Ante la sentencia del Tribunal Supremo de Japón del 25 de octubre, que resolvió que es inconstitucional la ley que exigía que las personas que deseen cambiar legalmente de género se sometieran a cirugía reproductiva, Boram Jang, investigadora de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental, ha declarado:

“Ésta es una decisión histórica para los derechos de las personas trans en Japón y la señal alentadora más reciente de que los países de la región están reevaluando las prácticas y leyes discriminatorias que afectan a las personas LGBTI. La sentencia es un importante paso adelante, aunque la lucha por los derechos LGBTI en Japón sigue siendo una ardua batalla.”

“Amnistía Internacional sigue pidiendo a las autoridades japonesas que garanticen que el reconocimiento legal de la identidad de género no está supeditado a un diagnóstico psiquiátrico, un tratamiento médico como la cirugía de reafirmación de sexo u otros requisitos abusivos o discriminatorios como no haber contraído matrimonio o no tener descendencia. Por el contrario, debe ser un proceso administrativo rápido, accesible y transparente basado en la autodeterminación individual”.

El Tribunal Supremo dictó el 25 de octubre una sentencia en un caso de derecho de familia en la que declaró inconstitucional en Japón la disposición de la "Ley Especial sobre el Trastorno de Identidad de Género" que obligaba a someterse a esterilización quirúrgica como requisito previo para la reasignación de género. La decisión se basa en la determinación de que el requisito de esterilización es contrario al artículo 13 de la Constitución, que subraya la importancia del respeto a los derechos individuales.