Por otro lado, el informe indica que el 58% de las personas encuestadas cree que el Gobierno combate efectivamente la intolerancia contra las personas LGTBIQ+, en comparación con el 29% de la media comunitaria.

A nivel de los 27, los índices de violencia más elevados los sufren las personas intersexuales que se identifican como hombres trans (44%), seguidas de mujeres trans (42%). El 26% de los intersexuales que se consideran hombres cisgénero y el 26% de las mujeres también denunciaron haber sufrido ataques.

Respecto a la orientación sexual, el porcentaje de víctimas de violencia va del 39% en los homosexuales y el 36% de los heteros, al 27% de los bisexuales.

España es también uno de esos 30 países -los 27 de la UE más Albania, Macedonia del Norte y Serbia-, en el que las personas intersexuales denuncian a la Policía con menos frecuencia los episodios de violencia por motivos de odio, señala ese reporte. El miedo a reacciones homófobas o tránsfobas por parte de la Policía es el principal motivo para no denunciar.

Mutilaciones genitales

Las mutilaciones genitales son operaciones en cuerpos sanos cuando los genitales externos no parecen lo suficientemente «normales» para ser considerados masculinos o femeninos. Intervenciones que, aparte de los posibles daños físicos y psicológicos, pueden violar derechos como la integridad física y la dignidad humana.

Aunque la FRA no dispone de datos sobre cuántas personas intersexuales han sufrido operaciones que pueden considerarse mutilaciones, sí señala que el 22% de las personas encuestadas asegura haber sido objeto de algún tratamiento o intervención, quirúrgica u hormonal, para modificar sus características sexuales.

La FRA advierte de que esas operaciones se ejecutan a menudo en la infancia, muchas veces sin el consentimiento libre, previo e informado de los menores o de sus padres. Más de la mitad fueron sometidos a ese tratamiento antes de cumplir los dieciocho años, el 10% incluso antes de cumplir uno.

El 57 % de quienes ha pasado por esas prácticas aseguraron que no se les facilitó (o a sus padres) toda la información necesaria sobre el procedimiento o sus posibles consecuencias.

Ante ello, la FRA insta a todos los Estados de la UE a que acaben con los esos tratamientos en niños sin su consentimiento libre e informado. Actualmente, sólo cinco de los 27 países de la UE, entre ellos España, prohíben cirugías ‘normalizadoras’ no consentidas en menores.

Fuentes: Swissinfo

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