Según el último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, en Argentina ocurrieron 102 crímenes de odio en los que la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia hacia ellas. Esta cifra implica un alarmante incremento del 70% en comparación con el mismo período del año anterior, en el que se habían contabilizado 60 casos. El informe también da cuenta de que, como ocurre todos los años, las más afectadas fueron las mujeres trans, que representan el 70,6 % de los casos (72); luego le siguen los varones gay cis con el 16,7 % (17) de los casos; las lesbianas con el 6,9 % (7); los varones trans con el 4,9 % (5); y personas no binaries con el 1% de los casos. Por otro lado, el 16,7 % de los casos (17) corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir, asesinatos, suicidios y muertes por violencia estructural, que el informe describe como “decesos en los que la vulneración sistemática e histórica de derechos generó condiciones materiales de precariedad que hicieron evitables esas muertes”. El 83,3 % restante de los casos (85) corresponden a lesiones al derecho a la integridad física, es decir, situaciones de violencia física que no terminaron en muerte, que incluyen los intentos de suicidio. Violencia estructural El informe detalla que de los 17 casos de lesiones al derecho a la vida registrados, 4 corresponden a asesinatos (3 dirigidos a varones gay cis y 1 a una lesbiana); 3 a casos de suicidios (2 de varones gay cis y 1 de una mujer trans); y 10 fueron muertes por violencia estructural (8 de mujeres trans, 1 de un varón trans y 1 de una persona no binarie). El reporte también señala que el 52,9 % (9 casos) de las lesiones al derecho a la vida fueron hacia mujeres trans. “Estos datos confirman, una vez más, que la violencia hacia la comunidad LGBT+ en Argentina está particularmente dirigida: son las mujeres trans quienes concentran la forma más brutal del odio y la discriminación estructural, expresada en prácticas que continúan arrebatando sus vidas con una saña alarmante”, asegura el informe. Las personas jóvenes son las más afectadas En relación con las edades de las víctimas —en aquellos casos en los que se logró registrar este dato—, se observa que la franja etaria más afectada fue la de personas de entre 20 y 29 años, que concentra el 45,16 % de los casos. En segundo lugar, con el 19,35 %, se encuentra la franja de 40 a 49 años. Le sigue el grupo de 30 a 39 años, con el 16,13 %, mientras que las franjas de 10 a 19 años y 50 a 59 años representan cada una el 6,45 %. Por último, se registraron casos en los grupos de 60 a 69 años y 70 a 79 años, ambos con el 3,23 Las consecuencias de los discursos de odio Esteban Paulón, expresidente de FALGBT y actual diputado nacional, plantea que los discursos de odio se plasman en ataques de odio concretos, más aún cuando vienen desde las más altas esferas del poder. “La experiencia en el mundo, y lo estamos corroborando en Argentina, indica que hay sectores en la sociedad que tienen una mirada de muchísimo odio y resentimiento hacia determinados colectivos, en este caso el LGTBIQ+”. Sin embargo, Paulón aclaró que en nuestro país “la mayoría de la sociedad no entra en ese juego” y entonces “corremos con algún tipo de ventaja”. “Tenemos una sociedad con una mirada inclusiva. Un ataque de odio sigue siendo rechazado mayoritariamente y existe una mirada condenatoria por parte de los medios de comunicación”. Con respecto a la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, Paulón señaló que están sujetas a la conducción política y tienen un especial “ensañamiento” con los grupos vulnerados de derechos. “Las fuerzas de seguridad están desatadas y piensan que está todo habilitado. Eso es un problema porque son las que tienen el monopolio del uso de la fuerza, son las que tienen las armas en la mano y si perciben que el colectivo LGBTIQ+ es un blanco específico del gobierno, ¿por qué no habrían de actuar incrementando la violencia hacia esos sectores?”. Por último, el diputado reflexionó sobre los mayores índices de violencia que existen contra el colectivo de las mujeres trans. “La población travesti trans, a pesar de que creció mucho, sigue siendo una población relativamente pequeña y poco visible. La propia escala de la población en la sociedad hace que sea poco probable que compartas un espacio en el trabajo o la facultad con una persona trans, a diferencia de como pasa con gays o lesbianas. La población travesti trans sigue siendo desconocida para una buena parte de la sociedad y en ese desconocimiento se instalan los prejuicios”. El Estado como responsable directo Los datos relevados evidencian que en el 35,3 % de los casos (36) los hechos fueron cometidos por particulares y en el 64,7 % restante (66), el Estado aparece como responsable directo de estas violencias, de los cuales en 54 (52,9 % del total general), la violencia fue ejecutada por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones, configurando graves situaciones de violencia institucional. A su vez, en los 12 casos restantes (11,8 % del total general) la responsabilidad recae en otros dispositivos estatales no policiales, que contribuyeron de forma directa o por omisión a la vulneración de derechos fundamentales de las personas LGBT+. “Estos datos permiten afirmar que, lejos de brindar protección, el Estado se configura como uno de los principales agentes reproductores de violencia hacia la diversidad sexual, ya sea por acción directa o por inacción ante situaciones de exclusión y maltrato estructural”, sintetiza e informe. Otro brutal ataque a una mujer trans Una mujer trans trabajadora sexual, que prefiere mantener el anonimato, denunció que, durante la madrugada del martes 29 de julio, sufrió un brutal ataque por parte de un grupo de cinco hombres en la localidad bonaerense de Burzaco, en el partido de Almirante Brown. Angrela Martínez, referente del espacio cultural “La Zorrería”, ubicado en Esteban Echeverria y parte de la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo de esa localidad, dijo a Presentes que esa noche, luego de que la víctima realizara un “servicio” regresó a su parada “de siempre” para hacer una fogata para palear el frío. En ese momento, se encontró con un grupo de varones cis que estaban “en un estado no muy copado” con los cuales cruzó un par de palabras, hasta que estos se envalentonaron y comenzaron a pegarle provocándole a la víctima la pérdida de conciencia. Cuando recuperó el conocimiento, quedó tirada en el piso, “hecha bolita”, mientras ellos continuaron pateándola. “Luego de eso, salió corriendo y se encontró con un móvil policial comando que le ofreció hacer la denuncia antes que asistirla o cualquier otra cosa y la trasladaron hasta el Hospital Meléndez. Ella quedó en shock y les pidió que no la dejaran ahí, en ese estado, y que la llevaran de nuevo a su parada donde había dejado su carterita con sus elementos básicos como la tarjeta SUBE”, detalló Angrela en diálogo con Agencia Presentes. Una vez que la dejaron en su parada, la víctima se tomó un colectivo pero en la mitad del viaje se tuvo que bajar porque sintió que se desvanecía. Finalmente la terminaron atendiendo en el Hospital Balestrini. La víctima se encuentra con revisaciones médicas por las secuelas de los golpes. “Ella está pasando una grave situación habitacional y alimentaria, a punto tal de que al día siguiente ya quería volver a trabajar”, detalló Angrela. https://kaosenlared.net