España es el país más garantista con los derechos LGTBIQ+ de toda Europa, según recoge el Mapa Arcoíris de 2026, que se ha publicado este martes. Este ranking, de la organización ILGA-Europe, analiza datos de 49 países de Europa a través de 76 criterios. España cumple con el 89%, 11 puntos más con respecto a la anterior edición y una subida de cuatro puestos que la lleva a adelantar a Malta, que llevaba una década en cabeza. “España es uno de los países más sólidos del mundo en cuanto a la protección legal de las personas LGTBI+”, afirma Katrin Hugendubel, directora adjunta de ILGA-Europe, que publica anualmente este trabajo. “Además, hay que destacar la voluntad política”, continúa, “en un momento en el que muchos gobiernos están retrocediendo bajo la presión de la extrema derecha, España ha optado por seguir avanzando en la igualdad”.

Desde la organización internacional LGTBI+ consideran que “el Gobierno ha cumplido los compromisos establecidos en las leyes LGTBI+ y trans mediante la adopción de planes de acción en materia de igualdad, la creación de una autoridad independiente para la igualdad de trato y la plena despatologización de las personas trans en el sistema sanitario”, resumen. Reseñan también que casi la totalidad de comunidades tiene normativa específica. Y destacan que los intentos de socavar las leyes LGTBI+ y trans regionales, por parte de ejecutivos autonómicos en manos de PP y Vox, “fueron frenados por el Gobierno central al considerar que se vulneraban derechos constitucionales”.

La ILGA se refiere a las aspiraciones de los ejecutivos regionales de Madrid y Valencia de recortar la normativa que protege al colectivo. La semana pasada, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno de Pedro Sánchez a las modificaciones de la ley trans valenciana promovidas por el PP y Vox y que abrían la puerta a la realización de falsas terapias de conversión, prohibía a los centros educativos abordar la diversidad sexual y de género, y otorgaba a los padres de adolescentes menores de edad potestad para bloquear el cambio de género de sus hijos.

El Ejecutivo central ya acudió al organismo judicial con las modificaciones que el PP madrileño, con mayoría absoluta, quería aplicar a la normativa regional. El Constitucional dio la razón al Gobierno, lo que obligó al equipo de Isabel Díaz Ayuso a rebajar notablemente los recortes planteados. “El Gobierno ha resistido los intentos de invalidar los avances logrados. Esto es muy destacable”, incide Hugendubel en conversación telefónica. Compara la iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez con “el mismo espíritu que líderes como Zohran Mamdani en Nueva York, que se niegan a ceder a la presión autoritaria y optan, en cambio, por situarse del lado de sus comunidades”. “Lo que estamos viendo es que hay voluntad política, coraje y determinación. Los gobiernos siguen teniendo opción y pueden marcar la diferencia”, añade.

Para elaborar su clasificación, ILGA-Europa ha examinado 49 países a través de 76 criterios, que pertenecen a siete áreas. Se trata de: igualdad y no discriminación, como el reconocimiento constitucional de la diversidad, la igualdad laboral o la posibilidad de donar sangre (24); familia, como la legalización del matrimonio igualitario o la maternidad y paternidad trans (11); delitos de odio y discurso de odio, como el reconocimiento de los mismos o el desarrollo de políticas transversales para paliarlos (9); reconocimiento legal de género, como la posibilidad de cambiar el registro o la autodeterminación de género (16); la integridad de las personas intersexuales (4); espacio en la sociedad civil, como la libertad de reunión o la seguridad de los activistas LGTBIQ+ (6), y asilo (6).

“El mapa de 2026 muestra dos historias al mismo tiempo”, resume la directora adjunta de la organización: “Por un lado, la del avance, en España y en otros países. Por otro, una fuerte reacción en contra de los derechos LGTBI+ y de la democracia. Los ataques están llegando tanto desde Oriente como desde Occidente. Estamos viendo imitaciones de la legislación rusa anti-LGTBI+ [que tiene vetada a la federación mundial de ILGA], pero también Estados Unidos se ha convertido, lamentablemente, en líder en atacar los derechos de las personas trans”, detalla.

Enfrente, en la defensa de los derechos, Hugendubel sitúa a España: “A nivel de la UE, otros Estados miembros sienten mucha curiosidad por aprender cómo España ha llevado adelante, por ejemplo, la Ley trans”. A pesar de ello, la experta avisa de áreas en las que se necesitan mejoras. Además de alertar ante “el auge de los discursos de odio y de la violencia” ―“los derechos recogidos en el papel no garantizan necesariamente la seguridad en la vida cotidiana”―, recuerda que han pasado dos años desde que se creara una subcomisión parlamentaria para elaborar un Pacto de Estado contra el odio: “Los progresos son demasiado lentos”. “Lleva bastante retraso”, comparten desde la Federación Estatal LGTBI+ (Felgtbi+), que está intentando impulsar la aprobación del acuerdo.

Otro hueco de la normativa española es la falta de reconocimiento de la realidad no binaria. “Actualmente, Austria, Alemania, Islandia, Malta y Dinamarca —al menos de forma parcial— la reconocen, apunta la directiva de ILGA, “España también necesita avanzar”. El listado de la organización sigue con Malta, Bélgica, Dinamarca e Islandia. Es la primera vez en diez años que La Valeta cede el primer puesto: lo ha hecho por un punto (88%). Por su parte, Dinamarca (85%) ha consolidado su posición tras despatologizar las identidades trans y renovar su plan de igualdad. El Estado de la UE menos garantista es Rumania, en el puesto 42. Más atrás, en la cola, se ubican: Armenia, Bielorrusia, Turquía, Azerbaiyán y Rusia, en último lugar desde 2024.

Aunque la media de cumplimiento de los países de la UE está por encima (52%) que la del continente (43%), desde ILGA advierten de retrocesos en países “tradicionalmente considerados a la vanguardia en derechos”. Francia se ubica en la posición 15 (con un 60% de cumplimiento), Reino Unido, en la 22 (con un 44%). “Alemania [el séptimo; 70%] ha congelado su plan nacional; Italia [36; 24%] ha aprobado una nueva ley de seguridad que pone en riesgo la libertad de reunión; en Portugal [12; 67%], el Gobierno de derechas está ahora planteando recortar la ley trans de 2018”, detalla Hugendubel.



“Aunque seguimos dando la voz de alarma ante el retroceso que observamos en Europa, celebramos a España”, añade, “el primer puesto en este ranking es un ejemplo contundente de lo que ocurre cuando un Gobierno toma la decisión de avanzar en la igualdad en lugar de retroceder”.

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