PP y Vox han bloqueado este miércoles en la Asamblea, con sus 27 votos en contra —y pese a los 15 favorables de Podemos-IU y PSOE—, la moción de Podemos-IU para exigir al Gobierno regional que aplique los protocolos de atención al alumnado trans y contra la transfobia en los centros educativos en la Región de Murcia. La puesta en marcha de dichos protocolos es un mandato obligatorio de la ley Trans estatal de 2023 que el Ejecutivo de López Miras seguirá sin cumplir. La comunidad murciana continuará, por tanto, sin atender a las demandas que los colectivos LGTBIQA+ y el sindicato STERM le llevan haciendo desde el pasado mes de noviembre.

La portavoz de la coalición de izquierdas, María Marín, ha recordado que la ley Trans estatal, elaborada por el Ministerio de Igualdad durante la etapa de Irene Montero en 2023, establece en su artículo 61 la obligatoriedad de “elaborar e implantar protocolos de atención al alumnado trans y contra el acoso transfóbico”. “Esta es una obligación con la que deben cumplir las autoridades educativas de los gobiernos autonómicos”.

Marín ha acusado al Ejecutivo murciano de llevar “más de tres años incumpliendo sus obligaciones, mientras las agresiones y el acoso se disparan en las aulas”. En este sentido, la diputada morada ha apelado a los datos registrados por la Federación estatal LGTBI: “La mitad de las personas trans han sufrido violencia física, el 56% de las personas LGTBI ha sufrido acoso o intimidación”, ha resaltado. “En muchos casos, esta violencia empieza en la escuela”.

Marín ha destinado la mayor parte de su intervención a dar voz a los que nunca han tenido voz en la tribuna de la Asamblea, citando testimonios de personas trans que sufrieron el abuso y la discriminación durante su infancia. “Reconocer sus derechos a ustedes no les quita ni una pizca de sus propios derechos”, ha esgrimido señalando a la bancada de la derecha y la ultraderecha. “Pero a ellos les da la vida. Los derechos trans son derechos humanos”.

Por su parte, el diputado de IU José Luis Álvarez-Castellanos ha destacado que “la ausencia del protocolo específico atenta contra la garantía de los derechos del alumnado trans”. “Impide el derecho a decidir sobre su nombre, genera inseguridad jurídica a equipos directivos y profesorado, impide la homogeneidad de criterios en las actuaciones de los centros, y expone al alumnado a una mayor vulnerabilidad”.

El parlamentario ha puesto el foco asimismo en “el incremento de los delitos de odio” en España y en la Región de Murcia, “por motivo de discriminación por orientación sexual e identidad de género”, los cuales, ha subrayado, ya alcanzan el 26% del total. “Esta situación hace más necesaria, por tanto, la aprobación de este protocolo, y más inexplicable la pasividad del Gobierno regional, después de 10 años de la aprobación de la ley regional de discriminación LGTBI”.

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