Personas trans, lesbianas y gais de Georgia, en la diana: el fin de la capital libre del Cáucaso
Temor y exilio
En 2023, el partido Sueño Georgiano fue invitado a la CPAC (la conferencia anual que organizan movimientos ultraconservadores estadounidenses) celebrada en Budapest, donde se presentó como parte del movimiento “anti-ideología de género”, lo que motivó la expulsión de la formación georgiana del Partido de los Socialistas Europeos. De allí, los políticos georgianos volvieron cargados de argumentarios y sus discursos se hicieron cada vez más bizarros: en la campaña de las últimas elecciones, Ivanishvili llegó a decir que, en Occidente, se obliga a los menores a participar en orgías durante las marchas del Orgullo y que “se quiere equiparar la leche del hombre y de la mujer”.
El diputado oficialista Nikoloz Samkharadze arguye que su nueva ley de “valores familiares” no va contra las personas LGTBIQ+, sino que intenta “proteger a menores de edad” y evitar que “cuestiones de género” se enseñen en las escuelas, algo que no ocurría en Georgia. La realidad es que la nueva legislación, que entró en vigor en diciembre, prohíbe cualquier acto público que pueda ser considerado “propaganda” a favor de este colectivo, así como cualquier manifestación artística o mediática que pueda dar una imagen “positiva” sobre el colectivo LGTBI+. Y decreta fiesta nacional el 17 de mayo, que internacionalmente es el “Día contra la homofobia, bifobia y transfobia”, pero que en Georgia se celebrará como el “Día de la santidad de la familia y del respeto a los padres”.
Más grave aún, la ley prohíbe cualquier intervención de reasignación de sexo, incluidos los tratamientos hormonales, bajo penas de prisión para los médicos. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha pedido la retirada de la ley, puesto que atenta contra los derechos “a la igualdad, la no discriminación, la educación, la salud, la libertad de expresión, la libre asociación y reunión, la privacidad, la libertad y la seguridad”.
Además, subraya Tavadze, esta ley se une a la de agentes extranjeros aprobada en primavera, que persigue a las asociaciones que reciben donaciones del exterior, lo que pondrá en peligro a organizaciones que ofrecen servicios esenciales: “Para nuestra comunidad, las ONG han sido la única fuente de servicios sanitarios, apoyo psicosocial y denuncia y documentación de crímenes de odio”. Para la activista, lo que busca la legislación es convertir de nuevo a las personas homosexuales en “invisibles”, enviarlas de nuevo al “underground”.
“Todo el mundo tiene miedo y por eso se están yendo. Incluso activistas, gente que trabajaba en asociaciones. Se marchan a Bélgica, Alemania, Holanda, Estados Unidos... lo sé porque cada día recibo sus mensajes”, lamenta Kvaratskhelia: “Pero también hay otras que nos quedamos y seguiremos luchando”.
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