En el caso de Andalucía, “formularios de la Junta recogen la variable sexo utilizando el binomio Hombre/Mujer a efectos estadísticos”, destaca la respuesta de la Secretaría General para la Administración Pública. En ese sentido, explica la Junta en el escrito que “la obligación de incluir sistemáticamente la variable de 'sexo' en la recogida de datos por parte de los poderes públicos para la elaboración de sus estudios y estadísticas obedece al cumplimiento de diversas normas como son la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía”, mencionadas al comienzo de esta información.

“Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos”, repiten ambas normas (estatal y autonómica), aunque sin referencia al binomio de género. Pero, como ya se ha dicho, ambas leyes fueron modificadas y derogadas por normas posteriores en 2019 y 2018, en concreto el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, y la Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

Fuentes de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública reconocen que se trata de una cuestión “compleja” pero explican que “administrativamente una cosa es el sexo y otra el género”. “La administración no está legitimada para preguntarle a nadie por su orientación de género, pero sí tiene que saber el sexo, es decir, si es hombre o mujer”, indican las fuentes, que separan la “identidad pública” de la “esfera privada” de cada persona, porque “sexo y género no son conceptos sinónimos”.

En todo caso, se dio esa posibilidad de la tercera casilla “con respecto al formulario de solicitud de participación en el proceso de selección de vocalías al pleno del Consejo Andaluz LGTBI”. En aquel caso “se había legitimado la posibilidad de incluir la variable sexogenérica del solicitante”, detallan las fuentes de Justicia. También se dio esa opción en otros casos “como el de la inscripción del Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres”, según recoge el Manual de actuación frente al bullying LGTBI, también editado por la Junta en 2022 y elaborado por Charo Alises, vicepresidenta segunda del Consejo Andaluz LGTBI y presidenta de Ojalá Málaga.

En el citado manual se alude en el último de sus apartados a la 'Adaptación de los documentos administrativos a la diversidad sexogenérica', refiriéndose en este caso a leyes posteriores a las de 2007, de ámbito autonómico y donde se contempla la potestad de la Administración de la Junta de establecer “las medidas necesarias” para atender a la citada diversidad sexogénerica. Entre otros, señala el artículo 9.2.c) de la Ley 2/2014, de 8 de julio (ley trans andaluza), que dice que “se garantizará que las personas sean tratadas de acuerdo con su identidad de género libremente determinada y al respeto a la dignidad y privacidad de la persona concernida”, y el 47 de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre (ley andaluza LGTBI) que establece más claramente que “la Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, deberá adoptar las medidas necesarias para que los documentos administrativos sean adecuados a la diversidad sexogenérica de las personas LGTBI y a la heterogeneidad del hecho familiar”.

Charo Alises, autora del manual, declara a este periódico que “en España no se ha querido abrir el melón del no binarismo a pesar de la presión del activismo LGTBI”. “Lo de Andalucía ni siquiera es un reconocimiento administrativo del no binarismo, ya que la famosa tercera casilla sólo es eso, una tercera casilla que no especifica la identidad sexual”. “Lo de la tercera casilla se hizo en base a la ley LGTBI de 2017”, a la que, como se desprende, no hace referencia alguna la respuesta de la Secretaría General para la Administración Pública en la Unidad de Transparencia, derivada desde la Secretaría General de Familias de la Consejería de Inclusión Social.

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