Entidades como el Ministerio de Igualdad y la Defensoría del Pueblo rechazaron lo ocurrido y exigieron justicia y celeridad en la investigación. “Este hecho refleja, una vez más, la violencia estructural y las múltiples formas de discriminación y exclusión que enfrentan en Colombia las personas con identidades de género no hegemónicas”, trinó la institución encargada de la defensa de los derechos humanos. Aun así, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, señala que ninguna de las acciones gubernamentales está siendo eficaz para atender las violencias, mucho menos para prevenirlas.

Aunque no hay mayores detalles de la agresión, Castañeda afirmó que, además, Belmont —una voz muy importante contra las mal llamadas terapias de conversión— tuvo que soportar la negligencia en la atención sanitaria, un común denominador contra esta población. “La demora y la no activación de una ruta de atención del sistema hospitalario pusieron en mayor riesgo su vida. Una ruta clara en materia de salud sigue siendo un pendiente”, explico a EL PAÍS.

El mismo reclamo de medidas eficaces de protección lo han hecho otras activistas trans como Valeria Bonilla, excandidata al Concejo de Bogotá, quien insistentemente ha expuesto una seguidilla de asesinatos y amenazas contra mujeres trans en el barrio Santa Fe, en el centro de la ciudad. La congresista María Fernanda Carrascal se ha sumado a las denuncias y ha añadido que muchas de estas tretas las encabezan peligrosos grupos criminales que ejercen control territorial en este barrio de la capital.

Castañeda subraya otra preocupación: el estigma. Para él, esta es otra deuda urgente por saldar, pues sostiene que no se ha trabajado en hacer pedagogía ciudadana para contrarrestar los discursos de odio y prejuicios que están bastante instalados en la sociedad y motivan la violencia transfóbica. El ejemplo más reciente es el de Danne, pero el país sigue sin olvidar el cruento asesinato de Sara Millerey hace un año. “Estamos encontrando que los lugares de ocurrencia de los crímenes, como el barrio Santa Fe en Bogotá, o el centro de ciudades como Medellín y Cali, son lugares donde hay una altísima concentración de estigma hacia las mujeres trans que hacen uso del espacio público en ejercicio de trabajo sexual. No encontramos una acción de los gobiernos locales para prevenir esos niveles de discriminación”, reflexiona Castañeda.

El movimiento LGBTIQ+ viene luchando hace varios años por la aprobación de una Ley Integral Trans. En 2025, el proyecto de ley fue aprobado en primer debate a pocas horas del cierre del periodo legislativo. Para convertirse en ley, ahora debe superar tres deberes adicionales en un Congreso que está enfocado en las elecciones y al que solo le quedan cinco meses de período. Por ahora, ese sigue siendo uno de los pocos faros de esperanza para que la violencia en su contra cese.

En la promoción de un documental, lanzado en agosto del año pasado, en el que cuentan su historia Danne y otros sobrevivientes a los esfuerzos de modificar su identidad de género o su orientación sexual, la activista, como si vaticinara su futuro, dijo: “Los discursos de odio y de desinformación nos ponen en riesgo”. Pero, una vez más, Danne sigue siendo una sobreviviente.

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