Pamela Arancini tenía 40 años, Maxim Brizuela 22, Marilin Sosa 32 y Laly Heredia 36. Todas ellas eran trabajadoras sexuales en Camino de Cintura , en partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires . A tres de ellas les dispararon cuando trabajaban y sus cuerpos fueron abandonados en la ruta. A Marilin la atropellaron hace un año atrás y murió el 16 de diciembre pasado en el Hospital de Florencio Varela.

Todas ellas fueron asesinadas a la vera del Camino. Dos de ellas eran testigos en una causa de red de trata donde estaban involucrados jefes de la policía bonaerense y ya habían declarado. Las otras dos habían sido amenazadas de muerte por no querer pagarle a la policía.

La causa que investiga Cecilia Incardona , a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, involucra a siete policías, la mayoría de ellos de alto rango: el comisario inspector Nicolás Félix Breglia, el subcomisario Patricio Miguel Kearny Herrera (ambos del Comando de Patrullas de Avellaneda), el subcomisario Javier Alejandro Caffarena (jefe de la seccional de Llavallol), el teniente primero Jorge Abel Virreira y los oficiales César Pérez (jefe de calle de Llavallol), Braian Fabián Robledo (de Llavallol) y la oficial principal Claudia Yamila Ferrando (de Avellaneda). Mientras que el comisario Héctor Coquena de la Jefatura Distrital de Ezeiza, también imputado, permanece prófugo.

Le pagan a la policía para trabajar

Las 20 cuadras que se conocen como Camino de Cintura son el escenario donde fueron asesinadas estas tres trabajadoras sexuales en menos de dos meses. Allí, cada noche se prostituyen cerca de 180 mujeres cis y trans. Según un testigo de la causa contra los policías acusados por explotación sexual, la red de trata continúa funcionando y para poder trabajar en la ruta de 20 a 5 de la madrugada, se debe pagar entre 1500 y 2000 pesos a distintos efectivos de la zona. De lo contrario, quienes no pagan son baleadas desde autos que pasan por la ruta o son obligadas a vender droga.