“No estamos protegidos”: estudiantes de la Universidad de Sevilla reclaman el protocolo de atención a las personas trans
ATA-Sylvia Rivera • 20 de noviembre de 2023
La Hispalense dice que existe un mecanismo para el cambio de nombre a nivel interno pero aún tiene pendiente firmar el protocolo sugerido en 2017 y al que se han ido sumando el resto de universidades

Imagen de archivo de una manifestación por los derechos de las personas trans
“No estamos protegidos. Debería haber un protocolo que todos los profesores conociesen y que supieran que existen ese tipo de personas y que tuvieran más cuidado”.
El testimonio es el de un universitario sevillano transexual que lamenta haber pasado un mal trago el curso pasado cuando vio su antiguo nombre en el listado de clase pese a que meses atrás ya lo tenía cambiado formalmente en el Registro Civil. El protocolo que reclama lo tienen firmado todas las universidades públicas salvo la Hispalense pese a la propuesta enviada por la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera (ATA)
en julio de 2017. “Existe un mecanismo amparado en el Plan de Igualdad, y cualquier alumno que solicite se le dará respuesta”, argumentan desde la Universidad de Sevilla.
No ha sido el único caso en los últimos años, a tenor de lo que comentan a este periódico tanto el alumno afectado como la presidenta de ATA, Mar Cambrollé, quien explica que el protocolo es una herramienta “sencilla” que “simplemente acerca al alumnado y al personal administrativo”
a lo que ya se contempla en la ley trans andaluza de 2014, esto es, “que las personas sean tratadas de acuerdo con su identidad de género libremente determinada”
para “favorecer una mejor integración y evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación”. La Universidad de Málaga fue pionera en ese sentido al aprobar el protocolo en junio de 2017, al que de esta forma se accede vía web y que se apoya en una versión ilustrada:
Unos días después de aquella aprobación, ATA
dirigió el 5 de julio de 2017 una carta a las unidades de igualdad del resto de universidades públicas de Andalucía para que aprobaran protocolos que garantizaran en el ámbito universitario la implementación de la ley trans andaluza, con un borrador propuesto que fueron adoptando progresivamente la UGR, la UCA, la UPO, etc., recuerda Cambrollé.
La “identificación anterior”
Este chico transexual, que prefiere mantenerse en el anonimato, ya conocía a través de ATA
que, pese a que el nombre sin cambio registral no se podía modificar en los listados oficiales, en las listas públicas a nivel interno sí se podía utilizar su nuevo nombre tras haber iniciado un par de años antes su proceso de cambio. “Sabiendo eso, pedí una cita con el decano de mi Facultad antes del inicio de mi etapa en la universidad, pero me dijo que no se podía modificar eso”, recuerda en conversación con SevillaelDiario.es. “Tienen que pedir cambio de nombre en Igualdad o en Estudiantes, ese es el mecanismo que hay”, apuntan fuentes de la Universidad, que informan de que uno de los puntos del eje de 'sensibilidad' de su vigente Plan de Igualdad incluye lo siguiente: “Proponer, debatir y aprobar, si procede, un Protocolo para el cambio de nombre en personas trans”.
Desde la asociación ATA
le indicaron al chico trans que hablarían con la Unidad de Igualdad de la US porque eso no podía quedar así, ya que la ley trans lo permitía. De acuerdo a ley trans andaluza, en su artículo 9 dedicado a la 'documentación administrativa', la norma especifica que “se habilitarán los mecanismos administrativos oportunos y coordinados para adaptar los archivos, bases de datos y demás ficheros de las administraciones”, entre ellas el sistema universitario andaluz, “eliminando toda referencia a la identificación anterior de la persona”.
La intimidad de la persona
“Se intentó mover aquello pero no se pudo en ese año. Yo no era el único que estaba pasando por eso pero no se modificaban los nombres en los listados internos”, recuerda el denunciante. Al curso siguiente, ya con el cambio del registro civil en mano, pidió modificar su nombre en la matrícula oficial porque manualmente no podía desde su casa.
Finalmente su nombre fue modificado en el ámbito universitario en que se movía con sus compañeros, “pero el primer día en clase apareció mi nombre antiguo, supongo que por un error”.
“Eso me hizo sentir mal, porque no quería volver a pasar por tener que hablar con todos los profesores. Al final te estás exponiendo a personas que no conoces y creo que en ese contexto no estamos protegidos. Son datos personales que otras personas no tienen por qué saber y que los profesores tendrían que saberlo antes de las clases”, señala este alumno.
Cambrollé considera que la ley trans andaluza es “suficientemente clara pero los protocolos sirven para acercar de manera concreta”
el tema de la identidad al ámbito universitario y que “facilita el proceso administrativo para adecuar el nombre al sexo social con independencia de lo que ponga el DNI”. Se producen situaciones “violentas” porque “atacan a la intimidad”, comenta la presidenta de ATA
en la línea de lo manifestado por el chico trans, indicando en todo caso que la Universidad de Sevilla “siempre” se ha mostrado “sensible y colaboradora” en estos casos a través de la Unidad de Igualdad.
Según apunta, en todo caso, le consta que la Hispalense ha recibido muchas quejas de alumnos y alumnas que en su Facultad no le han facilitado esa gestión “y ha tenido que intervenir la Unidad de Igualdad para arreglarlo”.
A su juicio, “el protocolo serviría de marco y evitaría el farragoso y contradictorio procedimiento de negárselo a un alumnado para después para que al final la Unidad de Igualdad lo haga”. Cambrollé recuerda que ya en 2015 se firmó para los colegios el 'Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz', instando a que la Hispalense hago lo mismo con ese protocolo al igual que hicieron el resto de universidades públicas andaluzas.
FUENTE: https://www.eldiario.es/sevilla/no-protegidos-estudiantes-universidad-sevilla-reclaman-protocolo-atencion-personas-trans_1_10627822.html
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Barcelona, octubre de 1991. España todavía está entrando en los años 90, a unos meses de los Juegos Olímpicos. La ciudad intenta proyectar modernidad, apertura, libertad. Pero, en una glorieta del parque de la Ciutadella, un grupo de jóvenes neonazis encuentra a varias personas sin hogar descansando bajo unas mantas. Entre ellas hay una mujer trans de 45 años, Sonia Rescalvo. Pocos minutos después sería asesinada a golpes, patadas y barras metálicas, y otras dos personas resultarían gravemente heridas con secuelas permanentes. Y aunque entonces casi nadie lo sabía, aquel crimen iba a cambiar para siempre la manera en que la justicia española entendería los delitos de odio. ¿Quién era Sonia? Sonia Rescalvo nació en Cuenca en 1965. Y como muchísimas personas trans de su generación, tuvo que marcharse de su entorno para poder vivir su identidad. En la actualidad, usamos una palabra muy potente para eso: sexilio. Y Barcelona en aquella época, con todas sus contradicciones, era uno de los pocos lugares donde una persona trans podía intentar construir una vida con algo más de libertad. Sonia trabajó como vedette durante un tiempo, pero la realidad terminó golpeándola muy duro entre adicciones, prostitución y pobreza extrema. Una vulnerabilidad que la convertiría en un claro objetivo. La noche de los hechos El 5 de octubre de 1991, un grupo de jóvenes skinheads pasaba la noche por distintos bares de Barcelona, y sobre las tres y media de la madrugada entraron en el parque de la Ciutadella. Allí llegan a una glorieta donde duermen varias personas sin hogar tapadas con mantas y empiezan a hacer ruido. Sonia y otra persona les dicen algo muy sencillo: que los dejen dormir. En ese momento, se desencadena lo peor. Los agresores se dan cuenta de que quienes están allí son homosexuales y personas trans, y uno de ellos utiliza la expresión “subir a tocar el tambor”, que en su argot significaba golpear brutalmente la cabeza de alguien en manada. Los agresores comenzaron a patear sus cabezas y tórax, hasta que Sonia perdió el conocimiento. Seguidamente, uno de los neonazis comprobó si alguna de las víctimas seguía respirando, para acto seguido acabar con su vida. Un antes y un después en la justicia española El caso Sonia obligó a la justicia española a hacerse una pregunta distinta. Hasta entonces muchas investigaciones se centraban exclusivamente en: quién golpeó, quién mató o quién llevaba el arma. Pero este crimen obligó a preguntarse algo mucho más profundo: ¿por qué eligieron precisamente a esa víctima? Porque ella no fue asesinada al azar. Era una mujer trans, era pobre y dormía en la calle. En definitiva, era vulnerable. La agresión no solo buscaba matarla sino mandar un mensaje de exclusión y de odio a todo un colectivo. Los errores en la construcción del caso El problema estructural en este caso radica en que no se contemplara el motivo discriminatorio en el actuar criminal. Muchas veces, el problema aparece al principio, en cómo se mira el crimen. Con Sonia ocurrió algo peligrosísimo: se empezó investigar como una agresión salvaje de jóvenes violentos, pero no con toda la intensidad necesaria como una posible agresión selectiva contra personas vulnerables. Afortunadamente, el Mosso d’Esquadra Joan Carles Molinero Juncà, se hizo cargo de esa investigación y la impulsó de forma moderna y profesional, pero voluntarista. Y eso condiciona todo. Porque, si desde el primer momento no incorporas la discriminación como hipótesis, el odio puede desaparecer del procedimiento aunque sea el núcleo del crimen. La importancia del fiscal especialista en delitos de odio Hay quien piensa que un fiscal solo aparece en el juicio. Y no. Hay fiscales revisando denuncias, monitorizando procedimientos, intentando detectar motivaciones discriminatorias que a veces ni siquiera aparecen claramente descritas en el atestado inicial por razones ajenas a los policías. Esta labor exige formación, sensibilidad y muchísimo compromiso humano. Y a pesar del esfuerzo, su ánimo no decae. Saben que detrás de cada denuncia hay una persona que muchas veces llega rota, con miedo, con vergüenza o con sensación de que nadie le va a creer. Y ahí, el papel del fiscal es estrictamente necesario. La realidad de las mujeres trans en la actualidad En unas jornadas recientes en la Fiscalía, se analizó el asesinato de Sonia, con la oportunidad de conversar y aprender de Sofía, Judith y Marina, mujeres trans con increíbles reflexiones e historias a sus espaldas. No hablaron desde el resentimiento, pero también desde la dignidad, reivindicando algo tan simple como su derecho a existir, a vivir tranquilas y a no tener miedo. Un testimonio que recuerda que la discriminación y la transfobia no conceptos abstractos. Detrás de ellas hay seres humanos, y la dignidad humana, no se debate. ¿Acabarán algún día este tipo de crímenes? El fiscal asegura que el problema no ha desaparecido, sino que ha cambiado de forma. A día de hoy tenemos mejores leyes y mayor formación, pero siguen existiendo discursos de deshumanización que se amparan en era de la desinformación. Hay que recalcar dos ideas fundamentales: 1. Los delitos de odio no castigan ideas, castigan conductas que lesionan derechos fundamentales en un contexto discriminatorio. 2. Los discursos de odio sí son peligrosos por sí mismos, porque reducen las barreras frente a la violencia. Cuando conviertes constantemente a un colectivo en amenaza, acabas facilitando que alguien crea legítimo atacarlo. Y por eso recordar a Sonia no es mirar al pasado. Es preguntarnos qué sociedad queremos ser, si una sociedad donde determinadas personas tengan miedo de existir, o una capaz de proteger la dignidad de todos. Martín reafirma que la dignidad humana no puede depender ni de la identidad, ni de la orientación sexual, ni del aspecto físico, ni de la pobreza, ni de la vulnerabilidad. Porque, es para todos, o al final no será para nadie. https://cadenaser.com

María Cortés renovó el DNI en el año 2024 con su nuevo nombre y sexo, pero el Ayuntamiento de Dos Hermanas no remitió la información a la Oficina del Censo Electoral, por lo que su tarjeta no es correcta para las elecciones del domingo en Andalucía. El Consistorio alega que la ciudadana no actualizó el padrón, pero hace un año inició los trámites para modificar esos datos.

Organizaciones piden a la Fiscalía del Edomex aplicar protocolos con perspectiva de género y diversidad sexual. De acuerdo con pronunciamientos difundidos por organizaciones civiles y medios locales, Fanny era maestra de danza, coreógrafa, creadora de contenido en TikTok y una persona muy querida dentro de su comunidad. Tras darse a conocer el caso, colectivos hicieron un llamado urgente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que el crimen sea investigado con perspectiva de género y diversidad sexual, evitando cualquier forma de revictimización. Además, solicitaron que se agoten todas las líneas de investigación, incluyendo la posibilidad de feminicidio y crimen de odio. “Las vidas de las mujeres trans importan y casos como éste no pueden permanecer en la impunidad”, expresaron organizaciones en redes sociales. También pidieron a medios de comunicación y autoridades respetar de forma irrestricta la identidad de género de la víctima durante la cobertura y el proceso judicial. En el posicionamiento, activistas recordaron que la violencia transfeminicida sigue siendo una realidad alarmante en México y señalaron que las reformas legales aprobadas recientemente en el Estado de México para tipificar el transfeminicidio deben traducirse en acceso real a la justicia para las víctimas y sus familias. Personas cercanas a Fanny compartieron mensajes de despedida y reconocimiento a su trayectoria como maestra de danza. “Fanny, una de las mejores maestras de danza. Que Papá Dios te tenga en un mejor lugar, te recordamos con mucho cariño”, escribió una persona en redes sociales. El caso ha provocado indignación entre usuarios y colectivos LGBTQ+, quienes han comenzado a difundir el hashtag #NoMásTransfeminicidios para exigir justicia y visibilizar la violencia contra mujeres trans en el país. Organizaciones también pidieron a medios y autoridades respetar la identidad de género de Fanny y evitar procesos de revictimización. “La violencia transfeminicida es una realidad galopante en el país”, señalaron activistas, quienes además recordaron que las reformas para tipificar el transfeminicidio deben traducirse en justicia real para las víctimas. Amistades y alumnas la recuerdan como una gran maestra de danza y una persona llena de sueños que hoy quedaron truncados. https://elclosetlgbt.com










