los resultados, el estudio muestra que tanto las mujeres cis como las mujeres trans se vincularon al sistema sanitario con mayor rapidez que los otros grupos, en los que la mayoría accedió a la atención médica en el primer mes tras el diagnóstico, lo cual resulta un indicador relevante de buena calidad asistencial. Además, las mujeres trans alcanzaron tasas de supresión viral temprana en los primeros tres meses comparables a las del resto de participantes. Estos hallazgos indican que las barreras más determinantes para este grupo de personas no se encontrarían en el acceso inicial, sino en la continuidad del seguimiento y en el mantenimiento del tratamiento antirretroviral a largo plazo. "Las dificultades para mantener una atención continuada y una adherencia sostenida al tratamiento parecen ser elementos centrales en estos resultados, aunque no podemos identificar con certeza sus causas. Factores sociales, condiciones estructurales y obstáculos en el seguimiento podrían contribuir a estas diferencias", afirma la Dra. Díez. https://www.elperiodico.com

Otro estudio más que demuestra que la juventud trans casi siempre se sienten con menos intenciones suicidas cuando reciben atención de afirmación de género se ha agregado a la pila de evidencia de que los bloqueadores de la pubertad son seguros y eficaces. La investigación que se publicará en el volumen de febrero del Journal of Paediatric ha demostrado una vez más que los adolescentes trans muestran “reducciones significativas” en la depresión y la ansiedad después de comenzar una terapia hormonal clínicamente respaldada. El estudio, coescrito por pediatras de Nevada, Texas y Missouri, examinó el bienestar de 432 pacientes antes y después de someterse al tratamiento. Los participantes, de entre 12 y 20 años, fueron encuestados sobre su salud mental antes y al menos 364 días después de comenzar un tratamiento médico adecuado, como bloqueadores de la pubertad y terapia de reemplazo hormonal (TRH). Utilizando el kit de herramientas Ask Suicide-Screening Question (ASQ), una evaluación internacionalmente reconocida de las tendencias suicidas en jóvenes y adultos, los investigadores encontraron mejoras significativas en la salud mental de los pacientes en todos los ámbitos. Según los resultados del estudio, las tendencias suicidas entre los participantes disminuyeron significativamente con el tiempo, y las tasas continuaron disminuyendo a medida que pasaba el tiempo. Los médicos observaron que las reducciones fueron consistentes independientemente de la identidad de género, la duración del tratamiento y, curiosamente, la edad al inicio de la terapia. Esto no sólo demuestra una vez más que la atención que afirma el género es notablemente eficaz para mejorar el bienestar de los pacientes trans, sino que su eficacia para reducir las tendencias suicidas no disminuye a medida que los pacientes envejecen. Los médicos recomendaron realizar un seguimiento del estudio con “una muestra más grande y un seguimiento más prolongado” para demostrar suficientemente la coherencia de los tratamientos de salud mental de la atención de afirmación de género. Los políticos siguen prohibiendo los bloqueadores de la pubertad a pesar de la evidencia. Numerosos estudios en todo el mundo han demostrado que los cuidados que afirman el género casi siempre son algo bueno para las personas trans, especialmente para los jóvenes trans. Un estudio de octubre de 2024 encontró que el 97 por ciento de los menores de 18 años trans estaban “altamente satisfechos” con los resultados del tratamiento de afirmación de género, mientras que otro de marzo del mismo año encontró que, de 548 pacientes que accedieron a atención médica trans, solo dos se arrepintieron. Las tasas de arrepentimiento por el tratamiento de afirmación de género son muy bajas según un artículo de mayo de 2024, que encontró que los pacientes tienen más probabilidades de arrepentirse de la cirugía de rodilla, el aumento de senos e incluso de tener hijos que aquellos que comienzan un tratamiento de afirmación de género. A pesar de la montaña de evidencia que demuestra que la atención que afirma el género puede salvar vidas, y casi siempre lo es, los políticos y expertos políticos anti-trans afirman regularmente que a los jóvenes trans no se les debería permitir acceder a tratamientos médicos clínicamente aprobados. Al menos 27 estados de EE. UU. prohíben de alguna manera la atención que afirma el género, lo que impide que más del 40 por ciento de la población juvenil trans de Estados Unidos acceda a la atención. Los bloqueadores de la pubertad también están prohibidos para los jóvenes trans en el Reino Unido, a pesar de que están disponibles gratuitamente para los jóvenes cis. El Proyecto Trevor, una organización de prevención del suicidio LGBTQ+, advirtió que estas prohibiciones tienen “impactos perjudiciales” en la salud mental de los jóvenes trans, que ya tienen una probabilidad desproporcionadamente alta de tener tendencias suicidas. Una investigación realizada por la Dra. Natacha Kennedy en la Universidad de Londres encontró que la prohibición de Wes Streeting de bloquear la pubertad para los jóvenes trans está “dañando de manera significativa, extensa e implacable a los niños y jóvenes trans”. Habló con los padres de jóvenes trans que alguna vez fueron “felices, bien adaptados y poco diferentes de la mayoría de los niños cis”, pero que ahora han recurrido a la autolesión debido a la imposibilidad de acceder a la atención. El suicidio se puede prevenir. https://www.sentidog.com

Andrea Jenkins, nativa de Chicago, de 64 años, fue la primera funcionaria negra y trans elegida para un cargo público en los Estados Unidos cuando se unió al Concejo Municipal de Minneapolis hace nueve años. “En primer lugar, me identifico como poeta y escritora, y estar en este trabajo realmente no me permitió concentrar todo el tiempo y la energía que quería en mi vida creativa, por lo que quería volver a eso mientras todavía tuviera algo de agudeza mental, pasión y habilidades”, dijo. Radio pública de Minneapolis. Si bien Jenkins hizo historia para la comunidad trans con su elección en 2017, fue el mismo año en que le diagnosticaron esclerosis múltiple. La enfermedad nerviosa degenerativa ha pasado factura, dijo. “Desde entonces, ha habido una disminución visible en mi movilidad y en mi forma física de navegar y negociar el mundo”, dijo. Jenkins llegó al consejo después de trabajar con la Universidad de Minnesota en un proyecto de historia oral trans, con la Colección Jean-Nickolaus Tretter de Estudios de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans de la escuela. Asistió a la UM como estudiante y obtuvo dos maestrías: una maestría en escritura creativa de la Universidad Hamline y una maestría en desarrollo económico comunitario de la Universidad Southern New Hampshire. También fue becaria de liderazgo del David Bohnett LGBTQ Victory Institute en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard. Jenkins compartió la portada de Tiempo revista en enero de 2018 con varias docenas de otras mujeres que participaron en la Marcha de las Mujeres en Washington el año anterior y, como ella, luego se postularon para un cargo. Jenkins describió su tiempo en el concejo municipal como “tumultuoso”: su mandato coincidió con la pandemia de COVID y la agitación tras el asesinato de George Floyd en el distrito que representa. Ese mismo nivel de caos se está apoderando de Minneapolis nuevamente después del tiroteo mortal de una mujer homosexual que protestaba contra las detenciones de ICE esta semana. Jenkins experimentó otro caso de lo que ella llamó “violencia política” en 2021, cuando un grupo de activistas bloqueó su automóvil durante 90 minutos cuando salía de un evento del Orgullo en la ciudad. Se negaron a dejarla irse hasta que aceptara firmar un documento con una lista de demandas, incluido el apoyo a la renuncia del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el establecimiento de una comisión de responsabilidad policial. Jenkins dijo que los manifestantes la tomaron como rehén. “Ciertamente, no sufrí ningún daño físico de ninguna manera, pero sí emocional y psicológicamente… He tenido un período tumultuoso en el cargo, particularmente en torno a la raza”. Preguntado en una entrevista con Nación LGBTQ En 2023, si su elección como la primera funcionaria negra y trans en la historia de Estados Unidos fue una carga o una bendición, Jenkins, siempre poeta, entonó que era “una bendición y un honor”. “Creo que realmente ofrece algo de esperanza e inspiración a los jóvenes en una época en la que las personas trans y no conformes con el género están siendo injustamente atacadas por ataques políticos que intentan legislar a las personas trans y no conformes con el género fuera de la vida pública”, dijo, tres años antes de que muchos de esos esfuerzos se hicieran realidad. “Creo que es una inspiración para las personas trans, queer y no conformes con su género que quieren buscar roles en la vida pública, y particularmente en roles electos”. “Por lo tanto, es un honor poder hablar en nombre de mi comunidad, desde una posición de autoridad, desde una plataforma que la gente escuchará. Es un gran honor”. https://www.sentidog.com

Un experto calificó la situación de “aterradora”. Los expertos en genocidio están haciendo sonar la alarma para advertir que Estados Unidos se encuentra en las primeras etapas de una campaña más amplia para destruir “literal y físicamente” a las personas trans como grupo de género específico, según el Instituto Lemkin, una organización no gubernamental multinacional con sede en Estados Unidos dedicada a poner fin al genocidio. La presidenta del Instituto Lemkin, Dra. Elisa von Joeden-Forgey, dijo que Estados Unidos se encuentra ahora en las “etapas tempranas y medias de un proceso genocida contra personas trans, no binarias e intersexuales”. Agregó que los republicanos están utilizando a las personas trans para generar miedo, particularmente en torno a los niños, la familia y su concepto ideal de masculinidad, para preparar su base para el genocidio, informó el instituto en un artículo reciente. El Dr. Gregory Stanton, presidente del grupo Genocide Watch, estuvo de acuerdo y dijo que la orden ejecutiva de Donald Trump que niega cualquier reconocimiento de cualquier género fuera del binario masculino-femenino es una idea “totalitaria” impulsada por la “ideología nazi”. El Dr. Stanton también señaló que estos binarios estrictos entre hombre y mujer no existen en la naturaleza ni en muchas otras culturas. “La administración Trump y sus bases… han identificado un conjunto de ‘enemigos’ o ‘personas objetables’” y han suscitado prejuicios públicos contra ellos “de una manera que está escalando hacia la violencia”, dijo el Dr. Henry Theriault, quien sirvió como Asociación Internacional de Académicos sobre Genocidio de 2017 a 2021. La ex investigadora de genocidio Haley Brown dijo que los 20 estados de EE. UU. con proyectos de ley de baños anti-trans “dan efectivamente a los actores no estatales aprobación tácita para cometer violencia” contra las personas trans, al delegar esencialmente a las personas para que vigilen la expresión de género “hasta las características fisiológicas mismas” de cada persona. Brown también señaló que la retórica anti-trans de Trump y sus compinches a menudo ha invocado la teoría de la conspiración del llamado “marxismo cultural” (que es la encarnación moderna de la teoría de la conspiración antisemita nazi del “bolchevismo cultural”, o la idea de que existe una campaña internacional concertada –dirigida por el pueblo judío– para socavar la cultura occidental tradicional). La retórica incluye las ideas de que “izquierdistas, feministas, marxistas y personas LGBTQIA+ están tratando de destruir la civilización occidental” y que estos grupos “inmorales” e “inferiores” deben ser destruidos. El Dr. Theriault dijo que los transamericanos pueden ser más vulnerables debido a su pequeña población. Representan sólo alrededor del 1% de la población adulta (un tamaño equivalente a los judíos en la Alemania de 1933) y la violencia contra las personas trans ha ido en aumento. El Dr. von Joegen-Forgey calificó la situación de “aterradora” y añadió: “Nadie va a la guerra… en nombre de las víctimas del genocidio”. Theriault dijo que Estados Unidos aumentaría las políticas para hacer la vida “intolerable” para los estadounidenses trans, algo que provocará que la tasa de suicidios trans aumente dramáticamente. De hecho, los republicanos ya han instaurado políticas en todo el país para desfinanciar cualquier investigación o política que incluya a las personas trans, obligar a niños y adultos trans a realizar una detransición médica y obligar a las personas trans a ingresar a espacios segregados por sexo donde es probable que enfrenten más discriminación y violencia. “Ya estamos en el punto para las personas trans, para los inmigrantes, donde el daño ya está hecho”, dijo el Dr. Theriault. “Así que no se trata tanto de ‘¿ocurrirá un genocidio?’ como ‘tenemos que evitar que esto suceda’”. El Dr. von Joegen-Forgey advirtió: “No existe una democracia que esté cometiendo genocidio contra un grupo. Eso ya no es una democracia, una vez que el genocidio está en la mezcla. El estado en cuestión cometerá otras atrocidades masivas”. https://www.sentidog.com/2026/01/07/estados-unidos-se-encuentra-en-las-primeras-etapas-de-un-genocidio-anti-trans-dicen-los-expertos/

En julio, Evanna Vásquez llegó al Betances Health Center en Manhattan con la esperanza de recoger su dosis mensual de estradiol. Desde que la peruana migró a Estados Unidos y comenzó su tratamiento de afirmación de género en Nueva York hace un año, esta clínica comunitaria le ha proporcionado la atención médica que necesita. Pero esta vez, el médico la recibió con una noticia que la sorprendió: no había suministros. Con esta preocupación, llamó a Javier Tejada, el trabajador social que la ha acompañado desde su llegada a la ciudad en 2023. Tejada logró conseguir las dosis que necesitaba, gracias a donaciones, pero la incertidumbre de no saber si el próximo mes podrá acceder a su medicamento se ha vuelto constante. “Unos meses me dan el estradiol inyectable y otros en pastillas. Cada vez que consiguen una donación me contactan”, cuenta Vásquez, de 35 años. “El problema es que yo necesito una dosis doble de estradiol porque lo tengo muy bajo, y eso hace que todo sea más difícil”. El estradiol es un medicamento que contiene la hormona sexual femenina estrógeno, producida principalmente en los ovarios. En las personas trans juega un papel fundamental en la terapia hormonal de afirmación de género, que se usa para provocar cambios físicos feminizantes como el desarrollo mamario, la redistribución de la grasa corporal, la disminución del vello corporal y la reducción de la masa muscular. Que una mujer trans tenga niveles bajos de estrógeno implica una falta de desarrollo o reversión de características femeninas. Desde finales de 2024, activistas por los derechos de las personas trans en Estados Unidos reportan que la comunidad se está enfrentando a una escasez de medicamentos de afirmación de género y largos tiempos de espera para consultas médicas en clínicas que ofrecen estos servicios. Esto se intensificó en julio, tras la aprobación de la “gran y hermosa” reforma fiscal de Donald Trump, una ley que prohibió el uso de fondos federales para cubrir tratamientos de afirmación de género y recortó el presupuesto destinado a Medicaid, el programa público de cobertura médica, dejando por fuera a las personas con visas humanitarias, como Vásquez que es solicitante de asilo. Con la reducción de fondos federales, las personas que quedaron descubiertas de Medicaid están recurriendo a clínicas sin fines de lucro. De la misma manera, puesto que los migrantes indocumentados no tienen acceso a servicios de salud preventiva en Medicaid, también acuden a estas mismas clínicas porque ofrecen opciones a bajo costo o gratuitas para personas sin ingresos. Esta situación está saturando la capacidad de operación de las clínicas y extendiendo sus tiempos de espera. El impacto sobre las personas trans migrantes es significativo: alrededor de 174.000 de ellas viven en EE UU, muchas de las cuales llegaron al país escapando de la transfobia, la violencia o la falta de atención médica en sus países de origen. En América Latina, las condiciones para las personas trans son tan precarias que su expectativa de vida no supera los 35 años de edad, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una avalancha de leyes antitrans La ley fiscal de Trump tiene como propósito establecido reducir los impuestos y modificar los gastos de diversos programas federales. Sin embargo, ha sido criticada por su manipulación ideológica de los presupuestos federales, y en el sector de la salud determina que está prohibido el uso de fondos federales de Medicaid para procedimientos de afirmación de género, como cirugías y medicamentos hormonales. Esta legislación se une a una creciente lista de leyes federales y estatales a lo largo del país que limitan los derechos de las personas trans y los derechos sexuales y reproductivos. A comienzos de este año, el Gobierno de Trump cortó la financiación de Planned Parenthood, la organización de salud sexual y reproductiva más grande de EE UU, que provee tratamientos de afirmación de género, para el VIH, anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual. A esto se suman más de 20 citaciones para investigar a médicos y clínicas que brindan atención médica de afirmación de género a menores por parte del Departamento de Justicia y otros 616 proyectos de ley anti-LGBTQ+ en múltiples Estados del país, de acuerdo a la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU). Por todos estos ataques y el temor a la llegada del segundo Gobierno de Trump, la demanda de medicamentos de afirmación de género —como el estradiol, la testosterona o la espironolactona— comenzó a aumentar. Trump había anunciado durante la campaña de 2024 que cortaría los fondos federales que financian los medicamentos de afirmación de género, por lo que muchas personas decidieron comprar grandes cantidades para el futuro. Ahora, no solo está habiendo una alta demanda de estos medicamentos, sino que los tratamientos en clínicas que ofrecen estos servicios también se están saturando. “Estamos recibiendo referidos de chicas que vienen de otros centros de salud, por la escasez de doctores o de profesionales de la salud a causa de los recortes de presupuesto”, asegura Denise Gutiérrez, directora del programa transgénero de Community Healthcare Network. Esta organización neoyorquina está operando con normalidad porque sus fondos no dependen del Gobierno federal, sino de subvenciones de entidades privadas y dinero de la ciudad. Cuando Lady Dariana Camas —una mujer trans ecuatoriana de 35 años que vive en el Bronx— llegó a Estados Unidos en 2022, ya estaba recibiendo un tratamiento hormonal de afirmación de género, pero no sentía la presión de hacerse cirugías como la de feminización facial para afirmar su género. Con la vuelta de la Administración Trump, vio por primera vez que sus posibilidades de acceder a esta cirugía se estaban limitando y quiso buscarla lo más pronto posible, pero cuando fue al médico en diciembre de 2024, este le dijo que no tenía disponibilidad hasta el próximo año. “Ahora con los recortes estoy empezando a sentir que tengo que hacerme la cara rápido, antes de que pase algo y me digan que no”, cuenta Camas. Como ella, otras personas trans están intentando adelantar las cirugías que quieren hacerse por el temor a que los recortes las hagan inalcanzables en un futuro cercano, según Chance Krempasky, director médico de Community Healthcare Network. Algunos activistas y clínicas de afirmación de género confían en que los gobiernos locales y estatales garanticen los derechos de las personas trans. Estados como Oregón, Connecticut y Vermont han emitido leyes de protección a las personas trans que buscan servicios de afirmación de género, mientras que ciudades como Boston y West Hollywood se han declarado santuarios para las personas transgénero o la comunidad LGBTQ+. Nueva York cuenta con leyes que protegen a las personas que buscan o brindan servicios de afirmación de género legalmente en el Estado. Recientemente, la legislatura estatal aprobó un proyecto de ley que intenta reforzar las protecciones legales para que las personas que brindan o reciben atención reproductiva o de afirmación de género estén protegidas de responsabilidades civiles o penales fuera de Nueva York. La legislación espera ser firmada por la gobernadora Kathy Hochul. Las políticas públicas locales son la única forma de sobrevivir. Mila Hellfyre Hernández, activista por los derechos de las personas trans latinas “Las políticas públicas locales son la única forma de sobrevivir”, sostiene Mila Hellfyre Hernández, activista puertorriqueña por los derechos de las personas trans latinas en Estados Unidos y vicepresidenta del Equality Empowerment Center, una organización sin ánimo de lucro que defiende los derechos de la comunidad LGBTQ+ en Florida. “Estoy hablando a nivel de ciudad, porque en las ciudades el Estado es quien tiene el control, no todo el soporte tiene que ser a nivel federal”. La emisión de políticas locales o estatales para proteger a la comunidad trans ha ocasionado que el 48% de las personas trans en EE UU migren internamente o estén considerando reubicarse a otros Estados con leyes que protejan sus derechos, según un informe publicado en mayo por el William Institute, un centro de investigación de políticas públicas centrado en cuestiones relacionadas con la orientación sexual y las identidades de género. “Muchas personas trans van a querer salir de ciertos Estados republicanos que los tienen bajo constante ataque y van a querer venir a Estados que les dan la bienvenida”, explica Jesús N. Soto, del National Alliance on Mental Illnesses. “Entonces, aunque el presupuesto estatal sí daba en el presente, en el futuro van a necesitar más”. Esto quiere decir que la capacidad de los gobiernos locales o estatales de proteger el acceso a los servicios de afirmación de género puede verse afectada por los cambios demográficos. Preocupación y temor Evanna Vásquez ha tenido que migrar dos veces. En 2017 se marchó de Perú, luego de que su familia comenzara a agredirla por expresar su identidad de género. Eligió irse a Panamá, donde trabajó por mucho tiempo como estilista. Fue ahí donde conoció a su actual esposo. Pero con la llegada de la pandemia, su peluquería cerró. Cuando el encierro se volvió más laxo, intentó volver a conseguir trabajo, pero no lo logró. Se sentía desesperada, y decidió irse a Estados Unidos. Migrar por segunda vez representaba volver a dejarlo todo: vender todas sus cosas, abrazar a sus amigas y despedirse de Sirius, Jade y Nagini, sus dos gatos y su perra. El viaje fue difícil; les robaron, perdieron sus documentos de identidad y Vásquez sufrió abusos sexuales en múltiples ocasiones en México. Pero no había tiempo para procesar el dolor, Estados Unidos se presentaba como un lugar en el que había leyes para que Vásquez cambiara su nombre, accediera a los tratamientos de salud que necesitaba y se casara finalmente con su pareja. “Vengo de un país donde nos quitan todo, para que nos lo quiten ahora en un país donde tenemos más leyes creadas para que nos respeten”, apunta. “Mi comunidad realmente necesita el apoyo del Gobierno”. El presupuesto federal destinado a la salud en 2024 fue de 1,9 billones de dólares, durante la Administración del demócrata Joe Biden. Estaba previsto que ese dinero aumentaría en un 5,8% en 2025; sin embargo, con la aprobación de la ley fiscal de Trump, el Gobierno lo redujo en un 15%, de acuerdo a un análisis del Instituto de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley. Departamentos como el de Defensa, Asuntos de Veteranos y Seguridad Nacional (DHS) —encargado de la política migratoria del presidente— tienen proyectado un aumento de presupuesto. La financiación del DHS, por ejemplo, aumentará un 65% el próximo año. Otra consecuencia de la falta de acceso a servicios de afirmación de género y el aumento de leyes antitrans es que la tasa de suicidio entre los miembros de esta comunidad puede aumentar. “Para nuestra comunidad, el acceso a la afirmación de género es visto como una medida fundamental de prevención del suicidio”, asegura William Lopera, representante de Voces Latinas, una organización dedicada a reducir la tasa de transmisión del VIH entre las comunidades migrantes. La ley fiscal de Trump “ha generado gran incertidumbre y estrés, llevando a las clientas a sentir desesperanza y a acelerar cirugías y trámites de identificación por miedo a perder el acceso futuro. Esto ha tenido un efecto directo en la salud mental de la comunidad”, añade Lopera. Para Vásquez, no poder acceder a sus medicamentos de forma regular es una gran preocupación y le recuerda de los otros periodos en los que no ha podido tomar estradiol de forma continua. Han sido momentos de cambios hormonales bruscos, dolores de cabeza, depresión y dismorfia de género. Por ahora, llega al 16 de cada mes con esperanza y preocupación, intentando vencer el temor de no poder recibir sus medicamentos. https://elpais.com

El Parlamento de Kazajistán ha dado un nuevo paso en el retroceso de los derechos LGTBIQ+ al aprobar una serie de enmiendas legales que prohíben lo que han denominado como “propaganda LGTBIQ+”, una medida que replica legislaciones similares ya vigentes en Rusia y Georgia y que ha sido duramente criticada por organismos internacionales de derechos humanos. Las enmiendas fueron aprobadas el pasado martes por el Senado, después de haber recibido el respaldo de la Cámara Baja en noviembre. El texto legal aún debe ser firmado por el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, para entrar en vigor. Según el texto legal, el objetivo declarado de la norma es “proteger a los niños de informaciones que dañan su salud y desarrollo”. Sin embargo, activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos advierten de que este tipo de leyes suelen utilizarse para censurar cualquier mención positiva o neutral sobre la diversidad sexual y de género, reforzando el estigma y la discriminación. La norma impide la publicación de este tipo de informaciones en espacios públicos, medios de comunicación, redes de telecomunicaciones e internet, ampliando su alcance a ámbitos como la educación, la cultura, la publicidad y el cine. Impulso ciudadano y alcance legal La iniciativa legislativa surgió a raíz de una petición presentada por ciudadanos kazajos hace aproximadamente un año y medio y fue elaborada por un grupo de parlamentarios. Según explicó el diputado Yelnur Beisenbáev, uno de los promotores del proyecto, las enmiendas modifican hasta nueve leyes, entre ellas las relativas a los derechos de la infancia, las comunicaciones, la educación y los medios de prensa. Beisenbáev aseguró que el texto incluye una definición concreta de lo que denomina “propaganda de la orientación sexual no tradicional” y establece limitaciones para su difusión, aunque afirmó que la ley no contempla “la prohibición ni el rechazo” de las personas LGBTI. En la misma línea, el diputado Yedil Zabirshin subrayó que la pertenencia a la comunidad LGBTI no está penalizada en Kazajistán, a diferencia de países vecinos como Uzbekistán, donde la homosexualidad sigue siendo castigada por la ley. Críticas internacionales Organismos internacionales como Naciones Unidas, Human Rights Watch, Civil Rights Defenders y el Norwegian Helsinki Committee ya habían expresado su preocupación y rechazado la posible aprobación de esta normativa, al considerar que vulnera derechos fundamentales y fomenta la discriminación, como ocurrió anteriormente con leyes similares en Rusia y Georgia. Un patrón regional Rusia aprobó en diciembre de 2022 una ley que prohíbe la “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales”, la pederastia y la reasignación de género en medios de comunicación, internet, publicidad, literatura y cine. Georgia, por su parte, adoptó una legislación similar en octubre de 2024. La ley georgiana contempla penas de hasta cuatro años de prisión por cirugías de reasignación de sexo y multas de hasta 4.000 laris (unos 1.500 dólares) por difundir “propaganda de relaciones homosexuales” en instituciones educativas, una medida que el Gobierno defendió como una forma de proteger “la familia y los niños”. Con la aprobación de esta ley, Kazajistán se suma a una tendencia regional que, según denuncian organizaciones de derechos humanos, supone un grave retroceso para la igualdad, la libertad de expresión y la dignidad de las personas LGTBIQ+. https://diversosmagazine.com


