Karla Sáenz, una mujer transgénero venezolana de 26 años, relató su experiencia bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Afirmó que sufrió violencia, estigmatización, negligencia médica, agresiones verbales y negación de tratamiento, lo que impactó en su salud mental y física en el contexto de detención. Después de solicitar asilo, ICE la envió a una unidad masculina en el Centro de Detención de Eloy, Arizona.

Desde la entrada en vigor de una directriz federal durante la administración de Donald Trump en 2025, ICE debe ubicar a los detenidos trans en instalaciones correspondientes a su sexo asignado al nacer, y ya no según su identidad de género. Documentos de medios y de la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch y del colectivo migrante trans en Arizona Trans Queer Pueblo muestran que la norma ha incrementado la vulnerabilidad de las personas trans en custodia federal.

El 9 de marzo, funcionarios federales detuvieron a Sáenz durante una cita rutinaria y la trasladaron al centro de Eloy. Aunque pidió alojamiento con mujeres, ICE la envió a una unidad masculina. Sáenz declaró ante Copper Courier y azcentral.com: “Los guardias hicieron mi vida un infierno”. Y agregó: “Se esmeraban en llamarme ‘hombre’ tantas veces como fuera posible para humillarme”. Durante su encierro, Sáenz no accedió a su terapia hormonal durante un mes y recibió medicación ansiolítica sin requerimiento médico, situación que le provocó confusión mental. ICE no respondió a las preguntas sobre estas denuncias ni respecto a los motivos de su detención, según reportaron azcentral.com y The Advocate.

Karla Sáenz emigró desde Venezuela hace dos años en busca de protección y mejores condiciones de vida. Eligió Arizona por la presencia de Trans Queer Pueblo, donde trabajó como activista y organizadora. Ya había pasado por otra detención en Texas, también en una unidad masculina, antes de quedar en libertad y retomar su trámite migratorio en Arizona. En Eloy, Sáenz aprovechó su experiencia organizativa para informar a otros detenidos sobre sus derechos y ofrecer charlas sobre la historia transgénero, relató la vocera de Trans Queer Pueblo Sonix Flores en entrevistas recogidas por azcentral.com.

El Centro de Detención de Eloy, en Arizona, afronta demandas por condiciones y trato presentadas por Sáenz y por organizaciones como la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch. Investigaciones de The Advocate y Copper Courier indicaron que Sáenz no pudo ducharse durante una semana porque los guardias temían por su seguridad ante posibles abusos de otros detenidos. ICE reconoció que no dispone de la infraestructura necesaria para garantizar la seguridad de las personas trans en sus instalaciones, según declaraciones de Sáenz y la corroboración de activistas. Las políticas actuales exigen que los detenidos trans sean ubicados según su sexo asignado al nacer, lo que, de acuerdo con Human Rights Watch, eleva los riesgos de violencia sexual, denegación de atención médica y aislamiento.

La directriz vigente desde enero de 2025 deriva de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, titulada Defensa de las mujeres frente al extremismo de la ideología de género y restablecimiento de la verdad biológica en el gobierno federal. La orden establece que las personas bajo custodia federal, incluidas las detenidas por ICE, deben ser ubicadas en instalaciones según su sexo asignado al nacer y no según su identidad de género, tal como reporta el think tank independiente en justicia criminal Vera Institute y en declaraciones de Yasemin Smallens, investigadora de la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch.

La administración justificó el cambio por motivos de protección de las mujeres y niñas en instalaciones federales, citando preocupaciones de seguridad y denuncias de abuso, de acuerdo con el informe del Vera Institute. Anteriormente, el Memorando sobre la atención a personas transgénero de 2015 recomendaba evaluaciones individuales para definir la ubicación y el tratamiento de personas trans. Ese memorando, de todos modos, presentaba vacíos y carecía de mecanismos eficaces de aplicación, explicó Smallens a azcentral.com. Incluso antes de la orden ejecutiva, la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch documentó que ICE frecuentemente ubicaba a mujeres trans en unidades masculinas, contraviniendo sus propias recomendaciones.

Organizaciones como la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch, el colectivo migrante trans en Arizona Trans Queer Pueblo y el think tank independiente en justicia criminal Vera Institute coinciden en que la situación de las personas trans en centros de ICE constituye un problema sistemático. El centro de estudios progresista Center for American Progress y la organización de defensa civil histórica American Civil Liberties Union informan que las personas trans enfrentan tasas más altas de abuso sexual, negación de tratamientos médicos y confinamiento en solitario, factores que incrementan su vulnerabilidad.

Además, la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch concluyó que la política federal hace que la ubicación de mujeres trans en unidades masculinas sea una pauta establecida en lugar de la excepción. “No existe una forma segura y humana de detener a personas transgénero”, afirmó Isa Noyola del Transgender Law Center a The American Prospect.

Una jueza federal ordenó la liberación de Sáenz tras un mes en Eloy. Señaló en el expediente judicial que la detención carecía de fundamento legal al no haberse cumplido con los procedimientos exigidos por la ley migratoria. El caso de Sáenz fue retomado por organizaciones y medios estadounidenses que demandan cambios en las políticas de detención de personas trans.

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