Las mujeres trans torturadas y violadas por la policía durante el régimen militar en Argentina (que solo pudieron dar su testimonio 40 años después del regreso de la democracia)
ATA-Sylvia Rivera • 3 de noviembre de 2023

“En los años de la dictadura, las mujeres trans no teníamos leyes. Para el Estado, simplemente no existíamos”.
Julieta González enciende el tercer cigarrillo desde que comenzó la conversación. Pide permiso para hacerlo, aunque estamos hablando por teléfono.
En la pausa cuenta que es una tarde gris pero sin lluvia en los alrededores de su casa ubicada en el municipio de Tigre, unos 30 kilómetros al norte de Buenos Aires, la capital argentina.
González dice que le encanta fumar. Se le nota en la voz, gruesa, ronca, pedregosa de tanto humo que ha pasado hasta sus pulmones. Esa misma voz le sirvió para narrar este año ante un tribunal de justicia argentino -en un hecho inédito- cómo durante el último régimen militar que gobernó Argentina desde 1976 hasta 1983 había sido violada y sometida a torturas en uno de sus centros clandestinos de reclusión.
Aunque por más de 45 años ya se conocían las violaciones cometidas contra el colectivo travesti/trans, fue recién hace unos cuatro años que comenzaron los procesos para que sus testimonios fueran incluidos en los distintos juicios que se siguen contra los antiguos represores.
"(En el pasado) las mujeres trans no teníamos leyes, como ahora. Básicamente no existíamos, por lo que nuestro testimonio tampoco valía”, explica González.
Los testimonios de las sobrevivientes han servido para demostrar la persecución sistemática en contra de las mujeres trans.
Distintos organismos de derechos humanos señalan que cerca de 400 personas de la comunidad LGTBQ+ fueron víctimas de la represión militar.
Pero al ser detenidas, no todas sabían que eran víctimas del aparato represivo de los militares, muchas pensaron que se trataba de una redada más a las que las tenía acostumbrada la policía.
“A mí me subieron a un carro a la fuerza y me llevaron a este lugar, que solo pude reconocer muchos años después, cuando lo vi en una de las transmisiones del Juicio de las Juntas”, relata González, en referencia al proceso judicial iniciado en 1985 por orden del presidente Raúl Alfonsín contra los integrantes de tres primeras Juntas Militares.
Después de apagar el enésimo cigarrillo de esta conversación, González vuelve a mencionar un recuerdo que ha repetido a lo largo de su relato:
“La imagen que más me queda es que cuando llegué había una chica sola, como si la hubieran apaleado, en una esquina. Tenía una expresión como si la hubieran abandonado allí”.
“No teníamos otra opción que la prostitución” .
“A nosotras nos perseguían para disciplinarnos por nuestra identidad. Éramos una plaga que debían exterminar", le dijo a BBC Mundo Carla Fabiana Gutiérrez, detenida en el pozo de Banfiel en 1978.
Gutiérrez me habla en italiano. Piensa que la contacté de un medio local de Milán donde vive hace ya varios años, pero luego descubre que es en español.
Le pido hablar de lo que pasó en el Pozo de Banfield y accede de inmediato. En el idioma que sea.
“Por supuesto. Quiero hablar por todas esas personas que gritaban ‘¡Basta, por favor, no lo hagan más!’ y que se sepa lo que hicieron los torturadores que vivieron impunemente todos estos años”,
relata.
Gutiérrez había nacido en el barrio de Mataderos, en el suroeste de la capital argentina. Siempre se sintió mujer.
“Tenía 15 años cuando conocí a una mujer trans y supe que quería ser como ella”.
Aquí el relato de las sobrevivientes se une: todas debieron dedicarse a la prostitución “Porque no teníamos otra opción para conseguir dinero”.
Carla comenzó a trabajar en las noches, al igual que Julieta.
“Yo quería hacer lo que hacían las mujeres trans, que eran muy pocas y no las llamábamos así. En ese momento solo existían hombres y mujeres. Y hombres gays, pero yo no quería ser gay. Yo quería ser mujer”, relata Gutiérrez.
Entonces ocurrió el golpe de Estado de marzo de 1976.
“La policía nos perseguía todo el tiempo. Pero cuando nos agarraron en ese tiempo que (los militares) llegaron al poder fue distinto”, relata González.
“Tenía 14 o 15 años. Me sacaron los zapatos que llevaba, me dejaron media desnuda, para comer tenía que pedirle si tenían alguna sobra y para eso había que pagar. El pagar de ellos era con sexo”, recuerda Gutiérrez.
“Yo no entendía nada. Era la primera vez que alguien me pegaba. Me humillaron todo el tiempo que estuve allí y yo no sabía por qué”.
Limpiar charcos de sangre
Todas estas declaraciones ante la justicia se dieron en el pasado mes de abril.
Estas mujeres pudieron declarar en el marco del juicio de las llamadas “brigadas”, que eran los comandos de policía que manejaban los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio conocidos como el Infierno (ubicado en Lanús, en el sur de la zona del conurbano de de Buenos Aires), Pozo de Quilmes y Pozo de Banfield (en las localidades del mismo nombre, también en el sur) – en este último estuvieron Julieta y Carla.
Los centros clandestinos de detención fueron usados por los comandos militares y de policía argentinos para retener, torturar y “desaparecer” a decenas de miles de personas (se estima que hasta unas 30.000, según las organizaciones de derechos humanos) en medio de una feroz represión.
Lo que se conoció como el Pozo de Banfield era un edificio ubicado dentro de la Brigada de Investigación de la Policía, que funcionaba en la localidad de Banfield.
González recuerda el lugar por las ventanas:
“Tenía unos ventanales enormes que nos hacían limpiar casi todos los días. No los olvido más, también porque yo veía llegar a los autos que traían personas al centro y los militares dentro de ellos”.
En conversación con BBC Mundo recuerda el infierno a la que la sometieron: “Me violaron varias veces. Escuché gente gritar, limpié charcos de sangre en los vehículos que llevaban a estos centros. Escuché bebés nacer”.
Gutiérrez recuerda que cuando se iban los altos mandos y solo quedaban los oficiales de rango medios, la sacaban de su calabozo y la obligaban a tener relaciones sexuales.
“Es horrible cuando alguien te obliga a hacer algo que no quieres. Pero no era eso. Eran los gritos, constantes. Nos dimos cuenta pronto que le estaban haciendo cosas horribles a las personas que estaban allí. Hasta hoy sigo escuchando esos gritos”.
Pudo más tarde corroborar que en ese lugar no solo se torturaba gente sino que algo más grave pasaba, cuando le ordenaron limpiar un auto que habían llevado los militares.
“Lo que me tocó limpiar fueron charcos de sangre que estaban en el suelo del auto. No eran manchas secas, la sangre era abundante y estaba fresca”,
relata
Construir memoria
Tanto González como Gutiérrez no duraron más de un mes en el centro clandestino de Banfield, pero nunca entendieron por qué las habían llevado a ese lugar.
En diciembre de 1983, Raúl Alfonsín se posesionó como presidente electo de Argentina, lo que marcó el final del régimen militar.
Además de todos los procesos de reparación y memoria que comenzaron a partir de ese momento, el colectivo travesti/trans comenzó uno en particular: crear un archivo donde se consignaran las actividades que las mujeres trans habían desarrollado a lo largo de la historia para el reconocimiento de su identidad.
Muchas lideresas históricas comenzaron a aportar documentos, fotos, testimonios de lo que habían sufrido, tanto en los gobiernos de facto y militares como en democracia.
“Hace algunos años, en medio de ese proceso, yo había contado lo que había ocurrido en el Pozo de Banfield y alguien que me había escuchado me llamó para declarar en el juicio que se hacía contra los que habían dirigido estos lugares”,
señala Gutiérrez.
El testimonio ayudó a reafirmar la identidad de los perpetradores y a establecer que en el lugar nacieron varios niños o niñas de los cuales no se volvió a saber más.
Se espera que pronto se determine una condena para los responsables.
“Pasaron muchas cosas en ese lugar y se necesita hablar de eso como lo que fue: una violación, un ataque directo a nuestra dignidad y a la de las personas que ya no están”, concluye.
FUENTE: https://www.bbc.com/mundo/articles/c6prdz42rg3o
Noticias

Barcelona, octubre de 1991. España todavía está entrando en los años 90, a unos meses de los Juegos Olímpicos. La ciudad intenta proyectar modernidad, apertura, libertad. Pero, en una glorieta del parque de la Ciutadella, un grupo de jóvenes neonazis encuentra a varias personas sin hogar descansando bajo unas mantas. Entre ellas hay una mujer trans de 45 años, Sonia Rescalvo. Pocos minutos después sería asesinada a golpes, patadas y barras metálicas, y otras dos personas resultarían gravemente heridas con secuelas permanentes. Y aunque entonces casi nadie lo sabía, aquel crimen iba a cambiar para siempre la manera en que la justicia española entendería los delitos de odio. ¿Quién era Sonia? Sonia Rescalvo nació en Cuenca en 1965. Y como muchísimas personas trans de su generación, tuvo que marcharse de su entorno para poder vivir su identidad. En la actualidad, usamos una palabra muy potente para eso: sexilio. Y Barcelona en aquella época, con todas sus contradicciones, era uno de los pocos lugares donde una persona trans podía intentar construir una vida con algo más de libertad. Sonia trabajó como vedette durante un tiempo, pero la realidad terminó golpeándola muy duro entre adicciones, prostitución y pobreza extrema. Una vulnerabilidad que la convertiría en un claro objetivo. La noche de los hechos El 5 de octubre de 1991, un grupo de jóvenes skinheads pasaba la noche por distintos bares de Barcelona, y sobre las tres y media de la madrugada entraron en el parque de la Ciutadella. Allí llegan a una glorieta donde duermen varias personas sin hogar tapadas con mantas y empiezan a hacer ruido. Sonia y otra persona les dicen algo muy sencillo: que los dejen dormir. En ese momento, se desencadena lo peor. Los agresores se dan cuenta de que quienes están allí son homosexuales y personas trans, y uno de ellos utiliza la expresión “subir a tocar el tambor”, que en su argot significaba golpear brutalmente la cabeza de alguien en manada. Los agresores comenzaron a patear sus cabezas y tórax, hasta que Sonia perdió el conocimiento. Seguidamente, uno de los neonazis comprobó si alguna de las víctimas seguía respirando, para acto seguido acabar con su vida. Un antes y un después en la justicia española El caso Sonia obligó a la justicia española a hacerse una pregunta distinta. Hasta entonces muchas investigaciones se centraban exclusivamente en: quién golpeó, quién mató o quién llevaba el arma. Pero este crimen obligó a preguntarse algo mucho más profundo: ¿por qué eligieron precisamente a esa víctima? Porque ella no fue asesinada al azar. Era una mujer trans, era pobre y dormía en la calle. En definitiva, era vulnerable. La agresión no solo buscaba matarla sino mandar un mensaje de exclusión y de odio a todo un colectivo. Los errores en la construcción del caso El problema estructural en este caso radica en que no se contemplara el motivo discriminatorio en el actuar criminal. Muchas veces, el problema aparece al principio, en cómo se mira el crimen. Con Sonia ocurrió algo peligrosísimo: se empezó investigar como una agresión salvaje de jóvenes violentos, pero no con toda la intensidad necesaria como una posible agresión selectiva contra personas vulnerables. Afortunadamente, el Mosso d’Esquadra Joan Carles Molinero Juncà, se hizo cargo de esa investigación y la impulsó de forma moderna y profesional, pero voluntarista. Y eso condiciona todo. Porque, si desde el primer momento no incorporas la discriminación como hipótesis, el odio puede desaparecer del procedimiento aunque sea el núcleo del crimen. La importancia del fiscal especialista en delitos de odio Hay quien piensa que un fiscal solo aparece en el juicio. Y no. Hay fiscales revisando denuncias, monitorizando procedimientos, intentando detectar motivaciones discriminatorias que a veces ni siquiera aparecen claramente descritas en el atestado inicial por razones ajenas a los policías. Esta labor exige formación, sensibilidad y muchísimo compromiso humano. Y a pesar del esfuerzo, su ánimo no decae. Saben que detrás de cada denuncia hay una persona que muchas veces llega rota, con miedo, con vergüenza o con sensación de que nadie le va a creer. Y ahí, el papel del fiscal es estrictamente necesario. La realidad de las mujeres trans en la actualidad En unas jornadas recientes en la Fiscalía, se analizó el asesinato de Sonia, con la oportunidad de conversar y aprender de Sofía, Judith y Marina, mujeres trans con increíbles reflexiones e historias a sus espaldas. No hablaron desde el resentimiento, pero también desde la dignidad, reivindicando algo tan simple como su derecho a existir, a vivir tranquilas y a no tener miedo. Un testimonio que recuerda que la discriminación y la transfobia no conceptos abstractos. Detrás de ellas hay seres humanos, y la dignidad humana, no se debate. ¿Acabarán algún día este tipo de crímenes? El fiscal asegura que el problema no ha desaparecido, sino que ha cambiado de forma. A día de hoy tenemos mejores leyes y mayor formación, pero siguen existiendo discursos de deshumanización que se amparan en era de la desinformación. Hay que recalcar dos ideas fundamentales: 1. Los delitos de odio no castigan ideas, castigan conductas que lesionan derechos fundamentales en un contexto discriminatorio. 2. Los discursos de odio sí son peligrosos por sí mismos, porque reducen las barreras frente a la violencia. Cuando conviertes constantemente a un colectivo en amenaza, acabas facilitando que alguien crea legítimo atacarlo. Y por eso recordar a Sonia no es mirar al pasado. Es preguntarnos qué sociedad queremos ser, si una sociedad donde determinadas personas tengan miedo de existir, o una capaz de proteger la dignidad de todos. Martín reafirma que la dignidad humana no puede depender ni de la identidad, ni de la orientación sexual, ni del aspecto físico, ni de la pobreza, ni de la vulnerabilidad. Porque, es para todos, o al final no será para nadie. https://cadenaser.com

María Cortés renovó el DNI en el año 2024 con su nuevo nombre y sexo, pero el Ayuntamiento de Dos Hermanas no remitió la información a la Oficina del Censo Electoral, por lo que su tarjeta no es correcta para las elecciones del domingo en Andalucía. El Consistorio alega que la ciudadana no actualizó el padrón, pero hace un año inició los trámites para modificar esos datos.

Organizaciones piden a la Fiscalía del Edomex aplicar protocolos con perspectiva de género y diversidad sexual. De acuerdo con pronunciamientos difundidos por organizaciones civiles y medios locales, Fanny era maestra de danza, coreógrafa, creadora de contenido en TikTok y una persona muy querida dentro de su comunidad. Tras darse a conocer el caso, colectivos hicieron un llamado urgente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que el crimen sea investigado con perspectiva de género y diversidad sexual, evitando cualquier forma de revictimización. Además, solicitaron que se agoten todas las líneas de investigación, incluyendo la posibilidad de feminicidio y crimen de odio. “Las vidas de las mujeres trans importan y casos como éste no pueden permanecer en la impunidad”, expresaron organizaciones en redes sociales. También pidieron a medios de comunicación y autoridades respetar de forma irrestricta la identidad de género de la víctima durante la cobertura y el proceso judicial. En el posicionamiento, activistas recordaron que la violencia transfeminicida sigue siendo una realidad alarmante en México y señalaron que las reformas legales aprobadas recientemente en el Estado de México para tipificar el transfeminicidio deben traducirse en acceso real a la justicia para las víctimas y sus familias. Personas cercanas a Fanny compartieron mensajes de despedida y reconocimiento a su trayectoria como maestra de danza. “Fanny, una de las mejores maestras de danza. Que Papá Dios te tenga en un mejor lugar, te recordamos con mucho cariño”, escribió una persona en redes sociales. El caso ha provocado indignación entre usuarios y colectivos LGBTQ+, quienes han comenzado a difundir el hashtag #NoMásTransfeminicidios para exigir justicia y visibilizar la violencia contra mujeres trans en el país. Organizaciones también pidieron a medios y autoridades respetar la identidad de género de Fanny y evitar procesos de revictimización. “La violencia transfeminicida es una realidad galopante en el país”, señalaron activistas, quienes además recordaron que las reformas para tipificar el transfeminicidio deben traducirse en justicia real para las víctimas. Amistades y alumnas la recuerdan como una gran maestra de danza y una persona llena de sueños que hoy quedaron truncados. https://elclosetlgbt.com










