La norma deroga la ley anterior, tras 11 años de aplicación, para fortalecer las garantías de igualdad de trato y no discriminación, y con la voluntad de hacer efectivo el derecho a la libre autodeterminación de la identidad y expresión de género en el ámbito público y privado.

La principal novedad es que incorpora una ampliación del régimen sancionador para acabar con las conductas LGBTIfobicas y da más cobertura tanto a las víctimas durante el proceso de denuncia, a la vez que aumenta los supuestos que definen las infracciones. Las sanciones quedan tipificadas según su gravedad y pueden ir de los 300 euros hasta los 500.000 euros.

La norma amplía los pretextos que pueden ser considerados una infracción, como no tratar a una persona "de manera intencionada" de acuerdo con su nombre o el género con el que se identifica o incluir en los negocios jurídicos cláusulas "que causen discriminación por razón de la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género o las características sexuales".

A la vez, se prohíben las terapias de "reconversión" y se pone coto a su promoción, al tiempo que se promueve el uso de símbolos LGBTI en espacios y edificios públicos. Para proteger especialmente a las personas trans e intersexuales, la ley parte de un enfoque interseccional -también para la protección de las personas migrantes, racializadas y refugiadas- y deja por escrito el deber de las administraciones públicas de crear espacios de memoria democrática del movimiento LGTBI y de las personas trans, al tiempo que se propone reparar la invisibilización de las lesbianas.

Con esta nueva legislación también se crea la Red de Servicios de Atención Integral para coordinar los servicios de atención integral LGTBI (SAI) y los puntos de información LGTBI en todo el territorio catalán y se otorga una mayor dotación de recursos para impulsar políticas públicas.

La CUP, que ya impulsó esta propuesta la legislatura anterior, pero no consiguió aprobarla por el adelanto electoral, ha celebrado que finalmente salga adelante y ha asegurado que es un "orgullo" porque supone "la defensa de los derechos humanos", aunque la diputada Pilar Castillejo ha deslizado que aún hay mucho trabajo por hacer y que se requiere de una mayor inyección de recursos.

"No es una actualización, abrimos una nueva fase", ha celebrado la diputada de ERC y exconsellera de Feminismes, Tània Verge para quien esta ley es una forma de responder a la "ofensiva reaccionaria global". La parlamentaria de Junts, Laura Martínez, ha añadido que esta ley garantiza la libertad y la igualdad de todas las personas "sin excepciones", y que "el Parlament tiene la obligación de estar a la altura cuando estos derechos son vulnerados", esta vez en sintonía con la diputada de los Comuns, Susanna Segovia, pero quien ha querido apostillar que el Govern debe ahora "dar sentido" a esta ley con más recursos y nuevas políticas. Por parte del PSC, Elena Díaz, ha lamentado que haya personas que deban esconder su amor para evitar ser agredidas y ha aplaudido que la nueva norma que sea "robusta" a nivel jurídico.

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