En concreto, ILGA-Europe apunta que “España introdujo una ley integral que regula el reconocimiento legal del género basado en la autodeterminación, prohibió las mutilaciones genitales en menores intersex, las llamadas terapias de reconversión y la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales”. Se refiere a la ley trans, pero también a la conocida como ley de igualdad de trato y no discriminación, conocida como 'ley Zerolo'.

La autodeterminación de género, que ha levantado ampollas tanto dentro del movimiento feminista como dentro del propio Gobierno de coalición, es una realidad en doce países europeos. El índice señala que este derecho existe ya en Bélgica, Luxemburgo, Malta, Dinamarca, Noruega, Portugal, Islandia, Irlanda y Suiza y, desde el último año, en España y Finlandia.

“El Ministerio de Igualdad era muy consciente de las situaciones de desigualdad que sufrían las personas LGTBI y de que era imprescindible establecer mecanismos legales para solucionarlas”, reconocen fuentes del departamento que dirige Irene Montero. “Con esta ley se ha obtenido la igualdad de las parejas de mujeres con respecto a las heterosexuales en la filiación de su descendencia; se ha igualado por Ley a las mujeres y personas con capacidad de gestar en el acceso a las técnicas de reproducción asistida; se han prohibido las terapias de conversión; se han prohibido las cirugías innecesarias en menores intersex; se han despatologizado las realidades trans y se les ha otorgado el derecho a la autodeterminación…”, señalan estas mismas fuentes, que presumen de que España sea “uno de los países que más ha progresado durante el último año”, lo que “llena de Orgullo a este Gobierno”.

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