El asesinato de Kesaria Abramidze fue un mazazo para la comunidad LGTBIQ+ de Georgia. El pasado 18 de septiembre, la modelo y presentadora trans fue apuñalada repetidas veces. Los vecinos hallaron su cuerpo sin vida en medio de un charco de sangre. El autor confeso, detenido y que se enfrenta hasta a 20 años de cárcel, era su expareja, un joven de 26 años con el que —según había escrito la víctima en redes sociales unos meses antes— mantenía una “relación tóxica”. Si ella, una de las personalidades más famosas del país caucásico, no había podido evitar este fatídico final y —según escriben algunos medios locales— las fuerzas de seguridad no habían prestado atención a sus denuncias, ¿cómo van a sobrevivir los restantes miembros de la comunidad al creciente ambiente de odio que se abate sobre Georgia?, se preguntan activistas y gais, lesbianas, trans y el resto de la comunidad del país caucásico.
Solo 24 horas antes del brutal crimen, el Parlamento georgiano había aprobado la “Ley de Valores Familiares y Protección de los Menores”, un texto draconiano que prohíbe toda manifestación pública de lo que pueda ser considerado “propaganda” LGTBIQ+. “Las políticas de odio tienen graves consecuencias: opresión, marginalización y violencia contra el colectivo. El asesinato de Kesaria Abramidze no se puede entender sin el pesado contexto que lo rodea”, denunció el Centro para la Justicia Social de Tbilisi.
Pese a que la sociedad georgiana es mayoritariamente conservadora, la legislación liberal aprobada durante las últimas dos décadas había hecho florecer a la sociedad civil; decenas de grupos de derechos o implicados en diferentes cuestiones sociales habían surgido y echado raíces. Tbilisi se convirtió así en la capital libre de la región: un punto de reunión para los pacifistas de Armenia y Azerbaiyán; una residencia para los exiliados de las autocracias vecinas; un espacio seguro para lesbianas, gais, bisexuales y personas trans.
“Aunque era lento, había progreso. Organizábamos festivales, conferencias. Las políticas estatales fueron actualizadas y se añadieron menciones a la diversidad sexual. Trabajábamos en la formación de policías”, rememora Mariami Kvaratskhelia, cofundadora de Tbilisi Pride y líder del grupo activista Queer Initiative: “Personas LGTBIQ+ de Irán, Líbano, Armenia, Azerbaiyán, Chechenia... venían a vivir aquí porque se sentían más libres, más seguras”. Ya no. Cientos han huido de Georgia en los últimos años y más van a hacerlo si se confirma en el poder el actual Gobierno del partido Sueño Georgiano tras las elecciones del pasado octubre, que la oposición se niega a reconocer porque las considera fraudulentas.
La formación dirigida por el oligarca Bidzina Ivanishvili ha emprendido un giro ultraconservador copiado a Rusia y Hungría que ha puesto en la diana a las personas que se alejan de lo heteronormativo. “En 2021, los políticos y dirigentes ligeramente más progresistas abandonaron Sueño Georgiano y vimos un cambio hacia postulados y políticas derechistas. Y, a partir de 2023, se hicieron realmente radicales”, explica Kvaratskhelia. Hay diversas razones para este cambio, según a quien se pregunte: el acercamiento del Gobierno a la Rusia de Vladímir Putin, congeniarse con la influyente iglesia georgiana o -según la activista- cambiar el foco del debate hacia nuevas narrativas que le permitan mantenerse en el poder. La cuestión es que se empezó a hablar, día y noche, de la necesidad de proteger a las familias y niños de la “nociva propaganda LGTBI”. “Se retiraron las menciones a esta comunidad de todos los documentos de políticas públicas, se prohibieron nuestros actos y la policía dejó de protegernos”, afirma Kvaratskhelia.
Ese año 2021, Tbilisi Pride y otras organizaciones convocaron una marcha del Orgullo en la céntrica Avenida Rustaveli. Pero fueron atacados por los militantes de Alt-Info, un canal de extrema derecha devenido formación política y al que se acusa de estar financiado por Rusia. Anna Tavadze, activista queer y miembro del movimiento Shame -otro de los organizadores- estaba allí: “Fue horrible, brutal. Empezaron a agredir a los periodistas, más de 30 resultaron heridos. Perseguían a los activistas de un lado a otro, y se marcharon a atacar las oficinas de Shame y de Tbilisi Pride. La policía no hizo nada por detenerlos”. El entonces primer ministro, Irakli Garibashvili, dijo que aquello era “inaceptable para la mayor parte de la sociedad” (la marcha del Orgullo, no el ataque). Así que al año siguiente el Orgullo se celebró en un recinto apartado del centro, bajo fuertes medidas de seguridad.
En 2023, intentaron replicar el festival de 2022, incluso invitando a diplomáticos extranjeros como medida de seguridad: pero los matones de Alt-Info volvieron a aparecer, destrozando los escenarios y prendiendo fuego al material. “Los policías dejaron a la contramanifestación acercarse tanto que de repente empezaron a lanzarnos botellas y piedras y me dije, si no escapo me matan. La policía empezó a gritar que evacuásemos, así que nos dimos cuenta de que era un plan para permitir a Alt-Info atacar el festival”, sostiene Tavadze: “Ninguno de los implicados han sido juzgados, lo cual lanza el mensaje de que si agredes a la gente queer no recibirás ningún castigo”.
Este año, los domicilios de numerosos activistas han sido atacados, entre ellos el de Kvaratskhelia. Un día de mayo, la puerta y todas las plantas de su edificio aparecieron cubiertos de carteles con su cara y su nombre, señalándola como “Activista LGTBI” y “Agente extranjera vendida”. “Además, mi novia y yo hemos sufrido campañas de acoso online y a mi padre, que está enfermo de cáncer, le han llamado varias veces para intimidarle y exigirle que deje mis actividades”, relata.
Temor y exilio
En 2023, el partido Sueño Georgiano fue invitado a la CPAC (la conferencia anual que organizan movimientos ultraconservadores estadounidenses) celebrada en Budapest, donde se presentó como parte del movimiento “anti-ideología de género”, lo que motivó la expulsión de la formación georgiana del Partido de los Socialistas Europeos. De allí, los políticos georgianos volvieron cargados de argumentarios y sus discursos se hicieron cada vez más bizarros: en la campaña de las últimas elecciones, Ivanishvili llegó a decir que, en Occidente, se obliga a los menores a participar en orgías durante las marchas del Orgullo y que “se quiere equiparar la leche del hombre y de la mujer”.
El diputado oficialista Nikoloz Samkharadze arguye que su nueva ley de “valores familiares” no va contra las personas LGTBIQ+, sino que intenta “proteger a menores de edad” y evitar que “cuestiones de género” se enseñen en las escuelas, algo que no ocurría en Georgia. La realidad es que la nueva legislación, que entró en vigor en diciembre, prohíbe cualquier acto público que pueda ser considerado “propaganda” a favor de este colectivo, así como cualquier manifestación artística o mediática que pueda dar una imagen “positiva” sobre el colectivo LGTBI+. Y decreta fiesta nacional el 17 de mayo, que internacionalmente es el “Día contra la homofobia, bifobia y transfobia”, pero que en Georgia se celebrará como el “Día de la santidad de la familia y del respeto a los padres”.
Más grave aún, la ley prohíbe cualquier intervención de reasignación de sexo, incluidos los tratamientos hormonales, bajo penas de prisión para los médicos. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha pedido la retirada de la ley, puesto que atenta contra los derechos “a la igualdad, la no discriminación, la educación, la salud, la libertad de expresión, la libre asociación y reunión, la privacidad, la libertad y la seguridad”.
Además, subraya Tavadze, esta ley se une a la de agentes extranjeros aprobada en primavera, que persigue a las asociaciones que reciben donaciones del exterior, lo que pondrá en peligro a organizaciones que ofrecen servicios esenciales: “Para nuestra comunidad, las ONG han sido la única fuente de servicios sanitarios, apoyo psicosocial y denuncia y documentación de crímenes de odio”. Para la activista, lo que busca la legislación es convertir de nuevo a las personas homosexuales en “invisibles”, enviarlas de nuevo al “underground”.
“Todo el mundo tiene miedo y por eso se están yendo. Incluso activistas, gente que trabajaba en asociaciones. Se marchan a Bélgica, Alemania, Holanda, Estados Unidos... lo sé porque cada día recibo sus mensajes”, lamenta Kvaratskhelia: “Pero también hay otras que nos quedamos y seguiremos luchando”.
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