Reconocer los DDHH de las personas trans, un paso imprescindible para erradicar su discriminación

ATA - Sylvia Rivera • 25 de enero de 2021

En este artículo se explica la necesidad de una actualización urgente de la legislación española para tal y como dispone el artículo 9.2 de la Constitución Española introducir medidas específicas que protejan a las personas trans de la marginación, la discriminación y la violencia, en el marco de la protección de la dignidad personal y el derecho al libre desarrollo de su personalidad. Naciones Unidas y otros organismos internacionales de derechos humanos, así como la jurisprudencia nacional e internacional ya no consideran la transexualidad como enfermedad y recomiendan el establecimiento de procedimientos rápidos, transparentes y accesibles, basados únicamente en la autodeterminación personal , para el reconocimiento legal del género de las personas trans.

La transexualidad es una de las características comunes a todos los grupos humanos , en todas las culturas del mundo y en cualquier época, siendo diferente la capacidad que cada sociedad muestra a la hora de reconocer o integrar a las personas trans.

Actualmente, las personas trans conforman uno de los colectivos que sufren mayores índices de marginación, discriminación y violencia en todo el mundo . La violencia hacia las personas trans se sobrepone con otros ejes de opresión y discriminación existentes en la sociedad como el racismo, el sexismo, la misoginia, la xenofobia o la aporofobia. Según el informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 2016, estas violencias incluyen desde insultos callejeros, humillaciones, acoso, amenazas, coacciones, hasta la privación arbitraria de la libertad, el encarcelamiento psiquiátrico forzoso, palizas, secuestro, agresiones sexuales y asesinatos. Con frecuencia las personas trans que tratan de denunciar estas violencias son ignoradas u objeto de acoso, humillación, maltrato o detención, por parte de quienes deberían protegerlas, entre otros motivos porque no se reconoce su indentidad. En la mayoría de los países los datos sobre personas trans asesinadas no son registrados y resulta imposible obtener el número real de casos, no obstante entre el 2008 y el 2019 se han contabilizado al menos 3.300 homicidios de personas trans y de género-diversos en 74 países en todo el mundo.

Los menores trans o con expresión de género diferente son estigmatizados, aislados, marginados y rechazados incluso a veces en sus propias familias. Muchos de esos niños corren el riesgo de sufrir violencia física, sexual y psicológica en su entorno más próximo. También son significativamente más vulnerables al acoso escolar. Este acoso puede tener lugar en el aula, en los patios de recreo, en los baños y los vestuarios, en el camino hacia y desde la escuela, así como a través de internet y de las redes sociales. El rechazo puede conllevar problemas de salud mental, incluidos sentimientos de aislamiento y depresión, e incluso autolesiones y suicidios. Lamentablemente estos hechos siguen pasando en todos y cada uno de los países, incluido España. Cercano en la memoria está el caso de Ekai, un adolescente trans que sin haber logrado cambiar su nombre en el registro, sin conseguir que la comunidad escolar o sanitaria comprendiera su realidad y le diera el trato que necesitaba, acabó suicidándose en febrero de 2018 con sólo 16 años. Este entorno hostil puede obligar a los estudiantes trans o con una expresión de género diversa a abandonar la escuela y/o ser expulsados de sus familias a edades tempranas entrando en una situación de vulnerabilidad en el acceso a la vivienda y al trabajo que les puede abocar a una espiral de pobreza y marginación o incluso a caer en manos de redes mafiosas, la extorsión o explotación sexual.

Calificar a personas trans, a personas homosexuales o a las intersexuales como enfermas en función de su orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales ha sido históricamente, y sigue siendo, uno de los fundamentos del estigma y la discriminación, que junto con la criminalización y los prejuicios religiosos, han dado lugar a violaciones de sus derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud dejó de considerar como enfermedades la homosexualidad en 1990 y la transexualidad en 2018. La vivencia de las personas trans se considera ahora una “incongruencia de género” en la última actualización del Catálogo Internacional de Enfermedades. Este cambio es una “despatologización” de las realidades trans, que dejan de considerarse dentro de los “trastornos mentales y del comportamiento”, a estar dentro de las “condiciones relativas a la salud sexual”.

Los organismos internacionales de derechos humanos han instado a los estados a tomar medidas contra la discriminación que sufren las personas trans, siendo una de las principales el reconocimiento legal de la identidad sexual y otra el acceso a tratamientos hormonales o quirúrgicos de afirmación del género vivido a aquellas personas que lo deseen, partiendo del consentimiento informado como único requisito.

Estas recomendaciones, que están basadas en los Principios de Yogyakarta (2007 ) y de Yogyakarta +10 (2017) , están presentes en la Resolución 2048 (2015) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y también en numerosas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Además el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se comprometió a actuar contra la violencia y discriminación ejercidas por razones de orientación sexual o identidad sexual en su Resolución 17/19 de 2011. En 2016 este Consejo aprobó el nombramiento de un Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad sexual de las Naciones Unidas con el mandato de proporcionar una orientación a los estados sobre las maneras de hacer frente a la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad sexual.

Todos estos organismos recomiendan que las personas trans puedan acceder al reconocimiento legal de su identidad sexual o de género de modo rápido, transparente y accesible , evitando los requisitos abusivos como la esterilización, terapias hormonales o cirugías de reasignación, la necesidad de diagnóstico médico o evaluación psicológica así como el consentimiento de terceros para personas adultas. Es lo que se denomina “autodeterminación de las personas trans” . Estos requisitos abusivos se consideran una vulneración de los principios de la autonomía corporal y pueden llegar a constituir malos tratos o torturas.

Con respecto a los niños y adolescentes , el Comité de los derechos del Niño de Naciones Unidas en su Observación 20 (2016) recuerda que los Estados tienen la obligación de proteger a los niños y adolescentes trans y de género diverso contra la discriminación por motivos de identidad sexual y manifiesta que “todos los adolescentes tienen derecho a la libertad de expresión y a que se respeten su integridad física y psicológica, su identidad sexual y su autonomía emergente [...] Los Estados también deben actuar de manera eficaz para proteger a todos los adolescentes [...] trans [...] frente a todas las formas de violencia, discriminación o acoso mediante la realización de actvidades de sensibilización y la aplicación de medidas que les brinden seguridad y apoyo.” Este Comité declara también que los Estados tienen la “obligación de asegurar que la salud del niño no quede minada por la discriminación”, […] también, por la identidad de género” (Observación 15 (2013)).

Actualmente 11 países europeos no exigen un diagnóstico médico para el reconocimiento legal de identidad de las personas trans. La Comisión Europea ha publicado recientemente un informe sobre los procedimientos legales de reconocimiento de identidad y su impacto en la vida de las personas trans en Europa. En este informe se clasifica a los 27 estados de la UE y junto con el Reino Unido en función de lo rápidos, transparentes y accesibles que sean sus procedimientos para el reconocimiento legal de identidad. Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Portugal (además de Noruega, Islandia y recientemente Suiza ) destacan por disponer ya de procedimientos administrativos sencillos basados en el principio de autodeterminación . En la cola en cuanto al respeto de los derechos humanos de las personas trans, están algunos países del este de Europa con procedimientos largos, complejos y/o arbitrarios. Tras ellos se encuentran España, Austria, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Italia, Polonia, Reino Unido y República Checa. Estos países continúan exigiendo actuaciones médicas abusivas como la obligación de acreditar tratamientos hormonales y un diagnóstico de disforia de género.

En el caso de España la Ley 3/2007 reconoció a las personas trans, de nacionalidad española y mayores de edad, la posibilidad de cambiar su mención registral de sexo, si presentaban un diagnóstico de disforia de género y un informe médico acreditando dos años de tratamiento para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. Esta ley, que ha permitido que unas 2.225 personas hayan modificado su nombre y su sexo en el Registro Civil hasta 2017, fue pionera en su momento al permitir el cambio registral del sexo sin necesidad de someterse a cirugía de reasignación genital, sin embargo los movimientos sociales consideran que esta ley consolida la patologización de las personas trans y reclamaron desde entonces su modificación.

El Tribunal Constitucional (2019) extendió la aplicación de esta ley a todos los menores con suficiente madurez, al considerar que afectaba a los derechos a la integridad y moral, a la intimidad y a la protección de la salud en relación con la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad.

A raíz de esta sentencia el Tribunal Supremo (2019) ha dictaminado unas “directrices derivadas de la jurisprudencia y de las resoluciones de organismos internacionales”, por las que “no puede condicionarse el reconocimiento de la identidad sexual de la persona trans a su sometimiento a una operación quirúrgica de reasignación de sexo, esterilización o terapia hormonal”, “debe abandonarse la consideración de la transexualidad como una patología psiquiátrica necesitada de curación” y “ha de facilitarse a las personas trans el cambio de la mención del sexo y el nombre en la inscripción de nacimiento y demás documentos de identidad mediante procedimientos rápidos y eficaces”.

Previamente, en línea con esta jurisprudencia, la Dirección General de los Registros y del Notariado ya había publicado una instrucción en 2018 que permite el cambio de nombre de las personas trans, incluidas las menores, únicamente en base a su autodeterminación.

Por otra parte, el estatuto de autonomía de Andalucía en su artículo 35 establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su identidad sexual” y que “los poderes públicos promoverán políticas para garantizar el ejercicio de este derecho”. Además las comunidades autónomas de Andalucía (2014), Aragón (2018), Cataluña (2014), Comunidad de Madrid (2016), Comunidad Valenciana (2017), Extremadura (2015), Islas Baleares (2016), Murcia (2016), Navarra (2017), País Vasco (2019) y Cantabria (2020) han aprobado con amplio consenso legislaciones basadas en la autodeterminación de las personas trans en el ámbito de sus competencias.

El Gobierno de España ha manifestado que garantizará por ley la autodeterminación de las personas trans. Esto ha generado un debate bronco con algunos sectores del movimiento feminista que consideran ahora que estas medidas inciden negativamente en las políticas de igualdad de las mujeres. En ese sentido se posiciona un argumentario interno del PSOE, firmado por la vicepresidenta Carmen Calvo entre otros, en el que se dice que el denominado “derecho a la libre determinación de la identidad sexual” carecería de racionalidad jurídica si no se acredita una situación estable de transexualidad. El argumentario del PSOE incide también en posibles riesgos como los efectos sobre la recopilación de datos estadísticos, sobre la ley de violencia de género, las políticas de paridad, o el uso de recursos específicos, que evidencian prejuicios para aceptar a las mujeres trans como mujeres. A la pregunta sobre el cambio acerca de la postura del PSOE en cuanto a la autodeterminación del género de las personas trans en comparación con la Proposición de Ley de 2017, Calvo respondió que el PSOE no ha cambiado de posición sino que trata de velar por la seguridad jurídica, sin llegar a explicar como se garantizaría.

A este respecto sería constructivo el comparar cómo se preserva la seguridad jurídica en las legislaciones de otros países del mundo en los que se ha regulado el reconocimiento legal de las personas trans en base a su autodeterminación. Argentina fue el primer país del mundo que aprobó una regulación de este tipo en 2012 . Unas 9.000 personas trans, lo que representa el 0,02% de la población argentina actual, han cambiado su sexo en sus documentos oficiales en los últimos ocho años . Este cambio ha tenido un impacto muy positivo sobre la vida de estas personas. Por otra parte, no consta perjuicio alguno a las políticas de igualdad de la mujer, siendo la situación similar en los demás países que han adoptado legislaciones en esta línea.

No resulta lógico atribuir a las personas trans una responsabilidad mayor que la de las demás personas en el mantenimiento de las desigualdades entre hombres y mujeres, ni que tengan que sufrir discriminación indefinidamente mientras esperan la llegada de la “la abolición del género”.

Se dice que la ley podría poner en riesgo la seguridad de las mujeres ante posibles agresiones sexuales en los vestuarios o baños públicos. Además de no tener en cuenta que las personas trans sufren un porcentaje mayor de agresiones sexuales que el resto de la población, esta tesis ha sido refutada en un artículo científico en el que se ha comparado la situación al respecto en estados de los EEUU que disponen de leyes con autodeterminación y otros en los que no.

Recientemente varias cuentas de la red social Twitter sobre temas feministas han lanzado una campaña para exigir la dimisión de la ministra de Igualdad. Esta campaña ha sido seguida en un 80% por cuentas vinculadas a la extrema derecha . Por su parte, Lidia Falcón ha publicado un artículo en un medio de comunicación online ligado al colectivo ultraconservador HazteOir, que en opinión de Espinosa de los Monteros abraza la lógica de Vox en materia de género. Lo cierto es que estos hechos evidencian una interconexión preocupante con ideologías de extrema derecha.

Preguntada sobre el riesgo de que hombres se hagan pasar por mujeres para obtener privilegios femeninos, por la eurodiputada ultra-conservadora C. Anderson (Alemania), la Comisaria de Igualdad de la Unión Europea respondió que "cambiar de sexo" no es un “paseo por el parque”, sino que es la consecuencia de una reflexión profunda de la propia identidad.

En otras palabras lo explica también el Experto Independiente de Naciones Unidas en su informe de 2018: “En el derecho internacional de los derechos humanos, existe un marco bien establecido que prescribe el respeto de la identidad sexual.” Este marco, que fundamenta la autodeterminación de las personas trans, debe ser el suelo sobre el que establecer el necesario debate para conseguir una legislación de orientación feminista que aporte plena seguridad jurídica y que ayude a remover todos los obstáculos que impiden la plena igualdad e integración social de las personas trans.

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Noticias

Por ATA - Sylvia Rivera 10 de abril de 2026
En los últimos años se aprobaron diversas leyes que tienen como objetivo final generar una equidad en este ámbito. La Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Trans “Diana Sacayán – Lohana Berkins” es la norma que establece un mínimo del 1% de los puestos en el Estado reservados para personas trans promueve su inclusión en el ámbito privado e impulsa el acceso a la educación como condición clave para garantizar una verdadera inserción laboral: “Hay muchas mujeres trans que habían entrado por el cupo que establece la ley, pero con el gobierno de Milei las rajaron a todas”, cuenta Ivy. “Lo de ingresar por cupo no quiere decir que se hayan vuelto millonarias: ellas han seguido trabajando en paralelo en la prostitución”. Un informe realizado por ATE da cuenta de la situación del cupo laboral trans a octubre del 2024. La ley había tenido un pico de de contrataciones en noviembre de 2023 en donde se llegó a un porcentaje de 0.172% (955 personas sobre 5551 estimadas para cumplir con la totalidad de la ley). Sin embargo, desde febrero hasta julio del 2024 se despidieron a 150 personas trans y no binaries. Luego de los despidos se llevaron a cabo 50 reincorporaciones por distintas vías: gremiales, administrativas o vía judicial. Marian Spagnolo, activista en la organización Zona Igualdad, da su perspectiva sobre la nueva ley: “El cupo laboral es una fantasía. La aplicación no fue completa en el gobierno anterior, fue una aplicación bastante precaria, con muchas resistencias. Solo se logró aplicar dentro del Estado y no se logró ampliar en ningún momento la ley”.
Por ATA Sylvia Rivera 9 de abril de 2026
Después de negarse años antes a reconocer el género de un ciudadano rumano que hizo la transición en otro país de la Unión Europea (UE), los tribunales rumanos dictaminaron el martes que el gobierno debe reconocer la identidad del hombre, informó un medio de comunicación rumano. Los defensores dicen que es una victoria histórica para los europeos transgénero. El caso se refería a Arian Mirzarafie-Ahi, un hombre transgénero con ciudadanía rumana y británica. Nació en Rumania y se mudó al Reino Unido en 2008, donde inició su transición varios años después. Después de obtener documentación legal en el Reino Unido en 2020, el gobierno rumano se negó a reconocer la identidad de género de Mirzarafie-Ahi, citando una disparidad con los documentos que utilizó anteriormente en Rumania. “Esto lo puso en la posición de tener dos conjuntos de documentos con dos identidades diferentes”, dijo ACCEPT, el grupo de defensa rumano que ayudó a llevar el caso de Mirzarafie-Ahi a través de los tribunales. En el Reino Unido fue reconocido “como hombre, en Rumania, como ‘mujer’”. Mirzarafie-Ahi presentó una demanda y el tribunal rumano que conoció su caso lo remitió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para resolver el argumento interestatal. Ese tribunal dijo en 2024 que el efecto de la negativa de Rumania a reconocer la identidad de género de Mirzarafie-Ahi impedía su libertad de movimiento entre los estados miembros y era, efectivamente, una forma fundamental de discriminación. Por lo tanto, el tribunal dictaminó que todos los estados miembros de la UE están obligados a reconocer los documentos de identidad de las personas transgénero que hayan obtenido el reconocimiento legal de género en otro estado de la UE. (El Reino Unido abandonó la UE en 2020). Sin embargo, Rumania, uno de los miembros más antiliberales de la UE en lo que respecta a los derechos LGBTQ+ (se encuentra al final de la clasificación de estados de la UE de ILGA), se resistió a la orden, y dos agencias gubernamentales diferentes se negaron a reconocer la identidad de Mirzarafie-Ahi. Una vez más, Mirzarafie-Ahi llevó al gobierno rumano ante los tribunales, pero esta vez ganó en su país de origen, y los mismos tribunales rumanos que enviaron su caso al TJUE ahora están obligados por su decisión. “Hoy, 31 de marzo, celebramos el Día de la Visibilidad Trans y estoy feliz de aprovechar esta oportunidad para dirigirme a la gente de mi comunidad con buenas noticias”, dijo Mirzarafie-Ahi en un comunicado después de su victoria. “¡Finalmente he ganado en los tribunales de Rumania! No es sólo mi victoria, sino también la nuestra, la de aquellos que todavía esperan ser vistos, escuchados y reconocidos”. El caso de Mirzarafie-Ahi refleja otro similar dictado en marzo en Polonia y Alemania. Un tribunal administrativo de Polonia se encontró en una situación casi idéntica al abordar el matrimonio de dos hombres que se habían casado en Berlín años antes. Los funcionarios del gobierno de Polonia se negaron a reconocer el matrimonio. Ese tribunal también envió la disputa interestatal al TJUE, que falló a favor de los hombres basándose en su derecho a la libertad de movimiento en toda la Unión Europea. https://www.sentidog.com
Por ATA Sylvia Rivera 8 de abril de 2026
Durante años, Kate corrió sin preguntarse si pertenecía a la pista. El deporte le dio comunidad, disciplina y una identidad que crecía con cada meta cruzada. Pero hoy, esa certeza se tambalea. No por una lesión ni por falta de talento, sino por una política que redefine quién puede competir y bajo qué condiciones. Kate es intersexual y vive con Síndrome de Insensibilidad Completa a los Andrógenos (SICA), una condición que desafía las categorías tradicionales del sexo biológico. Su historia no es aislada: se ha convertido en símbolo de una discusión global sobre inclusión, ciencia y derechos humanos. En este contexto, el debate sobre las mujeres trans en los Olímpicos deja de ser una conversación lejana para impactar directamente en la vida de miles de atletas. De acuerdo The Time, el Comité Olímpico Internacional ha dado un giro significativo en su postura. La nueva normativa exige pruebas genéticas para las atletas que deseen competir en la categoría femenina, marcando distancia de la política de 2015 que permitía la participación sin necesidad de cirugía de afirmación de género. Este cambio coloca a las mujeres trans en los Olímpicos en el centro de una discusión que mezcla ciencia, política y percepción pública. Aunque el argumento principal es la equidad competitiva, la implementación de estas medidas abre interrogantes sobre su precisión y sus efectos colaterales. Más allá del discurso institucional, el impacto real recae en atletas como Kate, cuya identidad biológica no encaja en los parámetros simplificados que proponen las nuevas pruebas. La pregunta ya no es solo quién compite, sino quién define las reglas del juego. El enfoque de la nueva política se centra en la detección del gen SRY, asociado al desarrollo masculino. Sin embargo, expertos como Andrew Sinclair advierten que el sexo biológico es el resultado de múltiples factores: cromosómicos, hormonales y fenotípicos. Reducir esta complejidad a un solo marcador genético implica riesgos significativos. En particular, podría excluir a mujeres intersexuales que, aunque tengan cromosomas XY, han vivido y competido toda su vida como mujeres. Este enfoque simplificado evidencia una tensión clave: la ciencia utilizada para justificar la política no necesariamente refleja la diversidad biológica real. Y en ese vacío, muchas atletas quedan en una zona gris. Aunque el debate público se centra en casos mediáticos, la realidad es que muy pocas atletas trans han competido al más alto nivel. Un ejemplo es Laurel Hubbard, quien participó en Tokio 2021 sin obtener medallas. Sin embargo, las nuevas reglas afectan de manera más amplia a mujeres intersexuales y atletas con variaciones en el desarrollo sexual. Se estima que hasta un 2% de la población presenta estas características, muchas veces sin saberlo. Esto plantea una paradoja: una política diseñada para regular casos excepcionales termina impactando a una población más amplia y menos visible, ampliando brechas en lugar de cerrarlas. El debate también ha puesto bajo la lupa la calidad de la evidencia científica utilizada. Alun Williams señala que las pruebas actuales no son adecuadas para determinar ventajas competitivas reales. Según Williams, la relación entre sensibilidad a la testosterona y rendimiento deportivo sigue siendo una incógnita. Aun así, las regulaciones asumen que dicha ventaja existe, sin pruebas concluyentes. Este punto es clave desde una perspectiva de responsabilidad social: tomar decisiones que afectan derechos fundamentales basadas en evidencia limitada puede generar consecuencias éticas profundas. Críticos como Chris Mosier advierten que estas políticas no solo afectan a las mujeres trans en los Olímpicos, sino a todas las mujeres atletas. La implementación de pruebas genéticas introduce nuevas formas de vigilancia sobre los cuerpos femeninos. Atletas cisgénero también podrían ser cuestionadas, sometidas a pruebas invasivas o incluso excluidas. Casos como el de Caster Semenya evidencian cómo estas políticas pueden perpetuar estigmas, especialmente hacia mujeres del Sur global, ampliando desigualdades existentes. Otro de los efectos menos discutidos es la exposición de información médica privada. Organizaciones como interACT han alertado sobre los riesgos de que atletas descubran condiciones intersexuales durante estos procesos. Esto no solo implica un impacto emocional significativo, sino también riesgos de seguridad, especialmente en contextos donde estas condiciones son estigmatizadas o criminalizadas. Además, el historial demuestra que estas prácticas ya fueron abandonadas anteriormente por su carácter discriminatorio y sus consecuencias psicológicas. El contexto político no puede ignorarse. Figuras como Donald Trump han impulsado medidas similares en el ámbito educativo, lo que ha influido en la conversación global. Aunque el COI ha negado motivaciones políticas, las coincidencias temporales y el discurso público sugieren una intersección entre deporte y agenda política. Este cruce plantea un desafío para la gobernanza deportiva: ¿cómo garantizar decisiones basadas en evidencia y derechos humanos en un entorno cada vez más politizado? Para Kate, el impacto más doloroso no es personal, sino colectivo. La idea de que jóvenes atletas intersexuales o trans crezcan sintiendo que no pertenecen al deporte es devastadora. El deporte ha sido históricamente un espacio de inclusión, desarrollo y comunidad. Sin embargo, estas políticas podrían transformar ese espacio en uno de exclusión y miedo. El debate sobre las mujeres trans en los Olímpicos revela una tensión profunda entre equidad, ciencia e inclusión. Si bien es legítimo buscar condiciones justas en la competencia, las soluciones no pueden ignorar la complejidad humana ni sacrificar derechos en el proceso.Desde la responsabilidad social, este caso exige una reflexión más amplia: las decisiones institucionales deben considerar no solo la evidencia científica, sino también su impacto en la dignidad, la diversidad y la cohesión social. En última instancia, la pregunta no es solo quién puede competir, sino qué tipo de deporte queremos construir. Uno que excluya bajo criterios rígidos, o uno que evolucione para reflejar la diversidad del mundo que representa. https://www.expoknews.com
Por ATA Sylvia Rivera 7 de abril de 2026
"Miedo" y "retroceso" son las palabras más usadas por el colectivo trans de Portugal para referirse a las propuestas de ley presentadas por el centroderecha y los ultras, que actualmente evalúa el Parlamento y que buscan regresar a una norma de hace quince años para poner trabas a la autodeterminación de género. "Varias cosas pueden cambiar para peor", alertó a EFE Diana, una joven trans. La vigente legislación data de 2018 y las derechas buscan rescatar la anterior, de 2011, que exigía un informe médico para los cambios de nombre y género en el registro civil y no contemplaba el uso del "nombre social", que permite que las personas, independientemente de su edad, sean tratadas por el nombre que eligen, aunque no coincida con el de su documento de identidad. "Pero no solo quieren volver a la ley de 2011, sino que quieren introducir cambios que empeoran aún más el contexto legal para las personas trans e intersexuales", explicó en una entrevista con EFE Jo Mato, que preside la organización Rede Ex Aequo. Entre las modificaciones se incluye la prohibición del uso de bloqueadores y hormonas por parte de adolescentes trans y "la posibilidad de discriminación en el deporte, en las cárceles, las escuelas, los baños, en el acceso a los vestuarios y prohíbe que se hable de temas LGTB en las escuelas", contó Jo. "Los bloqueadores y las hormonas salvan vidas", declaró Isabel Rodrigues, vicepresidenta de AMPLUS -una organización de familias de personas trans-, quien anticipó que esto acarreará "problemas de salud mental muy graves" para los adolescentes. En su opinión, esto acabará derivando en que las personas trans y sus familias busquen otras formas de conseguir las hormonas, quizás incluso cruzando a España: "Van a obligar a la gente a pasar a la clandestinidad", resumió. Sobre la posible eliminación del nombre social, esta madre de un joven trans de 26 años señaló que puede suponer dar "marcha atrás" para muchos niños que han realizado una transición social en sus familias, escuelas, centros de salud. Rodrigues afirmó que hay niños de hasta siete años que han hecho esta transición y usan su nombre social, por lo que no todo el mundo sabe que son trans. Esta ley les obligaría a salir del armario, generándoles problemas de salud mental, generando problemas de identidad y desarrollo de la personalidad. Las familias están "muy asustadas, muy angustiadas", mientras que los niños que están al tanto del debate parlamentario sienten ansiedad por su futuro. Para el presidente del grupo Opus Diversidades Hélder Bertolo, estos cambios legislativos supondrían "un retroceso" y abrirían una caja de Pandora: "Cuando se abre, no se sabe lo que viene después, el aborto, la protección de las mujeres, el matrimonio y la adopción homosexual" podrían estar en peligro, advirtió. Según cifras proporcionadas por la Rede Ex Aequo, desde la aprobación en 2018 de la ley de autodeterminación de género, unas 3.000 personas han cambiado su nombre e indicador de género en el registro civil, unas 500 al año. Las organizaciones consultadas coinciden en no comprender qué ha motivado la presentación de las propuestas, especialmente en el caso del gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), partido mayoritario en el Parlamento, ya que no figuraba en su programa político. "No hay indicios de que se esté produciendo ningún abuso de la ley o de que la gente esté cambiando sus documentos a la ligera, que es el argumento del PSD", argumentó Matos, "La gente no se despierta un día -siguió- y decide ir al registro civil y cambiar todos sus documentos porque sí". En este sentido, no entiende "que se exija a las personas trans tener un diagnóstico médico para cambiar algo que es puramente administrativo", lo que creará "obstáculos que dejaron de existir hace ocho años" y se volverá a la patologización. Critican unánimemente que no se haya escuchado a ninguno de los afectados, ni a la comunidad científica, son proyectos que se han hecho "a espaldas de todos", en palabras de Rodrigues. "Hay personas trans, y no van a dejar de existir porque la ley se revoque, seguirán existiendo", concluyó Rodrigues, mientras que Diana recalcó: "No nos van a apagar porque no exista una ley" de autodeterminación de género. https://www.infobae.com/america/agencias/2026/04/07/
Por ATA Sylvia Rivera 6 de abril de 2026
Yerson Martínez Las personas trans tienen una esperanza de vida de 35 años en promedio, por falta de servicios de salud, y de endocrinólogos especializados, de acuerdo a los primeros datos de la Investigación Humanista en Salud Transfronteriza, el cual es realizado por Alma Angélica Villa Rueda, académica e investigadora en posgrado de la facultad de enfermería en la Universidad Autónoma de Baja California, y por Isis Lilith Roa Zaragoza, estudiante de maestría y defensora de los derechos humanos de la comunidad trans. En entrevista exclusiva para La Voz de la Frontera, presentaron los resultados de la primera de tres etapas de la investigación que realizan auspiciadas por la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades e Innovación del Gobierno Federal, donde en una primera muestra de 80 personas trans en Mexicali, Tijuana, Matamoros, Nuevo Laredo y Chihuahua, y con 8 grupos focales, detectaron que falta acceso a la salud pública. En Mexicali específicamente, detectaron que, en clínicas de salud, no atienden en muchas ocasiones a las personas trans por el simple hecho de serlo. Además, requieren atención psicológica, psiquiátrica, y endocrinólogos donde éstos últimos, en su mayoría rechazan atender a personas trans. “No todos las quieren atender, se busca identificar a quienes son profesionales trans inclusivos y generar un directorio para la comunidad que los requiere”, explicó Villa Rueda. Han detectado que hay algunos especialistas en Tijuana que atienden por línea o por videollamada, pero en ocasiones el proceso requiere ser persona a persona. En esa modalidad presencial, solo han encontrado a un endocrinólogo en Mexicali que dice aceptar a personas trans, el resto manifiesta una negativa. Preocupa falta de especialistas. Parte del estudio requirió entrevistas en persona, donde el común denominador, fue que la preocupación es no tener acceso a endocrinólogos, falta de dinero para pagar los servicios, atención psicológica, vivienda, y programas que les faciliten el acceso a la pastilla Prep, utilizada para evitar contagios por VIH. Algunas optan por acudir a realizarse los tratamientos a la Ciudad de México, pero el seguimiento es en línea o digitalmente de forma remota, y pocas pueden hacerlo por los costos. “Al no tener como salir a consultas y para los medicamentos, algunas se automedican, o no se medican”, y explicó que los tratamientos hormonales cambian a la persona, y pueden caer en depresiones o padecimientos como trombosis. En el proceso de afirmación de género, Villa Rueda puntualizó que carecen de un profesional de salud que les dé seguimiento, ya que solamente las consultas pueden costar mil a mil 100 pesos. “Las trans tienen una situación de precariedad, y al no tener una persona especializada en institución pública, van con un privado, o hacen como le vaya diciendo otra amiga” “A mi me dan este tipo de gramaje, está inyección, a mi no me pasó nada, pero cada cuerpo es diferente y caen en complicaciones graves, desde trombosis o cáncer de seno, o cae en no profesionales que les crean problemas de salud”, comentó. Otra situación que sigue sucediendo, aunque en menor medida, es que recurren a tratamientos que son perjudiciales para la salud, como el inyectarse biopolímeros o aceite de cocina para el proceso de reafirmación y delinear su cuerpo. “Por eso insistimos en que si el Estado no lo provee, buscan cómo hacerlo, ya sea de manera segura o insegura”, y si padecen alguna comorbilidad o situación como VIH, la salud se complica. Un tema sensible que se encuentra en estudio, y que se comienza a arrojar en la investigación, es el alto porcentaje de personas trans que además con neurodivergentes. Otra necesidad detectada es la ubicación de clínicas de salud, que requieren estar en las zonas donde mayor concentración de trans existe, por ejemplo en Mexicali, piden que sea en zona centro o cercano a plaza comerciales donde haya flujo de transporte público para poder acudir. La adultez La esperanza de vida de las personas trans es de 35 años en promedio, pero además han detectado en los grupos focales, que refieren que no quieren llegar a la adultez. Principalmente porque terminan en un estado de precariedad, donde no tienen acceso a salud, pero además falta de trabajo y sin prestaciones en general, como seguros social o infonavit, mucho menos pensiones o jubilaciones. “Les da miedo o pavor llegar a la edad adulta, aunque también entre ellas como no hay quienes las cuidan, se cuidan entre ellas, en atenciones que en muchos casos el Estado no les ofrece”, explicó Isis Roa Zaragoza. Actualmente la investigación ha realizado la primera etapa que es el diagnóstico de las necesidades, la segunda etapa incluye un diagnóstico e intervención de salud necesarias, y la tercera etapa es presentar una propuesta de política de salud pública trans incluyente. En suma, serán dos años y medio, donde en el presente se publicarán los primeros manuales y reportes, en acceso libre; al finalizar las etapas, se presenta la propuesta de política pública para ser inclusivas para la comunidad trans en las ciudades donde se realiza la investigación. https://oem.com.mx/lavozdelafrontera
Por ATA - Sylvia Rivera 27 de marzo de 2026
El Comité Olímpico Internacional (COI) ha anunciado este jueves su nueva política sobre la categoría femenina en el deporte olímpico: ha anunciado que realizará pruebas genéticas a las deportistas. En concreto el COI exigirá una prueba de detección del gen SRY, ubicado en el cromosoma Y. La norma, aprobada este jueves en sesión del Comité Ejecutivo, se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que la siguiente convocatoria olímpica dejará fuera a las deportistas trans y parte de las intersexuales. El COI defiende que la nueva norma “protege la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina” y se utilizará en todas las disciplinas del programa deportivo de un evento del COI, incluidos los Juegos Olímpicos y tanto en deportes individuales como por equipos, aunque la organización aclaró que no se aplica a programas deportivos de base o recreativos. En febrero de 2025, el presidente de EE UU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para vetar a las mujeres trans en las competiciones deportivas. “A partir de ahora, el deporte femenino será solo para mujeres” En febrero de 2025, el presidente de EE UU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para vetar a las mujeres trans en las competiciones deportivas. “A partir de ahora, el deporte femenino será solo para mujeres; defenderemos con orgullo la tradición de las atletas y no permitiremos que los hombres las golpeen, las lesionen y hagan trampas contra nuestras mujeres y nuestras niñas. A partir de ahora, el deporte femenino será solo para mujeres”, afirmó el mandatario. La Casa Blanca adelantó entonces su postura con respecto al deporte olímpico. Trump explicó entonces que el secretario de Estado, Marco Rubio, le haría saber al COI que deben rechazar la “locura transgénero”. “Queremos que cambien todo lo relacionado con los Juegos Olímpicos y con este tema absolutamente ridículo, que ni siquiera deberíamos estar discutiendo”, afirmó Trump. En su orden ejecutiva, con el título Keeping Men Out of Women’s Sports, decía que la participación de mujeres trans en los deportes “es degradante, injusta y peligrosa para las mujeres y las niñas, y les niega la igualdad de oportunidades para participar y sobresalir en los deportes de competición”. No es la única media antiderechos de Trump , que ha firmado decretos para eliminar la tercera casilla en la documentación para el género no binario que estaba presente en algunos Estados, ha obligado a que las personas trans que estén en lugares segregados como prisiones o refugios compartan espacio con personas de su género asignado al nacer y ha establecido que ningún centro médico pueda usar presupuesto federal para tratamientos afirmativos de género, como terapia hormonal o cirugías de reafirmación de género. Así pues, el COI establece una medida en la misma línea, una decisión con la que retoma los test genéticos. Las pruebas de cromosomas se realizaron por última vez en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, el organismo renunció a ellos después de fuertes críticas de la comunidad científica. “El COI considera que la presencia del gen SRY es fija a lo largo de la vida y constituye una prueba altamente precisa de que un atleta ha experimentado un desarrollo sexual masculino”, ha señalado en el comunicado en el que ha anunciado la nueva norma. Se contemplarán, sigue el COI, “raras excepciones” como atletas con diagnóstico de síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos u otras diferencias o trastornos del desarrollo sexual que no se beneficien de los efectos anabólicos o de mejora del rendimiento de la testosterona. Por su parte, atletas trans XY con trastornos del desarrollo sexual sensibles a los andrógenos deberán competir en categorías masculinas. La prueba para detectarlo, con extracción de saliva o sangre, es poco intrusiva en comparación con otros métodos posibles y basta con hacerla una vez en la vida, ha dicho el COI. Por su parte, la presidenta del COI, Kirsty Coventry, se sumó al argumentario de la supuesta “inseguridad” de la que Trump acusa a las mujeres trans: es injusto “y en algunos deportes no es seguro” que las mujeres trans compitan en sus categorías, ha asegurado. La nueva política ha sido desarrollada por un grupo de trabajo creado por el COI tras algunos cuestionamientos, como los surgidos en París 2024 en torno a las victorias de las boxeadoras Imane Khelif (Argelia) y Lin Yu-ting (Taiwán), que habían sido descalificadas del Mundial 2023 por la federación internacional (IBA) tras supuestamente fallar pruebas de elegibilidad de género. Muchos años atrás, en el Campeonato Mundial de Atletismo en Berlín celebrado en 2009, fue Caster Semenya la que resultó objeto de escrutinio. Esta nueva política, la primera gran medida de la presidenta zimbabuense Kirsty Coventry desde su elección hace un año a la cabeza del COI, se aplicará a partir de los Juegos 2028 de Los Angeles y “no es retroactiva”. https://www.elsaltodiario.com
Por ATA - Sylvia Rivera 26 de marzo de 2026
En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se celebra el próximo 31 de marzo, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) ha puesto el foco sobre una asignatura pendiente en la atención sanitaria: el asesoramiento reproductivo precoz. Bajo la campaña “12 pasos hacia la salud”, los especialistas insisten en que la planificación debe ocurrir antes de iniciar el Tratamiento Hormonal de Afirmación de Género (THAG). La Dra. Patricia Cabrera, coordinadora del Grupo Gónada, Identidad y Diferenciación Sexual de la SEEN (GIDSEEN), señala que entre el 50% y el 58% de las personas trans desean tener hijos biológicos. Sin embargo, este deseo “suele verse postergado por la urgencia de aliviar la disforia". La ciencia aún se mueve en un terreno de incertidumbre respecto a los efectos a largo plazo, pero la SEEN destaca lo que sí sabemos hoy. En los casos de hombres trans, el uso crónico de testosterona detiene la ovulación y genera “cambios en el ovario parecidos al de las mujeres cis con ovario poliquístico además de atrofia”, apunta la especialista. Aunque la suspensión del tratamiento puede revertir parcialmente el eje hormonal, el impacto epigenético en el ADN es aún desconocido. En las mujeres trans, la combinación de estrógenos y antiandrógenos “bloquea la espermatogénesis disminuyendo la producción de un esperma de calidad y su capacidad reproductiva”, señala la doctora. BARRERAS La SEEN y la Sociedad Europea de Endocrinología (ESE) denuncian la existencia de barreras institucionales y una normativa de reproducción asistida que, en ocasiones, no da respuesta a las necesidades específicas de este colectivo. La médica especialista en Endocrinología y Nutrición señala que “es necesario establecer una hoja de ruta para la atención reproductiva de personas trans o con diversidad sexogenérica”. EL PAPEL DEL ENDOCRINO El papel de este especialista es vital para coordinar los tiempos. El endocrinólogo se encarga de evaluar la función gonadal antes de empezar cualquier terapia, gestionar la suspensión temporal de hormonas si el paciente decide buscar un embarazo o donar gametos, y monitorizar niveles para optimizar la calidad de los gametos durante ese "paréntesis" reproductivo. En palabras de la experta, “la Endocrinología es el director de orquesta; que gestiona los tiempos de la terapia hormonal para permitir la preservación sin comprometer el bienestar del paciente”. Desde la SEEN se aboga por equipos integrados por endocrinólogos, ginecólogos, urólogos, pediatras y profesionales de la salud mental. Este enfoque “asegura que se manejen no solo los aspectos biológicos, sino también el bienestar emocional durante la transición”, asegura la médica especialista. Como recurso de referencia, miembros de la SEEN han colaborado en la nueva Guía de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) sobre el 'Manejo de la Salud Reproductiva en Personas Trans ', que aborda desde el lenguaje inclusivo hasta la edad óptima para la preservación y la donación de gametos. https://www.consalud.es
Por ATA - Sylvia Rivera 25 de marzo de 2026
«Nosotros no tenemos nada contra las trans, ¿pero mujer? Usted es maricón, que le guste comer rabos, eso no lo hace mujer. Una cosa no tiene que ver con la otra, está muy bien hecho. Me da hasta morbillo, yo le daba», dice el protagonista de ‘Torrente, presidente’ en la última entrega de la saga a un personaje trans. Un comentario que puede parecer enmarcado dentro del esperpéntico mundo de estas películas. Y ya está. Pero no. Santiago Segura acaba de realizar una entrevista en la que sus palabras, aunque en otro tono, no distan en demasía con las del personaje de su exitoso largometraje. El director, antes de comenzar a hablar, tenía claro que se iba a «meter en un jardín». «Bibiana Fernández, por ejemplo, a mí me parece una mujer. Es una mujer. Se lo ha ganado. Tiene disforia de género, se hormona, tiene su carné de identidad… Yo me casaría con ella», arranca Segura. «Bibiana Fernández es una mujer, se haya hormonado o no, se haya operado o no. Querer encasillar a las personas trans en un protocolo estándar y binario de lo que es una mujer me parece caduco», responde Mar Cambrollé, activista y presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera, preguntada por este medio. El colectivo trans tiende a definir la disforia como ese rechazo a determinadas partes del cuerpo, habitualmente relacionadas con caracteres sexuales (pero no necesariamente), que se asocian a la apariencia común de hombres y mujeres cis. Un término que se considera estigmatizador y que, por el contrario, se buscar cambiar por euforia, es decir, por celebrar aquellas partes del cuerpo con las que esa persona sí se siente identificada. Además, las personas trans no tienen una apariencia concreta, esta creencia también es estigmatizadora. Se puede ser mujer trans y tener una expresión de género masculina, como al revés. «Las trans en España no han tenido nunca ningún problema» Pero las declaraciones de Segura en el pódcast de cine y series La Script no se quedan ahí. El actor afirma que «las trans en España no han tenido nunca ningún problema». Sin ir más lejos, el pasado fin de semana una mujer trans fue agredida por diez personas en León al grito de «travelo» y «vete al baño de hombres» en un bar de copas. Este es un caso concreto que pone cara y voz a los datos de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) que denuncia que, en 2024 en España, una de cada 4 personas trans fue agredida física o sexualmente (26,70%), el 35,60% sufrió acoso y el 37,80% discriminación. Esta misma entidad también destaca en el Informe Estado LGTBI+ 2024 que las personas LGTBI+ tienen un 13% más de riesgo de sufrir situaciones de pobreza, con una tasa de riesgo del 30,6%. Un dato que afecta especialmente a mujeres lesbianas y personas trans, colectivo donde se agrava con la «elevada precariedad laboral». Ya en 2021, un estudio realizado por UGT alertaba de que más de un 80% de las personas trans se encontraban en situación de desempleo. Cambrollé va más allá y recuerda a las miles de personas que tuvieron que abandonar su hogar porque las echaron y a las que fueron encarceladas, torturadas o violadas en las cárceles. «Incluso algunas se quitaron la vida desde el Palomar de Carabanchel, el módulo donde las mujeres trans estaban encarceladas durante el franquismo», reivindica. La activista también pone el foco en cuántas políticas públicas ha hecho el Estado en todo este periodo, no solo del posfranquismo sino también durante la democracia, para sacar a «esas mujeres trans de las esquinas». «Que yo recuerde, la única vez que nos han sacado de las esquinas ha sido con redadas policiales en el Mundial del 82, para ‘limpiar’ las calles». Ley Trans El creador de Torrente no termina con esa frase. «De repente, sacan una Ley Trans muy agresiva. Agresiva en el sentido de que vaya un señor con barba a comisaría y diga: ‘Yo es que me siento mujer’ y le vayan a dar un carné. Es fraude de ley, pero no tienes que hacerle…». Momento en el que el actor cambia de tema. Sin embargo, el procedimiento, grosso modo, es el siguiente: hay una comparecencia inicial en la que la persona interesada acude al Registro Civil para presentar la solicitud de rectificación de la mención registral del sexo. Se cumplimenta un formulario. El Registro Civil citará de nuevo a la persona para ratificar su voluntad de cambiar de sexo, confirmando que es una decisión firme. Una vez ratificado, el Registro Civil dictará una resolución. Y, tras la resolución, es cuando la persona debe acudir a la Policía Nacional para actualizar el DNI. En este sentido, Cambrollé asegura que es una ley que ha venido «para hacer justicia». «Hacer un juicio tan rápido no solo demuestra ignorancia por no haberse leído la ley, sino que también rezuma un odio rancio», considera. La activista también pone en valor que es una ley que responde a distintas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a múltiples resoluciones del Consejo de Europa. «Querer no actualizar tus conocimientos y tener solo una opinión sesgada, acientífica e irreal y, sobre todo, que no respeta la identidad ni la dignidad de las personas trans, lleva a hacer afirmaciones como que las personas trans no hemos tenido problemas. Hemos tenido problemas incluso para la modificación de nuestros documentos, lo cual nos sometía a situaciones muy complicadas», hace hincapié esta experta, quien acaba con un mensaje claro: «Torrente no es un personaje. Es él». https://www.revistasix.es
Por ATA - Sylvia Rivera 24 de marzo de 2026
La Audiencia de Madrid juzga este martes 24 de marzo, a dos mujeres de 19 y 21 años por dar dos palizas a un joven trans que tenía 17 años. Las agresiones ocurrieron en el año 2020 en los distritos de Villaverde y de Usera (Madrid), según las investigaciones policiales. La víctima sufrió "lesiones en el cuello y una fractura de escafoides en la mano derecha". Además, "motivadas por el odio a su identidad sexual", las agresoras le intimidaron con insultos y vejaciones: "Te vamos a pegar, te vamos a pisar la cabeza, te vamos a matar, travelo de mierda, eres una niña", según el escrito de la Fiscalía de Madrid al que ha tenido acceso el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica. "Desprecio a su identidad" La primera agresión tuvo lugar el día 18 de junio de 2020 en la calle Adora, en el distrito de Usera (Madrid). Las dos jóvenes, S. V. J. y A. F. C, "incentivadas por un desprecio a su identidad sexual", golpearon a la víctima hasta "fracturar el escafoides de su mano derecha y lesionar la parte derecha de su cuello", según las conclusiones de la Fiscalía. La segunda agresión sucedió el 20 de octubre de 2020 en la calle Remodelación, en el distrito de Villaverde (Madrid). En esta ocasión, las dos acusadas junto a otro grupo de menores de edad que "no han podido ser identificados, "agredieron físicamente a la víctima provocándole lesiones físicas en la cabeza", y le intimidaron con gritos e insultos: "Te vamos a pegar, te vamos a pisar la cabeza, vamos a llamar a un tío para matarte y pegarte un tiro, voy a ir a por tu abuela ... te vamos a matar, travelo de mierda, eres una niña". La Fiscalía pide dos años y once meses de prisión para cada una de las acusadas, que ahora tienen 27 y 25 años, por un delito contra la dignidad y un delito de lesiones. Además, solicita la prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima en un periodo de seis meses. https://www.elperiodico.com
Por ATA - Sylvia Rivera 19 de marzo de 2026
Cada 18 de marzo de conmemora el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas trans en Argentina. En esa línea, la cartera sanitaria bonaerense, recordó a la población que existe la Red de Atención, Cuidados y Acompañamiento de la Salud Integral de Personas LGBT+, con pie en todo el interior provincial. La Ley 26.743 de Identidad de Género garantiza el derecho al reconocimiento y libre desarrollo de la identidad de género y el acceso a cuidados integrales de la salud, incluyendo tratamientos de modificación corporal de manera segura y gratuita. En la web del ministerio de Salud bonaerense se pueden consultar cuales son las sedes sanitarias que adhieren a la red de atención en cada municipio: http://ms.gba.gov.ar/sitios/generoydiversidad/. El 18 de marzo se eligió como fecha para conmemorar en Argentina el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans en homenaje a la activista travesti trans Claudia Pía Baudracco, fallecida en esa fecha en el año 2012 a los 41 años. Baudracco fue una de las fundadoras de ATTTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina) en el año 1993. Al frente de esta asociación lideró las acciones para la derogación de los Códigos de Faltas y Contravencionales de distintas provincias, herencia de los edictos de la dictadura militar y persecutorios de las trabajadoras sexuales. En 2005 estuvo presente en la conformación de la Federación Argentina LGBT. Contribuyó activamente a la campaña para la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario durante 2009 y 2010, y lo mismo ocurrió con la Ley de Identidad de Género, que fue sancionada el 9 de mayo de 2012.