¿Se puede despedir a un trabajador por ser Trans? El Supremo de EE UU decide

Mar Cambrollé Jurado • 14 de noviembre de 2019

La mayor lucha del colectivo LGBT desde el matrimonio igualitario llega al alto tribunal con el despido de la mujer trans Aimee Stephens. Deben decidir si la Ley de Derechos Civiles de 1964 protege la identidad sexual

Donna llevaba un tiempo notando ausencias injustificadas, pequeñas mentiras, objetos extemporáneos entre las pertenencias del que había sido su marido durante 20 años. Un día, ya medio desquiciada, lo llamó a capítulo y le enfrentó a la pregunta de si, tal y como ella temía, estaba viéndose con otra mujer. “Bueno, eso que crees no es del todo falso, pero esa mujer soy yo”, respondió.

Aimee Australia Stephens, llegada al mundo bajo el nombre de Anthony hace 58 años. Había crecido en Fayetteville, un pueblo de la sureña Carolina del Norte, en el seno de una iglesia baptista. Se había ordenado pastor. Se había casado y enviudado. Había dejado el sacerdocio, se había reciclado como embalsamador de muertos. Todo eso lo sabía ya Donna. Lo que ignoraba es lo que realmente estaba pasando.


    Se conocían desde la infancia, pero hicieron su vida con otras personas, les fue regular y, al reencontrarse 20 años después, se casaron. Stephens se mudó a Michigan con su segunda esposa y todo marchaba más o menos bien, pero no podía seguir esquivando lo evidente. Cuando Donna se ausentaba, se vestía de mujer. Por casa y en pequeñas escapadas. Ser descubierta, allá por 2008, le liberó. “Mi esposa me dijo: ‘Si es eso lo que pasa, podremos solucionarlo’. Así que dentro de casa, pude empezar a vestir como ella realmente quería. Mi mujer necesitó un tiempo para entenderlo bien, acudió a un grupo de apoyo, pero seguimos adelante. La niña [hija fruto del primer matrimonio de Donna] lo aceptó, su familia, también. Y durante 10 años viví una doble vida: en el trabajo era Anthony y, en casa, Aimee. Me acabé sintiendo atrapada, intenté suicidarme, y al final me armé de valor y le escribí una carta mi jefe de la funeraria para contarle lo que ocurría. Se la di el 31 de julio de 2013. Cuando te has casado con un pene entre la piernas, bajo el nombre Anthony, y has conseguido que tu esposa, su hija y tu suegro acepten que, en realidad, eres una mujer llamada Aimee, crees que ya has conseguido lo más difícil. Ahora solo quieres que en la funeraria en la que trabajas se refieran a ti en femenino y te dejen vestir con un traje de chaqueta y falda, como siempre, de riguroso luto."

    El dueño de Harris Funeral Homes, Thomas Rost, sin embargo, la despidió dos semanas después de leer la carta. Como testificó más tarde, él había contratado a un hombre seis años atrás, y su transición social hacia mujer resultaría “una distracción inapropiada” para el duelo de las familias, además de, añadió, un rechazo a los mandamientos de Dios.


    Donna la animó a denunciar. Un primer juez falló contra la trabajadora, defendiendo los derechos religiosos de Rost; luego un tribunal de apelaciones de Cincinnatti le dio la razón, pero la funeraria recurrió. Ahora se verán las caras en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en la batalla más trascendental del colectivo LGBT desde la legalización del matrimonio igualitario en 2015.

    El Supremo ha moldeado la sociedad estadounidense a lo largo de la historia con sentencias capitales, como la que consagró el derecho al aborto, la que vetó la segregación racial en los espacios privados o la que blindó la libertad de quemar la bandera americana. La cuestión de fondo que se discute ahora en este trío de casos es si el Título VII de La Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación de los trabajadores por motivo de raza, sexo o religión, también cubre la identidad sexual.

    En un país donde la mitad de Estados no tienen leyes específicas que prohíban a los empresarios despedir a trabajadores por ser trans, este es el mayor momento de la verdad para la comunidad LGBT en años. El escenario, sin embargo, es diferente del de 2015, tras el giro conservador impulsado por la Administración de Donald Trump en el Supremo a través de los dos últimos nombramientos. La jubilación del juez Anthony Kennedy, un centrista cuyo voto de desempate ha sido clave en las últimas conquistas de los gays, pone las cosas muy difíciles al colectivo, pues su sustituto, Brett Kavanaugh, es un conservador pata negra.

    “El género es algo más de lo que hay entre tus piernas cuando naces”, clama Aimee Stephens, representada en el caso por la gran asociación de libertades civiles de EE UU (ACLU, en sus siglas en inglés). Los abogados argumentan que la discriminación “con motivo de sexo” por parte de la funeraria se produjo por partida doble. Por una parte, aunque el Título VII de la Ley de Derechos Civiles solo se aplicase al sexo figurante en los documentos oficiales que se te asignan al nacer, la discriminación a una persona trans sigue siendo “con motivo del sexo”, ya que, si al nacer le hubieran asignado mujer, en lugar de hombre, su jefe no la hubiese despedido “por vivir abiertamente como una mujer”.

    Por otra parte, plantea que el despido también se debe a que ella “no cumplía la idea que tiene el propietario de cómo hombres y mujeres deberían identificarse, mirar y actuar”, un aspecto sobre el que el Supremo ya se pronunció en 1989: cesar a un empleado por los estereotipos que el empresario tiene sobre el sexo es ilegal.

    Harris Funeral Homes arguye, en cambio, que el Título VII, desde 1964 y hasta el día de hoy, “lo que prohíbe es que los hombres sean favorecidos sobre la mujer en el puesto de trabajo por motivo de sexo”.

    “La cuestión central es si los americanos pueden confiar en la ley tal y como está escrita o si funcionarios no electos pueden redefinir ‘sexo’ en la ley para incluir la ‘identidad sexual’, sostiene Kate Anderson, asesora legal de Alliance Defending Freedom, que apoya a la funeraria Harris de Michigan. “Solo el Congreso puede hacer eso”, añade, y advierte de que, si la ACLU consigue su objetivo, “se crearán situaciones injustas para las mujeres en el trabajo, en el mundo del deporte e incluso en sitios como albergues de mujeres que están destinados a víctimas de abusos”. Denigrando así a las mujeres trans al tratarlas de verdugas, en lugar de víctimas, del machismo.

    La Administración de Trump tabmién se ha puesto del lado de los empresarios en estos casos y tomará parte de los argumentos orales para defender que el título VII no cubre la identidad sexual, a pesar de que otra parte del Gobierno, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, en la siglas en inglés), se ha pronunciado a favor de los trabajadores.

    Independientemente del desenlace, pasará a la posteridad por el nombre de un caso que marcará a millones de personas. R.G. & G.R. Harris Funeral Homes contra EEOC. Aimee Stephens acudirá con su mujer, Donna, y con la hija de ambas.



    https://elpais.com/sociedad/2019/10/06/actualidad/1570376115_300121.html

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Y Barcelona en aquella época, con todas sus contradicciones, era uno de los pocos lugares donde una persona trans podía intentar construir una vida con algo más de libertad. Sonia trabajó como vedette durante un tiempo, pero la realidad terminó golpeándola muy duro entre adicciones, prostitución y pobreza extrema. Una vulnerabilidad que la convertiría en un claro objetivo. La noche de los hechos El 5 de octubre de 1991, un grupo de jóvenes skinheads pasaba la noche por distintos bares de Barcelona, y sobre las tres y media de la madrugada entraron en el parque de la Ciutadella. Allí llegan a una glorieta donde duermen varias personas sin hogar tapadas con mantas y empiezan a hacer ruido. Sonia y otra persona les dicen algo muy sencillo: que los dejen dormir. En ese momento, se desencadena lo peor. 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La agresión no solo buscaba matarla sino mandar un mensaje de exclusión y de odio a todo un colectivo. Los errores en la construcción del caso El problema estructural en este caso radica en que no se contemplara el motivo discriminatorio en el actuar criminal. Muchas veces, el problema aparece al principio, en cómo se mira el crimen. Con Sonia ocurrió algo peligrosísimo: se empezó investigar como una agresión salvaje de jóvenes violentos, pero no con toda la intensidad necesaria como una posible agresión selectiva contra personas vulnerables. Afortunadamente, el Mosso d’Esquadra Joan Carles Molinero Juncà, se hizo cargo de esa investigación y la impulsó de forma moderna y profesional, pero voluntarista. Y eso condiciona todo. Porque, si desde el primer momento no incorporas la discriminación como hipótesis, el odio puede desaparecer del procedimiento aunque sea el núcleo del crimen. La importancia del fiscal especialista en delitos de odio Hay quien piensa que un fiscal solo aparece en el juicio. Y no. Hay fiscales revisando denuncias, monitorizando procedimientos, intentando detectar motivaciones discriminatorias que a veces ni siquiera aparecen claramente descritas en el atestado inicial por razones ajenas a los policías. Esta labor exige formación, sensibilidad y muchísimo compromiso humano. Y a pesar del esfuerzo, su ánimo no decae. Saben que detrás de cada denuncia hay una persona que muchas veces llega rota, con miedo, con vergüenza o con sensación de que nadie le va a creer. Y ahí, el papel del fiscal es estrictamente necesario. La realidad de las mujeres trans en la actualidad En unas jornadas recientes en la Fiscalía, se analizó el asesinato de Sonia, con la oportunidad de conversar y aprender de Sofía, Judith y Marina, mujeres trans con increíbles reflexiones e historias a sus espaldas. No hablaron desde el resentimiento, pero también desde la dignidad, reivindicando algo tan simple como su derecho a existir, a vivir tranquilas y a no tener miedo. Un testimonio que recuerda que la discriminación y la transfobia no conceptos abstractos. Detrás de ellas hay seres humanos, y la dignidad humana, no se debate. ¿Acabarán algún día este tipo de crímenes? El fiscal asegura que el problema no ha desaparecido, sino que ha cambiado de forma. A día de hoy tenemos mejores leyes y mayor formación, pero siguen existiendo discursos de deshumanización que se amparan en era de la desinformación. Hay que recalcar dos ideas fundamentales: 1. Los delitos de odio no castigan ideas, castigan conductas que lesionan derechos fundamentales en un contexto discriminatorio. 2. Los discursos de odio sí son peligrosos por sí mismos, porque reducen las barreras frente a la violencia. Cuando conviertes constantemente a un colectivo en amenaza, acabas facilitando que alguien crea legítimo atacarlo. 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