El Gobierno incumple la Ley Trans y entorpece el cambio de sexo legal de las personas extranjeras
ATA - Sylvia Rivera • 6 de febrero de 2026
La norma daba al Ejecutivo un año de plazo para desarrollar por vía reglamentaria un procedimiento claro y homogéneo para ejercer este derecho, pero han pasado dos y no lo ha hecho mientras abogados, asociaciones y afectados denuncian una situación de confusión e inaccesibilidad
Debería haberlo hecho hace casi dos años, pero el Gobierno sigue sin desarrollar el reglamento incluido en la Ley Trans para permitir que las personas extranjeras modifiquen su nombre y sexo legal. La norma, aprobada en marzo de 2023, dio un año al Ejecutivo para “habilitar por vía reglamentaria” el procedimiento, pero a día de hoy aún no lo ha hecho. El retraso impacta de lleno en las personas trans que no pueden modificar estos datos en sus países de origen y que describen una situación de “limbo” al desconocer la hoja de ruta para ejercer un derecho que la ley les reconoce.
“Lo he intentado, pero me he encontrado con un bloqueo administrativo constante”, afirma Dina El Omary, una mujer trans que huyó de Marruecos tras una vida marcada por la violencia. Pidió asilo en España y fue reconocida como refugiada al considerar acreditada la situación de “acoso, hostigamiento y violencia física y verbal” a la que fue sometida en su país de origen, donde era conocida por su activismo. El expediente que le concede el asilo reconoce “la imposibilidad de vivir con libertad y dignidad” su propia identidad en Marruecos, donde ser LGTBI es considerado delito, pero aun así asegura que aún no ha podido cambiar aquí su nombre ni sexo legal.
“El Estado reconoce que tuve que huir de mi país por mi identidad, pero al mismo tiempo no la respeta ni me permite vivir plenamente. Es doloroso y contradictorio”, afirma. La Ley Trans, que provocó una profunda brecha en el Gobierno y las críticas de un sector del feminismo, permite a los españoles cambiar el DNI sin requisitos médicos, con la voluntad del solicitante. Su artículo 50 extiende el derecho a los extranjeros “que acrediten la imposibilidad legal o de hecho” de hacerlo en su país y establece que lo podrán hacer “ante la autoridad competente”. Esta tendrá que “instar” al Ministerio de Exteriores para que investigue cómo está la situación en el país del solicitante.
Para que esto pueda ser efectivo, la norma dispone que “en el plazo de un año” desde su entrada en vigor, el Gobierno “habilitará por vía reglamentaria los procedimientos” adecuados. Entre los perfiles a los que va dirigida la medida están las personas extranjeras con papeles y también todos los solicitantes asilo y refugiados, que según la ley tienen derecho a que los documentos que les identifican reflejen su identidad. Sin embargo, a día de hoy el reglamento no está aprobado y no hay una vía clara y homogénea para proceder al trámite, según trasladan asociaciones, abogados y personas afectadas consultadas.
“Me dijeron que tenía que ir al Registro Civil y allí me informaron de que no pueden tramitarlo, pero nadie me ha informado de cómo puedo hacerlo. La respuesta siempre ha sido negativa sin que nadie asuma la competencia”, explica Dina, que vive en Madrid y que consultó con un abogado que le indicó que “no existe ningún organismo ni departamento que esté aplicando” de manera generalizada el procedimiento. Colectivos LGTBI como la Plataforma Trans, que fue la primera en llamar la atención sobre la situación, llevan meses denunciando el incumplimiento.
Depender de la voluntad del funcionario
Cuando algunas de las personas solicitantes de asilo atendidas por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), organización que gestiona algunos de los centros del sistema de acogida estatal, mostraron a su personal su deseo de acogerse a este derecho, la ONG se encontró con que no había un procedimiento claro para solicitarlo. “Vamos caso por caso. No existe un procedimiento”, explica Elena Muñoz, responsable legal en CEAR.
Ante la falta de protocolo, la organización acudió a dos entidades para intentar solicitar los cambios en cada uno de los casos: por un lado, a la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que depende del Ministerio de lnterior y se encarga de la documentación temporal que poseen los solicitantes de asilo, la llamada 'tarjeta roja'. Por otro, a la Policía Nacional. “Son dos trámites. Primero, el nombre registrado en el expediente de su petición de asilo, así como en todas las resoluciones ligadas al caso, competencia de la OAR. Después, la expedición de la documentación (Policía Nacional)”, resume Muñoz.
La letrada afirma que, mientras unos casos ya se han resuelto de manera ágil, otros aún se encuentran en trámite y sufren algo más de retraso. “En nuestro caso la Policía y la OAR, fueron colaboradoras y buscaron la manera de hacerlo. Reconocían que no era fácil al no haber procedimiento, pero se implicaron”, apunta. El problema de depender de la implicación de los funcionarios de turno es la probable arbitrariedad en la respuesta, y la dificultad con la que se encontrarán quienes carecen del acompañamiento jurídico de una organización. “La Oficina de Asilo, por ejemplo, no tiene una ventanilla al público. No sé cómo podría hacerlo alguien que no tiene ese asesoramiento. Cualquiera tendría que ser capaz de hacerlo a través de un procedimiento claro, sencillo y con los plazos marcados”, opina la jurista.
La Plataforma Trans lleva desde el pasado octubre movilizándose y ha recurrido al Defensor del Pueblo. La presidenta de la organización, Mar Cambrollé, denuncia la “desidia” del Gobierno con las personas trans migrantes, a las que asegura que está “condenado a la invisibilidad, a la precariedad y al miedo” por lo que considera que “no es una simple omisión administrativa”, sino “una vulneración flagrante de los derechos humanos”.
Nadie asume la responsabilidad
En el seno del Gobierno, no parece haber una hoja de ruta marcada y todos los ministerios consultados que han respondido a elDiario.es eluden asumir la responsabilidad en la cuestión. A preguntas de este medio, Interior apunta a que “el procedimiento no depende” del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska porque Policía Nacional “expide la documentación”, pero “carece de capacidad para realizar estas modificaciones [de nombre y sexo legal], como tampoco puede hacerlo con las personas españolas, sin el cambio previo en el Registro Civil”. En una respuesta parlamentaria remitida este jueves a Podemos, Interior asegura que ya “aplica” las previsiones contenidas en la ley.
El Ministerio de Justicia, que es de quien depende el Registro Civil, apunta a que “solo tiene competencia” para hacerlo con quienes tienen la nacionalidad española, mientras que el Ministerio de Igualdad, que fue el impulsor de la Ley Trans, vuelve a pasar la pelota a Interior: “Es el que tiene competencias para expedir documentos identificativos oficiales”, apuntan fuentes del departamento dirigido por Ana Redondo, que señalan que “Interior y Exteriores” deberían “conjuntamente” reglamentar el procedimiento. El Ministerio de Asuntos Exteriores, por su parte, no ha respondido a la consulta.
Fuentes del Defensor del Pueblo señalan que han recibido varias quejas de personas extranjeras que tienen “dificultades” para solicitar el cambio y mantiene una “actuación abierta” por ello, sumado a la interpuesta por la Plataforma Trans, que también envió una carta al Ministerio del Interior que no ha sido contestada. En la respuesta del pasado enero, el organismo dirigido por Ángel Gabilondo apunta directamente a Interior como responsable del desarrollo del reglamento para clarificar el procedimiento y confirma que le ha pedido explicaciones por “la demora” en su puesta en marcha.
Pero, además, el Defensor del Pueblo informa de un caso en el que la modificación de los datos de una persona extranjera –no solicitante de asilo– se produjo por la actuación de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa. Esta es precisamente la vía que señala la Dirección General de Policía en un informe en el marco de un recurso que actualmente tramita el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº17 de Madrid interpuesto por una chica trans de Perú. En el informe, al que ha accedido elDiario.es, la Policía asegura que debería haberse dirigido a la Delegación del Gobierno de Madrid, que es donde vive, y una vez hecho el cambio, la Unidad de Documentación de Policía Nacional podría plasmarlo en su documentación.
“La cuestión es que la Ley Trans es ambigua porque habla de 'autoridad competente' y ninguna está asumiendo la responsabilidad”, opina el abogado Saúl Castro, que lleva el caso de la mujer peruana y que ya ha presentado la petición ante la Delegación del Gobierno. Castro cree que las Oficinas de Extranjería, que están en las subdelegaciones, “son las competentes” para hacer la gestión, al menos en el caso de quienes no son solicitantes de asilo, pero aun así cree que “es necesario” el desarrollo del reglamento porque “hace falta un protocolo claro que garantice la aplicación del derecho”. Preguntado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, del que dependen las delegaciones del Gobierno, apunta a que sus funciones “son las de todas las áreas” del Ejecutivo y remite “a Interior o a Igualdad”.
Desde su experiencia como abogado de extranjería, Francisco Solans reconoce la dificultad que podría entrañar para los funcionarios encontrar por su cuenta la fórmula. “La Ley de Extranjería establece que tanto la Policía como las Oficinas de Extranjería son las encargadas de obtener los datos de identificación de los documentos del país de origen”, indica el letrado, que apunta a que la posible solución debería pasar por registrar el cambio de nombre y sexo en el Registro Civil –donde lo hacen los españoles– para que después las Oficinas de Extranjería o la Policía “sí pueda hacer el cambio”. “Siendo tan complejo, es aún más importante que se desarrolle el procedimiento”, añade.
No es una cuestión superficial. Llevar en los documentos oficiales un nombre y un sexo legal que no se corresponde con su identidad les afecta “cada día”, dice Dina El Omary. Sobre todo, cuando su apariencia física ya no se corresponde con esos datos que aparecen en tarjetas como la sanitaria o la del banco o en sistemas internos en el ámbito laboral o estudiantil. “Me genera problemas en el trabajo, en el hospital, ante las administraciones o con la Policía. Cada trámite se convierte en una explicación, una duda y una exposición innecesaria”, denuncia la mujer, que lamenta la “dura sensación” de haber dejado un país “para huir de una forma de sufrimiento” y haberse encontrado en España “con otra, distinta, pero constante”. “Cuando llegué no me imaginaba que, siendo refugiada reconocida, seguiría viviendo sin documentos que me representen”.
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Noticias
Cada 18 de marzo de conmemora el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas trans en Argentina. En esa línea, la cartera sanitaria bonaerense, recordó a la población que existe la Red de Atención, Cuidados y Acompañamiento de la Salud Integral de Personas LGBT+, con pie en todo el interior provincial. La Ley 26.743 de Identidad de Género garantiza el derecho al reconocimiento y libre desarrollo de la identidad de género y el acceso a cuidados integrales de la salud, incluyendo tratamientos de modificación corporal de manera segura y gratuita. En la web del ministerio de Salud bonaerense se pueden consultar cuales son las sedes sanitarias que adhieren a la red de atención en cada municipio: http://ms.gba.gov.ar/sitios/generoydiversidad/. El 18 de marzo se eligió como fecha para conmemorar en Argentina el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans en homenaje a la activista travesti trans Claudia Pía Baudracco, fallecida en esa fecha en el año 2012 a los 41 años. Baudracco fue una de las fundadoras de ATTTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina) en el año 1993. Al frente de esta asociación lideró las acciones para la derogación de los Códigos de Faltas y Contravencionales de distintas provincias, herencia de los edictos de la dictadura militar y persecutorios de las trabajadoras sexuales. En 2005 estuvo presente en la conformación de la Federación Argentina LGBT. Contribuyó activamente a la campaña para la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario durante 2009 y 2010, y lo mismo ocurrió con la Ley de Identidad de Género, que fue sancionada el 9 de mayo de 2012.
Nepal ha marcado un nuevo hito en la representación política del colectivo LGTBI. La activista Bhumika Shrestha se convertirá en la primera mujer trans en llegar al Parlamento del país, un hecho histórico que ha sido celebrado por organizaciones y activistas de derechos humanos. La llegada de Shrestha a la cámara legislativa supone un paso importante para la visibilidad de las personas trans en la política asiática y refleja también los cambios generacionales que se están produciendo en el país. Una activista histórica del movimiento LGTBI Bhumika Shrestha es conocida desde hace años por su trabajo dentro del movimiento por los derechos LGTBI en Nepal. Ha colaborado con organizaciones de defensa de la diversidad y ha participado en campañas para mejorar la situación legal y social de las personas trans en el país. Su trayectoria como activista la ha convertido en una de las figuras más reconocidas de la lucha por la igualdad en Nepal. El voto joven impulsa el cambio Según varios análisis políticos, el crecimiento del voto joven ha sido clave para que este avance sea posible. La llamada Generación Z ha mostrado una mayor apertura hacia la diversidad y los derechos de las minorías, lo que ha contribuido a impulsar nuevos perfiles políticos. Este cambio generacional ha permitido que candidaturas vinculadas a la defensa de los derechos humanos ganen visibilidad dentro del panorama político nepalí. Un paso simbólico para la representación trans La entrada de Bhumika Shrestha en el Parlamento es vista por muchas organizaciones como un momento histórico para la representación trans en Asia. Aunque Nepal ha sido considerado uno de los países más progresistas de la región en materia de reconocimiento legal del "tercer género", la presencia de personas trans en cargos políticos sigue siendo muy limitada. Por ello, este nuevo paso se interpreta como una señal de avance hacia una mayor inclusión dentro de las instituciones democráticas. La propia activista ha señalado en varias ocasiones que su objetivo es trabajar para mejorar las condiciones de vida de las personas LGTBI en Nepal y avanzar hacia una sociedad más igualitaria. Su llegada al Parlamento no solo representa un logro personal, sino también un símbolo de esperanza para muchas personas que durante años han luchado por el reconocimiento y la igualdad. https://www.togayther.es
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el viernes el nombramiento de Taylor Brown como directora de la recién creada Oficina de Asuntos LGBTQIA+ de la alcaldía, informó PIX11. Brown, una mujer trans, se desempeña actualmente como fiscal general adjunta en la Oficina de Derechos Civiles de la Fiscalía General del estado de Nueva York. Desde ese cargo ha trabajado en casos relacionados con discriminación y derechos civiles. La alcaldía dijo que la nueva Oficina de Asuntos LGBTQIA+ servirá como enlace entre el gobierno municipal y las comunidades LGBTQIA+ para prevenir la discriminación basada en identidad de género u orientación sexual. También tendrá la responsabilidad de supervisar el proyecto NYC Unity, una iniciativa creada en 2017 para coordinar servicios y programas de apoyo dirigidos a esta comunidad en la ciudad. Tras el anuncio, Brown expresó que asume el cargo con el objetivo de fortalecer las políticas de inclusión y protección en la ciudad. “Nueva York me lo ha dado todo: atención médica que me ha salvado la vida, educación, un hogar, una carrera, mi familia elegida y una vida con propósito”, afirmó Brown, según declaraciones recogidas por PIX11. “Me enorgullece servir a esta ciudad como la primera directora de la Oficina del Alcalde para Asuntos LGBTQIA+. Trabajaré cada día para asegurar que las puertas de la ciudad de Nueva York permanezcan abiertas para todos y para continuar el legado de Nueva York como faro de oportunidad y esperanza para quienes han sido ignorados, discriminados y excluidos intencionalmente”, expresó. Brown también señaló que espera colaborar con distintas agencias municipales para garantizar que la ciudad continúe protegiendo a la comunidad LGBTQIA+ frente a personas o grupos que no comparten los valores de inclusión que, dijo, definen a Nueva York. De acuerdo con PIX11, antes de su nombramiento Brown se ha enfocado en investigar y atender casos de discriminación contra personas trans en espacios públicos y en el acceso a la vivienda. Su trabajo también ha incluido iniciativas para enfrentar desigualdades relacionadas con la discriminación racial y por discapacidad dentro del sistema de escuelas públicas, así como esfuerzos legales frente a medidas federales que debilitan las protecciones de derechos civiles. https://eldiariony.com
La nueva regla finalizada de la administración Trump, "Mejorar la investigación y combatir el fraude en el programa de visado de inmigrantes de diversidad", representa una amenaza significativa para las personas trans que participan en el Programa de Visados de Diversidad en los Estados Unidos, comúnmente conocido como la "lotería de la tarjeta verde. " Bajo esta regla, que se finalizó el 11 de marzo, los solicitantes están obligados a revelar su "sexo biológico al nacer", independientemente de las discrepancias con sus pasaportes u otros documentos oficiales. Este requisito crea una laguna que podría permitir al Departamento de Estado etiquetar las aplicaciones de personas trans como fraudulentas y descalificarlas. Si una persona trans no rellenara el formulario usando su "sexo biológico al nacer", el Departamento de Estado también podría declarar su aplicación fraudulenta, incluso después de haber ingresado al país. El Departamento de Estado ha dicho que el requisito de "sexo biológico al nacer" se aplica a todas las solicitudes de visado, no sólo a la lotería de la tarjeta verde. Las implicaciones se extienden a ICE, que ahora tiene una nueva justificación para dirigirse a personas trans bajo el pretexto de la aplicación de la ley de inmigración. Dado que ICE puede funcionar con amplia discreción, las apuestas para las personas trans, especialmente las de grupos raciales minoritarios, son más altas que nunca. 📷 Activo vía Aleksandra Vaca / Transitics on Substack 📷 Departamento de Estado de EE. UU. 📷 Getty PinkNews.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado el derecho de las personas trans a que su género sea reconocido en sus documentos oficiales en los Estados miembro. En una sentencia, publicada este jueves, el máximo órgano de justicia europeo ha dado la razón a una mujer trans que había pedido, sin éxito, a Bulgaria, su país natal, que actualizara sus datos en el registro civil. El TJUE considera que “el Derecho de la Unión se opone a que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro pueda interpretar una norma que acabe constituyendo un obstáculo jurídico para la inscripción en el registro civil de ese Estado de un cambio de los datos relativos al género”. La corte argumenta su fallo en el derecho de los ciudadanos europeos a circular y residir libremente en otro Estado miembro. El caso se refiere a una mujer trans, nacida en Bulgaria, que realizó su proceso de transición en Italia. Cuando esta quiso que su género fuera reconocido en sus documentos búlgaros, el registro de este país le denegó la petición. Aunque la mujer presentó informes médicos y un dictamen pericial que respaldaba su demanda, la solicitud no fue admitida. La demandante acudió entonces al Tribunal Supremo de Bulgaria. En 2023, este organismo había emitido una decisión vinculante, declarando que la legislación búlgara no permite a los tribunales “autorizar un cambio de sexo, nombre o número de identificación personal para las personas trans en el Registro Civil”. Sin embargo, y ante las dudas de que la legislación búlgara chocara con el derecho de la UE, el caso fue elevado al TJUE. Aunque al Alto Tribunal europeo, con sede en Luxemburgo, especifica que la expedición de documentos de identidad ―en general todas las gestiones del registro— es competencia de los Estados miembro, estos deben respetar el derecho de la UE. Además, considera que no reconocer el género de un ciudadano en la documentación oficial, puede suponer “un obstáculo para la libre circulación” en el territorio europeo. La sentencia detalla que esa falta de reconocimiento documental de una persona trans produce una discordancia, que puede llevar a la persona afectada a tener que, bien dar explicaciones sobre su realidad, bien demostrar la autenticidad de sus documentos en múltiples situaciones cotidianas (en un aeropuerto, por razones médicas o profesionales). Una situación que, según ahonda el fallo, “genera inconvenientes considerables y supone una restricción a la libre circulación”. Esto “solo puede admitirse si se fundamenta en consideraciones objetivas de interés general y respeta el principio de proporcionalidad de conformidad con el derecho europeo y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el derecho a la privacidad”. Previamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya había dictaminado (en 2020 y en 2022) que Bulgaria vulneraba el Convenio Europeo de Derechos Humanos por su negativa al reconocimiento legal y documental del género de las personas trans. Desde entonces, la situación de las personas trans en el país ―en general de todas las personas LGTBI+― se ha deteriorado significativamente. En palabras de la abogada búlgara Denitsa Lyubenova, “este caso se refiere a la dignidad, la igualdad y la seguridad jurídica de las personas trans en Bulgaria”. “Como resultado de la sentencia dictada hoy, todos los casos pendientes en Bulgaria deben reanudarse sin demora, y los tribunales y autoridades deben emitir resoluciones de conformidad con el derecho de la UE y con este fallo”, ha agregado. Lyubenova es una de las fundadoras de Deystvie, organización que defiende los derechos del colectivo en Bulgaria. Avisa de que las actitudes lgtbifóbicas de su país y de otros Estados de la UE, como Hungría, Eslovenia o Rumania, no son solo un ataque contra las personas LGTBI+, “sino también un ataque a la democracia y a los valores europeos”. “Solo buscan sembrar el odio, fomentar la división y acabar restringiendo derechos”, ha continuado. Una de la reclamaciones de esta abogada experta en derechos humanos es, justamente, el establecimiento de “una postura europea común” antes estas situaciones. “Los ciudadanos búlgaros que no han ejercido su derecho a la libre circulación siguen sin disponer de una vía legal efectiva para cambiar sus datos personales”, ha destacado, “esto pone de relieve la urgente necesidad de una reforma legislativa para garantizar una protección efectiva de las personas trans que viven en Bulgaria”. Bulgaria es uno de los países de la UE que más lgtbifobia exhibe. Usando la misma retórica que Rusia, hace dos años el país aprobó una ley contra la “propaganda LGTBI” en los centros educativos. En el último Mapa Arcoíris, que anualmente elabora ILGA-Europe ―la delegación europea de la organización internacional LGTBI+― en base a 76 criterios; Bulgaria ocupa el puesto 38 (de 49 países) con respecto al reconocimiento de derechos del colectivo. Desde ILGA han calificado el fallo del TJUE de “histórico”. Por su parte, Amnistía Internacional denuncia que en Bulgaria se violan sistemáticamente los derechos de las personas LGTBI+.
Este año, los registros de cáncer de EE. UU. reconocerán sólo los sexos “masculino” y “femenino” en sus bases de datos. Como informó en primer lugar KFF Health News, la medida podría tener efectos negativos a largo plazo en la salud de las personas transgénero. El año 2025 “vio más retrocesos sistémicos en la recopilación de datos de personas trans que cualquier otro año en la historia, incluidos los registros de cáncer”, afirma Scout, MA, PhD, a cargo de la dirección ejecutiva de The National LGBTQIA+ Cancer Network (Scout solo tiene un nombre). “Por desgracia, eliminar la recogida de datos no arregla las disparidades sanitarias, sino que las aumenta”. Los registros de cáncer hacen un seguimiento de los nuevos casos de cáncer y de los resultados de supervivencia en todo el país. También recogen información demográfica sobre las personas que padecen cáncer, como su edad, raza, etnia y sexo. Los registros regionales y estatales cuentan con el apoyo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y del Instituto Nacional del Cáncer (NCI). Estos registros alertan a científicos y médicos sobre las tendencias del cáncer, como el aumento del cáncer de mama en jóvenes y cómo el tabaquismo conlleva peores resultados para las mujeres negras con cáncer de mama. Los responsables políticos también utilizan esta información para crear programas y políticas que aborden estas tendencias. Históricamente, estos registros han excluido la información sobre personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y queer (LGBTQ+) con diagnóstico de cáncer, ya que no recogían información sobre sexualidad y género. Sin esta información, hay muchos aspectos que las personas investigadoras aún desconocen sobre cómo el cáncer afecta a las comunidades LGBTQ+, como la prevalencia de ciertos tipos de cáncer o los factores de riesgo específicos para personas LGBTQ+. En los últimos años, los registros han ampliado las opciones de género para incluir “masculino”, “femenino”, “otro” y varias opciones para “transgénero”. Ahora, en consonancia con la orden ejecutiva de enero de 2025 del presidente Trump, que solo reconoce los sexos masculino y femenino, los registros están echando atrás esas opciones ampliadas. Cualquier registro que reciba financiación de los CDC o del NCI debe ahora clasificar a las personas solo como “hombre”, “mujer” o “desconocido/no declarado”. “Tomar una de las poblaciones menos estables del país y negarse activamente a controlar el impacto del cáncer en nuestra comunidad”, dice Scout, “es simplemente una mala práctica de salud pública”. https://www.breastcancer.org
La lucha de una familia de Texas por obtener atención médica para su hijo con necesidades especiales ejemplifica la forma en que las leyes anti-trans pueden perjudicar a todos, no sólo a las personas trans. Gabrielle Jones-Radtke, que ha vivido en El Paso toda su vida, ahora se ve obligada a mudarse a Nuevo México para que su hija de siete años, Freyja, pueda recibir más fácilmente los bloqueadores de la pubertad que necesita para tratar su síndrome de Bardet-Biedl, un trastorno genético que le ha provocado una pubertad precoz. Jones-Radtke dijo El tribuno de Texas que el endocrinólogo pediátrico de su hija, el Dr. Héctor Granados, la única persona que brinda atención hormonal juvenil en todo El Paso, dejó de recetar bloqueadores de la pubertad después de ser demandado por el Fiscal General anti-trans Ken Paxton (R) por supuestamente violar la prohibición estatal de atención de afirmación de género. A Granados se le impuso una orden judicial que le prohibía recetar bloqueadores a jóvenes trans o proporcionar “diagnósticos falsos, como pubertad precoz”, para que sus pacientes pudieran continuar con su atención. La situación provocó que Granados dejara de recetar bloqueadores de la pubertad por completo. El caso contra Granados finalmente fue desestimado, pero Jones-Radtke ni siquiera sabe si ha vuelto a recetar bloqueadores de la pubertad o no. Ella ya había dejado su cuidado debido a los largos tiempos de espera en su consultorio, impulsados por la falta de endocrinólogos pediátricos en el área. “Creo que la aprobación, así como la aplicación (de la prohibición de la atención sanitaria basada en la afirmación de género), probablemente esté dificultando la atracción de endocrinólogos pediátricos a la región”, dijo el abogado de Granados, Mark Bracken, al Tribuna. “Hemos logrado muchos avances y mejoras… atrayendo a más especialistas y más médicos. Pero aún queda un largo camino por recorrer”. En resumen, los médicos tienen miedo e incluso se limitan a ofrecer medicamentos hormonales a niños cis por motivos ajenos a la identidad de género. “Amo a Texas, pero en este momento no siento que ellos también nos amen”, dijo Jones-Radtke. Y añadió: “Cuando tienes un niño con necesidades especiales, las zonas grises no son tus amigas, porque toda tu vida es un área gris. Tener algo en lo que pueda confiar es extremadamente importante para su atención, y si sus médicos tienen demasiado miedo para hacer su trabajo, ¿qué diablos se supone que debo hacer?”. La falta de endocrinólogos pediátricos en el área también ha provocado que Freyja tenga dificultades para obtener otro medicamento crítico que ayude a controlar su apetito hiperactivo causado por su trastorno. Sin el medicamento Imcivree, dijo Jones-Radtke, las consecuencias pueden ser “increíblemente mortales”, causando problemas con los riñones de Freyja. “No podemos brindarle la atención que necesita porque todos los endocrinólogos tienen miedo de hacer su trabajo”. El Procurador General Paxton continúa aplicando leyes más estrictas contra las personas trans texanas. La semana pasada, declaró que es incluso ilegal que los proveedores de atención de salud mental autorizados por el estado afirmen a los jóvenes trans y que hacerlo es abuso infantil. Sitio de noticias trans Tránsitos dijo que la opinión de Paxton puede interpretarse como que esencialmente requiere que los profesionales de la salud mental se nieguen a ver a pacientes trans jóvenes o participen en una terapia de conversión. La opinión establece que los terapeutas tienen la obligación de ayudar a los niños a “superar” una “condición… subyacente”, que en este caso es la "disforia de género". Paxton ha pasado su mandato como fiscal general aterrorizando a la comunidad trans. En 2022, emitió una opinión no vinculante calificando la atención médica de afirmación de género como una forma de abuso infantil, lo que llevó al gobernador Greg Abbott (R) a ordenar al Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas (DFPS) que investigara por abuso infantil a cualquier padre que permitiera que sus hijos trans accedieran a atención médica de afirmación de género prescrita por sus médicos. En una publicación de ese momento, Paxton calificó la atención de afirmación de género y los bloqueadores de la pubertad, que se ha demostrado que reducen el riesgo de suicidio a lo largo de la vida de las personas trans que tienen acceso a ellos antes de la pubertad, como “monstruosos y trágicos”. https://www.sentidog.com
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de las infancias y adolescencias trans e intersexuales en el Estado de Guerrero, al permitirles rectificar su acta de nacimiento por identidad de género autopercibida, sin que se les exija el requisito de cumplir la mayoría de edad. Por unanimidad, el Pleno avaló un proyecto a cargo del ministro Arístides Guerrero García, el cual declara inválidas disposiciones de la Ley de Reconocimiento y Derechos de las Personas de la Comunidad LGBTTTIQ+ en la entidad, que condicionaban este trámite administrativo a tener 18 años cumplidos. En sesión de este lunes, el ministro ponente expuso que esta restricción vulneraba los derechos a la igualdad y a la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad personal y de género. "El derecho a la identidad no espera a la mayoría de edad. Hay infancias y adolescencias que piden ser reconocidas como quienes ya son. La decisión que se discute no define la identidad, esa ya existe, sino si el Estado es capaz de verla y reconocerla", expresó Guerrero García al discutir el asunto. Esta resolución del Alto Tribunal vinculó al Congreso de Guerrero para que en un plazo de 12 meses emita una regulación que establezca un procedimiento registral acorde a los parámetros de derecho a la identidad. El ministro Arístides Guerrero pidió considerar el contexto socio-jurídico de las infancias y adolescencias trans e intersex en México, en el que un alto porcentaje identifica su identidad en etapas tempranas, así como destacar su situación de vulnerabilidad en un "entorno adultocéntrico". La ministra Loretta Ortiz Ahlf se mostró a favor del proyecto y afirmó que los menores de edad son tutelares de los mismos derechos que las personas adultas, por lo que imponerles una restricción para obtener una nueva acta de nacimiento "parte de estereotipos sobre la capacidad y toma de decisiones de las infancias y adolescencias". "Hay decisiones de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que pueden cambiar la vida de una persona desde su primer documento, me refiero precisamente al acta de nacimiento", sostuvo Arístides Guerrero. https://www.uniradioinforma.com
Cómo lo hicieron: Texas ya tiene una prohibición sobre la atención de afirmación de género para menores trans. Esta semana, el fiscal general del estado, Ken Paxton, emitió una opinión diciendo que la prohibición incluye psicoterapia y que incluso mostrar aprobación por la identidad de un joven trans es “una transición para nuestros hijos”. Por qué es importante : Esto hace que la prohibición de Texas sobre los cuidados que afirman el género sea una de las más radicales del país. Los republicanos buscan nuevas formas de quitar derechos a las personas trans a medida que se acercan las elecciones intermedias; otros estados podrían seguir su ejemplo. https://www.sentidog.com
El debate público sobre la participación de personas trans en el deporte está marcado por mucha ideología, afirmaciones simplificadas y por una profunda desconexión con la evidencia científica actual. Como evidencia de que los criterios son más ideológicos que científicos, basta con recordar que dos de las federaciones que a nivel estatal han prohibido a las mujeres trans competir son tiro con arco y ajedrez. Así, mientras hay quienes sostienen que las mujeres trans poseen una ventaja atlética inherente e insalvable, otros afirman que las diferencias desaparecen sin más. La realidad es más compleja y, justamente por eso, y teniendo en cuenta que deportistas trans han ido incorporándose a deportes comunitarios y federados sin tanta alharaca, el deporte profesional —especialmente el de élite, que es el que siempre se toma como referencia— merece un análisis más riguroso y unas políticas del deporte competitivo finamente diseñadas. Una reciente revisión sistemática con metaanálisis, que analiza 52 estudios y más de 6.400 personas, compara composición corporal y aptitud física entre atletas cis y trans antes y después de la terapia hormonal. Sus resultados principales vienen a desafiar los tópicos del debate: tras 3 años de terapia hormonal, los estudios infieren que las mujeres trans no muestran diferencias significativas en fuerza —característica principal de varios deportes—, ni en capacidad aeróbica máxima —clave en los deportes de resistencia—. Es decir, que, aunque las mujeres trans pueden mantener algo más de masa magra, ese dato no se traduce en un rendimiento superior. Los propios datos del metaanálisis muestran que la terapia hormonal en mujeres trans produce cambios fisiológicos progresivos: disminución de masa magra y reducción de fuerza en el tren superior y aumento de masa grasa, acercando sus perfiles funcionales a los de las mujeres cis. Desde el Science Media Centre España subrayan este mismo hallazgo y, al mismo tiempo, recuerdan que la ausencia de diferencias estadísticamente significativas no prueba la igualdad absoluta en todos los deportes, señalando los límites de los estudios actuales: heterogeneidad, ausencia de datos específicos de deportistas de élite trans -no llegan a profesionalizarse por la discriminación y falta de oportunidades en el deporte competitivo-, y por la falta de métricas disciplinares. Más allá de las hormonas y el músculo Una de las consecuencias de todo ello es que el rendimiento deportivo no depende únicamente de la masa muscular, la fuerza o los niveles hormonales. El cuerpo es un sistema bio-psico-social que incluye historia de entrenamiento, salud mental, experiencias de estigma, acceso a recursos y características principales y estilos de movimiento específicos de cada disciplina. Asimismo, hay voces que denuncian que a las mujeres, trans o no —caso de atletas como Caster Semenya, con una natural capacidad de producción de testosterona—, que cuentan con aptitudes excepcionales, se las somete a tratamientos para aminorar sus capacidades naturales. En el deporte de élite compiten individuos con capacidades fuera de lo habitual, pero la diferencia es que, a ellas, en general, se les colocan límites de rendimiento —techos de cristal deportivos— y se las "dopa" para que sean peores en el caso de que sobresalgan fuera de rangos femeninos preestablecidos, mientras que no recordamos casos similares en competición masculina. Usain Bolt nunca fue analizado por romper todas las marcas de velocidad ni tomó medicación para empeorar su rendimiento. Tampoco Michael Phelps en natación o jugadores de la NBA como Gheorghe Mureşan o Pavel Podkolzin. Por Aitzole Araneta Sexóloga de la Junta Directiva de la Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología y Técnica de Igualdad https://www.publico.es
