Recordamos a la Ministra su compromiso de hacer cumplir la Ley Trans, así como el desarrollo de instrucciones y protocolos para hacerla efectiva. En ese sentido, contra los “bulos” que se difunden desde algunos medios, sin contrastar la veracidad de las noticias, es urgente que la Fiscalía contra la Discriminación y Delitos de Odio, actúe contra los medios y personas que, con la difusión de falsedades, intoxican a la sociedad, pero, sobre todo, criminalizan a las personas trans.

Es urgente que el Ministerio de Igualdad, inste al Ministerio de Justicia, a que distribuya por todos los Registros Civiles, unas instrucciones claras para el cumplimiento de los requisitos que impone la ley, pero sobre todo para que a la más mínima sospecha el funcionariado actúe de oficio y se pueda detectar intentos de fraude de ley, así como revocar los mismos. Es importante que los autores o intento de fraude sean sancionados de acuerdo a la ley. 

Ana Redondo, ha de dejar claro que la Ley Trans en su art. 46. 3 dice blanco sobre negro, que a ninguna persona que haya sido condenada y o denunciada por agresión machista o violencia de género, la rectificación de la mención al sexo, le va eximir de sus obligaciones jurídicas. La persona será juzgada bajo la situación legal anterior a su cambio de sexo, la que tenía en el momento de cometer el delito.

“La Ley Trans, es una norma que, aunque tarde, ha venido a protegernos de la discriminación y a ser garante de igualdad de oportunidades, intoxicar con falsedades y bulos, es querer perpetuar a las personas trans como ciudadanía de segunda. Los derechos de las personas trans, no colisionan con ningún otro derecho, la ley amplia derechos a quienes no lo teníamos” declara Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans. 

“Seguir permitiendo la impunidad con los discursos de odio en RRSS y los bulos que difunden algunos medios de comunicación, con la incidencia social que tienen, les hace más responsables, supone de facto abrir un “coto libre de caza” contra las personas trans, es debilitar el Estado de Derecho, la democracia y abre las puertas a la ultraderecha” concluye Cambrollé.