La falta de protocolos impide a las personas trans extranjeras adecuar sus documentos a un año de ley trans
ATA-Sylvia Rivera • 14 de febrero de 2024
La inexistencia de instrucciones claras deja en papel mojado un derecho reconocido en la ley trans. El 2 de marzo se cumple el plazo de un año que establece la ley para crear protocolos. La inaplicación del régimen sancionador o la inadecuación de los Planes de Igualdad en empresas son otros aspectos a los que no se está dando cumplimiento.

En el centro, Mar Cambrollé e Irene Montero en una concentración en diciembre de 2022 para celebrar la aprobación de la ley trans.
Las personas trans extranjeras que no puedan realizar la rectificación registral de nombre y mención al sexo en sus países de origen tienen derecho a adecuar sus documentos en España. Así lo establece la ley Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, aprobada en diciembre de 2022 y que entró en vigor el 2 de marzo de 2023.
El artículo que reconoce este derecho es el 50.1. El artículo indica que, para proceder a la adecuación, “la autoridad competente instará al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a que recabe la información disponible en la representación exterior de España que corresponda sobre si en el país de origen existen impedimentos legales o de hecho para llevar a cabo dicha rectificación registral” y que “dicho Ministerio comunicará la información disponible a la autoridad solicitante en el plazo máximo de un mes”.
Pero personas trans extranjeras que han intentado hacer uso de este derecho se han topado con el desconocimiento de las administraciones, como explican a El Salto desde algunos colectivos.
De ventanilla en ventanilla sin nada en claro
La asociación Euforia Familias Trans Aliadas es uno de los colectivos que se mantienen vigilantes de que se dé cumplimiento a la ley trans. En noviembre, y tras dar seguimiento al caso de una persona trans extranjera a la que un Registro había rechazado la solicitud por indicar que no era la administración competente, Euforia hizo una consulta sobre la adecuación de documentos de personas trans extranjeras. A través de una consulta electrónica, la respuesta que le da el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación social —encargado de gestionar las incidencias enviadas por esta vía— es que esa autoridad competente es, según el artículo 45 de la misma Ley, la persona encargada de la Oficina del Registro Civil en la que se presente la solicitud.
Además, siguen, es la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia quien debe de desarrollar las instrucciones específicas de Registro Civil para cumplir con esta nueva previsión legal. Por eso, Euforia pide en noviembre una reunión con la Dirección General. “Aunque nos recibió el fiscal de sala y quedó en trasladar todas estas consultas, estamos en febrero y seguimos esperando una respuesta”, dice Saida García Casuso, integrante de Euforia.
Ni el Registro, ni las Oficinas de Extranjería, ni la Oficina de Asilo dan instrucciones precisas sobre cómo proceder en este trámite
Desconocimiento y respuestas contradictorias es también lo que se encuentran las personas que han regularizado su situación en España por la vía de la solicitud de asilo. Así lo explica una abogada experta en derecho de asilo que asesora a dos personas solicitantes de asilo, que se ha encontrado con que ni la Oficina de Asilo y Refugio ni el Registro le facilitan instrucciones precisas sobre cómo proceder a este trámite. No solo eso, sino que las respuestas a su petición de información son en algunos casos contradictorias.
Para la abogada, el problema de origen está en la ley, que menciona una “autoridad competente” pero no especifica cuál es esa autoridad, lo que se traduce en la imposibilidad de facto para iniciar el procedimiento.
El colectivo Migrantxs Transgresorxs no se muestra sorprendido ante esta situación. “Marean a la gente y no se agiliza el procedimiento”, explica Álex Aguirre, integrante de este colectivo. “Pasan los años y las cosas no cambian”. El colectivo entiende que, con los plazos a punto de expirar, nada indica que los protocolos que deben crearse puedan estar en el plazo establecido, y se muestra pesimista.
Un año de ley trans
Sin embargo, una consulta de Plataforma Trans al 028 —el servicio habilitado por el Ministerio de Igualdad para información sobre derechos LGTBI— es clara al indicar que la administración no se puede amparar en que todavía no existen procedimientos habilitados para denegar la rectificación y que, si lo hiciera, cabría interponer recurso.
“No es un texto en trámite, es una ley en vigor y hay que cumplirla exista o no protocolo”, dice Mar Cambrollé, presidenta de Plataforma Trans. “Para que la ley sea efectiva y funcione hay que hacer una serie de instrucciones, reglamentos, o circulares que den indicaciones y también hay que informar a las personas que son beneficiarias de la ley”, asegura. Para ello, sería importante no solo crear esos protocolos sino informar a los colectivos, que son muchas veces a quienes primero se dirigen las personas en busca de información.
Plataforma Trans se reunió la semana pasada con la Dirección general para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, que indica que se está trabajando en un protocolo con Interior para facilitar instrucciones a las Oficinas de Extranjerías. A otros colectivos se les ha trasladado que existen reuniones para abordar la situación en la Oficina de Asilo. El Salto ha contactado con el Ministerio de Interior —del que dependen tanto las Oficinas de Extranjería como las de Asilo—, sin haber obtenido respuesta.
A un año de su entrada en vigor, el régimen sancionador de la ley trans no se está cumpliendo y tampoco se han adecuado los planes de igualdad en las empresas porque no se ha convocado la mesa del diálogo social
Plataforma Trans también recuerda que, tras casi un año en vigor, la falta de información para personas trans extranjeras no es el único problema. Para esta organización, otro de los problemas detectados es la inaplicación del régimen de infracciones y sanciones recogido en el Título IV. Esta inaplicación, dice el colectivo, se debe a que las administraciones no informan correctamente del itinerario para interponer denuncias administrativas en base a los supuestos de la ley trans, que deben ser dirigidas a las consejerías de Igualdad o direcciones de diversidad de las comunidades autónomas. “Pero nos encontramos con gente a la que mandan al juzgado o a la Policía, cuando estamos hablando de algo que no tiene nada que ver, como es un régimen sancionador administrativo”, lamenta Cambrollé.
Tampoco se está trabajando, advierten, en la adecuación de los planes de igualdad, algo para lo que la ley establecía un plazo de un año, que está a punto de cumplirse: el artículo 15 de la ley indica que las empresas de más de 50 personas trabajadoras deben contar con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, así como un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI. Pero para que esto ocurra, explica Plataforma Trans, debe convocarse la mesa de diálogo social, ya que estas medidas deben abordarse a través de la negociación colectiva y ser acordadas con la representación legal de las personas trabajadoras. Pero la mesa de diálogo social no se ha convocado, dice Cambrollé, que insta a Trabajo a que lo haga.
Para la presidenta de la plataforma, el compromiso que la ministra de Igualdad mostró con el desarrollo de la ley LGTBI y trans durante su primera intervención en la Comisión de Igualdad del Congreso —donde anunció un plan de empleo específico para personas trans— es una pantalla de humo para desviar la atención del nombramiento de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres, señalada por sus posicionamientos transexcluyentes. “Que empiezan a implementar la ley y que empiecen ya”. “No queremos parecernos a las comunidades gobernadas por el PP que no solo no la han implementado nunca sino que hasta las han mutilado, como ha pasado en Madrid”.
FUENTE: https://www.elsaltodiario.com/ley-trans/personas-trans-extranjeras-cambio-documentos-ley-trans-barreras
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Barcelona, octubre de 1991. España todavía está entrando en los años 90, a unos meses de los Juegos Olímpicos. La ciudad intenta proyectar modernidad, apertura, libertad. Pero, en una glorieta del parque de la Ciutadella, un grupo de jóvenes neonazis encuentra a varias personas sin hogar descansando bajo unas mantas. Entre ellas hay una mujer trans de 45 años, Sonia Rescalvo. Pocos minutos después sería asesinada a golpes, patadas y barras metálicas, y otras dos personas resultarían gravemente heridas con secuelas permanentes. Y aunque entonces casi nadie lo sabía, aquel crimen iba a cambiar para siempre la manera en que la justicia española entendería los delitos de odio. ¿Quién era Sonia? Sonia Rescalvo nació en Cuenca en 1965. Y como muchísimas personas trans de su generación, tuvo que marcharse de su entorno para poder vivir su identidad. En la actualidad, usamos una palabra muy potente para eso: sexilio. Y Barcelona en aquella época, con todas sus contradicciones, era uno de los pocos lugares donde una persona trans podía intentar construir una vida con algo más de libertad. Sonia trabajó como vedette durante un tiempo, pero la realidad terminó golpeándola muy duro entre adicciones, prostitución y pobreza extrema. Una vulnerabilidad que la convertiría en un claro objetivo. La noche de los hechos El 5 de octubre de 1991, un grupo de jóvenes skinheads pasaba la noche por distintos bares de Barcelona, y sobre las tres y media de la madrugada entraron en el parque de la Ciutadella. Allí llegan a una glorieta donde duermen varias personas sin hogar tapadas con mantas y empiezan a hacer ruido. Sonia y otra persona les dicen algo muy sencillo: que los dejen dormir. En ese momento, se desencadena lo peor. Los agresores se dan cuenta de que quienes están allí son homosexuales y personas trans, y uno de ellos utiliza la expresión “subir a tocar el tambor”, que en su argot significaba golpear brutalmente la cabeza de alguien en manada. Los agresores comenzaron a patear sus cabezas y tórax, hasta que Sonia perdió el conocimiento. Seguidamente, uno de los neonazis comprobó si alguna de las víctimas seguía respirando, para acto seguido acabar con su vida. Un antes y un después en la justicia española El caso Sonia obligó a la justicia española a hacerse una pregunta distinta. Hasta entonces muchas investigaciones se centraban exclusivamente en: quién golpeó, quién mató o quién llevaba el arma. Pero este crimen obligó a preguntarse algo mucho más profundo: ¿por qué eligieron precisamente a esa víctima? Porque ella no fue asesinada al azar. Era una mujer trans, era pobre y dormía en la calle. En definitiva, era vulnerable. La agresión no solo buscaba matarla sino mandar un mensaje de exclusión y de odio a todo un colectivo. Los errores en la construcción del caso El problema estructural en este caso radica en que no se contemplara el motivo discriminatorio en el actuar criminal. Muchas veces, el problema aparece al principio, en cómo se mira el crimen. Con Sonia ocurrió algo peligrosísimo: se empezó investigar como una agresión salvaje de jóvenes violentos, pero no con toda la intensidad necesaria como una posible agresión selectiva contra personas vulnerables. Afortunadamente, el Mosso d’Esquadra Joan Carles Molinero Juncà, se hizo cargo de esa investigación y la impulsó de forma moderna y profesional, pero voluntarista. Y eso condiciona todo. Porque, si desde el primer momento no incorporas la discriminación como hipótesis, el odio puede desaparecer del procedimiento aunque sea el núcleo del crimen. La importancia del fiscal especialista en delitos de odio Hay quien piensa que un fiscal solo aparece en el juicio. Y no. Hay fiscales revisando denuncias, monitorizando procedimientos, intentando detectar motivaciones discriminatorias que a veces ni siquiera aparecen claramente descritas en el atestado inicial por razones ajenas a los policías. Esta labor exige formación, sensibilidad y muchísimo compromiso humano. Y a pesar del esfuerzo, su ánimo no decae. Saben que detrás de cada denuncia hay una persona que muchas veces llega rota, con miedo, con vergüenza o con sensación de que nadie le va a creer. Y ahí, el papel del fiscal es estrictamente necesario. La realidad de las mujeres trans en la actualidad En unas jornadas recientes en la Fiscalía, se analizó el asesinato de Sonia, con la oportunidad de conversar y aprender de Sofía, Judith y Marina, mujeres trans con increíbles reflexiones e historias a sus espaldas. No hablaron desde el resentimiento, pero también desde la dignidad, reivindicando algo tan simple como su derecho a existir, a vivir tranquilas y a no tener miedo. Un testimonio que recuerda que la discriminación y la transfobia no conceptos abstractos. Detrás de ellas hay seres humanos, y la dignidad humana, no se debate. ¿Acabarán algún día este tipo de crímenes? El fiscal asegura que el problema no ha desaparecido, sino que ha cambiado de forma. A día de hoy tenemos mejores leyes y mayor formación, pero siguen existiendo discursos de deshumanización que se amparan en era de la desinformación. Hay que recalcar dos ideas fundamentales: 1. Los delitos de odio no castigan ideas, castigan conductas que lesionan derechos fundamentales en un contexto discriminatorio. 2. Los discursos de odio sí son peligrosos por sí mismos, porque reducen las barreras frente a la violencia. Cuando conviertes constantemente a un colectivo en amenaza, acabas facilitando que alguien crea legítimo atacarlo. Y por eso recordar a Sonia no es mirar al pasado. Es preguntarnos qué sociedad queremos ser, si una sociedad donde determinadas personas tengan miedo de existir, o una capaz de proteger la dignidad de todos. Martín reafirma que la dignidad humana no puede depender ni de la identidad, ni de la orientación sexual, ni del aspecto físico, ni de la pobreza, ni de la vulnerabilidad. Porque, es para todos, o al final no será para nadie. https://cadenaser.com

María Cortés renovó el DNI en el año 2024 con su nuevo nombre y sexo, pero el Ayuntamiento de Dos Hermanas no remitió la información a la Oficina del Censo Electoral, por lo que su tarjeta no es correcta para las elecciones del domingo en Andalucía. El Consistorio alega que la ciudadana no actualizó el padrón, pero hace un año inició los trámites para modificar esos datos.

Organizaciones piden a la Fiscalía del Edomex aplicar protocolos con perspectiva de género y diversidad sexual. De acuerdo con pronunciamientos difundidos por organizaciones civiles y medios locales, Fanny era maestra de danza, coreógrafa, creadora de contenido en TikTok y una persona muy querida dentro de su comunidad. Tras darse a conocer el caso, colectivos hicieron un llamado urgente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que el crimen sea investigado con perspectiva de género y diversidad sexual, evitando cualquier forma de revictimización. Además, solicitaron que se agoten todas las líneas de investigación, incluyendo la posibilidad de feminicidio y crimen de odio. “Las vidas de las mujeres trans importan y casos como éste no pueden permanecer en la impunidad”, expresaron organizaciones en redes sociales. También pidieron a medios de comunicación y autoridades respetar de forma irrestricta la identidad de género de la víctima durante la cobertura y el proceso judicial. En el posicionamiento, activistas recordaron que la violencia transfeminicida sigue siendo una realidad alarmante en México y señalaron que las reformas legales aprobadas recientemente en el Estado de México para tipificar el transfeminicidio deben traducirse en acceso real a la justicia para las víctimas y sus familias. Personas cercanas a Fanny compartieron mensajes de despedida y reconocimiento a su trayectoria como maestra de danza. “Fanny, una de las mejores maestras de danza. Que Papá Dios te tenga en un mejor lugar, te recordamos con mucho cariño”, escribió una persona en redes sociales. El caso ha provocado indignación entre usuarios y colectivos LGBTQ+, quienes han comenzado a difundir el hashtag #NoMásTransfeminicidios para exigir justicia y visibilizar la violencia contra mujeres trans en el país. Organizaciones también pidieron a medios y autoridades respetar la identidad de género de Fanny y evitar procesos de revictimización. “La violencia transfeminicida es una realidad galopante en el país”, señalaron activistas, quienes además recordaron que las reformas para tipificar el transfeminicidio deben traducirse en justicia real para las víctimas. Amistades y alumnas la recuerdan como una gran maestra de danza y una persona llena de sueños que hoy quedaron truncados. https://elclosetlgbt.com










