En ese sentido, uno de los problemas que persiste de forma alarmante en el país es la falta de acceso a servicios de salud mental seguros, afirmativos y culturalmente competentes para la población

Las brechas en el sistema sanitario afectan directamente el bienestar emocional y físico de estas comunidades, generando un impacto profundo y, muchas veces, silenciado.

Así lo señaló Jaime Méndez, psicólogo clínico Especialista en Diversidad Sexual y de Género en ADIPA. “La discriminación social actúa como una forma estructural de violencia que se inscribe en las corporalidades y subjetividades, afectando profundamente la salud mental”, dijo.

“El rechazo familiar, la exclusión escolar, el acoso callejero, la precarización laboral y el discurso de odio mediático configuran un entorno que vulnera cotidianamente el bienestar psíquico y físico de las personas LGBTQIANB+”, agregó.

Según la encuesta T de OTD Chile en el año 2017, más del 76% de las personas trans han sido discriminadas por su identidad de género, y más del 50% ha recurrido al auto-daño como forma de respuesta emocional.

Ahora bien, según el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), en su último Informe Anual de Derechos Humanos, el 80,9% de las personas LGBTQ+ ha sufrido discriminación a lo largo de su vida, y el 57,7% en el último año. Además, el 38,6% de las personas LGBTQ+ se ha autolesionado al menos una vez en su vida debido a la discriminación, y el 17,7% ha intentado suicidarse.

“Este contexto se traduce en una mayor prevalencia de sintomatología ansiosa, depresiva, conductas de aislamiento e incluso ideación suicida. La discriminación social impacta directamente en la salud mental, al generar sentimientos de vergüenza, aislamiento, ansiedad y temor a la violencia. El estigma, tanto en los espacios sanitarios como en la vida cotidiana, puede internalizar y producir sufrimiento subjetivo sostenido”, manifiesta el profesional de ADIPA.

Si bien Chile ha dado pasos importantes, como la Ley de Identidad de Género, aprobada en diciembre de 2018, la que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, y algunas iniciativas locales de atención inclusiva, aún persiste una deuda estructural profunda en materia de salud mental.

La salud mental no puede seguir siendo un privilegio ni un lugar de exclusión. 

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