El colectivo LGTBI se enfrenta al Ministerio de Igualdad por transfobia y quiere dimisiones para recuperar la confianza
ATA-Sylvia Rivera • 19 de enero de 2024
Esta semana el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por la Federación Plataforma Trans y de Euforia Familias Trans-aliadas contra el nombramiento de la nueva directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, a quien las organizaciones tachan de “tránsfoba”

La activista y presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, frente al Ministerio de Igualdad. (Alberto Ortega / Europa Press)
El pasado 21 de noviembre, cuando la socialista Ana Redondo asumió como ministra de Igualdad en sustitución de Irene Montero, se comprometió a “desarrollar la normativa que garantiza de forma más efectiva los derechos de las personas trans y del colectivo LGTBI” y promover el Pacto de Estado para terminar con la discriminación que sufren, además de seguir luchando contra la violencia de género. Se abría entonces una nueva etapa tras una polémica legislatura marcada por la ley del “solo sí es sí”, que aunque creó un amplio paraguas de protección para las víctimas de violencia sexual también permitió la rebaja de penas de agresores, y por la reacción patriarcal ante otros avances como la ley trans, que avaló la autodeterminación de género.
Redondo, con un perfil poco mediático y una amplia trayectoria política en Castilla y León, era una desconocida para el movimiento feminista y los colectivos LGTBI a nivel nacional, por lo que en un principio le tendieron la mano para “seguir trabajando y profundizando en la igualdad del colectivo”. Sin embargo, apenas unos días después de que asumiera como ministra de Igualdad, llegaron las primeras críticas por parte de colectivos como la Federación Plataforma trans y Euforia Familias Trans Aliadas, al tacharla de “incoherente” por haber apelado a la “unidad” y acudir a la marcha “marcadamente trans excluyente” del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Mucho mayor fue la sorpresa cuando unas semanas después, a finales de diciembre, el Consejo de Ministros nombró a Isabel García como nueva directora del Instituto de las Mujeres, a propuesta de Redondo. Los colectivos trans, además de partido como Sumar y Podemos, no podían dar crédito a la elección de García para desempeñar ese puesto, pues en numerosas ocasiones “había mantenido discursos abiertamente transfóbicos” durante la tramitación de la ley trans, asumiendo incluso postulados de la extrema derecha, según denuncian las organizaciones: “La teoría queer avanza sin descanso con el único objetivo de perpetuar el heteropatriarcado y borrar a las mujeres de lo político”, dijo en su perfil de la red social X, donde también indicó que “las mujeres trans no existen, son transexuales y punto”.
“Sin duda el Instituto de las Mujeres se queda grande para una mujer que no solo ha negado la existencia de las mujeres trans, sino que ha hecho comentarios despectivos y toda una campaña de violencia, sin importarle todos los delitos de odio que hemos sufrido”, dice a Infobae España la activista Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, que considera “muy significativo” que el nombramiento de Isabel García “pertenezca a ese sector de mujeres transodiantes que forman parte del Partido Socialista como son también Carmen Calvo, Amelia Varcárcel o Alicia Miyares”
Recurso contra el nombramiento
El pasado 9 de enero, representantes de la Federación Plataforma Trans y de Euforia Familias Trans-aliadas se concentraron frente al Ministerio de Igualdad y llevaron una petición con 5.600 firmas para exigir el cese de García, aunque no se las pudieron entregar en persona a la ministra —lo hicieron de forma telemática—, lamentan, pues ese día se encontraba acompañando a la reina Letizia en su visita a la sede de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp) en Madrid.
Tras reclamar el cese de García, ambas organizaciones decidieron dar un paso más y este martes presentaron un recurso contencioso administrativo contra su nombramiento por la “falta de idoneidad para el cargo y atentar contra sus derechos”, y el Tribunal Supremo lo ha admitido a trámite. Así, el alto tribunal ya ha emitido la diligencia en la que requiere a Igualdad que un plazo de 20 días remita el expediente administrativo en el que justificó la elección para el cargo.
“Sentimos que aquellas palabras que la ministra Redondo pronunció en su toma de posesión, donde se comprometió a llevar a cabo el Pacto de Estado contra los delitos de odio hacia el colectivo y a seguir trabajando para implementar la ley trans, han quedado en agua de borrajas. No es posible un pacto de Estado contra los delitos de odio teniendo una representante del odio sentada en el propio ministerio”, señala Cambrollé. Para implementar precisamente la ley trans, añade, “lo primero que hay que hacer es cumplirla porque nos protege de la transfobia y, por tanto, la ministra debe destituir a García”.
La activista asegura que la única manera en la que la ministra “puede recuperar la confianza de las personas trans es destituyendo a García”,
por lo que le pide que “no mire hacia otro lado”
y que escuche al movimiento social.
Disculpas que “no son válidas”
A pesar de que tras las críticas la nueva directora del Instituto de las Mujeres se disculpó en su cuenta de la red social X “por si alguno de sus comentarios sobre la ley trans “hubieran podido causar alguna ofensa”, sus palabras siguen sin convencer a los colectivos LGTBI. “Pidió disculpas por si algo había podido sentar mal, pero no es que cambiara de opinión sobre las mujeres trans. Además, está pidiendo perdón ahora que entra en un cargo y esto va más allá de eso”, añade por su parte Ronny De la Cruz, presidente del Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (Cogam), desde donde advierten que seguirán vigilando para que los derechos LGTBI no retrocedan.
Las disculpas de García tampoco son válidas para Cambrollé, menos aún en un Gobierno que se define como progresista, asegura, pues considera que la directora del Instituto de las Mujeres “ha cometido transfobia” y advierte: “La sociedad española ha avanzado y quienes atentan contra los derechos lo paga en las urnas, es el PSOE quien pierde con todo esto”.
El Ministerio de Igualdad, por su parte, ha defendida a García destacando que siempre ha estado relacionada con la “gestión de equipos y la consecución de objetivos vinculados a las políticas de igualdad, así como la lucha contra la violencia de género”. Entre 2019 y 2022 fue asesora del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y hasta su reciente nombramiento ejercía como consultora de políticas de igualdad en el sector privado desarrollando proyectos en diferentes ámbitos y sectores.
FUENTE: https://www.infobae.com/espana/2024/01/18/el-colectivo-lgtbi-se-enfrenta-al-ministerio-de-igualdad-por-transfobia-y-quiere-dimisiones-para-recuperar-la-confianza/
Noticias

Algunos países han empezado a modificar sus marcos legales para reconocer derechos a personas trans en contextos históricamente conservadores, donde los avances habían sido limitados. Esto representa un progreso significativo en materia legal para brindar derechos a la identidad, la protección y el acceso igualitario a la justicia para esta población. Sin embargo, estos progresos coexisten mientras que en otras partes del mundo avanza una ola de discursos y acciones políticas que amenazan décadas de conquistas de los movimientos LGBTIQ+. Por ejemplo, en América, las personas LGBTIQ+ siguen viendo cómo sus derechos son negados en algunos países, cuestionados en otros e incluso recortados en lugares como Estados Unidos y Argentina, que, desde el norte y el sur del continente, encabezan una ofensiva contra la diversidad sexual y de género. Bajo este escenario global contradictorio, donde los marcos legales para las personas disidentes avanzan en unos territorios y retrocede en otros, resulta especialmente significativo el caso de Cuba. El pasado 13 de julio, el parlamento aprobó la nueva Ley del Registro Civil. Esta normativa permite a las personas modificar el marcador de sexo en sus documentos de identidad sin necesidad de una operación de reafirmación de género ni de una orden judicial que lo permita. Aunque en Cuba ya se había legalizado el matrimonio igualitario y la adopción homoparental en 2022, las personas trans habían quedado excluidas de ese marco normativo. Por primera vez, la isla incorpora el derecho a la autodeterminación de género. La normativa también establece que el registrador debe revisar la solicitud presentada por la persona y emitir una resolución. El texto aclara que “en ningún caso esta solicitud está condicionada a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona, ni a procedimiento quirúrgico de reasignación genital”, eliminando así cualquier barrera que limite estas decisiones y asegurando que el cambio registral se base únicamente en la voluntad de la persona. Antes de la reforma, las personas trans en Cuba solo podían cambiar su nombre en los documentos oficiales, mientras el marcador de sexo permanecía sin modificación. Esta discrepancia entre nombre y sexo reflejaba un reconocimiento parcial, sin contemplar plenamente la identidad de las personas con identidades de género diversas. Pese a que es un gran avance en la isla, organizaciones sociales señalan que sustituir la categoría de “sexo” en los documentos oficiales, en lugar de “género”, sigue vinculando la identidad al cuerpo y la genitalidad, y reproduce un enfoque binario que excluye a quienes no se identifican dentro de esas categorías. De forma paralela a lo ocurrido en Cuba, otro avance se produjo en India. El Tribunal Superior del estado de Andhra Pradesh reconoció legalmente a las mujeres trans, permitiéndoles el ejercicio pleno de sus derechos dentro del sistema legal del país. En el fallo, el tribunal sostuvo que reducir el concepto de mujer a criterios exclusivamente biológicos contradice los artículos 14, 15 y 21 de la Constitución india, que garantizan la igualdad ante la ley, la no discriminación y el derecho a la dignidad y la libertad personal. El caso se originó a partir de la demanda de Pokala Shabana, una mujer trans que acudió a la justicia para exigir protección bajo un artículo del Código Penal que ampara a las mujeres frente a la violencia doméstica y el abuso relacionado con la dote. Su petición fue rechazada inicialmente con el argumento de que la categoría legal de mujer estaba reservada solo para quienes podían tener hijos. En la reciente resolución, el juez Venkata Jyothirmai Pratapa afirmó que “la capacidad reproductiva no puede ser un criterio para definir a una mujer” y calificó esa interpretación como “legalmente insostenible”. Con esta decisión, el tribunal abrió la puerta para que puedan ser nombradas legalmente como mujeres en todo el país. Este fallo se inscribe en un proceso más amplio de transformación jurídica y social en India, iniciado en 2014, cuando la Corte Suprema reconoció oficialmente a las personas trans como un “tercer género”. Desde entonces, distintos tribunales han ampliado sus derechos, como el acceso a documentos oficiales con su identidad de género, así como la aceptación legal de una mujer trans como “novia” bajo la Ley de Matrimonio Hindú. Estas decisiones han contribuido a establecer precedentes importantes para las mujeres trans en un país cuya historia cultural y espiritual incluye desde hace siglos a las “hijras”, mujeres tradicionalmente asociadas a deidades que trascienden el binarismo de género, como Shiva o Ardhanarishvara, divinidad que encarna simultáneamente lo masculino y lo femenino. Así mismo, otro país que se une al listado de coyunturas recientes que brindan garantías legales a las personas trans es Hong Kong. El pasado 23 de julio, a través del juez Russell Coleman, se anularon dos disposiciones que penalizaban el acceso a baños públicos según la identidad de género, declarando que las personas trans tienen derecho a utilizarlos conforme a su identidad. Sin embargo, no es una medida permanente, pues la suspensión de la normativa solo tendrá vigencia de un año. Esto mientras que le da tiempo al gobierno para ajustar nuevamente la ley que dictamina esta separación de baños por género. Localmente se restringía el acceso a baños públicos en función del sexo asignado al nacer, lo que impedía a las personas trans utilizar los baños que correspondieran con su identidad de género, en especial las mujeres. La excepción eran los niños menores de cinco años acompañados por una familiar mujer o una enfermera. La decisión judicial se suma a una serie de cambios recientes en Hong Kong en materia de reconocimiento de derechos para las personas trans. En febrero de 2023, el Tribunal de Apelación Final falló por unanimidad a favor de activistas que impugnaban la exigencia de someterse a una cirugía de reasignación de género para poder cambiar los documentos de identidad. El tribunal consideró que esa restricción vulneraba derechos fundamentales. Como respuesta, el gobierno revisó la política en abril de 2024 y permitió que personas trans puedan realizar dichos cambios en sus documentos oficiales, aunque se mantuvieron ciertos requisitos médicos. https://www.elespectador.com

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a seis meses de prisión y al pago de una indemnización de 2.000 euros a una mujer por insultar, amenazar y agredir durante meses a la que era la pareja sentimental de su hija por su identidad, persona trans, a la que llegó a definir como "feto mal hecho" o "demonio". La sentencia la considera responsable de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios. Además de la pena de cárcel, le impone el pago de una multa de 1.100 euros, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre durante el plazo de tres años y medio y la prohibición de aproximarse a menos de 250 metros a dicha persona o comunicarse con ella por un periodo de dos años. Asimismo, la condena por un delito de amenazas al pago de 360 euros, que se unen a los 2.000 que deberá abonar por responsabilidad civil en concepto de daño moral. Se le concede el beneficio de la suspensión de la pena de cárcel por dos años condicionada a que no vuelva a delinquir durante el plazo de suspensión fijado y a que abone la responsabilidad civil, así como a la realización de un programa formativo en materia de igualdad de trato y no discriminación. Se considera probado que la acusada, entre el año 2021 y marzo de 2023, actuando con ánimo intimidatorio y con el deliberado propósito de menoscabar la integridad moral ajena motivada por la identidad, persona trans, de la pareja sentimental de su hija, se dirigió a él a través de llamadas telefónicas, de forma reiterada, en las que lo insultaba y lo amenazaba. Asimismo en una ocasión, la acusada, actuando con ánimo de menoscabar la integridad física ajena y con el mismo propósito discriminatorio anterior, tras proferirle de nuevo insultos y amenazas, le propinó una bofetada en la cara. Los insultos y calificativos peyorativos también se los realizó a la madre de esta persona. Según la sentencia, la acusada utilizaba todos los términos para referirse a la pareja de su hija con carácter peyorativo por razón de su identidad sexual o de género, siendo ese sentimiento de rechazo el que le impulsó a protagonizar episodios de manera sistemática y continuada de dirigirse con burla y despectivamente a la víctima. El fallo judicial señala que la extensión temporal de esta manera de proceder hirió a la víctima "en el amor propio, menoscabando su dignidad". https://www.huelvainformacion.es

El certamen Miss Universo Ecuador 2025 ya está en marcha y, entre las candidatas oficiales, destaca una figura que marca un hito en la historia del concurso: Kenia Bonilla, la primera mujer trans en competir por la corona nacional. Un hito para el Ecuador Nacida en Santo Domingo de los Tsáchilas y de padres esmeraldeños, Kenia tiene 29 años y es modelo profesional. En 2024 representó a Ecuador en el Miss International Queen en Tailandia, uno de los certámenes más importantes para mujeres trans en el mundo. Ahora, su presencia en esta edición de Miss Universo fue celebrada como un acto de valentía y transformación social, abriendo espacio para nuevas formas de representación en escenarios donde históricamente se han impuesto estándares rígidos. Kenia es una mujer trans, su inclusión no solo visibiliza las diversidades sexuales y de género, sino que inspira a muchas personas a vivir con autenticidad y orgullo. Este paso hacia la inclusión ha sido posible gracias a los cambios impulsados por el Concurso Nacional de Belleza (CNB Ecuador), que desde 2024 eliminó restricciones de edad, estado civil o maternidad, permitiendo una mayor amplitud de perfiles entre las candidatas. Estos ajustes han enriquecido el certamen, sin disminuir las exigencias de preparación, disciplina y vocación social, como lo demostró Mara Topic, la actual Miss Ecuador, quien destacó en Miss Universo 2024. https://www.ecuavisa.com

Son datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTI. Los mayores porcentajes se concentran en provincia de Buenos Aires y CABA, aunque los bajos índices de algunas provincias se relacionan con un problema de subregistro. Los crímenes de odio contra personas LGTBI aumentaron 70% en la primera mitad de 2025 al comparar la cifra con el año pasado, hasta llegar a 102 hechos de violencia y 17 muertes, según un informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTI. En la primera mitad de 2024 los crímenes de este tipo habían sido solo 60, y además llegaron al 72% de la cifra alcanzada en todo el año pasado. El 70,6% de los casos (72) los sufrieron mujeres trans, el 16,7% (17) fueron contra varones gay cis y en el 6,9% (7) de los episodios, mujeres lesbianas, fueron objeto de violencia. De acuerdo a los cálculos del Observatorio, realizados a nivel nacional entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, 17 personas de la diversidad sexual murieron como consecuencia de “acciones u omisiones basadas en el odio hacia su orientación sexual, identidad y/o expresión de género”, y otras 85 sufrieron lesiones a su integridad física. Entre las 17 muertes, el informe desglosa un 23,5% (3 varones gay cis y 1 mujer lesbiana) como asesinatos, incluyendo aquellos perpetrados por agentes estatales. El 58,8% (8 de mujeres trans, 1 de un varón trans y 1 de una persona no binaria) son muertes por violencia estructural, concepto que se refiere a decesos en los que “la vulneración sistemática e histórica de derechos generó condiciones materiales de precariedad que hicieron evitables esas muertes”. El 17,6% restante (2 de varones gay cis y 1 de una mujer trans) está constituido por casos de suicidios. En cuanto a la distribución geográfica, el número más alto de crímenes se concentró en la provincia de Buenos Aires, con el 60,8% (62 casos) del total, seguido por la ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 23,5% (24 casos). Al respecto, el Observatorio agrega: “Es importante aclarar que en aquellas provincias donde los porcentajes son más bajos —o incluso donde no se registran casos en este período— no necesariamente hay menos crímenes de odio, sino que persiste un problema estructural de subregistro (…) La ausencia de registros no debe interpretarse como ausencia de violencia”. En sus conclusiones finales, el Observatorio define el resultado del estudio como una prueba manifiesta de la “práctica sistemática de persecución sostenida a través de discursos de odio que vemos cómo actualmente se despliega y repite desde distintos ámbitos; algunas veces desde el anonimato, y otras veces con la voz impune y legitimada de autoridades del propio Gobierno nacional y/o gobiernos locales”. https://www.cuarto.com.ar

El gobierno de Nueva Zelanda decidió suprimir sus directivas sobre la inclusión de las personas trans en las competiciones deportivas. "Los hombres biológicos no tienen su lugar en el deporte femenino", sentenció el jueves el ministro de Relaciones Exteriores del país, Winston Peters, que calificó de "woke" esos principios. "Se trata únicamente de garantizar la seguridad y la protección de las chicas y mujeres en los deportes que practican, en todos los niveles", añadió. Recientemente, el Comité Olímpico de Estados Unidos y la Federación Inglesa de Fútbol vetaron el acceso de las mujeres trans a las competiciones femeninas. Nueva Zelanda era considerado desde hace años un país pionero en la inclusión de deportistas trans. En 2021, la halterófila Laurel Hubbard se convirtió en la primera mujer abiertamente trans en participar en los Juegos Olímpicos, en Tokio, en la categoría femenina de +87 kg. No pudo levantar ninguna de las barras y fue eliminada de manera prematura en aquella cita en Japón. En 2022, la agencia pública neozelandesa Sport NZ había elaborado unos "principios de dirección para la inclusión de las personas trans en el deporte". Esos principios ahora retirados se referían principalmente a la seguridad, el bienestar y la lucha contra la discriminación y el acoso. Recomendaban además que hubiera espacios privados en los vestuarios y la utilización del lenguaje inclusivo. "Las personas trans pueden tomar parte en los deportes dentro del género con el que se identifiquen", se indicaba en esas directrices, según Radio New Zealand. La directora general de Sport NZ, Raelene Castle, confirmó la decisión de las autoridades. "El gobierno pidió a Sport NZ que cese todo trabajo sobre los principios directores para la inclusión de las personas trans en el deporte y que los retiráramos de nuestra página web", afirmó. "Las organizaciones deportivas continuarán tomando sus propias decisiones sobre la participación de las personas trans", puntualizó. En un comunicado, la Asociación Profesional para la Salud de las Personas Trans de Aotearoa (nombre maorí de Nueva Zelanda) dijo estar "profundamente decepcionada" y estimó que la decisión del gobierno agravará "una cultura poco acogedora y aislante para las personas trans y no binarias en el deporte". https://www.barrons.com

La justicia belga dio la razón a una ciclista trans que se enfrentó a la Unión Ciclista Internacional (UCI) luego de que le fuera rechazada la entrega de licencia para participar en competiciones femeninas, según el auto de medidas provisionales comunicado el martes. El litigio, tratado este mes por el tribunal civil de Bruselas, se remonta a 2023, cuando a esta ciclista se le retiró su licencia y se le comunicó su exclusión de competiciones femeninas basándose en un nuevo reglamento de la UCI. En aquel momento, la UCI se cuestionaba la supuesta ventaja de las mujeres trans en las competiciones por el hecho de haber superado la barrera de la pubertad "como hombre". La organización impuso en julio de 2023 que para competir en la categoría femenina, las deportistas trans debían poder probar haber "iniciado su transición antes de la pubertad o, en todo caso, antes de los 12 años". Además se mantenía la obligación de mostrar una tasa de testosterona muy baja. ¿Cómo fue el caso? La denunciante inició su transición de género en la cuarentena. Estimó que esa medida, que derivaba en su exclusión, constituía una discriminación. En un auto del 10 de julio el tribunal le da la razón valorando como admisible y fundada su acción contra la UCI. Ese capítulo del reglamento médico de la UCI sobre las "reglas de elegibilidad para deportistas transgénero" instaura "una discriminación inédita" para la legislación belga, de conformidad con un decreto relativo a la igualdad entre hombres y mujeres de diciembre de 2008, valoró el tribunal. En consecuencia, esas reglas son declaradas "nulas", y la UCI no tiene ninguna justificación para rechazar a la denunciante su participación en una competición femenina de ciclismo, se destaca en una copia del auto comunicada a la prensa. Interrogada por la AFP, la Unión Ciclista Internacional dijo que había "tomado nota" de la decisión. "El análisis está en curso y la UCI decidirá a su debido tiempo qué medidas tomar, incluido un posible recurso", añadió el servicio de prensa de la organización. El auto es "directamente ejecutorio" y hace jurisprudencia en Bélgica, se alegró el Instituto para la Igualdad de Hombres y Mujeres, que era parte civil en este caso. La ciclista, que cumplió 50 años el año pasado, puede ahora participar en pruebas nacionales e internacionales en la categoría que elija (Élite o Master). Por su parte, la Federación Belga de Ciclismo declaró haber iniciado conversaciones con la UCI "sobre la futura aplicación del reglamento". La federación, Belgian Cycling, también estaba citada en la denuncia por el rechazo a renovar la licencia. Esta institución no fue condenada ya que el tribunal valoró que se limitó a aplicar las reglas de la UCI. https://www.si.com

Las mujeres trans ya no podrán competir por Estados Unidos en los Juegos Olímpicos o Paralímpicos en categoría femenina, tras un reciente cambio de política del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC, por sus siglas en inglés). El comité citó la orden ejecutiva de febrero del presidente Donald Trump, titulada "Manteniendo a los hombres fuera de los deportes femeninos", que ordena la aplicación inmediata, incluso contra las escuelas y asociaciones atléticas que "niegan a las mujeres deportes de un solo sexo y vestuarios de un solo sexo", según el documento, y ordena a los fiscales generales estatales que identifiquen las mejores prácticas para hacer cumplir el mandato. En un comunicado dirigido a la comunidad del Team USA el martes, obtenido por ABC News, el presidente del USOPC, Gene Sykes, y la directora ejecutiva, Sarah Hirshland, hicieron referencia a la orden ejecutiva de Trump y dijeron: "Como organización autorizada por el gobierno federal, tenemos la obligación de cumplir con las expectativas federales". El USOPC se encarga de apoyar, inscribir y supervisar a los equipos estadounidenses en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, así como en eventos deportivos para todas las edades, desde competiciones juveniles hasta másteres. En una actualización de su "política de seguridad de los atletas", sin utilizar la palabra trans por su nombre, el USOPC dijo que su política revisada "hace énfasis en la importancia de garantizar entornos de competición justos y seguros para las mujeres". "USOPC se compromete a proteger las oportunidades de los atletas que participan en el deporte. USOPC continuará colaborando con diversas partes interesadas con responsabilidades de supervisión, por ejemplo, COI, IPC, NGBs, para asegurar que las mujeres tengan un ambiente de competición justo y seguro consistente con la Orden Ejecutiva 14201 y la Ley Ted Stevens de Deportes Olímpicos y Aficionados", dice la política revisada en el sitio web de USOPC. La Ley Ted Stevens de Deportes Olímpicos y Aficionados establece un procedimiento para resolver las disputas sobre la elegibilidad para cada deporte olímpico y la participación en competiciones atléticas de aficionados. Fue patrocinada por el senador de Alaska Ted Stevens y se aprobó en 1998. La política revisada de USOPC tampoco explica cómo funcionará la prohibición ni si la misma decisión se aplicará a los deportes masculinos. ABC News se ha puesto en contacto con USOPC para obtener más información, pero no ha recibido ninguna respuesta inmediata. Siguiendo la política revisada, USA Fencing actualizó sus directrices de elegibilidad de género, que entrarán en vigor el 1 de agosto. Las mujeres trans, los atletas no binarios, los hombres trans y atletas intersexuales competirán exclusivamente en competiciones masculinas, según la política. https://abc7.com

Los Mossos d’Esquadra han arrestado a cinco personas relacionadas con una agresión tránsfoba que tuvo lugar a finales de junio en el barrio de Sant Antoni. Según ha explicado la policía catalana en un comunicado, la Unidad Central de Delitos de Odio y Discriminación de la Comisaría General de Información (CGI) ha detenido a tres mujeres y dos hombres, todos de edades comprendidas entre los 20 y los 34 años, por haber agredido a la víctima. Están acusados de un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas en una actuación motivada por razones tránsfobas. Los agentes que respondieron al aviso activaron el servicio de intérpretes de la lengua de signos, ya que tanto la víctima como los agresores tienen una discapacidad auditiva. Los hechos tuvieron lugar el pasado 25 de junio en Sant Antoni. “La víctima, que conocía previamente a los agresores, se citó con una de las autoras”, explican desde los Mossos. “Poco después de llegar, aparecieron cuatro personas más que, abusando de su superioridad, la agredieron violentamente con puñetazos y patadas, además de arrastrarla por el suelo tirándole del cabello”. Dos de las agresoras lo grabaron todo con los móviles para subirlo a las redes y “mostrar la naturaleza de persona transsexual de la víctima”. La investigación ha permitido identificar a los cinco autores y detenerlos el 16 de julio en Barcelona, Sabadell y Ripollet. Los cinco pasaron a disposición judicial al día siguiente. Una vez tuvieron conocimiento de la agresión, los Mossos activaron el protocolo del Grupo de Atención a la Víctima para hacer seguimiento y acompañarla. La víctima, que no era la primera vez que sufría ataques por parte de los detenidos, “sufre una grave situación emocional y requiere apoyo psicológico continuado”, según informa la policía catalana. https://www.totbarcelona.cat

Año de persecución y hostigamiento Según la sentencia del Juzgado de Menores número 4 de Valencia, los cuatro acusados –todos menores de edad– participaron activamente en un acoso persistente desde abril de 2023 hasta abril de 2024. La víctima, un chico trans nacido en 2008, sufrió un “continuo menoscabo y menosprecio” motivado exclusivamente por su identidad de género, como reconoce el fallo judicial. Los hechos incluyeron insultos constantes, persecuciones por la calle, y en al menos una ocasión, una agresión física directa en el contexto de una pelea entre dos grupos juveniles. La víctima vivía atemorizada en su entorno cotidiano, hasta el punto de que sus progenitores decidieron cambiarlo de instituto y trasladarse a otro municipio para garantizar su seguridad y estabilidad emocional. Reconocimiento legal: delito de odio El caso se enmarca dentro de la legislación española sobre delitos de odio, que penaliza las agresiones motivadas por la orientación sexual o la identidad de género. La sentencia considera que los condenados actuaron movidos por prejuicios transfóbicos, lo que agrava los hechos cometidos y justifica la tipificación delictiva. Aunque el juzgado no ha hecho públicas las medidas exactas impuestas, como ocurre en los procedimientos de jurisdicción de menores, la condena incluye medidas reeducativas y de seguimiento para los cuatro agresores, quienes ya han reconocido los hechos ante el tribunal mediante un acuerdo de conformidad. Una realidad persistente El caso refleja una realidad preocupante: el aumento de agresiones contra personas LGTBIQ+ en entornos escolares y juveniles. Diversas organizaciones han alertado en los últimos años del repunte de los casos de transfobia en centros educativos, a menudo invisibilizados o banalizados por parte de la comunidad educativa o institucional. El acoso escolar por identidad de género no es solo una cuestión de violencia física o verbal. Sus consecuencias incluyen estrés postraumático, abandono escolar, aislamiento social e incluso riesgo de suicidio, según numerosos estudios en el ámbito de la psicología adolescente. Reacciones y peticiones Desde colectivos LGTBI valencianos han celebrado la condena como un paso importante en la visibilización del odio hacia las personas trans y la necesidad de que los agresores enfrenten consecuencias. No obstante, también reclaman una mayor formación de docentes, planes de inclusión activa en los centros escolares y un seguimiento real a las víctimas de acoso por razón de identidad o expresión de género. https://noticiasciudadanas.com

Puerto Rico se suma a la lista de jurisdicciones estadounidenses que prohíben la terapia hormonal y las cirugías de reafirmación de género en menores de 21 años. El gobernador firmó una ley que establece duras sanciones tanto económicas como penales para quienes la infrinjan. Según el texto legal, quien viole la norma enfrenta hasta 15 años de prisión, una multa de 50.000 dólares y la revocación de todas las licencias y permisos profesionales. Además, la disposición prohíbe el uso de fondos públicos para costear estos servicios médicos. La legislación argumenta que “los menores, al no haber alcanzado la madurez emocional, cognitiva y física necesaria, son particularmente vulnerables a tomar decisiones que pueden tener consecuencias irreversibles. Por tanto, corresponde al Estado velar por su bienestar integral”. La Federación LGBTIQ+ de Puerto Rico expresó su rechazo a la ley. Justin Jesús Santiago, director de la organización, afirmó: “No quepa duda: iremos a los tribunales para impugnar la constitucionalidad de la cruel e inhumana firma del gobernador, que criminaliza a profesionales de la salud por atender a menores trans”.