Fernanda Delgado y Bruno Gael Sánchez, activistas de la comunidad LGBTIQ+ en Zacatecas, denunciaron el aislamiento de Jennifer, una mujer trans privada de la libertad en el Centro de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, quien, señalaron, permanece desde hace un año y siete meses en un área de resguardo temporal, separada del resto de las mujeres.

De acuerdo con los activistas, Jennifer únicamente puede salir de ese espacio cuando las demás internas ya se encuentran resguardadas, por lo que no tiene convivencia cotidiana con otras mujeres privadas de la libertad. Consideraron que el aislamiento prolongado está afectando principalmente su salud mental y cuestionaron que se utilice como argumento un supuesto riesgo para las demás internas, al sostener que Jennifer no representa un peligro para quienes se encuentran en el centro penitenciario.

Fernanda Delgado y Bruno Gael Sánchez señalaron que, además de las condiciones de reclusión, existen protocolos para la atención de personas de la diversidad sexual que, según expusieron, no estarían siendo aplicados adecuadamente. “¿Y qué están haciendo? Principalmente rompiendo estas reglas, estos protocolos”, cuestionaron al referirse a las disposiciones que, señalaron, establecen que una persona no debe ser aislada por su identidad de género.

Los activistas pidieron que las autoridades revisen las condiciones de reclusión de Jennifer y garanticen una atención con perspectiva de género y diversidad sexual, así como el respeto a sus derechos humanos, defensa adecuada y acceso efectivo a la justicia.

Los representantes de la comunidad LGBTIQ+ señalaron que el caso de Jennifer no sería aislado y afirmaron que durante los últimos años han acompañado al menos otros tres casos relacionados con personas trans dentro del sistema penitenciario. Explicaron que algunos de estos casos se han mantenido bajo reserva por respeto a las familias, pero señalaron que han buscado acercamientos con las autoridades sin observar avances suficientes.

En el caso de Jennifer, indicaron que decidieron hacer público el acompañamiento debido a que ella misma solicitó su apoyo desde el interior del centro penitenciario. Añadieron que existe una denuncia ante la Fiscalía y una queja ante organismos de derechos humanos, aunque cuestionaron que hasta ahora no hayan observado avances.

Los activistas señalaron que las personas trans enfrentan situaciones de discriminación y violencia en distintos espacios, incluidos los institucionales, laborales, educativos y de justicia. Por ello, hicieron un llamado a las autoridades estatales y a la Legislatura para establecer protocolos de atención con perspectiva de diversidad sexual dentro del marco legal y plantearon la necesidad de capacitar a quienes trabajan en las instituciones penitenciarias y de seguridad.

Delgado y Sánchez también ofrecieron capacitación en derechos humanos y diversidad sexual a administradores, policías y demás personal que intervenga en la atención de personas trans. Actualmente, señalaron, el caso de Jennifer se encuentra en un proceso de juicio oral y su acompañamiento continuará por la vía pacífica, con el propósito de respaldarla durante el procedimiento y exigir que sus derechos sean respetados.

“Estamos nosotros justamente haciendo este acompañamiento”, señalaron, al explicar que Jennifer pidió expresamente el respaldo de la comunidad.

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