Las organizaciones señalaron en un comunicado que entre los motivos para interponer la demanda están que "en el artículo 36 de la Constitución de la República se establece el derecho fundamental que toda persona tiene a poseer un nombre con el cual se identifique".

"La omisión de la Asamblea Legislativa también vulnera lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) respecto al derecho al cambio de nombre por motivo de identidad", agregaron.

En marzo de 2018, la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador presentó al Parlamento un anteproyecto de Ley de Identidad Género, la cual hasta el momento, según las organizaciones LGTBI, no ha sido discutida ni estudiada por los diputados que integran la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género.

Las organizaciones de la comunidad por la diversidad sexual han reclamado durante años a los legisladores la creación de esta ley para tratar de reducir los niveles de discriminación que sufren hasta por funcionarios estatales y erradicar la violencia a la que están expuestos.

Según los registros de las organizaciones sociales, entre las tres primeras ciudades de El Salvador, que son San Miguel, Santa Ana y la capital, existen aproximadamente 6.000 miembros de este colectivo.