El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó un paquete de seis leyes de protección para la comunidad LGBTQ+ que refuerza la privacidad de datos médicos, amplía apoyos para veteranos trans y sostiene el acceso a medicamentos de prevención del VIH, en respuesta directa a medidas del gobierno federal de Donald Trump.

El paquete, anunciado el 26 de septiembre de 2026 desde Sacramento, incluye proyectos de ley clasificados como prioridad por el Caucus Legislativo LGBTQ+ de California. Según un comunicado del Gobierno estatal publicado ese mismo día, las normas apuntan a cubrir vacíos generados por decisiones federales que, según Newsom, afectaron a militares, pacientes y jóvenes de esa comunidad.

Dos de las seis leyes abordan la protección de información personal. La SB 1114, impulsada por el senador Christopher Cabaldon (D-Yolo), restringe la divulgación de datos sobre orientación sexual, identidad de género y condición intersexual. La AB 1930, del asambleísta Rick Chavez Zbur (D-Hollywood), va un paso más: obliga a proveedores e instituciones de salud a notificar al fiscal general del estado cuando reciban citaciones judiciales o pedidos de información vinculados con abortos o atención de afirmación de género —es decir, tratamientos médicos orientados a alinear el cuerpo o la apariencia de una persona con su identidad de género— y autoriza a la fiscalía a intervenir en esos procedimientos.

La AB 1775, del asambleísta Christopher Ward (D-San Diego), extiende el apoyo estatal a militares dados de baja como consecuencia de la prohibición del presidente Donald Trump sobre el servicio de personas trans en las fuerzas armadas. La norma contempla asistencia en vivienda, empleo y reinserción a la vida civil. El antecedente inmediato es una ley que Newsom firmó en 2022 para ayudar a veteranos LGBTQ+ expulsados bajo la política “Don’t Ask, Don’t Tell” a actualizar sus registros y acceder a beneficios de salud, educación y sepelio.

La SB 934, del senador Scott Wiener (D-San Francisco), actualiza la prohibición estatal de las terapias de conversión —prácticas que buscan modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona y que la comunidad científica y médica rechaza por carecer de respaldo empírico— luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidara una prohibición similar en otro estado. La ley refuerza el marco legal californiano para que ese tipo de intervenciones sigan vedadas en el territorio estatal.

La SB 1328, de la senadora Sabrina Cervantes (D-Riverside), asegura que los recursos de equidad disponibles en las instituciones públicas de educación superior también lleguen a los estudiantes que cursan en campus satélite —sedes secundarias ubicadas fuera del campus principal—, con el objetivo de reducir las brechas de acceso dentro de las universidades estatales.

La SB 1023, del senador John Laird (D-Santa Cruz), fortalece la cobertura de medicamentos antirretrovirales, incluidos el PrEP (profilaxis preexposición, un tratamiento que reduce el riesgo de contraer el VIH) y el PEP (profilaxis postexposición, una medicación de emergencia para reducir el riesgo de infección tras una posible exposición al virus). La norma busca garantizar que los californiano accedan a esos fármacos aun cuando los servicios federales vinculados con la prevención del VIH/SIDA sean reducidos.

El presupuesto 2026-2027 de California destinó USD 66 millones para sostener el acceso a servicios de aborto y atención de afirmación de género para personas sin cobertura: USD 30 millones al Programa de Atención No Compensada, USD 10 millones a servicios para niños y jóvenes, y USD 26 millones en tres años para fortalecer la capacidad de atención de organizaciones especializadas.

Ward celebró la firma: “California continúa mostrando lo que significa estar del lado de las personas LGBTQ+ y proteger la dignidad, la seguridad y la libertad de cada californiano”. Cervantes, presidenta electa del Caucus, destacó que la legislación “responde a las necesidades reales de nuestra comunidad”. Desde 2019, Newsom y la Legislatura han aprobado decenas de normas en materia LGBTQ+; las seis del 26 de septiembre cierran, según el comunicado oficial, el último tramo de su historial legislativo en este ámbito.

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