La derogación de Ayuso de la ley trans: un guiño a la ultraderecha más que una reforma legal real
ATA-Sylvia Rivera • 15 de noviembre de 2023
La derogación de Ayuso de la ley trans: un guiño a la ultraderecha más que una reforma legal real

La propuesta de ley deroga el derecho al reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada y patologiza las identidades trans.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha registrado la derogación parcial de la ley trans y la ley de protección integral contra la LGTBfobia de la Comunidad de Madrid. Aprovechando el ruido mediático que ha generado la ley de amnistía, la presidenta autonómica presentó el pasado viernes ambas proposiciones de ley que suponen profundizar en la vulneración de los derechos del colectivo en la región.
El Ejecutivo tiene previsto aprobar la supresión de varios artículos de las normas vigentes por la vía de urgencia, con el objetivo de que salga adelante con la mayoría absoluta del PP antes de que finalice el año. Cabe recordar que ambas leyes fueron aprobadas durante el Gobierno de Cristina Cifuentes y que Vox llevaba pidiendo su derogación desde 2019. Ahora, sin requerir ya del apoyo de la extrema derecha, Ayuso hará efectiva su promesa electoral de la que hizo bandera en la campaña del pasado 28M.
En concreto, la proposición para modificar la ley trans elimina la prohibición de las terapias de conversión para las personas trans y establece que para que un menor trans pueda iniciar su tratamiento debe disponer de un informe médico. Esto es, deroga el derecho al reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada y patologiza las identidades trans.
Por otra parte, la modificación de la ley LGTB+ suprime todos los apartados correspondientes a los planes educativos y el fomento de la no discriminación y elimina el plan contra el acoso en los centros educativos, así como el Consejo LGTB+ o el Centro de documentación y memoria histórica LGTB+.
Fuentes del Ministerio de Igualdad consultadas por Público aseguran que “en ningún caso es una reforma necesaria” para adecuarse a la Ley 4/2023 para la igualdad trans y LGTB+, “por supuesto nada urgente, y, de facto, va a tener poca incidencia real”. “Lo que la presidenta no dice en su anuncio es que la mayoría de las cuestiones que suprime son ya de obligado cumplimiento e implementación por parte de las comunidades, tengan estas o no sus propias leyes”
porque están legisladas en la ley trans estatal, insisten desde el gabinete que dirige Irene Montero.
“Una ley de ámbito autonómico puede ir más allá y facilitar el desarrollo de la estatal, pero determinadas cuestiones que pretende entorpecer (el ámbito educativo sería, tal vez, el más significativo) queda meridianamente claro que deben ser cumplidas por su Gobierno. No deja de ser una operación propagandística en la que utiliza a uno de los sectores más vulnerados de la sociedad que nada tiene que ver con los intereses de la comunidad que preside”, añaden en Igualdad.
Desde la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé advierte en declaraciones para Público de que la propuesta de Ayuso es “antagónica”, no solo a los principios de la ley estatal, sino también a los “dictámenes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que en 2018 aprobó su despatologización”, las directrices de la Asociación Americana de Psiquiatría o el marco de la Unión Europea.
“Querer seguir imponiendo las terapias de conversión es algo monstruoso, una tortura, es inconstitucional y ellos deben saberlo. Todo esto no deja de ser una provocación más de una señora con delirios fascistas que no se decide entre la moderación o mimetizarse con el discurso de la ultraderecha”, ha criticado Cambrollé.
Tras conocer sus intenciones, la Plataforma Trans ha pedido la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha anunciado que intentará “por todas las vías defender los derechos humanos”. A este respecto, Cambrollé hace una llamada al Gobierno, a la Asamblea de Madrid y al Defensor del Pueblo para que, una vez aprobado el nuevo marco legal, presenten un recurso de inconstitucionalidad.
“Vamos a escribir a cada institución que pueda frenar este retroceso que nos puede trasladar a los peores tiempos del franquismo. Asimismo, vamos a pedir amparo en el Consejo de Europa y vamos a hablar con organizaciones internacionales como Human Rights Watch”, ha declarado la activista.
En la misma línea, Carla Antonelli ha explicado que desde Más Madrid tomarán “todas las medidas legales” que estén en su mano. “Es un acto de cobardía, de populismo, donde se ensaña con los más débiles. Se puede meter con gente de su tamaño, no con los niños y niñas trans, con personas trans discriminadas”,
ha expresado.
¿Cómo afectará al día a día de las personas trans?
Teniendo en cuenta que existe el amparo de la ley trans estatal, la pregunta que ahora se nos sugiere es en qué medida puede una ley autonómica oponerse a esta. Y, sobre todo, cómo afectará a la cotidianidad de las personas trans y LGTB+. Saúl Castro, abogado especialista en derechos LGTB+, advierte de que es una cuestión compleja sobre la que “conviene tener en cuenta el contexto del que venimos”.
A su juicio, el plan de Ayuso es «la confirmación de una discriminación, de unos principios, que ya venían siendo aplicados en la Comunidad de Madrid».
Así, por ejemplo, respecto a las terapias de conversión, Castro señala que, aunque lleven prohibidas desde 2016, hasta ahora “el Gobierno autonómico deliberadamente no ha sancionado ninguna de estas de estas prácticas, a pesar de que se pueden haber interpuesto en torno a una quincena de denuncias”.
En cualquier caso, “las terapias de conversión están tipificadas en la ley trans estatal como una infracción administrativa y en todo lo que no regule la normativa autonómica sí que se debe aplicar la regulación de la normativa estatal”, apunta Castro. Por lo que, de excluirse de la normativa específica de Madrid, como se prevé, “en teoría siguen estando prohibidas de forma genérica por la ley trans marco. Así que no debería de haber mayor problema”.
Si se atiende a la vuelta de la patologización, Castro insiste en que “en la Comunidad de Madrid se seguía sometiendo a este tipo de requisitos, de informes y de diagnósticos”
a las personas trans que querían iniciar un tratamiento, pese a lo que establecía la ley aprobada con Cifuentes. “Ahora va a ocurrir lo mismo, pero lo dejan por escrito. Materialmente, nada va a cambiar”, lamenta.
De aquí en adelante, si no mueven ficha el Gobierno, los diputados o el Defensor del Pueblo denunciando la situación ante el Tribunal Constitucional, explica Casto, serán las propias familias, los propios menores, quienes tengan que ocuparse de interponer un recurso administrativo, con el gasto y proceso que ello implica, para demostrar que estas derogaciones son contrarias a la ley estatal y poder ejercer sus derechos. “Tal y como ya pasaba”, dice.
Lo mismo ocurre con el Consejo LGTB+ o el Centro de documentación y memoria histórica LGTB+. “Llevamos siete años con unas leyes que sobre el papel sonaban muy bien, pero no se han aplicado. Esto es pues eso lo que decías antes una confirmación de que esa inactividad no ha supuesto nada”, argumenta el abogado.
En cuanto a otro de los puntos que más preocupan, la eliminación de la inversión de la carga de la prueba (que obliga al acusado de discriminar a personas trans a demostrar su inocencia), el jurista sostiene que se trata de un principio “reconocido por el Tribunal Constitucional de manera uniforme y por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que es como se tiene que proceder en los casos en los que existe cualquier tipo de discriminación”.
A su vez, en España esta acepción está reglada por las Leyes procesales y reguladores de Procedimientos Administrativos y por la llamada ley Zerolo. Por lo que “el hecho de que se elimine el artículo en el que se establece la inversión de la carga de la prueba en los procedimientos incoados sobre la base de la ley LGTBI madrileña no va a tener ningún efecto porque esto se regula por leyes estatales”, afirma el experto.
FUENTE: https://www.publico.es/es/politica/la-derogacion-de-ayuso-de-la-ley-trans-un-guino-a-la-ultraderecha-mas-que-una-reforma-legal-real/
Noticias

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a seis meses de prisión y al pago de una indemnización de 2.000 euros a una mujer por insultar, amenazar y agredir durante meses a la que era la pareja sentimental de su hija por su identidad, persona trans, a la que llegó a definir como "feto mal hecho" o "demonio". La sentencia la considera responsable de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios. Además de la pena de cárcel, le impone el pago de una multa de 1.100 euros, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre durante el plazo de tres años y medio y la prohibición de aproximarse a menos de 250 metros a dicha persona o comunicarse con ella por un periodo de dos años. Asimismo, la condena por un delito de amenazas al pago de 360 euros, que se unen a los 2.000 que deberá abonar por responsabilidad civil en concepto de daño moral. Se le concede el beneficio de la suspensión de la pena de cárcel por dos años condicionada a que no vuelva a delinquir durante el plazo de suspensión fijado y a que abone la responsabilidad civil, así como a la realización de un programa formativo en materia de igualdad de trato y no discriminación. Se considera probado que la acusada, entre el año 2021 y marzo de 2023, actuando con ánimo intimidatorio y con el deliberado propósito de menoscabar la integridad moral ajena motivada por la identidad, persona trans, de la pareja sentimental de su hija, se dirigió a él a través de llamadas telefónicas, de forma reiterada, en las que lo insultaba y lo amenazaba. Asimismo en una ocasión, la acusada, actuando con ánimo de menoscabar la integridad física ajena y con el mismo propósito discriminatorio anterior, tras proferirle de nuevo insultos y amenazas, le propinó una bofetada en la cara. Los insultos y calificativos peyorativos también se los realizó a la madre de esta persona. Según la sentencia, la acusada utilizaba todos los términos para referirse a la pareja de su hija con carácter peyorativo por razón de su identidad sexual o de género, siendo ese sentimiento de rechazo el que le impulsó a protagonizar episodios de manera sistemática y continuada de dirigirse con burla y despectivamente a la víctima. El fallo judicial señala que la extensión temporal de esta manera de proceder hirió a la víctima "en el amor propio, menoscabando su dignidad". https://www.huelvainformacion.es

El certamen Miss Universo Ecuador 2025 ya está en marcha y, entre las candidatas oficiales, destaca una figura que marca un hito en la historia del concurso: Kenia Bonilla, la primera mujer trans en competir por la corona nacional. Un hito para el Ecuador Nacida en Santo Domingo de los Tsáchilas y de padres esmeraldeños, Kenia tiene 29 años y es modelo profesional. En 2024 representó a Ecuador en el Miss International Queen en Tailandia, uno de los certámenes más importantes para mujeres trans en el mundo. Ahora, su presencia en esta edición de Miss Universo fue celebrada como un acto de valentía y transformación social, abriendo espacio para nuevas formas de representación en escenarios donde históricamente se han impuesto estándares rígidos. Kenia es una mujer trans, su inclusión no solo visibiliza las diversidades sexuales y de género, sino que inspira a muchas personas a vivir con autenticidad y orgullo. Este paso hacia la inclusión ha sido posible gracias a los cambios impulsados por el Concurso Nacional de Belleza (CNB Ecuador), que desde 2024 eliminó restricciones de edad, estado civil o maternidad, permitiendo una mayor amplitud de perfiles entre las candidatas. Estos ajustes han enriquecido el certamen, sin disminuir las exigencias de preparación, disciplina y vocación social, como lo demostró Mara Topic, la actual Miss Ecuador, quien destacó en Miss Universo 2024. https://www.ecuavisa.com

Son datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTI. Los mayores porcentajes se concentran en provincia de Buenos Aires y CABA, aunque los bajos índices de algunas provincias se relacionan con un problema de subregistro. Los crímenes de odio contra personas LGTBI aumentaron 70% en la primera mitad de 2025 al comparar la cifra con el año pasado, hasta llegar a 102 hechos de violencia y 17 muertes, según un informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTI. En la primera mitad de 2024 los crímenes de este tipo habían sido solo 60, y además llegaron al 72% de la cifra alcanzada en todo el año pasado. El 70,6% de los casos (72) los sufrieron mujeres trans, el 16,7% (17) fueron contra varones gay cis y en el 6,9% (7) de los episodios, mujeres lesbianas, fueron objeto de violencia. De acuerdo a los cálculos del Observatorio, realizados a nivel nacional entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, 17 personas de la diversidad sexual murieron como consecuencia de “acciones u omisiones basadas en el odio hacia su orientación sexual, identidad y/o expresión de género”, y otras 85 sufrieron lesiones a su integridad física. Entre las 17 muertes, el informe desglosa un 23,5% (3 varones gay cis y 1 mujer lesbiana) como asesinatos, incluyendo aquellos perpetrados por agentes estatales. El 58,8% (8 de mujeres trans, 1 de un varón trans y 1 de una persona no binaria) son muertes por violencia estructural, concepto que se refiere a decesos en los que “la vulneración sistemática e histórica de derechos generó condiciones materiales de precariedad que hicieron evitables esas muertes”. El 17,6% restante (2 de varones gay cis y 1 de una mujer trans) está constituido por casos de suicidios. En cuanto a la distribución geográfica, el número más alto de crímenes se concentró en la provincia de Buenos Aires, con el 60,8% (62 casos) del total, seguido por la ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 23,5% (24 casos). Al respecto, el Observatorio agrega: “Es importante aclarar que en aquellas provincias donde los porcentajes son más bajos —o incluso donde no se registran casos en este período— no necesariamente hay menos crímenes de odio, sino que persiste un problema estructural de subregistro (…) La ausencia de registros no debe interpretarse como ausencia de violencia”. En sus conclusiones finales, el Observatorio define el resultado del estudio como una prueba manifiesta de la “práctica sistemática de persecución sostenida a través de discursos de odio que vemos cómo actualmente se despliega y repite desde distintos ámbitos; algunas veces desde el anonimato, y otras veces con la voz impune y legitimada de autoridades del propio Gobierno nacional y/o gobiernos locales”. https://www.cuarto.com.ar

El gobierno de Nueva Zelanda decidió suprimir sus directivas sobre la inclusión de las personas trans en las competiciones deportivas. "Los hombres biológicos no tienen su lugar en el deporte femenino", sentenció el jueves el ministro de Relaciones Exteriores del país, Winston Peters, que calificó de "woke" esos principios. "Se trata únicamente de garantizar la seguridad y la protección de las chicas y mujeres en los deportes que practican, en todos los niveles", añadió. Recientemente, el Comité Olímpico de Estados Unidos y la Federación Inglesa de Fútbol vetaron el acceso de las mujeres trans a las competiciones femeninas. Nueva Zelanda era considerado desde hace años un país pionero en la inclusión de deportistas trans. En 2021, la halterófila Laurel Hubbard se convirtió en la primera mujer abiertamente trans en participar en los Juegos Olímpicos, en Tokio, en la categoría femenina de +87 kg. No pudo levantar ninguna de las barras y fue eliminada de manera prematura en aquella cita en Japón. En 2022, la agencia pública neozelandesa Sport NZ había elaborado unos "principios de dirección para la inclusión de las personas trans en el deporte". Esos principios ahora retirados se referían principalmente a la seguridad, el bienestar y la lucha contra la discriminación y el acoso. Recomendaban además que hubiera espacios privados en los vestuarios y la utilización del lenguaje inclusivo. "Las personas trans pueden tomar parte en los deportes dentro del género con el que se identifiquen", se indicaba en esas directrices, según Radio New Zealand. La directora general de Sport NZ, Raelene Castle, confirmó la decisión de las autoridades. "El gobierno pidió a Sport NZ que cese todo trabajo sobre los principios directores para la inclusión de las personas trans en el deporte y que los retiráramos de nuestra página web", afirmó. "Las organizaciones deportivas continuarán tomando sus propias decisiones sobre la participación de las personas trans", puntualizó. En un comunicado, la Asociación Profesional para la Salud de las Personas Trans de Aotearoa (nombre maorí de Nueva Zelanda) dijo estar "profundamente decepcionada" y estimó que la decisión del gobierno agravará "una cultura poco acogedora y aislante para las personas trans y no binarias en el deporte". https://www.barrons.com

La justicia belga dio la razón a una ciclista trans que se enfrentó a la Unión Ciclista Internacional (UCI) luego de que le fuera rechazada la entrega de licencia para participar en competiciones femeninas, según el auto de medidas provisionales comunicado el martes. El litigio, tratado este mes por el tribunal civil de Bruselas, se remonta a 2023, cuando a esta ciclista se le retiró su licencia y se le comunicó su exclusión de competiciones femeninas basándose en un nuevo reglamento de la UCI. En aquel momento, la UCI se cuestionaba la supuesta ventaja de las mujeres trans en las competiciones por el hecho de haber superado la barrera de la pubertad "como hombre". La organización impuso en julio de 2023 que para competir en la categoría femenina, las deportistas trans debían poder probar haber "iniciado su transición antes de la pubertad o, en todo caso, antes de los 12 años". Además se mantenía la obligación de mostrar una tasa de testosterona muy baja. ¿Cómo fue el caso? La denunciante inició su transición de género en la cuarentena. Estimó que esa medida, que derivaba en su exclusión, constituía una discriminación. En un auto del 10 de julio el tribunal le da la razón valorando como admisible y fundada su acción contra la UCI. Ese capítulo del reglamento médico de la UCI sobre las "reglas de elegibilidad para deportistas transgénero" instaura "una discriminación inédita" para la legislación belga, de conformidad con un decreto relativo a la igualdad entre hombres y mujeres de diciembre de 2008, valoró el tribunal. En consecuencia, esas reglas son declaradas "nulas", y la UCI no tiene ninguna justificación para rechazar a la denunciante su participación en una competición femenina de ciclismo, se destaca en una copia del auto comunicada a la prensa. Interrogada por la AFP, la Unión Ciclista Internacional dijo que había "tomado nota" de la decisión. "El análisis está en curso y la UCI decidirá a su debido tiempo qué medidas tomar, incluido un posible recurso", añadió el servicio de prensa de la organización. El auto es "directamente ejecutorio" y hace jurisprudencia en Bélgica, se alegró el Instituto para la Igualdad de Hombres y Mujeres, que era parte civil en este caso. La ciclista, que cumplió 50 años el año pasado, puede ahora participar en pruebas nacionales e internacionales en la categoría que elija (Élite o Master). Por su parte, la Federación Belga de Ciclismo declaró haber iniciado conversaciones con la UCI "sobre la futura aplicación del reglamento". La federación, Belgian Cycling, también estaba citada en la denuncia por el rechazo a renovar la licencia. Esta institución no fue condenada ya que el tribunal valoró que se limitó a aplicar las reglas de la UCI. https://www.si.com

Las mujeres trans ya no podrán competir por Estados Unidos en los Juegos Olímpicos o Paralímpicos en categoría femenina, tras un reciente cambio de política del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC, por sus siglas en inglés). El comité citó la orden ejecutiva de febrero del presidente Donald Trump, titulada "Manteniendo a los hombres fuera de los deportes femeninos", que ordena la aplicación inmediata, incluso contra las escuelas y asociaciones atléticas que "niegan a las mujeres deportes de un solo sexo y vestuarios de un solo sexo", según el documento, y ordena a los fiscales generales estatales que identifiquen las mejores prácticas para hacer cumplir el mandato. En un comunicado dirigido a la comunidad del Team USA el martes, obtenido por ABC News, el presidente del USOPC, Gene Sykes, y la directora ejecutiva, Sarah Hirshland, hicieron referencia a la orden ejecutiva de Trump y dijeron: "Como organización autorizada por el gobierno federal, tenemos la obligación de cumplir con las expectativas federales". El USOPC se encarga de apoyar, inscribir y supervisar a los equipos estadounidenses en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, así como en eventos deportivos para todas las edades, desde competiciones juveniles hasta másteres. En una actualización de su "política de seguridad de los atletas", sin utilizar la palabra trans por su nombre, el USOPC dijo que su política revisada "hace énfasis en la importancia de garantizar entornos de competición justos y seguros para las mujeres". "USOPC se compromete a proteger las oportunidades de los atletas que participan en el deporte. USOPC continuará colaborando con diversas partes interesadas con responsabilidades de supervisión, por ejemplo, COI, IPC, NGBs, para asegurar que las mujeres tengan un ambiente de competición justo y seguro consistente con la Orden Ejecutiva 14201 y la Ley Ted Stevens de Deportes Olímpicos y Aficionados", dice la política revisada en el sitio web de USOPC. La Ley Ted Stevens de Deportes Olímpicos y Aficionados establece un procedimiento para resolver las disputas sobre la elegibilidad para cada deporte olímpico y la participación en competiciones atléticas de aficionados. Fue patrocinada por el senador de Alaska Ted Stevens y se aprobó en 1998. La política revisada de USOPC tampoco explica cómo funcionará la prohibición ni si la misma decisión se aplicará a los deportes masculinos. ABC News se ha puesto en contacto con USOPC para obtener más información, pero no ha recibido ninguna respuesta inmediata. Siguiendo la política revisada, USA Fencing actualizó sus directrices de elegibilidad de género, que entrarán en vigor el 1 de agosto. Las mujeres trans, los atletas no binarios, los hombres trans y atletas intersexuales competirán exclusivamente en competiciones masculinas, según la política. https://abc7.com

Los Mossos d’Esquadra han arrestado a cinco personas relacionadas con una agresión tránsfoba que tuvo lugar a finales de junio en el barrio de Sant Antoni. Según ha explicado la policía catalana en un comunicado, la Unidad Central de Delitos de Odio y Discriminación de la Comisaría General de Información (CGI) ha detenido a tres mujeres y dos hombres, todos de edades comprendidas entre los 20 y los 34 años, por haber agredido a la víctima. Están acusados de un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas en una actuación motivada por razones tránsfobas. Los agentes que respondieron al aviso activaron el servicio de intérpretes de la lengua de signos, ya que tanto la víctima como los agresores tienen una discapacidad auditiva. Los hechos tuvieron lugar el pasado 25 de junio en Sant Antoni. “La víctima, que conocía previamente a los agresores, se citó con una de las autoras”, explican desde los Mossos. “Poco después de llegar, aparecieron cuatro personas más que, abusando de su superioridad, la agredieron violentamente con puñetazos y patadas, además de arrastrarla por el suelo tirándole del cabello”. Dos de las agresoras lo grabaron todo con los móviles para subirlo a las redes y “mostrar la naturaleza de persona transsexual de la víctima”. La investigación ha permitido identificar a los cinco autores y detenerlos el 16 de julio en Barcelona, Sabadell y Ripollet. Los cinco pasaron a disposición judicial al día siguiente. Una vez tuvieron conocimiento de la agresión, los Mossos activaron el protocolo del Grupo de Atención a la Víctima para hacer seguimiento y acompañarla. La víctima, que no era la primera vez que sufría ataques por parte de los detenidos, “sufre una grave situación emocional y requiere apoyo psicológico continuado”, según informa la policía catalana. https://www.totbarcelona.cat

Año de persecución y hostigamiento Según la sentencia del Juzgado de Menores número 4 de Valencia, los cuatro acusados –todos menores de edad– participaron activamente en un acoso persistente desde abril de 2023 hasta abril de 2024. La víctima, un chico trans nacido en 2008, sufrió un “continuo menoscabo y menosprecio” motivado exclusivamente por su identidad de género, como reconoce el fallo judicial. Los hechos incluyeron insultos constantes, persecuciones por la calle, y en al menos una ocasión, una agresión física directa en el contexto de una pelea entre dos grupos juveniles. La víctima vivía atemorizada en su entorno cotidiano, hasta el punto de que sus progenitores decidieron cambiarlo de instituto y trasladarse a otro municipio para garantizar su seguridad y estabilidad emocional. Reconocimiento legal: delito de odio El caso se enmarca dentro de la legislación española sobre delitos de odio, que penaliza las agresiones motivadas por la orientación sexual o la identidad de género. La sentencia considera que los condenados actuaron movidos por prejuicios transfóbicos, lo que agrava los hechos cometidos y justifica la tipificación delictiva. Aunque el juzgado no ha hecho públicas las medidas exactas impuestas, como ocurre en los procedimientos de jurisdicción de menores, la condena incluye medidas reeducativas y de seguimiento para los cuatro agresores, quienes ya han reconocido los hechos ante el tribunal mediante un acuerdo de conformidad. Una realidad persistente El caso refleja una realidad preocupante: el aumento de agresiones contra personas LGTBIQ+ en entornos escolares y juveniles. Diversas organizaciones han alertado en los últimos años del repunte de los casos de transfobia en centros educativos, a menudo invisibilizados o banalizados por parte de la comunidad educativa o institucional. El acoso escolar por identidad de género no es solo una cuestión de violencia física o verbal. Sus consecuencias incluyen estrés postraumático, abandono escolar, aislamiento social e incluso riesgo de suicidio, según numerosos estudios en el ámbito de la psicología adolescente. Reacciones y peticiones Desde colectivos LGTBI valencianos han celebrado la condena como un paso importante en la visibilización del odio hacia las personas trans y la necesidad de que los agresores enfrenten consecuencias. No obstante, también reclaman una mayor formación de docentes, planes de inclusión activa en los centros escolares y un seguimiento real a las víctimas de acoso por razón de identidad o expresión de género. https://noticiasciudadanas.com

Puerto Rico se suma a la lista de jurisdicciones estadounidenses que prohíben la terapia hormonal y las cirugías de reafirmación de género en menores de 21 años. El gobernador firmó una ley que establece duras sanciones tanto económicas como penales para quienes la infrinjan. Según el texto legal, quien viole la norma enfrenta hasta 15 años de prisión, una multa de 50.000 dólares y la revocación de todas las licencias y permisos profesionales. Además, la disposición prohíbe el uso de fondos públicos para costear estos servicios médicos. La legislación argumenta que “los menores, al no haber alcanzado la madurez emocional, cognitiva y física necesaria, son particularmente vulnerables a tomar decisiones que pueden tener consecuencias irreversibles. Por tanto, corresponde al Estado velar por su bienestar integral”. La Federación LGBTIQ+ de Puerto Rico expresó su rechazo a la ley. Justin Jesús Santiago, director de la organización, afirmó: “No quepa duda: iremos a los tribunales para impugnar la constitucionalidad de la cruel e inhumana firma del gobernador, que criminaliza a profesionales de la salud por atender a menores trans”.

Estocolmo. Jenny Leonor Werner lleva cuatro años esperando para cambiar legalmente su género. Ahora, la joven de 22 años ve la luz al final del túnel gracias a una nueva ley implementada en Suecia desde el 1 de julio. El país aprobó hace más de 50 años una ley entonces pionera en el mundo para permitir el cambio de género, aunque mediante un farragoso proceso de varios años que seguía vigente hasta ahora. Pero desde el 1 de julio, muchas de las restricciones implementadas en ese texto de 1972 se eliminaron y solo es necesario presentar un certificado médico que declare que la identidad de género del solicitante no se corresponde a la de su certificado de nacimiento. "Contacté con mi clínica el primer día que entró en vigor la ley", afirma entusiasmada Werner a la Afp. No fue la única. La agencia nacional de salud y servicios sociales registró 106 solicitudes en esta línea en la primera semana de implementación de la nueva ley. Esta estipula que el médico debe certificar que el cambio de género se corresponde mejor a la identidad de género del solicitante y debe garantizar que la persona vivirá con esta identidad de forma duradera. También rebaja de 18 a 16 años la edad mínima para iniciar este proceso aunque, en el caso de los menores, será necesario la autorización de los padres. Antes, las personas que querían cambiar de género tenían que someterse a un largo proceso de evaluación para obtener un diagnóstico de "transexualismo". Jenny Leonor Werner consiguió este diagnóstico en 2024 después de cuatro años de trámites y técnicamente ya podía pedir el cambio de género. Pero el personal médico le recomendó "esperar a la nueva ley porque el procedimiento debería ser más rápido". Sin embargo, cuando contactó con su clínica juvenil el 1 de julio, "no parecían estar al corriente de la nueva ley", explica. "Pero me prometieron informarse y contactarme", agrega. https://www.jornada.com.mx