El Síndic de Greuges ha llamado la atención a la Generalitat por la gestión de una denuncia presentada por una mujer trans que aseguró haber sufrido una discriminación al negársele un servicio estético para el que había solicitado cita previa. La institución considera que la Administración autonómica no ha ofrecido una respuesta adecuada a la reclamación y recuerda que la ciudadanía tiene derecho a una investigación efectiva y a una resolución expresa y motivada.

La denuncia fue presentada en junio de 2025 ante la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio y ante el departamento competente en materia de Igualdad. La afectada sostenía que un establecimiento comercial se había negado a atenderla porque acudía como mujer y no como hombre, circunstancia que consideró una discriminación por identidad de género.

La Conselleria de Industria acabó archivando las actuaciones tras concluir que existían versiones contradictorias entre la denunciante y la empresa. Mientras la reclamante apreciaba una conducta discriminatoria, la mercantil negó los hechos y alegó que la incidencia obedecía a cuestiones organizativas relacionadas con la duración de los servicios y la planificación de la agenda. Ante esta discrepancia, la Administración entendió que no podía determinar la existencia de una infracción administrativa.

Por su parte, la Conselleria competente en Igualdad comunicó al Síndic que tenía previsto abrir actuaciones previas para esclarecer los hechos y valorar la posible incoación de un expediente sancionador por vulneración de los derechos de las personas LGTBI. Sin embargo, cuando el Síndic dictó su resolución el 3 de junio de 2026, seguía sin constar el inicio efectivo de dichas actuaciones.

En su resolución, el defensor autonómico subraya que no le corresponde determinar si existió o no discriminación, ya que esa función compete a la Administración. No obstante, considera inadmisible que, más de un año después de la denuncia, la persona afectada careciera de información formal sobre la apertura de un procedimiento de investigación y tampoco hubiera recibido una respuesta sobre el fondo del asunto.

«El ejercicio y la tutela de los derechos de las personas no pueden quedar supeditados a procesos de reestructuración administrativa interna», sostiene la institución. El Síndic rechaza además las explicaciones ofrecidas por la Generalitat para justificar la demora. La resolución señala expresamente que el reparto de competencias entre distintas consellerias y la reorganización del Consell llevada a cabo en diciembre de 2025 no justifican la demora en la tramitación del expediente.

«El ejercicio y la tutela de los derechos de las personas no pueden quedar supeditados a procesos de reestructuración administrativa interna», sostiene la institución, que recuerda que en este caso están en juego derechos fundamentales como la igualdad y la no discriminación.

La resolución recuerda también que la legislación estatal sobre igualdad de las personas trans y derechos LGTBI obliga a las administraciones públicas a investigar los posibles supuestos de discriminación de los que tengan conocimiento. Asimismo, destaca que cuando una persona aporta indicios fundados de discriminación corresponde a la parte señalada aportar una justificación objetiva y razonable de la actuación cuestionada, aplicándose la denominada inversión de la carga de la prueba.

Como conclusión, el Síndic considera que el archivo de las actuaciones por parte de Industria y la demora de la Conselleria de Igualdad constituyen una vulneración del derecho a una buena administración. Por ello, ha recomendado a ambos departamentos que impulsen el esclarecimiento de los hechos, practiquen las pruebas necesarias y extremen la diligencia en la investigación de este tipo de denuncias para garantizar una respuesta adecuada a la ciudadanía.

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