Aumentan a 25 los transfeminicidios en Colombia hasta septiembre, según la Defensoría
ATA - Sylvia Rivera • 14 de noviembre de 2025
Al menos veinticinco mujeres trans fueron asesinadas entre enero y septiembre de este año en Colombia, cinco más que los casos de transfeminicidio registrados en el mismo periodo de 2024, según un informe de la Defensoría del Pueblo divulgado este miércoles.
El reporte contabilizó además 76 feminicidios en los primeros nueve meses de 2025, casi 12.000 delitos sexuales y más de 11.000 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres.
En cuanto a la explotación sexual de niñas y adolescentes, la Defensoría registró 114 denuncias, concentradas en los departamentos de Amazonas y Guaviare, en el sur del país, donde tienen presencia las disidencias de las extintas FARC como el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, así como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Durante todo 2024, la Defensoría documentó 171 feminicidios, 16.767 delitos sexuales y 16.746 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres.
La Ley Integral Trans
Antes de finalizar 2025, los transfeminicidios en el país ya superan los casos registrados entre enero y septiembre de 2024. Esto en un contexto marcado por el asesinato de reconocidas lideresas trans como Sara Millerey y Nawar Jiménez, y en un momento en que la legislación para su protección avanza lentamente en el Congreso.
Sara Millerey, una mujer trans de 32 años, fue asesinada en abril en el municipio de Bello (Antioquia), mientras que Nawar Jiménez, reconocida defensora de derechos humanos, fue hallada sin vida en mayo en El Carmen de Bolívar (norte).
Colombia dio un paso significativo en la protección de los derechos de las personas trans en julio pasado, cuando la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de Ley Integral Trans, una iniciativa impulsada por organizaciones sociales y colectivos LGTBI.
Esa ley, bautizada con el nombre de Sara Millerey, incluye medidas para el acceso gratuito al cambio de nombre y sexo en documentos oficiales, la protección frente a la violencia institucional y familiar y el reconocimiento del trabajo de cuidado, entre otras ayudas.
Sin embargo, el trámite permanece estancado en el Congreso, donde aún le restan dos debates para su aprobación definitiva.
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Mauricio Kuri frenó la reforma aprobada por el Congreso local y acusó que busca imponer una “ideología” Mauricio Kuri González anunció que utilizará su facultad de veto para impedir la entrada en vigor de la reforma de identidad de género aprobada recientemente por el Congreso de Querétaro, la cual reconocía el derecho de las personas trans y no binarias a modificar su acta de nacimiento conforme a su identidad de género.

Barcelona, octubre de 1991. España todavía está entrando en los años 90, a unos meses de los Juegos Olímpicos. La ciudad intenta proyectar modernidad, apertura, libertad. Pero, en una glorieta del parque de la Ciutadella, un grupo de jóvenes neonazis encuentra a varias personas sin hogar descansando bajo unas mantas. Entre ellas hay una mujer trans de 45 años, Sonia Rescalvo. Pocos minutos después sería asesinada a golpes, patadas y barras metálicas, y otras dos personas resultarían gravemente heridas con secuelas permanentes. Y aunque entonces casi nadie lo sabía, aquel crimen iba a cambiar para siempre la manera en que la justicia española entendería los delitos de odio. ¿Quién era Sonia? Sonia Rescalvo nació en Cuenca en 1965. Y como muchísimas personas trans de su generación, tuvo que marcharse de su entorno para poder vivir su identidad. En la actualidad, usamos una palabra muy potente para eso: sexilio. Y Barcelona en aquella época, con todas sus contradicciones, era uno de los pocos lugares donde una persona trans podía intentar construir una vida con algo más de libertad. Sonia trabajó como vedette durante un tiempo, pero la realidad terminó golpeándola muy duro entre adicciones, prostitución y pobreza extrema. Una vulnerabilidad que la convertiría en un claro objetivo. La noche de los hechos El 5 de octubre de 1991, un grupo de jóvenes skinheads pasaba la noche por distintos bares de Barcelona, y sobre las tres y media de la madrugada entraron en el parque de la Ciutadella. Allí llegan a una glorieta donde duermen varias personas sin hogar tapadas con mantas y empiezan a hacer ruido. Sonia y otra persona les dicen algo muy sencillo: que los dejen dormir. En ese momento, se desencadena lo peor. Los agresores se dan cuenta de que quienes están allí son homosexuales y personas trans, y uno de ellos utiliza la expresión “subir a tocar el tambor”, que en su argot significaba golpear brutalmente la cabeza de alguien en manada. Los agresores comenzaron a patear sus cabezas y tórax, hasta que Sonia perdió el conocimiento. Seguidamente, uno de los neonazis comprobó si alguna de las víctimas seguía respirando, para acto seguido acabar con su vida. Un antes y un después en la justicia española El caso Sonia obligó a la justicia española a hacerse una pregunta distinta. Hasta entonces muchas investigaciones se centraban exclusivamente en: quién golpeó, quién mató o quién llevaba el arma. Pero este crimen obligó a preguntarse algo mucho más profundo: ¿por qué eligieron precisamente a esa víctima? Porque ella no fue asesinada al azar. Era una mujer trans, era pobre y dormía en la calle. En definitiva, era vulnerable. La agresión no solo buscaba matarla sino mandar un mensaje de exclusión y de odio a todo un colectivo. Los errores en la construcción del caso El problema estructural en este caso radica en que no se contemplara el motivo discriminatorio en el actuar criminal. Muchas veces, el problema aparece al principio, en cómo se mira el crimen. Con Sonia ocurrió algo peligrosísimo: se empezó investigar como una agresión salvaje de jóvenes violentos, pero no con toda la intensidad necesaria como una posible agresión selectiva contra personas vulnerables. Afortunadamente, el Mosso d’Esquadra Joan Carles Molinero Juncà, se hizo cargo de esa investigación y la impulsó de forma moderna y profesional, pero voluntarista. Y eso condiciona todo. Porque, si desde el primer momento no incorporas la discriminación como hipótesis, el odio puede desaparecer del procedimiento aunque sea el núcleo del crimen. La importancia del fiscal especialista en delitos de odio Hay quien piensa que un fiscal solo aparece en el juicio. Y no. Hay fiscales revisando denuncias, monitorizando procedimientos, intentando detectar motivaciones discriminatorias que a veces ni siquiera aparecen claramente descritas en el atestado inicial por razones ajenas a los policías. Esta labor exige formación, sensibilidad y muchísimo compromiso humano. Y a pesar del esfuerzo, su ánimo no decae. Saben que detrás de cada denuncia hay una persona que muchas veces llega rota, con miedo, con vergüenza o con sensación de que nadie le va a creer. Y ahí, el papel del fiscal es estrictamente necesario. La realidad de las mujeres trans en la actualidad En unas jornadas recientes en la Fiscalía, se analizó el asesinato de Sonia, con la oportunidad de conversar y aprender de Sofía, Judith y Marina, mujeres trans con increíbles reflexiones e historias a sus espaldas. No hablaron desde el resentimiento, pero también desde la dignidad, reivindicando algo tan simple como su derecho a existir, a vivir tranquilas y a no tener miedo. Un testimonio que recuerda que la discriminación y la transfobia no conceptos abstractos. Detrás de ellas hay seres humanos, y la dignidad humana, no se debate. ¿Acabarán algún día este tipo de crímenes? El fiscal asegura que el problema no ha desaparecido, sino que ha cambiado de forma. A día de hoy tenemos mejores leyes y mayor formación, pero siguen existiendo discursos de deshumanización que se amparan en era de la desinformación. Hay que recalcar dos ideas fundamentales: 1. Los delitos de odio no castigan ideas, castigan conductas que lesionan derechos fundamentales en un contexto discriminatorio. 2. Los discursos de odio sí son peligrosos por sí mismos, porque reducen las barreras frente a la violencia. Cuando conviertes constantemente a un colectivo en amenaza, acabas facilitando que alguien crea legítimo atacarlo. Y por eso recordar a Sonia no es mirar al pasado. Es preguntarnos qué sociedad queremos ser, si una sociedad donde determinadas personas tengan miedo de existir, o una capaz de proteger la dignidad de todos. Martín reafirma que la dignidad humana no puede depender ni de la identidad, ni de la orientación sexual, ni del aspecto físico, ni de la pobreza, ni de la vulnerabilidad. Porque, es para todos, o al final no será para nadie. https://cadenaser.com

María Cortés renovó el DNI en el año 2024 con su nuevo nombre y sexo, pero el Ayuntamiento de Dos Hermanas no remitió la información a la Oficina del Censo Electoral, por lo que su tarjeta no es correcta para las elecciones del domingo en Andalucía. El Consistorio alega que la ciudadana no actualizó el padrón, pero hace un año inició los trámites para modificar esos datos.










