Un año de la Ley Trans: “Hay mucho estigma, pero al final somos personas normales haciendo cosas normales
ATA-Sylvia Rivera • 29 de febrero de 2024
Se cumple el primer aniversario de la entrada en vigor de la norma que tensionó al Gobierno de coalición, abrió una brecha en el movimiento feminista y permitió a las personas trans ser reconocidas oficialmente según su identidad sin tener que atravesar requisitos médicos, algo que hacen solo 16 países en el mundo
Azahara Ortiz antes de salir al campo de fútbol a entrenar con su equipo Puerto de Vallekas, en Madrid
Azahara Ortiz se calza las botas y pisa el campo con firmeza, como si llevara media vida esperando a hacerlo. Hacen falta ganas para empezar el entrenamiento de fútbol ya entrada la noche, en un frío día de febrero pasado por agua. Llueve en el barrio de Vallecas, al sur de Madrid, pero eso no frena a Azahara y sus compañeras. “¡Vamos chicas, a correr para calentar!”, les animan los entrenadores dando palmas. Como cada martes y jueves, el equipo femenino Puerto de Vallekas practica jugadas, regates y tiros a puerta de cara al próximo partido y repasa lo que puede mejorar del anterior. Ese fue el primero en el que Azahara no se quedó en el banquillo.
La joven, natural de la ciudad de Algeciras, en Cádiz, jugó como una más aquel partido por primera vez desde que llegó al equipo. Hasta ahora solo participaba en los entrenamientos porque no podía competir al no estar federada. No podía porque aún no había cambiado el sexo masculino que figuraba en su Documento Nacional de Identidad (DNI) por el que siempre ha sentido que le corresponde: el de mujer. Con 29 años recién cumplidos, Azahara por fin se reconoce en el trozo de plástico que cuenta quién es. Un trámite clave para muchas personas trans, que ahora ya no están obligadas a declararse enfermas para que el Estado español admita oficialmente su sexo legal.
Así lo consagró la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como la Ley Trans, que fue sancionada por el Rey el 28 de febrero de hace un año y solo unos días después entró en vigor. Aunque la norma despliega un amplio abanico de medidas, todos los ojos están puestos en la autodeterminación de género, una demanda histórica de la comunidad trans.
El texto ha convertido a España en uno de los 16 países del mundo que cuentan con un proceso de reconocimiento legal del género basado en este principio. Son Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, Islandia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Irlanda, Bélgica, Suiza, Portugal, Malta, Luxemburgo y Nueva Zelanda. Esto significa que en estos lugares las personas trans pueden modificar sus documentos oficiales sin cumplir con los requisitos médicos que suelen pedir la mayoría de Estados: desde someterse a intervenciones quirúrgicas, hormonales o de esterilización hasta cumplir con pruebas o diagnósticos psiquiátricos.
Desde 2007 ya había una ley en España que permitía la modificación del sexo legal en los documentos, pero esta exigía unas condiciones médicas consideradas “patologizantes” por las organizaciones LGTBI y de derechos humanos: la persona debía contar con un informe psiquiátrico que les diagnosticara disforia de género y haberse sometido a un mínimo de dos años de hormonación. La nueva norma, por el contrario, elimina estos requisitos y permite el cambio en base únicamente “a la voluntad libremente manifestada” de la persona.
"Cuando salió la ley fue un alivio. Yo tenía claro desde el principio que tenía que ir y pensé que mejor lo antes posible porque no sabíamos si iba a estar mucho tiempo".
Azahara Ortiz
Aunque a día de hoy Azahara ya cumpliría estas condiciones, no lo hacía cuando la Ley Trans fue una realidad. Por eso, con el nombre ya cambiado gracias a una instrucción de 2018 del Ministerio de Justicia, dejó pasar un par de días e hizo lo propio con el sexo legal. La solicitud debe tramitarse ante el Registro Civil, que cita a la persona a dos comparecencias separadas por tres meses en las que muestre su “disconformidad” con el género asignado al nacer. “Cuando salió la ley fue un alivio. Yo tenía claro desde el principio que tenía que ir y pensé que mejor lo antes posible porque no sabíamos si iba a estar mucho tiempo. La verdad es que tuve mucha suerte y en julio ya tenía la documentación en regla”, explica la joven.
En ese momento, y aunque para federarse ha tenido que esperar a la temporada actual, ya llevaba algunos meses entrenando con Puerto de Vallekas. “Casualidades de la vida, la Ley Trans entró en vigor el 3 de marzo de 2023 y justo ese día fue el primero que empecé con el equipo”,
dice orgullosa. “Me dijeron que no había problema en que no pudiera jugar los partidos y que había otras dos chicas trans, así que yo, que nunca he estado en un equipo de nada, me decidí a venir. El primer día iba con un poco de miedo al pensar 'yo no soy alguien que tenga que estar aquí', pero la acogida de ellas fue tremenda”, recuerda sobre sus compañeras.
La ley que parecía que no sería
191 votos a favor, 60 en contra y 61 abstenciones. Es el resultado de la votación con la que el Congreso de los Diputados dio luz verde a la conocida popularmente como Ley Trans. Aquella no fue una sesión cualquiera. La norma llegaba a su último escalón dejando tras de sí una fractura sin precedentes en el movimiento feminista y en el Gobierno de coalición. El meollo fue precisamente la libre determinación de género, que para un sector del feminismo y algunas voces dentro del PSOE, que también se partió en dos, limita y pone en peligro los derechos de las mujeres cis –que no son trans–.
“Hubo varios momentos en los que la ley estuvo en peligro y pensamos que no saldría”, resume la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+ Uge Sangil. El papel de los colectivos, que prácticamente funcionaron de mediadores entre las dos alas del Gobierno, fue clave para desbloquear la norma. Finalmente, la versión legislativa que defendía el Ministerio de Igualdad de Irene Montero (Podemos), acabó imponiéndose. Hoy el balance es positivo: “Ha ampliado derechos, no solo a las personas trans, a todo el colectivo LGTBI+. Si hablamos de la rectificación legal, es un paso de gigante para reconocer a las personas tal y como son y nos sitúa a la cabeza a nivel internacional”.
Así lo destaca la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), que señala “una mejora significativa” de la posición de España en su ranking de derechos LGTBI –en 2023 escaló seis puestos hasta el cuarto lugar– gracias “a las amplias protecciones” para el colectivo de la nueva legislación, esgrime Cianan Russell, portavoz de ILGA-Europa. Organismos internacionales como el Consejo de Europa o la Comisión Europea llevan tiempo reclamando procesos basados en la autodeterminación y la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó en 2018 de considerar la transexualidad una enfermedad, pero el conflicto no se ha cerrado y tiene ecos a nivel global.
La disputa ha llegado incluso a Naciones Unidas, donde los distintos expertos independientes muestran posiciones contrarias. Contra la ley española se ha posicionado la relatora especial de la ONU para la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, que tras su aprobación afirmó: “Los países deben reflexionar sobre si alguien con un sexo biológico masculino, una vez adquirido su certificado de género femenino, debe poder acceder a todos los programas y categorías pensados para mujeres biológicas”. Por contra, otros nueve expertos firmaron una carta en la que aseguraban que la Ley Trans “elimina obstáculos arbitrarios, humillantes y dañinos para la persona humana”.
Lucía Sobral recuerda el día que inició el trámite como una jornada "de burocracia", pero señala como importante el momento en el que tuvo el DNI en sus manos: "Pone Lucía Sobral, mujer y lleva una foto con la que estoy cómoda".
El conflicto no fue solo un debate de ideas, o no en todos los casos. Había quien tenía dudas sobre la norma y echó en falta más pedagogía para explicarla, pero las propias personas trans han visto también cómo su identidad era puesta en duda de forma virulenta, muy especialmente en redes sociales: “Yo en la vida real no he tenido ninguna situación violenta hasta el momento, esperemos que siga así, pero al final sufres violencia en redes. Me ha pasado de poner tuits que no tienen nada que ver con el tema y venga gente a insultarme por ser trans. Eso afecta, evidentemente”, esgrime Azahara.
Más allá de su caso particular, la joven celebra que la Ley Trans “acoja la diversidad” del colectivo. “No todo el mundo tiene la misma realidad, yo sí estoy en tratamiento hormonal porque así lo he decidido, pero hay gente que no quiere pasar por eso y no hace que sean menos válida o menos persona trans. Al final, yo supe por mi cuenta que era una persona trans, nadie me lo tuvo que decir. Es algo que sabes, puedes tener dudas, puedes tener que reflexionarlo mucho y explorarte, pero es algo que solo vas a saber tú y nadie externo puede decirte si lo eres o no”.
Comparte su opinión Lucía Sobral, que ha intentado “mantenerse al margen” de lo que define como “una ola de odio” a las personas que son como ella silenciando en X (antes Twitter) “todas las palabras relacionadas”. Hace un año su fotografía apareció en varios medios de comunicación: la Ley Trans acababa de entrar en vigor y esta estudiante canaria era la primera persona en pedir el cambio de sexo legal en Madrid. Aquello lo recuerda ahora como “un día de burocracia, nada más, como si me fuera a cambiar el padrón” y como parte de un proceso más amplio de cambio de todos sus documentos que le ha llevado tres años. El momento que sí señala como importante fue en agosto de 2023, cuando por fin pudo tener su DNI: “Pone Lucía Sobral, mujer, y lleva una foto con la que estoy cómoda”.
El juez que frena los fraudes
Aunque aún no hay datos oficiales sobre cuántos cambios de sexo legal se han hecho en España un año después de la aprobación de la ley, los procedimientos han transcurrido, en general, con normalidad. Algunas personas se enfrentan a “retrasos” en los trámites debido al colapso de las oficinas de los registros civiles, pero “no ha habido una avalancha de hombres cambiándose el sexo para entrar en espacios de mujeres, y sí personas trans que han ejercido su derecho”, esgrime Sangil sobre la alerta que hacen algunos sectores feministas. “Los casos que han trascendido mediáticamente no demuestran que la ley tiene fallos, sino que hay quienes la utilizan para ponerla en duda”.
El juez Matías Martínez, que ha denegado seis peticiones por fraude, asegura que algunos le han confesado que "directamente no se sienten mujeres" y otros traen el discurso "más construido", pero "a nada que preguntes, se les cae".
Sí ha habido algunos hombres que han pretendido hacer un uso de la Ley Trans contrario a su objetivo, como el sargento que buscaba un ascenso militar, y también jueces que han bloqueado peticiones por atisbar fraude de ley. Es el caso de Matías Martínez, magistrado de Bartolomé de Tirajana, un municipio al sur de Gran Canaria, que desde la entrada en vigor de la norma ha frenado seis peticiones de rectificación registral al apreciar “intenciones espurias” de los solicitantes: “Los solicitantes que incurren en fraude hacen sus peticiones en otros registros porque saben que yo se lo voy a denegar”, asegura.
Para este juez, el fraude de hombres que buscan beneficiarse de medidas de discriminación positiva que existen para garantizar la igualdad “es evidente” y lo identifica “teniendo en cuenta un conjunto de elementos” que le llevan a valorar “si el sentimiento es real o no”. Con algunos el proceso es muy breve. Directamente le confiesan que “no se sienten mujeres”, otros traen un discurso “un poco más construido”, pero “a nada que uno pregunte un poco, se les cae”. Martínez recela de quienes mantienen un nombre masculino, aunque esto no le basta para denegar el cambio, tampoco se fija en el físico de la persona y cuenta con una batería de preguntas que “de forma inexorable” le permiten llegar a la conclusión “analizando caso por caso y respetando siempre la dignidad de la persona”.
Compañeros de profesión le piden que comparta las cuestiones que pone sobre la mesa en las comparecencias y aunque Martínez atiende sus dudas, cree que el redactado de pautas le corresponde a las instituciones, en concreto al Ministerio de Justicia. El juez considera que “estaba clarísimo” que la norma “iba a traer consecuencias como estas”, pero la valora positivamente. Cree que los requisitos médicos que se exigían antes “eran una injerencia” en la vida de las personas trans, pero piensa que los magistrados deben contar con más mecanismos para identificar el fraude “al igual que hay unos criterios claros con otros temas como pueden ser los matrimonios de conveniencia”, ejemplifica.
El camino por recorrer
Al igual que Azahara y Lucía, Edel Granda tampoco tardó mucho en acudir al Registro Civil Único de Madrid a solicitar el cambio “por miedo a que la norma fuera eliminada por la ultraderecha”. El riesgo de que el Partido Popular y Vox gobernaran España tras las elecciones de junio hizo temer a las personas LGTBI que la ley podía ser derogada, algo que prometieron ambos partidos, pero finalmente el Gobierno de coalición se reeditó. El texto sigue en vigor y la amenaza ha mermado, pero no se ha diluido por completo pues la derecha continúa poniéndola en la diana y cargando contra todo lo que suene a derechos LGTBI.
Aún deben desplegarse políticas activas para el empleo y desarrollar los reglamentos oportunos, como el destinado a las oficinas de extranjería o para que las entidades LGTBI conozcan el régimen sancionador de la ley
Mar Cambrollé — Presidenta de la Federación Plataforma Trans
Aunque Edel buscaba la tranquilidad de tener la documentación cambiada, al mismo tiempo la modificación le hizo sentir un punto de rabia al verse invisibilizado como chico trans. “He luchado en espacios precisamente porque soy trans y no tengo los mismos privilegios que un hombre cis”, acentúa este investigador de 28 años. Su principal motivación fue “evitar situaciones incómodas en el médico o en la administración porque constaba como mujer”, por ejemplo, en la universidad, donde aparecía como profesora o investigadora. Sin embargo, tiene miedo a que figurar con sexo masculino acabe pisoteando su derecho a la salud, algo que ya le ha pasado con algún profesional de ginecología, que le ha llegado a decir que “si me identificaba como hombre no tenía sentido que estuviera allí”.
Las organizaciones LGTBI y trans saben que aún queda camino por recorrer. Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, cree que el nuevo modelo “ha devuelto la dignidad” a las personas trans, pero reconoce que el Ministerio de Igualdad, encabezado ahora por la socialista Ana Redondo, tiene trabajo por delante: aún deben desplegarse políticas activas para el empleo y desarrollar los reglamentos oportunos, como el destinado a las oficinas de extranjería o para que las entidades LGTBI conozcan el régimen sancionador de la ley, enumera.
Cambrollé considera clave que ahora el texto “se implemente de manera efectiva” y reclama que, lejos de dar pasos atrás, se amplíe con las cuestiones que para los colectivos LGTBI quedaron pendientes: Plataforma Trans es uno de los grupos que demanda el reconocimiento de las personas no binarias y el acceso de menores trans por debajo de los 12 años al proceso de rectificación registral.
Tras el debate, la realidad
Detrás de los procesos administrativos, la documentación, la burocracia o los debates sobre las normas, hay personas que, con trayectorias vitales diferentes, solo buscan ser reconocidas tal y como son en una sociedad que ha hablado mucho de ellas pero pocas veces se ha acercado a conocerlas. Así lo siente Azahara, que ha encontrado un “espacio seguro” en Puerto de Vallekas, un equipo autogestionado que no solo juega al fútbol, también teje alianzas con otros colectivos sociales del barrio. “Es complicado. A las personas trans nos han metido el temor de que no podemos jugar con normalidad o vamos a destacar y al final, en realidad, yo soy una jugadora de rotación en una liga provincial, estoy aquí para pasar el rato”.
La joven define su proceso de aceptación como mujer trans como un periodo “muy largo”. Al principio, en la adolescencia, “no tenía claro lo que pasaba” y cuando empezó a entenderlo, comenzó entonces el “bloqueo”. “Lo sabía pero pensaba que no era algo posible, siempre decía que lo haría 'de mayor', ese era mi anhelo, y en realidad ha sido un poco así. Cuando decidí dar el paso y vivir públicamente como Azahara había pasado la mitad de mi vida sabiéndolo”, esgrime la gaditana, que cree que “la posibilidad de tener referentes” le hubiera ahorrado una buena dosis de sufrimiento.
He estado en grupos trans y estoy en un equipo de baloncesto trans y lo que siempre me imagino es que desde fuera lo que se ve es gente pasándoselo bien como cualquier otra.
Azahara Ortiz
Ahora, orgullosa de quien es, pelea por que el resto de la sociedad “entienda” las realidades trans. “He estado en grupos trans y estoy en un equipo de baloncesto trans y lo que siempre me imagino es que desde fuera lo que se ve es gente pasándoselo bien como cualquier otra. Esa es la normalidad que creo que hay que transmitir porque hay mucho estigma, pero al final somos personas normales haciendo cosas normales, personas que, como cualquier otra, hacemos nuestra vida, tenemos nuestras aficiones, nuestros trabajos, hacemos deporte o tocamos un instrumento y por una circunstancia de la vida hemos terminado no identificándonos con el género asignado al nacer”, reflexiona.
Ese derecho a ser es algo que también reivindica Lucía. La estudiante suspira pensando en el cansancio acumulado de los trámites de los últimos años, que por fin le han llevado a ser reconocida oficialmente por el Estado: “Me siento ciudadana, tengo todos los papeles en orden y siento que puedo ser algo más que trans. Tener una vida tranquila y ser anodina y aburrida”, concluye.
FUENTE: https://www.eldiario.es/sociedad/ano-ley-trans-hay-estigma-final-personas-normales-haciendo-cosas-normales_1_10949499.html?s=08
Noticias
La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a seis meses de prisión y al pago de una indemnización de 2.000 euros a una mujer por insultar, amenazar y agredir durante meses a la que era la pareja sentimental de su hija por su identidad, persona trans, a la que llegó a definir como "feto mal hecho" o "demonio". La sentencia la considera responsable de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios. Además de la pena de cárcel, le impone el pago de una multa de 1.100 euros, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre durante el plazo de tres años y medio y la prohibición de aproximarse a menos de 250 metros a dicha persona o comunicarse con ella por un periodo de dos años. Asimismo, la condena por un delito de amenazas al pago de 360 euros, que se unen a los 2.000 que deberá abonar por responsabilidad civil en concepto de daño moral. Se le concede el beneficio de la suspensión de la pena de cárcel por dos años condicionada a que no vuelva a delinquir durante el plazo de suspensión fijado y a que abone la responsabilidad civil, así como a la realización de un programa formativo en materia de igualdad de trato y no discriminación. Se considera probado que la acusada, entre el año 2021 y marzo de 2023, actuando con ánimo intimidatorio y con el deliberado propósito de menoscabar la integridad moral ajena motivada por la identidad, persona trans, de la pareja sentimental de su hija, se dirigió a él a través de llamadas telefónicas, de forma reiterada, en las que lo insultaba y lo amenazaba. Asimismo en una ocasión, la acusada, actuando con ánimo de menoscabar la integridad física ajena y con el mismo propósito discriminatorio anterior, tras proferirle de nuevo insultos y amenazas, le propinó una bofetada en la cara. Los insultos y calificativos peyorativos también se los realizó a la madre de esta persona. Según la sentencia, la acusada utilizaba todos los términos para referirse a la pareja de su hija con carácter peyorativo por razón de su identidad sexual o de género, siendo ese sentimiento de rechazo el que le impulsó a protagonizar episodios de manera sistemática y continuada de dirigirse con burla y despectivamente a la víctima. El fallo judicial señala que la extensión temporal de esta manera de proceder hirió a la víctima "en el amor propio, menoscabando su dignidad". https://www.huelvainformacion.es
El certamen Miss Universo Ecuador 2025 ya está en marcha y, entre las candidatas oficiales, destaca una figura que marca un hito en la historia del concurso: Kenia Bonilla, la primera mujer trans en competir por la corona nacional. Un hito para el Ecuador Nacida en Santo Domingo de los Tsáchilas y de padres esmeraldeños, Kenia tiene 29 años y es modelo profesional. En 2024 representó a Ecuador en el Miss International Queen en Tailandia, uno de los certámenes más importantes para mujeres trans en el mundo. Ahora, su presencia en esta edición de Miss Universo fue celebrada como un acto de valentía y transformación social, abriendo espacio para nuevas formas de representación en escenarios donde históricamente se han impuesto estándares rígidos. Kenia es una mujer trans, su inclusión no solo visibiliza las diversidades sexuales y de género, sino que inspira a muchas personas a vivir con autenticidad y orgullo. Este paso hacia la inclusión ha sido posible gracias a los cambios impulsados por el Concurso Nacional de Belleza (CNB Ecuador), que desde 2024 eliminó restricciones de edad, estado civil o maternidad, permitiendo una mayor amplitud de perfiles entre las candidatas. Estos ajustes han enriquecido el certamen, sin disminuir las exigencias de preparación, disciplina y vocación social, como lo demostró Mara Topic, la actual Miss Ecuador, quien destacó en Miss Universo 2024. https://www.ecuavisa.com
Son datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTI. Los mayores porcentajes se concentran en provincia de Buenos Aires y CABA, aunque los bajos índices de algunas provincias se relacionan con un problema de subregistro. Los crímenes de odio contra personas LGTBI aumentaron 70% en la primera mitad de 2025 al comparar la cifra con el año pasado, hasta llegar a 102 hechos de violencia y 17 muertes, según un informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTI. En la primera mitad de 2024 los crímenes de este tipo habían sido solo 60, y además llegaron al 72% de la cifra alcanzada en todo el año pasado. El 70,6% de los casos (72) los sufrieron mujeres trans, el 16,7% (17) fueron contra varones gay cis y en el 6,9% (7) de los episodios, mujeres lesbianas, fueron objeto de violencia. De acuerdo a los cálculos del Observatorio, realizados a nivel nacional entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, 17 personas de la diversidad sexual murieron como consecuencia de “acciones u omisiones basadas en el odio hacia su orientación sexual, identidad y/o expresión de género”, y otras 85 sufrieron lesiones a su integridad física. Entre las 17 muertes, el informe desglosa un 23,5% (3 varones gay cis y 1 mujer lesbiana) como asesinatos, incluyendo aquellos perpetrados por agentes estatales. El 58,8% (8 de mujeres trans, 1 de un varón trans y 1 de una persona no binaria) son muertes por violencia estructural, concepto que se refiere a decesos en los que “la vulneración sistemática e histórica de derechos generó condiciones materiales de precariedad que hicieron evitables esas muertes”. El 17,6% restante (2 de varones gay cis y 1 de una mujer trans) está constituido por casos de suicidios. En cuanto a la distribución geográfica, el número más alto de crímenes se concentró en la provincia de Buenos Aires, con el 60,8% (62 casos) del total, seguido por la ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 23,5% (24 casos). Al respecto, el Observatorio agrega: “Es importante aclarar que en aquellas provincias donde los porcentajes son más bajos —o incluso donde no se registran casos en este período— no necesariamente hay menos crímenes de odio, sino que persiste un problema estructural de subregistro (…) La ausencia de registros no debe interpretarse como ausencia de violencia”. En sus conclusiones finales, el Observatorio define el resultado del estudio como una prueba manifiesta de la “práctica sistemática de persecución sostenida a través de discursos de odio que vemos cómo actualmente se despliega y repite desde distintos ámbitos; algunas veces desde el anonimato, y otras veces con la voz impune y legitimada de autoridades del propio Gobierno nacional y/o gobiernos locales”. https://www.cuarto.com.ar
El gobierno de Nueva Zelanda decidió suprimir sus directivas sobre la inclusión de las personas trans en las competiciones deportivas. "Los hombres biológicos no tienen su lugar en el deporte femenino", sentenció el jueves el ministro de Relaciones Exteriores del país, Winston Peters, que calificó de "woke" esos principios. "Se trata únicamente de garantizar la seguridad y la protección de las chicas y mujeres en los deportes que practican, en todos los niveles", añadió. Recientemente, el Comité Olímpico de Estados Unidos y la Federación Inglesa de Fútbol vetaron el acceso de las mujeres trans a las competiciones femeninas. Nueva Zelanda era considerado desde hace años un país pionero en la inclusión de deportistas trans. En 2021, la halterófila Laurel Hubbard se convirtió en la primera mujer abiertamente trans en participar en los Juegos Olímpicos, en Tokio, en la categoría femenina de +87 kg. No pudo levantar ninguna de las barras y fue eliminada de manera prematura en aquella cita en Japón. En 2022, la agencia pública neozelandesa Sport NZ había elaborado unos "principios de dirección para la inclusión de las personas trans en el deporte". Esos principios ahora retirados se referían principalmente a la seguridad, el bienestar y la lucha contra la discriminación y el acoso. Recomendaban además que hubiera espacios privados en los vestuarios y la utilización del lenguaje inclusivo. "Las personas trans pueden tomar parte en los deportes dentro del género con el que se identifiquen", se indicaba en esas directrices, según Radio New Zealand. La directora general de Sport NZ, Raelene Castle, confirmó la decisión de las autoridades. "El gobierno pidió a Sport NZ que cese todo trabajo sobre los principios directores para la inclusión de las personas trans en el deporte y que los retiráramos de nuestra página web", afirmó. "Las organizaciones deportivas continuarán tomando sus propias decisiones sobre la participación de las personas trans", puntualizó. En un comunicado, la Asociación Profesional para la Salud de las Personas Trans de Aotearoa (nombre maorí de Nueva Zelanda) dijo estar "profundamente decepcionada" y estimó que la decisión del gobierno agravará "una cultura poco acogedora y aislante para las personas trans y no binarias en el deporte". https://www.barrons.com
La justicia belga dio la razón a una ciclista trans que se enfrentó a la Unión Ciclista Internacional (UCI) luego de que le fuera rechazada la entrega de licencia para participar en competiciones femeninas, según el auto de medidas provisionales comunicado el martes. El litigio, tratado este mes por el tribunal civil de Bruselas, se remonta a 2023, cuando a esta ciclista se le retiró su licencia y se le comunicó su exclusión de competiciones femeninas basándose en un nuevo reglamento de la UCI. En aquel momento, la UCI se cuestionaba la supuesta ventaja de las mujeres trans en las competiciones por el hecho de haber superado la barrera de la pubertad "como hombre". La organización impuso en julio de 2023 que para competir en la categoría femenina, las deportistas trans debían poder probar haber "iniciado su transición antes de la pubertad o, en todo caso, antes de los 12 años". Además se mantenía la obligación de mostrar una tasa de testosterona muy baja. ¿Cómo fue el caso? La denunciante inició su transición de género en la cuarentena. Estimó que esa medida, que derivaba en su exclusión, constituía una discriminación. En un auto del 10 de julio el tribunal le da la razón valorando como admisible y fundada su acción contra la UCI. Ese capítulo del reglamento médico de la UCI sobre las "reglas de elegibilidad para deportistas transgénero" instaura "una discriminación inédita" para la legislación belga, de conformidad con un decreto relativo a la igualdad entre hombres y mujeres de diciembre de 2008, valoró el tribunal. En consecuencia, esas reglas son declaradas "nulas", y la UCI no tiene ninguna justificación para rechazar a la denunciante su participación en una competición femenina de ciclismo, se destaca en una copia del auto comunicada a la prensa. Interrogada por la AFP, la Unión Ciclista Internacional dijo que había "tomado nota" de la decisión. "El análisis está en curso y la UCI decidirá a su debido tiempo qué medidas tomar, incluido un posible recurso", añadió el servicio de prensa de la organización. El auto es "directamente ejecutorio" y hace jurisprudencia en Bélgica, se alegró el Instituto para la Igualdad de Hombres y Mujeres, que era parte civil en este caso. La ciclista, que cumplió 50 años el año pasado, puede ahora participar en pruebas nacionales e internacionales en la categoría que elija (Élite o Master). Por su parte, la Federación Belga de Ciclismo declaró haber iniciado conversaciones con la UCI "sobre la futura aplicación del reglamento". La federación, Belgian Cycling, también estaba citada en la denuncia por el rechazo a renovar la licencia. Esta institución no fue condenada ya que el tribunal valoró que se limitó a aplicar las reglas de la UCI. https://www.si.com
Las mujeres trans ya no podrán competir por Estados Unidos en los Juegos Olímpicos o Paralímpicos en categoría femenina, tras un reciente cambio de política del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC, por sus siglas en inglés). El comité citó la orden ejecutiva de febrero del presidente Donald Trump, titulada "Manteniendo a los hombres fuera de los deportes femeninos", que ordena la aplicación inmediata, incluso contra las escuelas y asociaciones atléticas que "niegan a las mujeres deportes de un solo sexo y vestuarios de un solo sexo", según el documento, y ordena a los fiscales generales estatales que identifiquen las mejores prácticas para hacer cumplir el mandato. En un comunicado dirigido a la comunidad del Team USA el martes, obtenido por ABC News, el presidente del USOPC, Gene Sykes, y la directora ejecutiva, Sarah Hirshland, hicieron referencia a la orden ejecutiva de Trump y dijeron: "Como organización autorizada por el gobierno federal, tenemos la obligación de cumplir con las expectativas federales". El USOPC se encarga de apoyar, inscribir y supervisar a los equipos estadounidenses en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, así como en eventos deportivos para todas las edades, desde competiciones juveniles hasta másteres. En una actualización de su "política de seguridad de los atletas", sin utilizar la palabra trans por su nombre, el USOPC dijo que su política revisada "hace énfasis en la importancia de garantizar entornos de competición justos y seguros para las mujeres". "USOPC se compromete a proteger las oportunidades de los atletas que participan en el deporte. USOPC continuará colaborando con diversas partes interesadas con responsabilidades de supervisión, por ejemplo, COI, IPC, NGBs, para asegurar que las mujeres tengan un ambiente de competición justo y seguro consistente con la Orden Ejecutiva 14201 y la Ley Ted Stevens de Deportes Olímpicos y Aficionados", dice la política revisada en el sitio web de USOPC. La Ley Ted Stevens de Deportes Olímpicos y Aficionados establece un procedimiento para resolver las disputas sobre la elegibilidad para cada deporte olímpico y la participación en competiciones atléticas de aficionados. Fue patrocinada por el senador de Alaska Ted Stevens y se aprobó en 1998. La política revisada de USOPC tampoco explica cómo funcionará la prohibición ni si la misma decisión se aplicará a los deportes masculinos. ABC News se ha puesto en contacto con USOPC para obtener más información, pero no ha recibido ninguna respuesta inmediata. Siguiendo la política revisada, USA Fencing actualizó sus directrices de elegibilidad de género, que entrarán en vigor el 1 de agosto. Las mujeres trans, los atletas no binarios, los hombres trans y atletas intersexuales competirán exclusivamente en competiciones masculinas, según la política. https://abc7.com
Los Mossos d’Esquadra han arrestado a cinco personas relacionadas con una agresión tránsfoba que tuvo lugar a finales de junio en el barrio de Sant Antoni. Según ha explicado la policía catalana en un comunicado, la Unidad Central de Delitos de Odio y Discriminación de la Comisaría General de Información (CGI) ha detenido a tres mujeres y dos hombres, todos de edades comprendidas entre los 20 y los 34 años, por haber agredido a la víctima. Están acusados de un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas en una actuación motivada por razones tránsfobas. Los agentes que respondieron al aviso activaron el servicio de intérpretes de la lengua de signos, ya que tanto la víctima como los agresores tienen una discapacidad auditiva. Los hechos tuvieron lugar el pasado 25 de junio en Sant Antoni. “La víctima, que conocía previamente a los agresores, se citó con una de las autoras”, explican desde los Mossos. “Poco después de llegar, aparecieron cuatro personas más que, abusando de su superioridad, la agredieron violentamente con puñetazos y patadas, además de arrastrarla por el suelo tirándole del cabello”. Dos de las agresoras lo grabaron todo con los móviles para subirlo a las redes y “mostrar la naturaleza de persona transsexual de la víctima”. La investigación ha permitido identificar a los cinco autores y detenerlos el 16 de julio en Barcelona, Sabadell y Ripollet. Los cinco pasaron a disposición judicial al día siguiente. Una vez tuvieron conocimiento de la agresión, los Mossos activaron el protocolo del Grupo de Atención a la Víctima para hacer seguimiento y acompañarla. La víctima, que no era la primera vez que sufría ataques por parte de los detenidos, “sufre una grave situación emocional y requiere apoyo psicológico continuado”, según informa la policía catalana. https://www.totbarcelona.cat
Año de persecución y hostigamiento Según la sentencia del Juzgado de Menores número 4 de Valencia, los cuatro acusados –todos menores de edad– participaron activamente en un acoso persistente desde abril de 2023 hasta abril de 2024. La víctima, un chico trans nacido en 2008, sufrió un “continuo menoscabo y menosprecio” motivado exclusivamente por su identidad de género, como reconoce el fallo judicial. Los hechos incluyeron insultos constantes, persecuciones por la calle, y en al menos una ocasión, una agresión física directa en el contexto de una pelea entre dos grupos juveniles. La víctima vivía atemorizada en su entorno cotidiano, hasta el punto de que sus progenitores decidieron cambiarlo de instituto y trasladarse a otro municipio para garantizar su seguridad y estabilidad emocional. Reconocimiento legal: delito de odio El caso se enmarca dentro de la legislación española sobre delitos de odio, que penaliza las agresiones motivadas por la orientación sexual o la identidad de género. La sentencia considera que los condenados actuaron movidos por prejuicios transfóbicos, lo que agrava los hechos cometidos y justifica la tipificación delictiva. Aunque el juzgado no ha hecho públicas las medidas exactas impuestas, como ocurre en los procedimientos de jurisdicción de menores, la condena incluye medidas reeducativas y de seguimiento para los cuatro agresores, quienes ya han reconocido los hechos ante el tribunal mediante un acuerdo de conformidad. Una realidad persistente El caso refleja una realidad preocupante: el aumento de agresiones contra personas LGTBIQ+ en entornos escolares y juveniles. Diversas organizaciones han alertado en los últimos años del repunte de los casos de transfobia en centros educativos, a menudo invisibilizados o banalizados por parte de la comunidad educativa o institucional. El acoso escolar por identidad de género no es solo una cuestión de violencia física o verbal. Sus consecuencias incluyen estrés postraumático, abandono escolar, aislamiento social e incluso riesgo de suicidio, según numerosos estudios en el ámbito de la psicología adolescente. Reacciones y peticiones Desde colectivos LGTBI valencianos han celebrado la condena como un paso importante en la visibilización del odio hacia las personas trans y la necesidad de que los agresores enfrenten consecuencias. No obstante, también reclaman una mayor formación de docentes, planes de inclusión activa en los centros escolares y un seguimiento real a las víctimas de acoso por razón de identidad o expresión de género. https://noticiasciudadanas.com
Puerto Rico se suma a la lista de jurisdicciones estadounidenses que prohíben la terapia hormonal y las cirugías de reafirmación de género en menores de 21 años. El gobernador firmó una ley que establece duras sanciones tanto económicas como penales para quienes la infrinjan. Según el texto legal, quien viole la norma enfrenta hasta 15 años de prisión, una multa de 50.000 dólares y la revocación de todas las licencias y permisos profesionales. Además, la disposición prohíbe el uso de fondos públicos para costear estos servicios médicos. La legislación argumenta que “los menores, al no haber alcanzado la madurez emocional, cognitiva y física necesaria, son particularmente vulnerables a tomar decisiones que pueden tener consecuencias irreversibles. Por tanto, corresponde al Estado velar por su bienestar integral”. La Federación LGBTIQ+ de Puerto Rico expresó su rechazo a la ley. Justin Jesús Santiago, director de la organización, afirmó: “No quepa duda: iremos a los tribunales para impugnar la constitucionalidad de la cruel e inhumana firma del gobernador, que criminaliza a profesionales de la salud por atender a menores trans”.
Estocolmo. Jenny Leonor Werner lleva cuatro años esperando para cambiar legalmente su género. Ahora, la joven de 22 años ve la luz al final del túnel gracias a una nueva ley implementada en Suecia desde el 1 de julio. El país aprobó hace más de 50 años una ley entonces pionera en el mundo para permitir el cambio de género, aunque mediante un farragoso proceso de varios años que seguía vigente hasta ahora. Pero desde el 1 de julio, muchas de las restricciones implementadas en ese texto de 1972 se eliminaron y solo es necesario presentar un certificado médico que declare que la identidad de género del solicitante no se corresponde a la de su certificado de nacimiento. "Contacté con mi clínica el primer día que entró en vigor la ley", afirma entusiasmada Werner a la Afp. No fue la única. La agencia nacional de salud y servicios sociales registró 106 solicitudes en esta línea en la primera semana de implementación de la nueva ley. Esta estipula que el médico debe certificar que el cambio de género se corresponde mejor a la identidad de género del solicitante y debe garantizar que la persona vivirá con esta identidad de forma duradera. También rebaja de 18 a 16 años la edad mínima para iniciar este proceso aunque, en el caso de los menores, será necesario la autorización de los padres. Antes, las personas que querían cambiar de género tenían que someterse a un largo proceso de evaluación para obtener un diagnóstico de "transexualismo". Jenny Leonor Werner consiguió este diagnóstico en 2024 después de cuatro años de trámites y técnicamente ya podía pedir el cambio de género. Pero el personal médico le recomendó "esperar a la nueva ley porque el procedimiento debería ser más rápido". Sin embargo, cuando contactó con su clínica juvenil el 1 de julio, "no parecían estar al corriente de la nueva ley", explica. "Pero me prometieron informarse y contactarme", agrega. https://www.jornada.com.mx
