La apertura del refugio Ace’s Place, en Long Island City, Nueva York, representa un paso histórico muy importante para la comunidad trans estadounidense.

Un estudio llevado a cabo desde el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en colaboración con el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER-ISCIII), ha analizado los conocimientos y el uso entre personas trans y/o no binarias de dos de las principales estrategias de prevención del VIH: la profilaxis pre-exposición (PrEP) y la profilaxis post-exposición (PEP). Los resultados del estudio, liderado desde la Escuela Nacional de Sanidad (ENS) del ISCIII y publicado en la revista International Journal for Equity in Health, revelan que las personas trans tienen un bajo conocimiento y hacen un uso anecdótico de ambas herramientas (PrEP y PEP), pese a ser una población prioritaria en la respuesta a la epidemia de VIH y a que están disponibles de forma gratuita en el sistema público de salud. Tanto la PrEP como la PEP son estrategias de prevención altamente efectivas en disminuir la transmisión de VIH. La PrEP consiste en la toma de medicamentos antirretrovirales en personas con alto riesgo de contraer el VIH, mientras que la PEP es un tratamiento con antirretrovirales que se toma después de una posible exposición al VIH para prevenir la infección. La investigación se ha basado en los datos obtenidos en el Estudio Transaludes, el primer estudio a nivel nacional de la salud de una muestra amplia y diversa de personas trans y/o no binarias residentes en España, presentado el año pasado por el ISCIII. El estudio, recientemente publicado, ha analizado la información de 1.468 personas mayores de 15 años, reclutadas entre octubre de 2023 y marzo de 2024, a través de métodos mixtos de captación online y presencial, incluyendo redes sociales, organizaciones comunitarias y unidades de identidad de género. Los resultados globales de la investigación muestran que solo la mitad de las personas participantes conocía la PrEP, que apenas un 15 % sabía cómo acceder a ella, y que tan sólo un 2,8 % la había utilizado alguna vez. En el caso de la PEP, los niveles eran aún más bajos: apenas un tercio había oído hablar de ella, un 13 % sabía cómo solicitarla y sólo un 1,6 % la había utilizado alguna vez, generalmente en una sola ocasión. Estas cifras contrastan con el hecho de que ambas estrategias están disponibles desde hace años en el sistema sanitario público: la PrEP se financia en España desde 2019 para personas con prácticas de riesgo para la adquisición del VIH, y la PEP está disponible desde hace más de dos décadas en servicios de urgencias y unidades de enfermedades infecciosas. Los resultados del estudio revelan desigualdades en salud y un amplio margen de mejora en la implementación de estas medidas preventivas, teniendo en cuenta los determinantes sociales y estructurales de la salud, para incorporar de forma inclusiva a una población que, según ONUSIDA, constituye un grupo clave en la respuesta frente al VIH. También evidencia inequidades que deben ser abordadas para cumplir los objetivos 95-95-95 de cara a 2030. Principales conclusiones del estudio La investigación también ha analizado los factores asociados al conocimiento y uso de estas estrategias preventivas. El conocimiento de ambas estrategias fue mayor entre mujeres trans y personas no binarias, entre quienes tienen estudios universitarios, y también entre las personas que han realizado algún proceso médico relacionado con la transición o que refirieron prácticas sexuales de riesgo. En cuanto al uso, fue más frecuente entre personas mayores de 30 años, residentes en grandes ciudades y con prácticas sexuales consideradas de mayor riesgo para la adquisición del VIH. Estos patrones sugieren la existencia de desigualdades estructurales en el acceso a la información y al uso de estas estrategias preventivas dentro de la población trans y/o no binaria. Los autores y autoras del estudio subrayan la necesidad de reforzar las acciones de prevención del VIH especialmente en los hombres trans, las personas más jóvenes, con menor nivel educativo, residentes en municipios más pequeños o con prácticas sexuales de más riesgo. A pesar de que las personas trans son unas de las poblaciones prioritarias en la respuesta a la epidemia del VIH, la estigmatización estructural y la discriminación siguen traduciéndose en desigualdades en salud. Además de los factores estructurales anteriormente mencionados, en el estudio Transaludes se han identificado potenciales barreras en el acceso a los servicios sanitarios como el miedo a visibilizarse como persona trans en consulta, la experiencia previa de discriminación en el acceso al sistema sanitario y la falta de competencias culturales en los servicios sanitarios, entre otros. El estudio subraya además la necesidad de repensar las estrategias de prevención del VIH desde una perspectiva más inclusiva. Frente a modelos tradicionales de prevención, los datos del trabajo revelan una amplia diversidad de identidades, orientaciones y prácticas sexuales entre las personas trans y/o no binarias. Este hallazgo refuerza la importancia de diseñar intervenciones de prevención que se adapten de forma realista y culturalmente adecuada a las necesidades de esta población. Finalmente, el equipo señala que los hallazgos ponen de relieve la necesidad de abordar los determinantes sociales y estructurales que generan desigualdades en salud, incluyendo aquellos relacionados con la falta de reconocimiento de la identidad de género. Para ello, resulta fundamental implementar políticas públicas que combatan la discriminación y estigmatización hacia las personas trans y/o no binarias, y que promuevan entornos más inclusivos y equitativos para esta población. El trabajo ha sido realizado por un equipo multidisciplinar compuesto por personal investigador del Centro Nacional de Epidemiología y la Escuela Nacional de Sanidad (ISCIII), las áreas de Epidemiología e Infecciosas del CIBER-ISCIII (CIBERESP y CIBERINFEC), el Hospital Universitario Severo Ochoa, la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA), El Centro de Estudios Epidemiológicos sobre las Infecciones de Transmisión Sexual y el Sida de Cataluña (CEEISCAT), y el Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. Firman el artículo Sara Moreno-García, Paule González-Recio, Marta Donat, Cinta Folch, Carlos Iniesta, María Alonso-Colón, Juan Miguel Guerras y María José Belza. https://www.isciii.es

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció el lunes que ha actualizado su política de inmigración para restringir la concesión de visados a las mujeres trans que quieran competir en deportes femeninos. Bajo la actualización de la política, el USCIS considerará "el hecho de que un atleta masculino haya estado compitiendo contra mujeres" como un factor negativo al evaluar las peticiones de visado en categorías como O-1A para habilidades extraordinarias, tarjetas verdes EB-1 y EB-2 para trabajadores altamente cualificados y exenciones de interés nacional. "USCIS está cerrando la laguna jurídica para los atletas masculinos extranjeros cuya única oportunidad de ganar deportes de élite es cambiar su identidad de género y aprovechar sus ventajas biológicas contra las mujeres", dijo el portavoz del USCIS Matthew Tragesser. "Es una cuestión de seguridad, justicia, respeto y verdad que sólo las mujeres atletas reciban un visado para venir a EU a participar en deportes femeninos". La medida se alinea con esfuerzos del Gobierno de Donald Trump para regular la participación de personas trans en el atletismo y sigue políticas similares promulgadas a nivel estatal en todo el país. El Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos actualizó el mes pasado su política para alinearla con un decreto firmada a principios de este año por Trump que prohíbe a las mujeres trans competir en deportes femeninos. Trump firmó en febrero una directiva que, según sus partidarios, restablecerá la equidad, pero que, de acuerdo a los críticos, vulnera los derechos de una pequeña minoría de atletas. https://es-us.noticias.yahoo.com

Una coalición de estados gobernados por demócratas en Estados Unidos anunció este viernes una demanda contra el gobierno de Donald Trump por una orden que impide que las clínicas brinden atención de afirmación de género a menores. La demanda, presentada por funcionarios de California y otros 15 estados, así como del Distrito de Columbia, impugna una orden ejecutiva que denuncia el tratamiento como "mutilación química y quirúrgica". La orden, firmada por el mandatario republicano en enero, insta al Departamento de Justicia a investigar a los proveedores que ofrecen ese tratamiento, incluso en los estados donde es legal. "Los incesantes ataques del presidente y su administración a la atención de afirmación de género ponen en peligro la salud y el bienestar de adolescentes ya vulnerables", declaró el fiscal general de California, Rob Bonta. "Sus exigencias de que nuestros proveedores de atención médica discriminen a las personas trans y les nieguen el acceso a la atención necesaria son crueles e irresponsables". El Departamento de Justicia señaló el mes pasado que había emitido más de 20 citaciones a médicos y clínicas que brindan tratamiento a adolescentes. La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró entonces que "los profesionales médicos y las organizaciones que mutilaron a niños al servicio de una ideología distorsionada rendirán cuentas". La demanda, presentada ante un Tribunal de Distrito en Massachusetts, argumenta que las acciones del gobierno federal carecen de fundamento legal y deberían ser declaradas ilegales. "Estas acciones han creado un efecto disuasorio, ya que los proveedores se ven presionados a reducir su atención por temor a ser procesados, dejando a innumerables personas sin la atención crítica que necesitan y a la que tienen derecho por ley", declaró Bonta. Los derechos LGBTQ+ se han convertido en un tema de debate en Estados Unidos, donde Trump se benefició de un gran apoyo público a su cruzada contra la llamada "ideología woke". En sus primeros días en el cargo, el presidente declaró que el gobierno federal solo reconocería dos géneros, hombres y mujeres, y ha atacado a las personas trans a través de una serie de decisiones. En febrero, emitió una orden ejecutiva destinada a prohibir la participación de atletas trans, lo que permite a las agencias federales suspender la financiación a cualquier institución que no considere el género asignado al nacer para determinar el sexo. La demanda presentada este viernes reúne a los estados de California, Nueva York, Massachusetts, Illinois, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Míchigan, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Rhode Island, Wisconsin, Pensilvania y el Distrito de Columbia. Se trata de la última iniciativa legal de una coalición de estados gobernados por los demócratas para contrarrestar lo que consideran como una extralimitación de la presidencia de Trump. https://es-us.noticias.yahoo.com

El director de 'Adela' y 'La Casita Blanca' ha fallecido a los 76 años y deja una profunda huella en el cine catalán por su compromiso con la diversidad, la memoria histórica y el cine de autor.

La comunidad LGTBI+ de Barcelona está de luto. Venus Hartman, artista drag, activista incansable y una de las figuras más queridas de la escena queer catalana, ha fallecido este martes de forma inesperada, según informó el Observatorio contra la LGTBI-fobia a través de redes sociales. El organismo compartió un emotivo mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter): “Su legado y su lucha por la visibilidad y los derechos del colectivo LGTBI+ continuarán inspirándonos. Todo nuestro calor a las personas que le amaban. Gracias por tanto, Venus.” Homenajes desde toda la escena drag La noticia ha generado una profunda conmoción entre artistas, seguidores y compañeros del circuito drag nacional, especialmente en Barcelona, donde Venus Hartman era reconocida no solo por su talento escénico, sino también por su compromiso con los derechos del colectivo. Una de las primeras en despedirse públicamente fue Estrella Xtravaganza, participante de la segunda edición de Drag Race España. Su mensaje fue tan sentido como desgarrador: “Hoy me cogía un tren para poder darte el último abrazo, pero tú siempre has sido muy de ir a la tuya, y no nos has esperado... Solo el recuerdo al que aferrarme. Guapísima, irascible, atrevida, divertida, la reina del playback. Con miedo, pero valiente.” También se pronunció Le Cocó, ganadora de la última edición del programa: “Me abriste las puertas de Barcelona y estabas a mi lado en cada show. Me vienen tantos recuerdos… camerinos, escenarios y muchas risas… Vuela alto, mi amor. Descansa en paz. Te quiero.” Una pérdida irreparable para el colectivo La repercusión de su partida también alcanzó a otras figuras del panorama drag como Charlotte Bish, Sagittaria, Sorny o Victoria Monique, quienes dedicaron palabras cargadas de cariño, respeto y admiración. Venus Hartman no era solo una reina del espectáculo, sino también una voz visible y valiente dentro de la comunidad. Su activismo, su entrega en cada show, y su autenticidad dejan una huella imborrable en quienes la conocieron. Hoy, la noche barcelonesa se tiñe de luto, pero también de gratitud. Porque Venus Hartman fue mucho más que una artista: fue símbolo de resistencia, libertad y amor por lo diverso. https://www.lagaceta.com.ar

La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó el pasado 18 de julio una profunda reforma de la Ley del Registro Civil que permitirá a las personas trans modificar su género legal en documentos oficiales sin necesidad de someterse a cirugía de reasignación genital. La reforma fue aprobada por unanimidad por el Parlamento cubano y se alinea con lo establecido en la Constitución de 2019 y el Código de las Familias , aprobado en referéndum en 2022. Además del cambio de género legal, la nueva ley reconoce legalmente las uniones afectivas entre personas no casadas y permite a los progenitores elegir el orden de los apellidos de sus hijos; lo que abre la puerta a prácticas más igualitarias y menos normativas en la constitución de familias. La norma también prohíbe la inscripción de nombres que puedan vulnerar la dignidad humana o coincidir con marcas comerciales, buscando preservar la identidad de los niños desde su nacimiento. Nuevo Registro Civil en Cuba El ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, quien presentó la norma; destacó que el Registro Civil es una actividad estratégica del sistema de justicia cubano y la única que mantiene su vitalidad en situaciones excepcionales. Subrayó que la transformación busca «garantizar derechos, ordenar las políticas públicas y proteger la historia personal y colectiva del pueblo cubano». Un elemento crucial de la reforma es la digitalización integral del Registro Civil, reemplazando progresivamente el uso del papel por bases de datos electrónicas. En este sentido, se creará un Registro Civil Central con una base de datos nacional digital, y se implementará un folio único por persona que concentrará los actos registrales de forma cronológica; lo que mejorará la localización y control de la información. El principio rector es que «por las oficinas estatales circule la información y no las personas»; lo que busca reducir trámites para los ciudadanos. La nueva legislación es resultado de años de demandas de activistas, juristas y organizaciones de derechos humanos.

Algunos países han empezado a modificar sus marcos legales para reconocer derechos a personas trans en contextos históricamente conservadores, donde los avances habían sido limitados. Esto representa un progreso significativo en materia legal para brindar derechos a la identidad, la protección y el acceso igualitario a la justicia para esta población. Sin embargo, estos progresos coexisten mientras que en otras partes del mundo avanza una ola de discursos y acciones políticas que amenazan décadas de conquistas de los movimientos LGBTIQ+. Por ejemplo, en América, las personas LGBTIQ+ siguen viendo cómo sus derechos son negados en algunos países, cuestionados en otros e incluso recortados en lugares como Estados Unidos y Argentina, que, desde el norte y el sur del continente, encabezan una ofensiva contra la diversidad sexual y de género. Bajo este escenario global contradictorio, donde los marcos legales para las personas disidentes avanzan en unos territorios y retrocede en otros, resulta especialmente significativo el caso de Cuba. El pasado 13 de julio, el parlamento aprobó la nueva Ley del Registro Civil. Esta normativa permite a las personas modificar el marcador de sexo en sus documentos de identidad sin necesidad de una operación de reafirmación de género ni de una orden judicial que lo permita. Aunque en Cuba ya se había legalizado el matrimonio igualitario y la adopción homoparental en 2022, las personas trans habían quedado excluidas de ese marco normativo. Por primera vez, la isla incorpora el derecho a la autodeterminación de género. La normativa también establece que el registrador debe revisar la solicitud presentada por la persona y emitir una resolución. El texto aclara que “en ningún caso esta solicitud está condicionada a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona, ni a procedimiento quirúrgico de reasignación genital”, eliminando así cualquier barrera que limite estas decisiones y asegurando que el cambio registral se base únicamente en la voluntad de la persona. Antes de la reforma, las personas trans en Cuba solo podían cambiar su nombre en los documentos oficiales, mientras el marcador de sexo permanecía sin modificación. Esta discrepancia entre nombre y sexo reflejaba un reconocimiento parcial, sin contemplar plenamente la identidad de las personas con identidades de género diversas. Pese a que es un gran avance en la isla, organizaciones sociales señalan que sustituir la categoría de “sexo” en los documentos oficiales, en lugar de “género”, sigue vinculando la identidad al cuerpo y la genitalidad, y reproduce un enfoque binario que excluye a quienes no se identifican dentro de esas categorías. De forma paralela a lo ocurrido en Cuba, otro avance se produjo en India. El Tribunal Superior del estado de Andhra Pradesh reconoció legalmente a las mujeres trans, permitiéndoles el ejercicio pleno de sus derechos dentro del sistema legal del país. En el fallo, el tribunal sostuvo que reducir el concepto de mujer a criterios exclusivamente biológicos contradice los artículos 14, 15 y 21 de la Constitución india, que garantizan la igualdad ante la ley, la no discriminación y el derecho a la dignidad y la libertad personal. El caso se originó a partir de la demanda de Pokala Shabana, una mujer trans que acudió a la justicia para exigir protección bajo un artículo del Código Penal que ampara a las mujeres frente a la violencia doméstica y el abuso relacionado con la dote. Su petición fue rechazada inicialmente con el argumento de que la categoría legal de mujer estaba reservada solo para quienes podían tener hijos. En la reciente resolución, el juez Venkata Jyothirmai Pratapa afirmó que “la capacidad reproductiva no puede ser un criterio para definir a una mujer” y calificó esa interpretación como “legalmente insostenible”. Con esta decisión, el tribunal abrió la puerta para que puedan ser nombradas legalmente como mujeres en todo el país. Este fallo se inscribe en un proceso más amplio de transformación jurídica y social en India, iniciado en 2014, cuando la Corte Suprema reconoció oficialmente a las personas trans como un “tercer género”. Desde entonces, distintos tribunales han ampliado sus derechos, como el acceso a documentos oficiales con su identidad de género, así como la aceptación legal de una mujer trans como “novia” bajo la Ley de Matrimonio Hindú. Estas decisiones han contribuido a establecer precedentes importantes para las mujeres trans en un país cuya historia cultural y espiritual incluye desde hace siglos a las “hijras”, mujeres tradicionalmente asociadas a deidades que trascienden el binarismo de género, como Shiva o Ardhanarishvara, divinidad que encarna simultáneamente lo masculino y lo femenino. Así mismo, otro país que se une al listado de coyunturas recientes que brindan garantías legales a las personas trans es Hong Kong. El pasado 23 de julio, a través del juez Russell Coleman, se anularon dos disposiciones que penalizaban el acceso a baños públicos según la identidad de género, declarando que las personas trans tienen derecho a utilizarlos conforme a su identidad. Sin embargo, no es una medida permanente, pues la suspensión de la normativa solo tendrá vigencia de un año. Esto mientras que le da tiempo al gobierno para ajustar nuevamente la ley que dictamina esta separación de baños por género. Localmente se restringía el acceso a baños públicos en función del sexo asignado al nacer, lo que impedía a las personas trans utilizar los baños que correspondieran con su identidad de género, en especial las mujeres. La excepción eran los niños menores de cinco años acompañados por una familiar mujer o una enfermera. La decisión judicial se suma a una serie de cambios recientes en Hong Kong en materia de reconocimiento de derechos para las personas trans. En febrero de 2023, el Tribunal de Apelación Final falló por unanimidad a favor de activistas que impugnaban la exigencia de someterse a una cirugía de reasignación de género para poder cambiar los documentos de identidad. El tribunal consideró que esa restricción vulneraba derechos fundamentales. Como respuesta, el gobierno revisó la política en abril de 2024 y permitió que personas trans puedan realizar dichos cambios en sus documentos oficiales, aunque se mantuvieron ciertos requisitos médicos. https://www.elespectador.com

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a seis meses de prisión y al pago de una indemnización de 2.000 euros a una mujer por insultar, amenazar y agredir durante meses a la que era la pareja sentimental de su hija por su identidad, persona trans, a la que llegó a definir como "feto mal hecho" o "demonio". La sentencia la considera responsable de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios. Además de la pena de cárcel, le impone el pago de una multa de 1.100 euros, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre durante el plazo de tres años y medio y la prohibición de aproximarse a menos de 250 metros a dicha persona o comunicarse con ella por un periodo de dos años. Asimismo, la condena por un delito de amenazas al pago de 360 euros, que se unen a los 2.000 que deberá abonar por responsabilidad civil en concepto de daño moral. Se le concede el beneficio de la suspensión de la pena de cárcel por dos años condicionada a que no vuelva a delinquir durante el plazo de suspensión fijado y a que abone la responsabilidad civil, así como a la realización de un programa formativo en materia de igualdad de trato y no discriminación. Se considera probado que la acusada, entre el año 2021 y marzo de 2023, actuando con ánimo intimidatorio y con el deliberado propósito de menoscabar la integridad moral ajena motivada por la identidad, persona trans, de la pareja sentimental de su hija, se dirigió a él a través de llamadas telefónicas, de forma reiterada, en las que lo insultaba y lo amenazaba. Asimismo en una ocasión, la acusada, actuando con ánimo de menoscabar la integridad física ajena y con el mismo propósito discriminatorio anterior, tras proferirle de nuevo insultos y amenazas, le propinó una bofetada en la cara. Los insultos y calificativos peyorativos también se los realizó a la madre de esta persona. Según la sentencia, la acusada utilizaba todos los términos para referirse a la pareja de su hija con carácter peyorativo por razón de su identidad sexual o de género, siendo ese sentimiento de rechazo el que le impulsó a protagonizar episodios de manera sistemática y continuada de dirigirse con burla y despectivamente a la víctima. El fallo judicial señala que la extensión temporal de esta manera de proceder hirió a la víctima "en el amor propio, menoscabando su dignidad". https://www.huelvainformacion.es