Así fue el primer traslado carcelario por reconocimiento de identidad de género: recluso trans consiguió ir a una prisión para hombres
ATA - Sylvia Rivera • 21 de octubre de 2025
El caso de Jhon Alexander Rodríguez Cano, reubicado en una cárcel masculina, desencadenó cambios institucionales y la creación de un protocolo nacional para proteger a la población trans privada de la libertad.
El 12 de mayo de 2025, Jhon Alexander Rodríguez Cano se convirtió en el primer hombre trans en Colombia que logró un traslado carcelario fundamentado en el reconocimiento de su identidad de género.
Este hecho, conocido por la revista Cambio, marcó un hito en el sistema penitenciario colombiano y desencadenó reformas institucionales, además de abrir el debate sobre los derechos de la población trans en prisión.
El proceso que llevó a Rodríguez a este traslado comenzó con una petición escrita de su puño y letra dirigida al Juzgado 4 de Manizales. En ella, solicitó el cambio de establecimiento porque no se sentía conforme en la cárcel de mujeres, ya que se identifica plenamente como hombre.
Rodríguez, de 34 años, fue sentenciado en mayo a diez meses de prisión por tráfico de estupefacientes, tras ser capturado en flagrancia a principios de año en el sector de El Esquinazo, en la capital caldense.
Aunque su documento de identidad lo reconoce como hombre desde 2011 y la Registraduría Nacional actualizó su identificación hace más de tres años, el sistema penitenciario lo ubicó inicialmente en una cárcel de mujeres, siguiendo el criterio de genitalidad y no de identidad de género.
Durante los tres meses que permaneció en la cárcel de mujeres, Rodríguez manifestó su incomodidad y la incongruencia de su reclusión. En marzo, elevó una solicitud formal a la dirección del establecimiento y, posteriormente, el 7 de mayo, interpuso una tutela que fue atendida.
El Grupo de Asuntos Penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) accedió a su petición y autorizó el traslado a la cárcel de hombres de la misma ciudad.
Este movimiento, sin precedentes en Colombia, atrajo la atención de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y el Ministerio de Justicia, que reconocieron la necesidad de establecer reglas claras para la atención de la población trans en el sistema penitenciario.
La reacción institucional fue inmediata. Néstor Osuna, procurador delegado para los Derechos Humanos, destacó al diario nacional que el caso de Rodríguez representa un “precedente”, ya que “a la hora de asignar la cárcel, no se tiene en cuenta la identidad de género, ni lo que sienten las personas”.
Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, explicó que los traslados carcelarios suelen concederse por razones de arraigo familiar, seguridad o enfermedad, y que la identidad de género apenas comienza a ser considerada como un motivo legítimo.
La Defensoría del Pueblo, tras verificar las condiciones de Rodríguez, convocó una mesa interinstitucional para abordar los vacíos normativos, operativos y culturales que persisten en el sistema.
Entre las carencias detectadas, se destacó la falta de acceso a productos básicos como toallas higiénicas, un problema recurrente que ha motivado múltiples tutelas contra el Inpec.
El informe de la Defensoría, citado por Cambio, reveló que los funcionarios penitenciarios carecen de formación en enfoque de género, la asistencia psicosocial es inexistente y no se garantiza atención médica especializada, como ginecología o endocrinología, para la población trans.
Además, fuentes internas del penal señalaron que Rodríguez ha presentado conductas autolesivas y se encuentra aislado en un patio destinado a funcionarios públicos, debido al temor de que pueda ser víctima de violencia sexual o incluso de homicidio, riesgos que, según Osuna, son frecuentes para personas trans en cárceles de hombres.
La Superintendencia de Salud estima que la esperanza de vida de una persona trans en Colombia es de apenas 35 años.
El contexto de la población trans en las cárceles colombianas es especialmente adverso.
De acuerdo con datos del Inpec proporcionados a Cambio, en el sistema penitenciario hay 1.595 personas de la comunidad Lgbti+ y otras identidades de género y orientación, de las cuales 205 se identifican como personas trans.
Aunque representan una minoría frente a las más de 104.000 personas privadas de la libertad, expertos y activistas coinciden en que se trata del grupo más vulnerable.
Darla Cristina González, defensora de derechos de la red Diana Navarro Sanjuan, relató al diario nacional que “en la cárcel también nos cobran diariamente por transgredir la norma social de que los hombres y mujeres deben ser de cierta manera”.
González describió situaciones de violencia extrema, explotación sexual y falta de protección, agravadas por la imposibilidad de defenderse dentro del entorno carcelario.
La investigadora Valentina Villamarín Mor, autora de un informe reciente sobre la situación de la población trans en prisión para la Universidad del Rosario, concluyó que el rechazo, la estigmatización y la violencia son parte del día a día de estas personas.
“Constantemente son atacadas, acuchilladas, gritadas, y siempre las dejan de últimas en temas de alimentación y salud. Es más, los penales no atienden sus procesos de hormonización porque creen que es estético y no médico. Los otros internos e internas ni siquiera los dejan tener visita en los patios”, afirmó Villamarín Mor en diálogo con Cambio.
Un testimonio recogido en su investigación ilustra la gravedad de la situación: una persona trans relató haber sido agredida con cuchillos y palos, y verse obligada a modificar su apariencia para evitar ataques, a costa de su bienestar emocional.
El caso de Rodríguez ha impulsado la elaboración del primer protocolo nacional para la “garantía de derechos de mujeres y hombres trans, y personas no binarias privadas de la libertad”, según el borrador consultado por el diario.
Esta reforma, liderada por la Defensoría, la Procuraduría y el Ministerio de Justicia, propone que la asignación de establecimientos penitenciarios para personas trans ya no dependa de la genitalidad, sino de la voluntad expresa de la persona, recogida en un consentimiento informado y verificada por un juez.
Además, el protocolo establece que las personas trans serán nombradas y registradas por el nombre con el que se identifican, y que las parejas diversas tendrán derecho a visita íntima sin discriminación, en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales cisgénero.
El Inpec, por su parte, se comprometió a garantizar el acceso continuo a tratamientos hormonales prescritos y a facilitar la valoración médica especializada para quienes deseen iniciar dichos tratamientos.
Todo el personal penitenciario deberá recibir formación básica en diversidad sexual, enfoque diferencial y atención sin prejuicios, tanto en la formación inicial como en la capacitación permanente. La Escuela Penitenciaria Nacional incorporará estos contenidos en sus programas, con el objetivo de transformar la cultura institucional y reducir los riesgos para la población trans.
Desde la perspectiva de activistas y expertos, el principal desafío sigue siendo la seguridad y la dignidad de las personas trans privadas de la libertad. González considera que la solución debe comenzar desde la imposición de la medida de aseguramiento, priorizando la protección y el bienestar de la persona más allá de la clasificación por género.
Villamarín Mor, por su parte, ha documentado casos de mujeres trans que solicitaron cambios de pabellón dentro de la misma prisión, pero que terminaron pidiendo regresar tras enfrentar mayores niveles de acoso y violencia.
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Existe una guerra abierta que forma parte de la dichosa batallita cultural ejercida por la ultraderecha
Si hay una forma de matar a una persona que ya está muerta es haciendo desaparecer de la eternidad el nombre que la acompañó en vida. Cuando la tierra se traga el cuerpo, lo que queda es el eco del mismo a través de esa breve palabra que condensa toda una existencia. Cada vez que alguien pronuncia el nombre de una persona fallecida, da forma a su espíritu con la carne de la lengua. A Daniela Martínez Silveira, una chica trans que se suicidó en 2022 con tan solo 21 años, sus padres le han negado tanto una vida como una muerte dignas. El derecho mismo a la memoria.
Los derechos de las personas LGTBIQ+ atraviesan un momento contradictorio en Europa. Por un lado, nunca habían existido tantos países con leyes que reconocen la igualdad, protegen frente a la discriminación o permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por otro, el debate político y social se ha endurecido y en distintos lugares han aparecido movimientos que cuestionan algunos de estos avances. España ocupa, en términos generales, una posición avanzada dentro de Europa. El matrimonio igualitario, reconocido desde 2005, la legislación contra la discriminación y las normas más recientes en materia de derechos trans han ampliado el marco de protección. Pero tener derechos reconocidos sobre el papel no significa que todas las personas puedan ejercerlos en las mismas condiciones. La discriminación laboral, las agresiones, el acoso escolar o las dificultades que todavía encuentran personas trans forman parte de una realidad que continúa existiendo. En Europa las diferencias son aún mayores. Mientras países como España, Países Bajos, Bélgica o los países nórdicos cuentan con marcos legales relativamente amplios, otros Estados mantienen restricciones importantes. En algunos lugares, además, el debate sobre las leyes trans se ha convertido en uno de los principales campos de batalla cultural, en el que los derechos y la dignidad de las personas trans son utilizados como instrumentos de confrontación política e ideológica. Y ya no se trata de discrepancias sobre aspectos concretos de una legislación cuando lo que se pone en cuestión son la integridad y los derechos humanos de un colectivo. Convertir su existencia en una disputa deshumaniza, alimenta la polarización y perpetúa situaciones de vulnerabilidad. La situación obliga a mirar más allá de los grandes titulares. Los derechos LGTBIQ+ no son únicamente una cuestión de leyes nacionales: también están relacionados con la educación, el acceso a la sanidad, la vivienda, el empleo, la seguridad o la posibilidad de formar una familia. La fotografía europea, por tanto, no es la de un avance lineal. Hay conquistas que parecían consolidadas y que vuelven a discutirse, pero también una generación que ha crecido con derechos que sus padres y abuelos no tenían. Quizá la pregunta ya no sea solamente cuánto hemos avanzado, sino cómo conseguir que esos avances sean reales, cotidianos y duraderos. https://www.20minutos.es
Fiorella Sánchez, residente en Guadalajara, se ha convertido en la primera mujer trans extranjera en lograr el cambio de nombre y sexo en sus documentos de identidad en Castilla-La Mancha.
La mujer trans venezolana, de 35 años, murió en Marbella tras ser apuñalada por su pareja. La investigación comenzó abordando el crimen como un posible caso de violencia de género, pero finalmente recayó en la jurisdicción ordinaria porque Franyel seguía constando como sexo masculino.
Una residente de Las Vegas se ha hecho viral después de enfrentarse públicamente a una madre que llevaba una camiseta tránsfoba durante una reunión del consejo escolar local. La camiseta de Lorena Biassotti llevaba el mensaje «XX-XY», en referencia a los cromosomas sexuales. Los activistas antitrans sostienen que estos solo existen en esas dos formas (algo que no es cierto) y que deberían determinar el sexo de una persona. XX-XY Athletics es una marca de ropa que se opone al reconocimiento de las personas trans. Entre otras cosas, la marca se posiciona en contra de la participación de mujeres trans en el deporte femenino. Amanda Nuchols, residente de Las Vegas, se dirigió directamente a Biassotti durante la reunión. Según Nuchols, que una integrante del consejo escolar lleve esa camiseta transmite un mensaje perjudicial a los alumnos y alumnas trans y no binarios. «Los jóvenes trans y no binarios recurren a los miembros de los consejos escolares en busca de protección, estabilidad y respeto básico», afirmó Nuchols durante su intervención. En su opinión, es irresponsable que una integrante del consejo difunda un mensaje dirigido contra los jóvenes trans durante una reunión sobre educación y bienestar del alumnado. Biassotti forma parte desde 2024 del consejo escolar del Clark County School District, uno de los mayores distritos escolares de Estados Unidos. Anteriormente, estuvo vinculada a la sección local de Moms for Liberty, una organización conservadora que, entre otras cosas, se opone a la inclusión de cuestiones relacionadas con el colectivo LGBTQIA+ en la educación. Durante su campaña electoral, Biassotti defendió, entre otras medidas, retirar libros en los que aparecen personas LGBTQIA+. Biassotti ya había realizado anteriormente declaraciones polémicas sobre las personas trans. Durante una reunión celebrada en 2023, comparó ser trans con la pederastia. Posteriormente, se puso en marcha una petición en su contra por sus reiterados comentarios despectivos sobre el alumnado trans. En otra ocasión, Biassotti se refirió a las chicas trans como «chicos que fingen ser chicas». Después de la reunión, Biassotti defendió su vestimenta en las redes sociales. Escribió que la camiseta pretendía proteger a las mujeres y al deporte femenino. También calificó de «viles» y «repugnantes» a las personas que la criticaron. El enfrentamiento vuelve a poner de manifiesto hasta qué punto los derechos de las personas trans se han convertido en parte del debate político en torno a la educación en Estados Unidos. Los consejos escolares desempeñan un papel importante en este debate, ya que toman decisiones sobre políticas que afectan directamente al alumnado. https://www.out.tv/es_ES/noticias/miembro-del-consejo-escolar-en-el-punto-de-mira-por-una-camiseta-transfoba-con-el-mensaje-xx-xy
La persona sentenciada recurrió ante el Alto Tribunal al considerar que no podía responder por esos hechos porque "ya era una mujer y no un hombre".
Expertos de la ONU alertan que el nuevo código británico sobre servicios puede aumentar la discriminación y exclusión de personas trans y de género diverso.
La proliferación de mensajes en contra de las infancias trans en Puebla genera un discurso de miedo y rechazo que no debe normalizarse.
Jessica Núñez fue socorrida en la vía pública luego de que notaran que había sido herida de gravedad. Murió apenas fue ingresada en el Hospital Pasteur de Villa María.
