Bogotá vive un inicio de año marcado por la violencia hacia las personas trans
ATA - Sylvia Rivera • 3 de febrero de 2026
En enero han sido asesinadas al menos una decena de mujeres trans. Este fin de semana fue atacada una de sus líderes
Este fin de semana la lideresa trans Danne Belmont, directora de Fundación GAAT (Grupo Acción y Apoyo Trans) y su pareja fueron víctimas de violencia a manos de un conductor de la plataforma de transporte Uber, según han denunciado diversas entidades del sector. Las agresiones del conductor y luego de terceros desconocidos en contra de una de las activistas trans más reconocidas de la capital ponen, de nuevo, el reflector sobre la permanente desprotección que vive la población LGBTIQ+ en Colombia. De manera particular, la que viven las personas trans. De acuerdo con el Observatorio de Caribe Afirmativo, en el primer mes de este año se han registrado ocho asesinatos de personas trans.
Entidades como el Ministerio de Igualdad y la Defensoría del Pueblo rechazaron lo ocurrido y exigieron justicia y celeridad en la investigación. “Este hecho refleja, una vez más, la violencia estructural y las múltiples formas de discriminación y exclusión que enfrentan en Colombia las personas con identidades de género no hegemónicas”, trinó la institución encargada de la defensa de los derechos humanos. Aun así, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, señala que ninguna de las acciones gubernamentales está siendo eficaz para atender las violencias, mucho menos para prevenirlas.
Aunque no hay mayores detalles de la agresión, Castañeda afirmó que, además, Belmont —una voz muy importante contra las mal llamadas terapias de conversión— tuvo que soportar la negligencia en la atención sanitaria, un común denominador contra esta población. “La demora y la no activación de una ruta de atención del sistema hospitalario pusieron en mayor riesgo su vida. Una ruta clara en materia de salud sigue siendo un pendiente”, explico a EL PAÍS.
El mismo reclamo de medidas eficaces de protección lo han hecho otras activistas trans como Valeria Bonilla, excandidata al Concejo de Bogotá, quien insistentemente ha expuesto una seguidilla de asesinatos y amenazas contra mujeres trans en el barrio Santa Fe, en el centro de la ciudad. La congresista María Fernanda Carrascal se ha sumado a las denuncias y ha añadido que muchas de estas tretas las encabezan peligrosos grupos criminales que ejercen control territorial en este barrio de la capital.
Castañeda subraya otra preocupación: el estigma. Para él, esta es otra deuda urgente por saldar, pues sostiene que no se ha trabajado en hacer pedagogía ciudadana para contrarrestar los discursos de odio y prejuicios que están bastante instalados en la sociedad y motivan la violencia transfóbica. El ejemplo más reciente es el de Danne, pero el país sigue sin olvidar el cruento asesinato de Sara Millerey hace un año. “Estamos encontrando que los lugares de ocurrencia de los crímenes, como el barrio Santa Fe en Bogotá, o el centro de ciudades como Medellín y Cali, son lugares donde hay una altísima concentración de estigma hacia las mujeres trans que hacen uso del espacio público en ejercicio de trabajo sexual. No encontramos una acción de los gobiernos locales para prevenir esos niveles de discriminación”, reflexiona Castañeda.
El movimiento LGBTIQ+ viene luchando hace varios años por la aprobación de una Ley Integral Trans. En 2025, el proyecto de ley fue aprobado en primer debate a pocas horas del cierre del periodo legislativo. Para convertirse en ley, ahora debe superar tres deberes adicionales en un Congreso que está enfocado en las elecciones y al que solo le quedan cinco meses de período. Por ahora, ese sigue siendo uno de los pocos faros de esperanza para que la violencia en su contra cese.
En la promoción de un documental, lanzado en agosto del año pasado, en el que cuentan su historia Danne y otros sobrevivientes a los esfuerzos de modificar su identidad de género o su orientación sexual, la activista, como si vaticinara su futuro, dijo: “Los discursos de odio y de desinformación nos ponen en riesgo”. Pero, una vez más, Danne sigue siendo una sobreviviente.
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Noticias
La comisión de Igualdad ha votado en contra de un ‘cupo trans’ en el empleo público. Se trata de una propuesta de Podemos, consistente en un 1% de plazas reservadas para personas trans, y cuya votación ha resultado en 17 votos en contra, 12 abstenciones y 6 votos a favor. Este tipo de medidas tienden a estar rodeadas de polémica y todo tipo de reacciones. Aunque sería algo novedoso a nivel estatal, cabe destacar que, en la comunidad autónoma de Aragón, la Ley 4/2018 de Identidad y Expresión de Género establece un cupo «no inferior al uno por ciento de las vacantes [en ofertas de empleo público] para ser cubiertas por personas transexuales». Las tasas de desempleo en el colectivo trans se sitúan, según el Ministerio de Igualdad, en torno al 46,5%. En 2026, la tasa de paro en España en la población general se sitúa en el 10,83%. Si hablamos de personas trans mayores de 45 años, esta cifra llega al 80%. Por tanto, la situación laboral del colectivo trans es vulnerable y un cupo laboral trans permitiría a muchas personas acceder a un trabajo estable. Siendo la inestabilidad otro de los problemas que atañen al colectivo, ya que un 41,7% de hombres trans y 33,4 de mujeres trans trabajan solo unos meses al año. Según datos del Informe Estado LGTBI+ 2025. Poder acceder a una oferta de empleo público con un cupo reservado implicaría que muchas personas trans tuviesen oportunidades para acceder a trabajos, paliándose así algunos de los efectos de la transfobia en los espacios laborales y estas cifras de desempleo. Sin olvidar, por supuesto, que para poder obtener una plaza de funcionariado en una OPE es necesario aprobar. Otra de las ventajas de esta medida reside en paliar una de las brechas principales que atañen a la posibilidad de las personas trans de conseguir un empleo. Y es que los procesos de selección se convierten en uno de los principales obstáculos para el colectivo. Aunque las vivencias varían dependiendo de cómo de normativa es la persona trans y de otras variables como el género, los datos del Observatorio Andaluz LGBT indican que el 55% de personas trans ha sido rechazada en procesos de selección. A pesar de que esta medida pueda parecer excesiva, si se comparan las tasas de paro del colectivo trans con otro tipo de colectivos vulnerables, hay una justificación estadística. Por ejemplo, la tasa de paro de personas con discapacidad es del 18,5%. Por tanto, aunque se trata de situaciones diferentes y cada una requiere unas acciones concretas en el ámbito laboral, podría justificarse esta medida a nivel de cantidad de personas afectadas. Además, a nivel práctico, se trata de un porcentaje muy reducido de plazas (tan solo el 1%), cantidad que no interfiere con la oferta regular de plazas públicas. No obstante, para un colectivo con tal tasa de desempleo y, además, con porcentaje reducido de personas con respecto a la población general, sería un beneficio significativo. Esta medida lleva aplicándose en la comunidad autónoma de Aragón durante los últimos años y no ha habido incidencias significativas que hayan trascendido. Lo cual puede indicar que, lejos de lo que pueda parecer, no tiene por qué ser una medida problemática y sí una acción positiva. https://www.revistasix.es
María Marín lleva por primera vez a una tribuna los testimonios directos de personas trans que sufrieron la discriminación desde su infancia; José Luis Álvarez-Castellanos destaca el incremento de los delitos de odio en la comunidad motivados por “discriminación por orientación sexual e identidad de género”
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La decisión judicial se suma al fallo que otra jueza de Washington dictó en 2025, que concluía que la orden ejecutiva del Gobierno de EEUU vulneraba derechos constitucionales.
