La batalla de Bianka Rodríguez, la mujer trans que desafió a Bukele y logró el cambio de nombre legal en El Salvador
ATA-Sylvia Rivera • 20 de marzo de 2024
Después de tres años de lucha judicial, la activista pudo cambiar el nombre y género de su documento de identidad en 2022. Desde entonces, a través de la asociación que dirige, ha ayudado a otras 22 personas a seguir el mismo proceso

Bianka Rodríguez en una manifestación feminista en El Salvador
El pasado 4 de febrero, se celebraron elecciones presidenciales en El Salvador. Fueron las primeras en las que Bianka Rodríguez (1993, San Salvador) pudo votar como mujer. Esta joven trans de 31 años se ha convertido en toda una referente para el movimiento LGTBI de su país, donde los derechos de este colectivo son sistemáticamente vulnerados. Ella fue, en 2022, la primera mujer trans en cambiar su nombre y género del documento de identidad. Lo consiguió después de tres años de batalla judicial en los que fue sometida a todo tipo de peritajes.
“Te desnudan para ver tus cambios morfológicos, tienes que presentar muestras de orina, certificados de denuncias –en mi caso, por un intento de asesinato–, pasas por exámenes psicológicos, fisiológicos… Te revictimizan”, dice. La activista salvadoreña atiende a elDiario.es en la plaza de Pedro Zerolo, en el corazón del barrio madrileño de Chueca, tras participar en unas jornadas en Mérida sobre la cooperación internacional LGBTI. Allí escuchó testimonios parecidos al suyo, como el de Ale López Bemsch, que relató su experiencia como persona intersexual en Argentina, o Alice Nkom, abogada camerunesa conocida por su defensa del colectivo LGTBI. Rodríguez fue invitada como directora ejecutiva de la asociación Comcavis Trans y como primera mujer trans colaboradora de alto perfil de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
Conseguir un DUI (Documento Único de Identidad) en el que es reconocida como Bianka le ha facilitado la vida en muchos aspectos del día a día. Ya no corre el riesgo de que le denieguen un contrato de alquiler porque el arrendador dude al ver a una mujer con nombre masculino, ni tiene que dar explicaciones de más cuando quiere pagar con la tarjeta de crédito en un supermercado. Pero el momento más simbólico que ha vivido desde entonces fue durante las elecciones. “Me acerqué al colegio electoral nerviosa y con miedo porque pensaba que me iban a acusar de falsificar mi documentación, pero me encontré con todo lo contrario. Por primera vez me dijeron ‘señorita aquí tiene su papeleta’. Por fin he podido votar sin sufrir violencia verbal e institucional”, relata.
Tras su victoria judicial, la activista ha puesto en marcha un programa para facilitar los trámites a otras personas trans, con el que ya han conseguido ganar otros 22 casos. “Lo más gratificante es saber que he abierto la puerta a que otras muchas personas no sean discriminadas”, explica. Recuerda a una de las mujeres que han podido cambiar su documento de identidad y, gracias a ello, el nombre con el que se identifica aparece en su diploma de graduación: “Esta chica ha podido recoger el título maquillada, con el pelo largo, sin sufrir violencia”. Un avance respecto a lo que ella misma vivió unos cinco años atrás. La presión de algunos de sus profesores universitarios la obligaron a renunciar a su sueño de graduarse en Ingeniería Agroindustrial.
La transfobia comienza en la infancia
Con 15 años, Rodríguez se vio obligada a huir de su hogar tras toda una infancia soportando maltrato físico, verbal y psicológico por parte de su madre. “Cualquier cosa me recuerda mi niñez, un color de lápiz de ojos o mirar mis cicatrices en el espejo”, dice. “Cuando día tras día te dicen que se arrepienten de que hayas nacido, cuando te golpean por exteriorizar lo que sientes, te acabas creyendo que eres la mayor escoria de la sociedad. Este es el origen de los graves problemas de salud mental y las altas tasas de suicidio entre adolescentes LGTBI”.
Salió adelante con sus propios medios y gracias a algunas personas que la ayudaron en el camino. Pasó dos meses en casa de un compañero del colegio, hasta que una familia cristiana le dio trabajo en una panadería y, posteriormente, se ofreció a alojarla. Cobraba tan solo dos dólares al día, así que era su única opción. “No sabía que me estaba metiendo en la boca del lobo”, dice. En aquella casa descubrió lo que era la explotación laboral. Trabajaba todos los días de la semana y los domingos era obligada a acudir a un culto evangélico de reconversión. “A aquella casa solo pude llevar mi ropa, incluso me hicieron regalar un colchón que tenía. Me dijeron: '¿Ves esos dos sacos de harina? Acomódalos, porque vas a dormir ahí'. Así pasé dos años, viviendo peor que un animal”. Asegura que denunció la situación a las autoridades, pero se rieron de ella.
Salió de esa pesadilla gracias a su abuela materna, que había regresado a El Salvador tras unos años viviendo en Estados Unidos: “Era una mujer que tendría casi 70 años entonces, del área rural, pero se despojó de su mentalidad y me aceptó tal y como soy. Me dijo: 'No tengo nada más que esta champa [casucha] que ves aquí, pero puedo darte una cama y un plato de comida”. Su abuela le animó a retomar el bachillerato, que terminó con una mención honorífica, según explica. Pero en la universidad, todo cambió. Cuenta que, tras la presión de un catedrático, se vio obligada a decidir entre dar pasos atrás en su transición o abandonar la facultad. Escogió la última opción. Un informe elaborado por Comcavis Trans en 2022 estima que un 35% de la población salvadoreña LGTBI no tiene la educación básica, una cifra que cae al 24% si se miran los estudios superiores.
“No buscamos derechos especiales. Eso es lo que dice alguien que no ha vivido en la calle, quien no sabe lo que es acostarse con el estómago vacío y no tener ni papel higiénico para ir al baño. Estas son las condiciones en las que vivimos las personas trans, casi por cultura, en El Salvador”, añade la activista.
Su trayectoria como activista
Al dejar la universidad, se enfrentó a un mercado laboral que le cerraba todas las puertas: “Si tenía suerte me llamaban para alguna entrevista, pero luego me rechazaban por no cumplir con sus valores éticos”. Es en ese momento cuando entró en contacto con Comcavis, y descubrió que su historia era la de muchas otras. Desde 2017, es la directora de la asociación, un cargo que asumió después de que Karla Avellar huyera del país tras varios intentos de asesinato. Otra de las fundadoras, Tania Vázquez, fue asesinada en 2014, cuando Bianka Rodríguez llevaba apenas unos meses como voluntaria. “La policía nos culpó a nosotras y nunca investigó el crimen. Fue muy duro, pero su muerte, y la de Francella Méndez [activista por los derechos LGTBI], nos impulsaron a presentar una reforma del Código Penal, que ahora sanciona la violencia contra las personas del colectivo”.
Ella misma sufrió un secuestro con violencia en 2018, tras salir de un centro comercial. Un hombre armado la obligó a entrar en su coche y la llevó por calles y paradas que frecuentaba habitualmente, dándole a entender que llevaba un tiempo detrás de ella. Mientras, agarraba su pelo y le decía: “Te voy a matar por defender a los maricones”, según su testimonio. La obligó a bajarse en un parque controlado por un grupo criminal. “Pensé, o me mata él, o me matan ellos. Creía que iba a ser una estadística más”. El caso no fue investigado y nunca encontraron a su agresor.
Bianka Rodríguez tiene solo cuatro años menos de la edad media de vida de las mujeres trans en Latinoamérica, que según la red Redlactrans es de entre 35 y 41 años. Otro informe elaborado por la Asociación Solidaria para impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh) registró unas 64 denuncias de vulneraciones de derechos de personas LGTBI entre 2017 y 2022, siendo la Policía Nacional Civil la entidad más señalada. Un 61% de esas denuncias las sufrieron mujeres trans y hombres homosexuales. De acuerdo al estudio elaborado por Comcavis un 90% de la población salvadoreña perteneciente al colectivo ha sufrido discriminación y un 83% algún tipo de violencia. Al menos seis de cada diez consultados dicen haber recibido esa violencia desde las instituciones, mientras que entre un 15% y un 30% de ellos aseguran ser discriminados en su entorno familiar, escolar y laboral.
Cuatro años de retroceso
Nayib Bukele fue uno de los invitados estrella de la Conferencia de Acción Política Conservadora, la convención ultra más importante del mundo, celebrada la última semana de febrero en EEUU. Entre sus asistentes, también se encontraban Donald Trump, Santiago Abascal o Javier Milei. El recién reelegido presidente aprovechó una de sus intervenciones para anunciar la eliminación de toda “ideología de género” de las aulas. “Confiamos nuestros hijos al sistema educativo para que les enseñen cosas útiles, luego vienen y quieren meterles ideología y cosas contrarias a la naturaleza”, dijo, acompañado de la directora de Moms for Liberty, un grupo de mujeres lucha contra el “adoctrinamiento” de lo woke (algo así como progre).
No es la primera medida que adopta en esta dirección. La primera decisión que tomó al llegar al poder en 2019 fue eliminar la secretaría de Inclusión Social y la dirección de Diversidad Sexual. “En esta última legislatura ha habido un cierre del espacio cívico de interlocución”, cuenta la activista. “Nos han mandado archivar los anteproyectos de ley de cambio de nombre y de identidad de género, además de todas las propuestas en igualdad. No están cumpliendo con su obligación constitucional de proteger a los grupos más vulnerables, solo propician el aumento del discurso de odio”.
Respecto a las últimas declaraciones del líder salvadoreño, la activista apunta a lo paradigmático de estar tratando de revertir una política educativa que su Ejecutivo puso en marcha. “Acusa al movimiento LGTBI de 'ideología de género', pero antes de 2019 no existía ningún manual de derechos sexuales y reproductivos, se elaboró en la pandemia”, dice con cierta incredulidad. Bianka Rodríguez define estos últimos cuatro años como de retroceso en materia de derechos, aunque no le sorprende la deriva conservadora de Bukele. “Busca fortalecer un discurso basado en la fe y desarticular todos los movimientos sociales, además de verse influenciado por el movimiento conservador global en el que quiere destacar”. Aun así, se siente orgullosa por lo que han conseguido como movimiento. “No estamos muy lejos de ver a candidatas trans en puestos verdaderamente decisivos”, concluye.
FUENTE: https://www.eldiario.es/desalambre/batalla-bianka-rodriguez-mujer-trans-desafio-bukele-logro-cambio-nombre-legal-salvador_1_10987072.html
Noticias

Mauricio Kuri frenó la reforma aprobada por el Congreso local y acusó que busca imponer una “ideología” Mauricio Kuri González anunció que utilizará su facultad de veto para impedir la entrada en vigor de la reforma de identidad de género aprobada recientemente por el Congreso de Querétaro, la cual reconocía el derecho de las personas trans y no binarias a modificar su acta de nacimiento conforme a su identidad de género.

Barcelona, octubre de 1991. España todavía está entrando en los años 90, a unos meses de los Juegos Olímpicos. La ciudad intenta proyectar modernidad, apertura, libertad. Pero, en una glorieta del parque de la Ciutadella, un grupo de jóvenes neonazis encuentra a varias personas sin hogar descansando bajo unas mantas. Entre ellas hay una mujer trans de 45 años, Sonia Rescalvo. Pocos minutos después sería asesinada a golpes, patadas y barras metálicas, y otras dos personas resultarían gravemente heridas con secuelas permanentes. Y aunque entonces casi nadie lo sabía, aquel crimen iba a cambiar para siempre la manera en que la justicia española entendería los delitos de odio. ¿Quién era Sonia? Sonia Rescalvo nació en Cuenca en 1965. Y como muchísimas personas trans de su generación, tuvo que marcharse de su entorno para poder vivir su identidad. En la actualidad, usamos una palabra muy potente para eso: sexilio. Y Barcelona en aquella época, con todas sus contradicciones, era uno de los pocos lugares donde una persona trans podía intentar construir una vida con algo más de libertad. Sonia trabajó como vedette durante un tiempo, pero la realidad terminó golpeándola muy duro entre adicciones, prostitución y pobreza extrema. Una vulnerabilidad que la convertiría en un claro objetivo. La noche de los hechos El 5 de octubre de 1991, un grupo de jóvenes skinheads pasaba la noche por distintos bares de Barcelona, y sobre las tres y media de la madrugada entraron en el parque de la Ciutadella. Allí llegan a una glorieta donde duermen varias personas sin hogar tapadas con mantas y empiezan a hacer ruido. Sonia y otra persona les dicen algo muy sencillo: que los dejen dormir. En ese momento, se desencadena lo peor. Los agresores se dan cuenta de que quienes están allí son homosexuales y personas trans, y uno de ellos utiliza la expresión “subir a tocar el tambor”, que en su argot significaba golpear brutalmente la cabeza de alguien en manada. Los agresores comenzaron a patear sus cabezas y tórax, hasta que Sonia perdió el conocimiento. Seguidamente, uno de los neonazis comprobó si alguna de las víctimas seguía respirando, para acto seguido acabar con su vida. Un antes y un después en la justicia española El caso Sonia obligó a la justicia española a hacerse una pregunta distinta. Hasta entonces muchas investigaciones se centraban exclusivamente en: quién golpeó, quién mató o quién llevaba el arma. Pero este crimen obligó a preguntarse algo mucho más profundo: ¿por qué eligieron precisamente a esa víctima? Porque ella no fue asesinada al azar. Era una mujer trans, era pobre y dormía en la calle. En definitiva, era vulnerable. La agresión no solo buscaba matarla sino mandar un mensaje de exclusión y de odio a todo un colectivo. Los errores en la construcción del caso El problema estructural en este caso radica en que no se contemplara el motivo discriminatorio en el actuar criminal. Muchas veces, el problema aparece al principio, en cómo se mira el crimen. Con Sonia ocurrió algo peligrosísimo: se empezó investigar como una agresión salvaje de jóvenes violentos, pero no con toda la intensidad necesaria como una posible agresión selectiva contra personas vulnerables. Afortunadamente, el Mosso d’Esquadra Joan Carles Molinero Juncà, se hizo cargo de esa investigación y la impulsó de forma moderna y profesional, pero voluntarista. Y eso condiciona todo. Porque, si desde el primer momento no incorporas la discriminación como hipótesis, el odio puede desaparecer del procedimiento aunque sea el núcleo del crimen. La importancia del fiscal especialista en delitos de odio Hay quien piensa que un fiscal solo aparece en el juicio. Y no. Hay fiscales revisando denuncias, monitorizando procedimientos, intentando detectar motivaciones discriminatorias que a veces ni siquiera aparecen claramente descritas en el atestado inicial por razones ajenas a los policías. Esta labor exige formación, sensibilidad y muchísimo compromiso humano. Y a pesar del esfuerzo, su ánimo no decae. Saben que detrás de cada denuncia hay una persona que muchas veces llega rota, con miedo, con vergüenza o con sensación de que nadie le va a creer. Y ahí, el papel del fiscal es estrictamente necesario. La realidad de las mujeres trans en la actualidad En unas jornadas recientes en la Fiscalía, se analizó el asesinato de Sonia, con la oportunidad de conversar y aprender de Sofía, Judith y Marina, mujeres trans con increíbles reflexiones e historias a sus espaldas. No hablaron desde el resentimiento, pero también desde la dignidad, reivindicando algo tan simple como su derecho a existir, a vivir tranquilas y a no tener miedo. Un testimonio que recuerda que la discriminación y la transfobia no conceptos abstractos. Detrás de ellas hay seres humanos, y la dignidad humana, no se debate. ¿Acabarán algún día este tipo de crímenes? El fiscal asegura que el problema no ha desaparecido, sino que ha cambiado de forma. A día de hoy tenemos mejores leyes y mayor formación, pero siguen existiendo discursos de deshumanización que se amparan en era de la desinformación. Hay que recalcar dos ideas fundamentales: 1. Los delitos de odio no castigan ideas, castigan conductas que lesionan derechos fundamentales en un contexto discriminatorio. 2. Los discursos de odio sí son peligrosos por sí mismos, porque reducen las barreras frente a la violencia. Cuando conviertes constantemente a un colectivo en amenaza, acabas facilitando que alguien crea legítimo atacarlo. Y por eso recordar a Sonia no es mirar al pasado. Es preguntarnos qué sociedad queremos ser, si una sociedad donde determinadas personas tengan miedo de existir, o una capaz de proteger la dignidad de todos. Martín reafirma que la dignidad humana no puede depender ni de la identidad, ni de la orientación sexual, ni del aspecto físico, ni de la pobreza, ni de la vulnerabilidad. Porque, es para todos, o al final no será para nadie. https://cadenaser.com











