Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con dejar sin fondos a las escuelas del estado de California que no sigan sus políticas para las personas trans, que desde que ha regresado a la Casa Blanca se han basado en recortar derechos a esta comunidad. «Cualquier distrito escolar de California que no cumpla con nuestras políticas sobre personas transgénero no recibirá financiación», escribió en un corto mensaje en su red Truth Social. La mayoría de la financiación de las escuelas públicas viene de fondos estatales y locales. De acuerdo con ED100, un blog californiano especializado, la financiación federal suele representar entre un 8 y un 10 % del presupuesto educativo de ese estado. La cancelación del programa de educación sexual en California Una de estas subvenciones ya ha sido cancelada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Según explicó este jueves a Fox News un representante de la Administración para Niños y Familias, dependiente del HHS, han acabado con la subvención para el programa de educación sexual de California porque el estado se negó a eliminar la «ideología de género radical» de su plan de estudios. El Programa de Educación sobre Responsabilidad Personal (PREP) de California, que han dejado sin fondos, tenía como objetivo prevenir los embarazos adolescentes y la propagación de enfermedades de transmisión sexual. California no ha modificado todavía la legislación que permite a las atletas trans competir en deportes escolares femeninos, después de que Trump firmara una orden para prohibirlo y el Tribunal Supremo le respaldara. Sin embargo, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, declaró que ve «injusto» que las mujeres trans compitan en deportes femeninos, una postura más cercana a la de la Administración Trump. La agenda de Trump en contra de las personas Trans Desde su regreso a la Casa Blanca, el republicano ha impulsado iniciativas en al menos cuatro ocasiones contra el colectivo LGTBIQ+: eliminó el reconocimiento legal de las personas no binarias al establecer que en EE.UU. solo existen «dos sexos», retiró los pasaportes con género «X», prohibió a mujeres trans competir en deportes femeninos y excluyó a las personas trans de las Fuerzas Armadas. Además, el Gobierno ha enviado citaciones a una veintena de especialistas y centros médicos que participaron en procedimientos para la reasignación de género en menores. Y según publicó este miércoles The New York Times, estarían buscando también información confidencial de pacientes que hayan recibido algún tipo de terapia como bloqueadores de la pubertad, hormonas y/o cirugía. https://efe.com

El colectivo Yaaj denunció el transfemincidio de Joselinne Páez, quien falleció el 18 de agosto pasado, pocos días después de que fue brutalmente golpeada en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. En redes sociales, la organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, indicó que este es el segundo transfeminicidio y crimen de odio que ocurre en el estado durante los últimos ocho días, después del asesinato de la activista Katia Daniela Medina, directora del colectivo Zapotlán Diverso, en Zapotlán el Grande. “Activistas locales califican su asesinato como un transfeminicidio y crimen de odio, el segundo ocurrido en el estado en los últimos ocho días, después del de la activista Katia Daniela Medina, directora del colectivo Zapotlán Diverso en Zapotlán el Grande. “La agresión contra Joselinne la llevó a cuidados críticos, donde finalmente perdió la vida. Su muerte se suma a una ola de violencia contra mujeres trans y personas LGBTTTIQ+ en México, marcada por la impunidad, la discriminación y el odio estructural”, se lee en su cuenta de X. En la misma publicación, la organización exigió a las autoridades estatales una investigación inmediata con perspectiva de género y diversidad sexual, así como “medidas efectivas y urgentes para garantizar la seguridad de todas las personas trans y diversas en Jalisco”. A esto último, sumaron el llamado a que el Congreso estatal apruebe la iniciativa presentada por la diputada, Montserrat Pérez Cisneros, para tipificar de manera autónoma el transfeminicidio y los crímenes de odio, con penas que podrían alcanzar hasta los 50 años de cárcel. “Este crimen de odio, junto al de Katia Daniela Medina en días pasados y quien fuera Directora del Colectivo Zapotlan Diverso en Zapotlan el Grande, evidencia la urgencia de frenar la violencia transfóbica en Jalisco y en todo el país." “La memoria de Joselinne debe ser motor para la organización y la lucha por justicia, dignidad y vida plena para todas las personas trans. Por Joselinne y por todas las que nos han arrebatado: ¡Ni una trans menos, ni una más en la impunidad!“, concluyó el colectivo. https://www.infobae.com

Durante la sesión extraordinaria celebrada en el Congreso de la Ciudad de México, el pasado lunes 18 de agosto, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia logró la aprobación de una reforma al artículo 40 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que adiciona un párrafo para garantizar el respeto a las identidades trans y fortalecer la protección de sus derechos humanos. La diputada Janette Elizabeth Guerrero Maya, en representación de esta comisión, destacó que la iniciativa responde a la necesidad de atender un vacío jurídico que llevaba años pendiente. “Este dictamen responde a una preocupación legítima: evitar que los procedimientos de identidad de género o de reasignación por concordancia sexo-genérica sean utilizados de manera inadecuada y afecten una lucha que lleva años realizándose”, explicó la legisladora. La reforma establece con claridad que la expedición de una nueva acta de nacimiento no extingue ni modifica los derechos y obligaciones adquiridos previamente, incluyendo aquellos relacionados con el derecho de familia en todos sus órdenes y grados. Esto garantiza el reconocimiento pleno de la identidad de género y previene posibles afectaciones a los derechos de terceros, especialmente de niñas, niños y adolescentes, asegurando que la protección legal sea integral y efectiva. Justicia, igualdad y prevención de abusos Guerrero Maya subrayó que el objetivo de la reforma es que el reconocimiento de las identidades trans siga siendo un instrumento de justicia y no un mecanismo de impunidad. “El reconocimiento jurídico de las identidades trans es fruto de décadas de lucha y activismo social en la Ciudad de México. Hemos sido pioneros en garantizar este derecho, primero mediante procedimientos judiciales y, desde 2014, a través de un trámite administrativo ágil, digno y respetuoso de la identidad de las personas”, enfatizó. Un avance histórico para México Con esta reforma, México refuerza su compromiso con los derechos humanos y la igualdad de género, consolidando un marco legal inclusivo y protector. El reconocimiento formal de las identidades trans en las actas de nacimiento representa un logro histórico, resultado de años de activismo y de la construcción de políticas públicas orientadas a garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos sin discriminación ni barreras legales. https://www.infobae.com

En Chile, la conmemoración del Día Nacional de la Niñez y Adolescencia Trans busca instalar en la agenda pública el reconocimiento de los derechos de las infancias y adolescencias que no se identifican con su sexo asignado al nacer. A través de este día, se promueve el respeto, la inclusión y el debate informado frente a la desinformación, los prejuicios y las vulneraciones que aún enfrentan en el sistema de salud, educativo, familiar y social. Desde 2016, cada 19 de agosto se conmemora en Chile el Día Nacional de la Niñez Trans, con el propósito de visibilizar, promover el respeto y para aportar a rebatir la desinformación y el desconocimiento que existe, la violencia y las vulneraciones que enfrentan por parte del sistema y de la sociedad las infancias que no se identifican con su sexo asignado al nacer. Según OTD Chile, “relevar la importancia que tiene conocer y actuar frente a las vulneraciones que viven constantemente por su identidad de parte del estado, del sistema de salud y educativo, de la sociedad y en algunos casos de sus propias familias, es fundamental para una vida plena y la sobrevivencia”. La urgencia de políticas inclusivas y basadas en evidencia científica Desde APROFA, organización que trabaja por la defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos de todas las personas, sostienen que lxs niñxs trans existen y que su realidad sigue siendo invisibilizada y evitada en ciertos espacios, como el político. De esta forma señalan que “a través del diálogo y el asesoramiento a los/as/es tomadores/as de decisiones, sería posible debatir y avanzar en el reconocimiento y la garantía de los derechos de lxs niñxs y adolescencias trans”. “Lo que le falta al Congreso, a quienes toman decisiones y también a la opinión pública, es poner en el centro los derechos de las niñeces. El foco de la discusión debe estar en la necesidad de identificar y contar con evidencia que permita mejorar las políticas de salud para niños, niñas, niñes y adolescentes, garantizando su derecho a la identidad y asegurando una experiencia vital plena, libre de toda forma de discriminación”, indican. Además, desde la organización sin fines de lucro consideran fundamental que el debate se debe dar a luz de la evidencia científica, sobre todo, considerando el contexto internacional donde las posturas antiderechos han tomado protagonismo, basándose muchas veces en comentarios y noticias sensacionalistas, logran resonar y confundir a las personas que no cuentan con toda la información. “Siempre debemos hablar desde la salud emocional, psicológica, física y mental de nuestrxs niñoxs. Negar rotundamente la existencia de lxs niñxs trans no es, en ningún caso, una solución, es ignorar una realidad que existe y vulnerar sus derechos. Lxs niñxs deben estar primero, por sobre cualquier ideología”, subrayan. Poner a lxs niñxs en el centro del debate La conmemoración del Día Nacional de la Niñez y Adolescencia Trans en Chile es un recordatorio ineludible de la necesidad de situar a niños, niñas, niñes y adolescentes en el corazón de las decisiones públicas y sociales. No se trata de una discusión ideológica, sino de un asunto de derechos humanos que requiere ser abordado con urgencia y responsabilidad. Avanzar en políticas inclusivas basadas en evidencia científica, acompañadas de un enfoque integral de salud física, emocional y psicológica, es clave para garantizar que estas infancias puedan crecer en entornos seguros, libres de violencia y discriminación. Reconocer su existencia, validar sus identidades y asegurar espacios educativos, familiares y comunitarios respetuosos no solo contribuye a su bienestar individual, sino también a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria. https://www.elmostrador.cl

Según el último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, en Argentina ocurrieron 102 crímenes de odio en los que la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia hacia ellas. Esta cifra implica un alarmante incremento del 70% en comparación con el mismo período del año anterior, en el que se habían contabilizado 60 casos. El informe también da cuenta de que, como ocurre todos los años, las más afectadas fueron las mujeres trans, que representan el 70,6 % de los casos (72); luego le siguen los varones gay cis con el 16,7 % (17) de los casos; las lesbianas con el 6,9 % (7); los varones trans con el 4,9 % (5); y personas no binaries con el 1% de los casos. Por otro lado, el 16,7 % de los casos (17) corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir, asesinatos, suicidios y muertes por violencia estructural, que el informe describe como “decesos en los que la vulneración sistemática e histórica de derechos generó condiciones materiales de precariedad que hicieron evitables esas muertes”. El 83,3 % restante de los casos (85) corresponden a lesiones al derecho a la integridad física, es decir, situaciones de violencia física que no terminaron en muerte, que incluyen los intentos de suicidio. Violencia estructural El informe detalla que de los 17 casos de lesiones al derecho a la vida registrados, 4 corresponden a asesinatos (3 dirigidos a varones gay cis y 1 a una lesbiana); 3 a casos de suicidios (2 de varones gay cis y 1 de una mujer trans); y 10 fueron muertes por violencia estructural (8 de mujeres trans, 1 de un varón trans y 1 de una persona no binarie). El reporte también señala que el 52,9 % (9 casos) de las lesiones al derecho a la vida fueron hacia mujeres trans. “Estos datos confirman, una vez más, que la violencia hacia la comunidad LGBT+ en Argentina está particularmente dirigida: son las mujeres trans quienes concentran la forma más brutal del odio y la discriminación estructural, expresada en prácticas que continúan arrebatando sus vidas con una saña alarmante”, asegura el informe. Las personas jóvenes son las más afectadas En relación con las edades de las víctimas —en aquellos casos en los que se logró registrar este dato—, se observa que la franja etaria más afectada fue la de personas de entre 20 y 29 años, que concentra el 45,16 % de los casos. En segundo lugar, con el 19,35 %, se encuentra la franja de 40 a 49 años. Le sigue el grupo de 30 a 39 años, con el 16,13 %, mientras que las franjas de 10 a 19 años y 50 a 59 años representan cada una el 6,45 %. Por último, se registraron casos en los grupos de 60 a 69 años y 70 a 79 años, ambos con el 3,23 Las consecuencias de los discursos de odio Esteban Paulón, expresidente de FALGBT y actual diputado nacional, plantea que los discursos de odio se plasman en ataques de odio concretos, más aún cuando vienen desde las más altas esferas del poder. “La experiencia en el mundo, y lo estamos corroborando en Argentina, indica que hay sectores en la sociedad que tienen una mirada de muchísimo odio y resentimiento hacia determinados colectivos, en este caso el LGTBIQ+”. Sin embargo, Paulón aclaró que en nuestro país “la mayoría de la sociedad no entra en ese juego” y entonces “corremos con algún tipo de ventaja”. “Tenemos una sociedad con una mirada inclusiva. Un ataque de odio sigue siendo rechazado mayoritariamente y existe una mirada condenatoria por parte de los medios de comunicación”. Con respecto a la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, Paulón señaló que están sujetas a la conducción política y tienen un especial “ensañamiento” con los grupos vulnerados de derechos. “Las fuerzas de seguridad están desatadas y piensan que está todo habilitado. Eso es un problema porque son las que tienen el monopolio del uso de la fuerza, son las que tienen las armas en la mano y si perciben que el colectivo LGBTIQ+ es un blanco específico del gobierno, ¿por qué no habrían de actuar incrementando la violencia hacia esos sectores?”. Por último, el diputado reflexionó sobre los mayores índices de violencia que existen contra el colectivo de las mujeres trans. “La población travesti trans, a pesar de que creció mucho, sigue siendo una población relativamente pequeña y poco visible. La propia escala de la población en la sociedad hace que sea poco probable que compartas un espacio en el trabajo o la facultad con una persona trans, a diferencia de como pasa con gays o lesbianas. La población travesti trans sigue siendo desconocida para una buena parte de la sociedad y en ese desconocimiento se instalan los prejuicios”. El Estado como responsable directo Los datos relevados evidencian que en el 35,3 % de los casos (36) los hechos fueron cometidos por particulares y en el 64,7 % restante (66), el Estado aparece como responsable directo de estas violencias, de los cuales en 54 (52,9 % del total general), la violencia fue ejecutada por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones, configurando graves situaciones de violencia institucional. A su vez, en los 12 casos restantes (11,8 % del total general) la responsabilidad recae en otros dispositivos estatales no policiales, que contribuyeron de forma directa o por omisión a la vulneración de derechos fundamentales de las personas LGBT+. “Estos datos permiten afirmar que, lejos de brindar protección, el Estado se configura como uno de los principales agentes reproductores de violencia hacia la diversidad sexual, ya sea por acción directa o por inacción ante situaciones de exclusión y maltrato estructural”, sintetiza e informe. Otro brutal ataque a una mujer trans Una mujer trans trabajadora sexual, que prefiere mantener el anonimato, denunció que, durante la madrugada del martes 29 de julio, sufrió un brutal ataque por parte de un grupo de cinco hombres en la localidad bonaerense de Burzaco, en el partido de Almirante Brown. Angrela Martínez, referente del espacio cultural “La Zorrería”, ubicado en Esteban Echeverria y parte de la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo de esa localidad, dijo a Presentes que esa noche, luego de que la víctima realizara un “servicio” regresó a su parada “de siempre” para hacer una fogata para palear el frío. En ese momento, se encontró con un grupo de varones cis que estaban “en un estado no muy copado” con los cuales cruzó un par de palabras, hasta que estos se envalentonaron y comenzaron a pegarle provocándole a la víctima la pérdida de conciencia. Cuando recuperó el conocimiento, quedó tirada en el piso, “hecha bolita”, mientras ellos continuaron pateándola. “Luego de eso, salió corriendo y se encontró con un móvil policial comando que le ofreció hacer la denuncia antes que asistirla o cualquier otra cosa y la trasladaron hasta el Hospital Meléndez. Ella quedó en shock y les pidió que no la dejaran ahí, en ese estado, y que la llevaran de nuevo a su parada donde había dejado su carterita con sus elementos básicos como la tarjeta SUBE”, detalló Angrela en diálogo con Agencia Presentes. Una vez que la dejaron en su parada, la víctima se tomó un colectivo pero en la mitad del viaje se tuvo que bajar porque sintió que se desvanecía. Finalmente la terminaron atendiendo en el Hospital Balestrini. La víctima se encuentra con revisaciones médicas por las secuelas de los golpes. “Ella está pasando una grave situación habitacional y alimentaria, a punto tal de que al día siguiente ya quería volver a trabajar”, detalló Angrela. https://kaosenlared.net

La Corte de Apelaciones del Octavo Circuito, con sede en San Luis, validó este martes una ley de Arkansas que prohíbe la atención médica de afirmación de género para menores trans, consolidando así un precedente legal que respalda medidas similares en otros territorios de Estados Unidos. El fallo, aprobado por una mayoría de ocho jueces contra dos, revoca la decisión de un tribunal inferior que en 2023 había declarado inconstitucional la norma. Con esta resolución, Arkansas queda autorizado a impedir que médicos ofrezcan bloqueadores de la pubertad, terapias hormonales o cirugías vinculadas a la afirmación de género a menores de edad. La medida, aprobada en 2021 tras superar el veto del entonces gobernador Asa Hutchinson, convirtió a Arkansas en el primer estado de EE.UU. en establecer una prohibición de este tipo. Actualmente, leyes similares están vigentes en al menos 25 estados, la mayoría con gobiernos republicanos. El tribunal determinó que la ley no vulnera el derecho a la igualdad ante la ley de los menores trans ni los derechos de los padres para decidir sobre la atención médica de sus hijos, como argumentaban los demandantes. Este pronunciamiento amplía el alcance de la reciente decisión del Tribunal Supremo que avaló una legislación semejante en Tennessee. El caso podría escalar nuevamente a la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se definirá si estas restricciones son constitucionales a nivel nacional. https://robertocavada.com

Este fin de semana asesinaron a Katia Daniela Medina Rafael, activista trans, en Ciudad Guzmán. La mujer trans encabezaba el Colectivo Trans Zapotlán. La Fiscalía del Estado confirmó que encontraron su cuerpo el sábado alrededor de las 14:50 horas a la altura del conocido como crucero La Catarina en Zapotlán el Grande, sobre la carretera libre Sayula – Ciudad Guzmán. La autoridad añadió que la Vicefiscalía en Investigación Regional realiza las investigaciones bajo el Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia, en los casos que Involucra la Orientación Sexual o Identidad de Género. Describió que policías municipales que recibieron el reporte se trasladaron al lugar, donde encontraron a la víctima inconsciente, por lo que requirieron la presencia de servicios médicos municipales, quienes a su llegada confirmaron su muerte. La persona fallecida con visibles huellas de violencia. El asesinato de Katia Daniela causó indignación en el sur de Jalisco por dos motivos: al tratarse de un crimen de odio y por la invisibilización de la población LGBTIQ+. La presidenta municipal de Zapotlán el Grande, Magali Casillas Contreras, lamentó la muerte de Katia Daniela, ya que se le consideraba una defensora de derechos de la población trans en el municipio y pidió a la población y medios de comunicación, no invisibilizar su identidad. “Nos preocupa y nos indigna la forma en que algunos medios de comunicación locales han informado sobre este caso, refiriéndose a Katia Daniela como “hombre vestido de mujer”. Estas expresiones no solo son incorrectas, sino que representan una grave falta de respeto a su identidad y dignidad”. La alcaldesa pidió a la Fiscalía investigar este asesinato con perspectiva de género. A estos llamados se sumó la organización Zapotlán Diverso. Con este caso suman seis activistas y personas defensoras de derechos humanos asesinadas en Jalisco desde noviembre de 2024 y cinco en lo que va del año. https://letrafria.com

La apertura del refugio Ace’s Place, en Long Island City, Nueva York, representa un paso histórico muy importante para la comunidad trans estadounidense.

Un estudio llevado a cabo desde el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en colaboración con el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER-ISCIII), ha analizado los conocimientos y el uso entre personas trans y/o no binarias de dos de las principales estrategias de prevención del VIH: la profilaxis pre-exposición (PrEP) y la profilaxis post-exposición (PEP). Los resultados del estudio, liderado desde la Escuela Nacional de Sanidad (ENS) del ISCIII y publicado en la revista International Journal for Equity in Health, revelan que las personas trans tienen un bajo conocimiento y hacen un uso anecdótico de ambas herramientas (PrEP y PEP), pese a ser una población prioritaria en la respuesta a la epidemia de VIH y a que están disponibles de forma gratuita en el sistema público de salud. Tanto la PrEP como la PEP son estrategias de prevención altamente efectivas en disminuir la transmisión de VIH. La PrEP consiste en la toma de medicamentos antirretrovirales en personas con alto riesgo de contraer el VIH, mientras que la PEP es un tratamiento con antirretrovirales que se toma después de una posible exposición al VIH para prevenir la infección. La investigación se ha basado en los datos obtenidos en el Estudio Transaludes, el primer estudio a nivel nacional de la salud de una muestra amplia y diversa de personas trans y/o no binarias residentes en España, presentado el año pasado por el ISCIII. El estudio, recientemente publicado, ha analizado la información de 1.468 personas mayores de 15 años, reclutadas entre octubre de 2023 y marzo de 2024, a través de métodos mixtos de captación online y presencial, incluyendo redes sociales, organizaciones comunitarias y unidades de identidad de género. Los resultados globales de la investigación muestran que solo la mitad de las personas participantes conocía la PrEP, que apenas un 15 % sabía cómo acceder a ella, y que tan sólo un 2,8 % la había utilizado alguna vez. En el caso de la PEP, los niveles eran aún más bajos: apenas un tercio había oído hablar de ella, un 13 % sabía cómo solicitarla y sólo un 1,6 % la había utilizado alguna vez, generalmente en una sola ocasión. Estas cifras contrastan con el hecho de que ambas estrategias están disponibles desde hace años en el sistema sanitario público: la PrEP se financia en España desde 2019 para personas con prácticas de riesgo para la adquisición del VIH, y la PEP está disponible desde hace más de dos décadas en servicios de urgencias y unidades de enfermedades infecciosas. Los resultados del estudio revelan desigualdades en salud y un amplio margen de mejora en la implementación de estas medidas preventivas, teniendo en cuenta los determinantes sociales y estructurales de la salud, para incorporar de forma inclusiva a una población que, según ONUSIDA, constituye un grupo clave en la respuesta frente al VIH. También evidencia inequidades que deben ser abordadas para cumplir los objetivos 95-95-95 de cara a 2030. Principales conclusiones del estudio La investigación también ha analizado los factores asociados al conocimiento y uso de estas estrategias preventivas. El conocimiento de ambas estrategias fue mayor entre mujeres trans y personas no binarias, entre quienes tienen estudios universitarios, y también entre las personas que han realizado algún proceso médico relacionado con la transición o que refirieron prácticas sexuales de riesgo. En cuanto al uso, fue más frecuente entre personas mayores de 30 años, residentes en grandes ciudades y con prácticas sexuales consideradas de mayor riesgo para la adquisición del VIH. Estos patrones sugieren la existencia de desigualdades estructurales en el acceso a la información y al uso de estas estrategias preventivas dentro de la población trans y/o no binaria. Los autores y autoras del estudio subrayan la necesidad de reforzar las acciones de prevención del VIH especialmente en los hombres trans, las personas más jóvenes, con menor nivel educativo, residentes en municipios más pequeños o con prácticas sexuales de más riesgo. A pesar de que las personas trans son unas de las poblaciones prioritarias en la respuesta a la epidemia del VIH, la estigmatización estructural y la discriminación siguen traduciéndose en desigualdades en salud. Además de los factores estructurales anteriormente mencionados, en el estudio Transaludes se han identificado potenciales barreras en el acceso a los servicios sanitarios como el miedo a visibilizarse como persona trans en consulta, la experiencia previa de discriminación en el acceso al sistema sanitario y la falta de competencias culturales en los servicios sanitarios, entre otros. El estudio subraya además la necesidad de repensar las estrategias de prevención del VIH desde una perspectiva más inclusiva. Frente a modelos tradicionales de prevención, los datos del trabajo revelan una amplia diversidad de identidades, orientaciones y prácticas sexuales entre las personas trans y/o no binarias. Este hallazgo refuerza la importancia de diseñar intervenciones de prevención que se adapten de forma realista y culturalmente adecuada a las necesidades de esta población. Finalmente, el equipo señala que los hallazgos ponen de relieve la necesidad de abordar los determinantes sociales y estructurales que generan desigualdades en salud, incluyendo aquellos relacionados con la falta de reconocimiento de la identidad de género. Para ello, resulta fundamental implementar políticas públicas que combatan la discriminación y estigmatización hacia las personas trans y/o no binarias, y que promuevan entornos más inclusivos y equitativos para esta población. El trabajo ha sido realizado por un equipo multidisciplinar compuesto por personal investigador del Centro Nacional de Epidemiología y la Escuela Nacional de Sanidad (ISCIII), las áreas de Epidemiología e Infecciosas del CIBER-ISCIII (CIBERESP y CIBERINFEC), el Hospital Universitario Severo Ochoa, la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA), El Centro de Estudios Epidemiológicos sobre las Infecciones de Transmisión Sexual y el Sida de Cataluña (CEEISCAT), y el Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. Firman el artículo Sara Moreno-García, Paule González-Recio, Marta Donat, Cinta Folch, Carlos Iniesta, María Alonso-Colón, Juan Miguel Guerras y María José Belza. https://www.isciii.es