El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite este martes el recurso del Gobierno a las modificaciones de la Ley trans valenciana promovidas por el PP y Vox. Además, el organismo ha suspendido la vigencia y aplicación de varios artículos de la norma aprobada por las derechas (los 127, 129, 136, 139 y 140) desde la fecha en la que el Ejecutivo central recurrió, el 26 de febrero de este año. Para cerrar el apoyo de Vox a los presupuestos regionales de 2025, el PP valenciano aprobó una ley de acompañamiento a los mismos en la que abría la puerta a la realización de falsas terapias de conversión para personas LGTBI+; prohibía a los centros educativos abordar la diversidad sexual y de género; y otorgaba a los padres de adolescentes menores de edad potestad para bloquear el cambio de género de sus hijos. “Los derechos LGTBI+ se han utilizado [en Valencia] como moneda de cambio para alcanzar acuerdos presupuestarios, algo inmoral, injusto e inconstitucional”, dijo la ministra de Igualdad, Ana Redondo, cuando se anunció el recurso al Constitucional.

En su escrito, el Gobierno denuncia que PP y Vox introducían modificaciones y suprimían disposiciones de la Ley trans autonómica ―la 8/2017, para el reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana―, que vulneraban “la competencia atribuida al Estado de regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”. Es decir, que apelaba al artículo 149 de la Constitución, y también a los artículos 10, 14, 15 y 18.

Además, el Ejecutivo de Pedro Sánchez mencionaba que varios artículos de la nueva ley valenciana, que matizaban la prohibición de las falsas terapias de conversión, también cuestionan derechos fundamentales. En la elaboración del recurso gubernamental, liderado por los ministerios de Igualdad y de Política Territorial y Memoria Democrática, participaron también desde Sanidad, Juventud e Infancia, y Educación, Formación Profesional y Deportes. “Se vulneran derechos de las personas menores de edad a participar en decisiones que les afectan, patologizan a las personas trans y contravienen obligaciones previstas por la regulación estatal en materia educativa”, resume el escrito del Ejecutivo.

En septiembre del año pasado, el pleno del Constitucional ya había admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo contra algunos cambios de PP y Vox a la Ley trans valenciana.